REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL SEXTO DE CONTROL

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ARAGUA JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA TRIBUNAL SEXTO DE CONTROL EN SU NOMBRE Maracay, 28 de Abril de 2.006. 196° y 147° CAUSA Nº: 6C-8329/06 JUEZ: ABG. EMPERATRIZ DIAZ FISCAL: 16º DEL MINISTERIO PUBLICO IMPUTADO: JHONNY ANTONIO SANCHEZ SECRETARIO: ABG. DORITA DE FREITAS Vista la presentación que en condición de detenido hiciese la ciudadana Fiscal 16ta del Ministerio Público del Estado Aragua, del ciudadano JHONNY ANTONIO SANCHEZ, Venezolano, titular de la Cédula de Identidad N° V-13.199.826, residenciado en el Barrio Mariscal Sucre, Calle Negro Primero, Mariara, Estado Carabobo; oídos los alegatos del ciudadano Fiscal, así como los de la Defensa, decidiendo al final de la Audiencia, la prosecución del Proceso Ordinario, y habiendo decretado la PRIVACION DE LIBERTAD, pasa en consecuencia este Juez a razonar el presente Auto de la siguiente manera: Se abstiene esta Juez de analizar si están satisfechas las exigencias de los ordinales 1ero y 2do del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, toda vez que como estamos en presencia de una ORDEN DE APREHENSION emanada de otro tribunal de control, en este caso por el Tribunal Séptimo de Control de este Circuito, debe concluirse que dicho tribunal analizó debidamente dichas exigencias; por lo tanto, sólo corresponderá a este Juez analizar si persisten las condiciones de PELIGRO DE FUGA o de OBSTACULIZACION AL PROCESO, por parte del encartado, y así se decide. En ese orden de ideas, el solo hecho de haber sido aprehendido el Imputado materializándose así la Orden de Aprehensión expedida, sin que exista algún elemento que elimine o aminore el mentado Peligro de Fuga o de Obstaculización, es suficiente para que esta Juez concluya, que las circunstancias son las mismas, y no han cambiado; es decir, que estamos frente al delito de HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el Artículo 406 numeral 3º del Código Penal en perjuicio del niño JOB ANTONNYS SÁNCHEZ PEREIRA (comprobados por el tribunal requirente), los cuales son de suma gravedad y daño para nuestra sociedad, además de que la pena que podría llegar a imponerse es de significativa cuantía; razones éstas que obligan a RATIFICAR dicha Orden, y convertirla en MEDIDA CAUTELAR PRIVATIVA DE LIBERTAD, y así se decide.