REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN DEL ESTADO ARAGUA Maracay, 01 de abril de 2004 193º y 145º PARTE ACTORA: ZORAIDA GREGORIO FLORES PACHECO. APODERADO JUDICIAL O ABOGADO ASISTENTE: MARIA ELENA URQUIOLA PACHECO, Inpreabogado N° 50.055. PARTE DEMANDADA: JOSE FRANCISCO BAUZA QUEZADA. APODERADOS O ABOGADOS ASISTENTES: No constituido. MOTIVO: PARTICION DE BIENES. EXPEDIENTE: 36.526.- Se iniciaron las presentes actuaciones por demanda presentada por la ciudadana: ZORAIDA GREGORIA FLORES PACHECO, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V-8.694.190, y de este domicilio, asistido por la Abogado: MARIA ELENA URQUIOLA FADUL, Inpreabogado N° 50.055, en contra del ciudadano: JOSE FRANCISCO BAUZA QUEZADA, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V-8.588.190, y de este domicilio, por PARTICION DE BIENES. (Folios 01 al 05). En fecha 10 de diciembre de 2003, se admitió la demanda y se ordenó el emplazamiento del ciudadano: JOSE BAUZA, antes identificado. (Folio 14). En fecha 16 de diciembre de 2003, la ciudadana: ZORAIDA GREGORIO FLORES PACHECO, identificada en autos en su carácter de parte actora, asistida por la Abogado: JUDYS CISNEROS, Inpreabogado N° 18.500, mediante diligencia desistió de la acción y solicitó la homologación. (Folio 09). En fecha 25 de marzo de 2004, el ciudadano: JOSE FRANCISCO BAUZA QUEZADA, identificado en autos en su carácter de parte demandada, asistido de la Abogado: AURA CELINA MORALES, Inpreabogado N° 85.835, mediante diligencia solicitó copia certificada del presente Expediente. (Folio 10). Con vista del DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO efectuada por la parte actora, ciudadana: ZORAIDA GREGORIA FLORES PACHECO, este Tribunal pasa a pronunciarse sobre la misma, con base a las siguientes consideraciones: El Artículo 263 del Código de Procedimiento Civil, establece que: “En cualquier estado y grado de la causa puede el demandante desistir de la demanda y el demandado convenir en ella. El Juez dará por consumado el acto, y se procederá como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, sin necesidad del consentimiento de la parte contraria. El acto por el cual desiste el demandante o conviene el demandado en la demanda, es irrevocable, aún antes de la homologación del Tribunal” Con respecto a dicha figura prevista por el legislador, englobada dentro del género de las denominadas Autocomposiciones Procesales o mal llamadas “formas de terminación anormales del proceso”, se encuentra las figuras del desistimiento, el convenimiento y la transacción. Lo normal para algunos teóricos es que los procesos terminen con un pronunciamiento judicial o sentencia. La doctrina con respecto a la figura del desistimiento ha expresado lo siguiente: “...(Omissis) Dentro de un proceso, los sujetos de la litis pueden hacer abandono de la misma o de alguna defensa esgrimida, manifestando expresamente esa voluntad con el ánimo de dar por perdida su condición posiblemente ventajosa en el juicio. Según Marcano Rodríguez, el desistimiento consiste en el abandono positivo que hace el actor, ya de la acción que ha intentado, ya del procedimiento incoado para reclamar judicialmente algún derecho, o en un acto aislado de la causa, o, en fin de algún recurso que hubiere interpuesto. Devis Echandía lo define como una declaración de voluntad y un acto jurídico procesal, en virtud del cual eliminan los efectos jurídicos de otro acto procesal. Por estas definiciones, es conclusivo que el desistimiento depende directamente de la voluntad de la parte que lo exprese, constituyendo un acto jurídico unilateral de renuncia, el cual puede estar seguido por la aceptación de la otra parte. Seria el caso de renuncias mutuas a las ventajas procesales, sin que ello signifique que se trata de una transacción tal como se observó cuando se estudió ésta última en el Capítulo referido a desemejanzas con otras instituciones jurídicas (ver Capítulo III, primera parte). Con fundamento en estos elementos característicos del desistimiento, puede definirse éste como la renuncia que uno o ambos sujetos de la relación jurídica procesal efectúan de la solicitud de tutela jurídica que han planteado ante los órganos jurisdiccionales. Chiovenda considera que “en virtud de la renuncia, la parte abandona los efectos sustantivos y procesales del proceso; pero no pierde el derecho de ejercitar su acción en un nuevo proceso, a menos que la cesación de la relación procesal tenga influencia indirectamente en la existencia de la acción...