REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA Cagua, 17 de Enero de 2006 195º y 146º CAUSA. Nº 05-12886 PARTE DEMANDANTE: GIANCARLOS CAMPEOTTO LIBERATI, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-5.628.419. PARTE DEMANDADA: IRMA ODALY TAPIA PINOCHET, de nacionalidad chilena, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° E-81.538.856. MOTIVO: DIVORCIO ORDINARIO. Se inició el presente procedimiento mediante demanda interpuesta en fecha 19 de Octubre de 2005, por el ciudadano GIANCARLOS CAMPEOTTO LIBERATI, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-5.628.419, debidamente asistido por la Abogado JULIA HERRERA, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 79.193, contra la ciudadana IRMA ODALY TAPIA PINOCHET, de nacionalidad chilena, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° E-81.538.856, por Divorcio Ordinario. Siendo admitida por este Tribunal mediante auto de fecha 21 de Octubre de 2005, sin que conste en la causa ningún otro acto procesal. En esta misma fecha mediante diligencia suscrita por el Alguacil Titular de este Juzgado, ciudadano OSWALDO LOPEZ, dejó constancia de no haber recibido los emolumentos correspondientes para su traslado, ni proporcionado las copias simples necesarias para la citación correspondiente. PRIMERO: El artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, establece “…También se extingue la instancia: 1º Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado…” (negrillas del tribunal). Por su parte la Ley de Arancel Judicial en su artículo 12 establece la obligación del demandante de proveer al alguacil los medios necesarios para la práctica de la citación, cuando dispone textualmente: “Cuando haya de cumplirse un acto o evacuarse alguna diligencia fuera de la población en que tenga asiento el Tribunal, Registro Mercantil y Notarías Públicas, la parte promovente interesada proporcionará a los funcionarios y auxiliares de justicia que intervengan en ello, los vehículos necesarios y apropiados para su traslado y proveerán los gastos de manutención y hospedaje que ocasione. Igualmente se proporcionará vehículo, cuando el acto o diligencia se efectúe en la misma población donde resida el Tribunal, Registro Mercantil y Notarías Públicas, en lugares que disten más de quinientos metros (500 m2) de su recinto…” (negrillas del tribunal), de tal suerte que el aún vigente artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial obliga al demandante a proveer los mencionados gastos, ya que tal como lo ha interpretado la Sala Constitucional en diversos fallos, la gratuidad de la Justicia a que se refiere el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), se interpreta únicamente como la prohibición a los funcionarios de los órganos jurisdiccionales, de realizar algún cobro por concepto de aranceles o exigir pago por sus servicios, más no exime a los actores de cumplir con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Arancel judicial, por lo que la práctica a seguir es que el demandante una vez admitida la demanda y antes de que transcurra el lapso de treinta días continuos siguientes, presente diligencia ante el secretario en la cual ofrece los medios al alguacil para la práctica de la citación o proporcioné al alguacil el vehículo o expensa necesaria para el traslado, y éste último deje constancia de ello en el expediente correspondiente, lo cual palabras más, palabras menos, fue establecido por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 06 de Julio de 2004. SEGUNDO: Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el particular primero, por cuanto se observa que la demandada reside en la Urbanización La Fundación, Manzana 12, Sector 6, N° 12-124, Cagua, es decir, fuera de los quinientos metros (500m2) de la sede de este juzgado, lo procedente era que el demandante cumpliera con la obligación señalada antes de los treinta días siguientes a la admisión de la demanda, lo cual no hizo, puesto que se observa que la demanda fue admitida en fecha 21 de Octubre de 2005, y hasta la presente fecha han transcurrido más de los mencionados treinta días, por lo que, en consecuencia lo procedente es declarar la perención breve, quedando extinguida la instancia. Y así se declara.- Por las razones de hecho y de derecho antes expuestas, este Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la Autoridad de la Ley declara la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA. Se ordena la notificación de la parte actora mediante boleta de notificación dejada por el alguacil en su domicilio procesal, y una vez que quede firme la sentencia, se ordena el archivo de la presente causa.- EL JUEZ PROVISORIO, Dr. EULOGIO PAREDES TARAZONA EL SECRETARIO TEMPORAL Abg. CAMILO CHACON HERRERA En la misma fecha se publicó y registró la anterior sentencia, siendo las doce y treinta de la tarde (12:30 p.m.). EL SECRETARIO TEMPORAL EXP. Nº 05-12886 Berlix