TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
EN LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA
Maracay, 04 de abril de 2006
195° y 147°

PARTE ACTORA: SU INVERSION ASEGURADA
APODERADOS JUDICIALES: TOMAS PINTO ARCIA, Inpreabogado N° 86.590.
PARTE DEMANDADA: EDWIN LOZADA y MARIAN BARRETO
APODERADOS O ABOGADOS ASISTENTES: ANTONIO MUJICA BLANCO Inpreabogado N° 65.852.
MOTIVO: COBRO DE BOLIVARES
EXPEDIENTE N°: 222
Se iniciaron las presentes actuaciones por recurso de Apelación interpuesto en fecha 08 de Julio de 2005 por el abogado TOMAS PINTO ARCIA, en su carácter de endosatario en Procuración de la parte actora, SU INVERSION ASEGURADA, Inpreabogado N° 86.590. (folio 17), en contra de la sentencia dictada por el Juzgado Tercero Municipio de los Municipios Girardot y Mario Briceño Iragorry del Estado Aragua en fecha 01 de Julio de 2005 (folios 15 y 16), en el Expediente signado con el N° 8887 (Nomenclatura del mencionado Juzgado), contentivo del procedimiento que por Cobro en Bolívares (vía Intimatoria), incoado por la Empresa SU INVERSION ASEGURADA, en contra de los ciudadanos: EDWIN LOZADA y MARIAN BARRETO..
En fecha 11 de Julio de 2005, el Juzgado A quo oyó la Apelación interpuesta en un solo efecto y ordenó la remisión del presente Cuaderno de Medida al Juzgado Distribuidor de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua; dándosele entrada en este tribunal en fecha 15 de julio de 2005; y en fecha 28 de Octubre de 2005, se fijó la oportunidad para dictar sentencia. (Folios 23)
En fecha 29 de marzo de 2006, el abogado TOMAS PINTO ARCIA, en su carácter de endosatario en Procuración de la parte actora, SU INVERSION ASEGURADA, desistió de la presente apelación. (Folio 27)
Ahora bien este Tribunal pasa a pronunciarse con respecto al presente asunto, sobre la base de las siguientes consideraciones:
Con vista del supuesto DESISTIMIENTO de la apelación efectuado por la parte solicitante, este tribunal pasa a pronunciarse sobre la misma, así:
El Artículo 263 del Código de Procedimiento Civil, establece que:
“En cualquier estado y grado de la causa puede el demandante desistir de la demanda y el demandado convenir en ella. El Juez dará por consumado el acto, y se procederá como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, sin necesidad del consentimiento de la parte contraria.
El acto por el cual desiste el demandante o conviene el demandado en la demanda, es irrevocable, aún antes de la homologación del Tribunal”
Con respecto a dicha figura prevista por el legislador, englobada dentro del género de las denominadas Autocomposiciones Procesales o mal llamadas “formas de terminación anormales del proceso”, se encuentra las figuras del desistimiento, el convenimiento y la transacción. Lo normal para algunos teóricos es que los procesos terminen con un pronunciamiento judicial o sentencia.
La doctrina con respecto a la figura del desistimiento ha expresado lo siguiente:
“...(Omissis) Dentro de un proceso, los sujetos de la litis pueden hacer abandono de la misma o de alguna defensa esgrimida, manifestando expresamente esa voluntad con el ánimo de dar por perdida su condición posiblemente ventajosa en el juicio.
Según Marcano Rodríguez, el desistimiento consiste en el abandono positivo que hace el actor, ya de la acción que ha intentado, ya del procedimiento incoado para reclamar judicialmente algún derecho, o en un acto aislado de la causa, o, en fin de algún recurso que hubiere interpuesto.
Devis Echandía lo define como una declaración de voluntad y un acto jurídico procesal, en virtud del cual eliminan los efectos jurídicos de otro acto procesal.
Por estas definiciones, es conclusivo que el desistimiento depende directamente de la voluntad de la parte que lo exprese, constituyendo un acto jurídico unilateral de renuncia, el cual puede estar seguido por la aceptación de la otra parte. Seria el caso de renuncias mutuas a las ventajas procesales, sin que ello signifique que se trata de una transacción tal como se observó cuando se estudió ésta última en el Capítulo referido a desemejanzas con otras instituciones jurídicas (ver Capítulo III, primera parte).
Con fundamento en estos elementos característicos del desistimiento, puede definirse éste como la renuncia que uno o ambos sujetos de la relación jurídica procesal efectúan de la solicitud de tutela jurídica que han planteado ante los órganos jurisdiccionales. Chiovenda considera que “en virtud de la renuncia, la parte abandona los efectos sustantivos y procesales del proceso; pero no pierde el derecho de ejercitar su acción en un nuevo proceso, a menos que la cesación de la relación procesal tenga influencia indirectamente en la existencia de la acción...(Omissis)” (PARILLI ARAUJO, Oswaldo: El Contrato de Transacción y otros modos extraordinarios de terminar el proceso, Mobillibros, Caracas, 1992, páginas 141)