(Omissis)” (PARILLI ARAUJO, Oswaldo: El Contrato de Transacción y otros modos extraordinarios de terminar el proceso, Mobillibros, Caracas, 1992, páginas 141) De igual forma la doctrina ha efectuado una distinción entre los tipos de desistimiento. Así se ha dicho que existente el desistimiento de la acción y el desistimiento del procedimiento y dentro de éste último el efectuado antes de la contestación y el efectuado con posterioridad a dicho lapso. En cuanto al desistimiento del procedimiento efectuado antes de la contestación de la demanda, se ha expresado que el actor es dueño absoluto de la acción y, por ende, podrá solicitar la terminación del juicio ante el Tribunal, que así lo declarará sin ninguna otra formalidad, pues no se ha trabado la litis; no ha habido contradicción o aceptación del demandado a las pretensiones del actor. No obstante lo anterior, la doctrina procesalista más reconocida y citada alguna anteriormente, no duda en identificar conceptos que parecen sinónimos pero que son disímiles entre sí. Así la acción es de imposible renuncia por las partes, por ser un derecho potestativo, abstracto y de orden público de acudir a los órganos jurisdiccionales y obtener oportuna respuesta ante las pretensiones y solicitudes que se efectúen, sin importar o no su procedencia. El procedimiento es igualmente de orden público. En el sentido que, el legislador previamente ha establecido, la forma o mecanismo como se van a efectuar los actos procesales tendentes a la tramitación o resolución de los conflictos intersubjetivos de intereses de personas. Algunos de ellos en sede de jurisdicción “voluntaria” otros de carácter contenciosos. Y todos en su conjunto constituyen el debido proceso, que también tiene rango y carácter constitucional. En los asuntos contenciosos, la afirmación de lo que la parte quiere en sí mismo que se le dé, lo que pide, lo que pretende, es lo que la doctrina ha denominado “Pretensión”, la cual a través de la interposición de la demanda que la contiene pone en movimiento la acción, mediante el procedimiento establecido, y con miras a obtener una decisión favorable o estimatoria, la cual debe producirse en las “Instancias” previstas, las cuales se agotan en su parte cognoscitivas, con las respectivas decisiones que en su oportunidad se dicten. Es decir, cuando se habla de desistimiento de la “acción”, propiamente estamos hablando de desistimiento de la “pretensión” y cuando se habla de desistimiento del “procedimiento”, propiamente estamos hablando es de desistimiento de la “instancia”. Visto el contenido indudable de que la parte actora personalmente y asistida de abogado “desistió de la acción”, en consecuencia, este Tribunal considera que se desea poner término o fin al presente proceso y que al manifestar que se le ha dado cumplimiento a sus pretensiones, implica un desistimiento de la instancia y de la pretensión. Y así se declara y decide. Por virtud de las anteriores consideraciones, este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, Administrando Justicia emanada de las ciudadanas y ciudadanos, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA HOMOLOGADO EL DESISTIMIENTO DE LA INSTANCIA Y DE LA PRETENSION EFECTUADO POR LA PARTE ACTORA. Igualmente por ser procedente, se acuerda expedir por Secretaría las copias certificadas solicitadas por el ciudadano: JOSE FRANCISCO BAUZA QUEZADA, antes identificado, con inclusión de la respectiva diligencia y del presente auto. Expídanse copias certificadas.- Publíquese, regístrese. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de este Tribunal, en Maracay, al Primero (01) día del mes de abril del año Dos Mil Cuatro (01-04-2004). Años 193º de la Independencia y 145º de la Federación.- EL JUEZ, Dr. PEDRO III PEREZ C. EL SECRETARIO TEMPORAL, Abg. LEONCIO VALERA En la misma fecha se cumplió lo ordenado y se le publicó y registró la anterior decisión siendo las 01:00 p.m; igualmente se deja constancia que se expidieron las copias certificadas solicitadas.- EL SECRETARIO TEMPORAL, Abg. LEONCIO VALERA Exp. Nº 36.526 PIIIPC/lv/jc.- Ruta: Estación 05/Mis Documentos/ABRIL 2004/01-04-2004.