De igual forma la doctrina ha efectuado una distinción entre los tipos de desistimiento. Así se ha dicho que existente el desistimiento de la acción y el desistimiento del procedimiento y dentro de éste último el efectuado antes de la contestación y el efectuado con posterioridad a dicho lapso.
En cuanto al desistimiento del procedimiento efectuado antes de la contestación de la demanda, se ha expresado que el actor es dueño absoluto de la acción y, por ende, podrá solicitar la terminación del juicio ante el Tribunal, que así lo declarará sin ninguna otra formalidad, pues no se ha trabado la litis; no ha habido contradicción o aceptación del demandado a las pretensiones del actor.
No obstante lo anterior, la doctrina procesalista más reconocida y citada alguna anteriormente, no duda en identificar conceptos que parecen sinónimos pero que son disímiles entre sí.
Así la acción es de imposible renuncia por las partes, por ser un derecho potestativo, abstracto y de orden público de acudir a los órganos jurisdiccionales y obtener oportuna respuesta ante las pretensiones y solicitudes que se efectúen, sin importar o no su procedencia.
El procedimiento es igualmente de orden público. En el sentido que, el legislador previamente ha establecido, la forma o mecanismo como se van a efectuar los actos procesales tendentes a la tramitación o resolución de los conflictos intersubjetivos de intereses de personas. Algunos de ellos en sede de jurisdicción “voluntaria” otros de carácter contenciosos. Y todos en su conjunto constituyen el debido proceso, que también tiene rango y carácter
constitucional.
En los asuntos contenciosos, la afirmación de lo que la parte quiere en sí mismo que se le dé, lo que pide, lo que pretende, es lo que la doctrina ha denominado “Pretensión”, la cual a través de la interposición de la demanda que la contiene pone en movimiento la acción, mediante el procedimiento establecido, y con miras a obtener una decisión favorable o estimatoria, la cual debe producirse en las “Instancias” previstas, las cuales se agotan en su parte cognoscitivas, con las respectivas decisiones que en su oportunidad se dicten.
Es decir, cuando se habla de desistimiento de la “acción”, propiamente estamos hablando de desistimiento de la “pretensión” y cuando se habla de desistimiento del “procedimiento”, propiamente estamos hablando es de desistimiento de la “instancia”.
Visto que en la diligencia de fecha 29 de marzo de 2006, suscrita, por el abogado: TOMAS PINTO ARCIA, Inpreabogado N° 86.590, en su carácter de endosatario en Procuración de la parte actora, SU INVERSION ASEGURADA, desistió de la Apelación, es indudable el deseo del apelante en poner término o fin a la Instancia, por lo que este tribunal considera procedente impartirle la homologación. Y así se declara y decide.
Por los razonamientos antes expuestos éste Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, Administrando Justicia, emanada de los ciudadanos y ciudadanas en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley: DECLARA HOMOLOGADO EL DESISTIMIENTO DE ESTA INSTANCIA y en consecuencia, firme la decisión dictada en fecha 01 de Julio de 2005 por el Juzgado Tercero Municipio de los Municipios Girardot y Mario Briceño Iragorry del Estado Aragua, en el Expediente signado con el N° 8887 (Nomenclatura de ese Tribunal) o N° 0222 (Nomenclatura interna de este Tribunal), y por cuanto no hay más actuaciones que practicar en esta instancia se ordena la remisión inmediata de las presentes actuaciones al Tribunal A-quo, a fin de que continúe con las demás diligencias a que hubiere lugar. Désele salida e-n el libro de causas y remítase con oficio.
Publíquese y regístrese.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de este Tribunal, en Maracay a los Cuatro días del mes de abril del año dos mil seis (04-04-2006). Años 195º de la Independencia y 147º de la Federación.-
EL JUEZ,

Abg. PEDRO III Y. PEREZ C. EL SECRETARIO,

Abg. LEONCIO VALERA
En la misma fecha se cumplió lo ordenado y se publicó y registró la anterior decisión siendo las 01:00 p.m., y se libró oficio N°:______-06-
EL SECRETARIO,

Abg. LEONCIO VALERA
PIIIP/lv/jn
Apel. Nº 0222
Esatcion04