REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO QUINTO PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO
CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA
METROPOLITANA DE CARACAS

Años 196º y 147º.-

EXPEDIENTE N°: 04-0618.-

PARTE DEMANDANTE:




ABOGADO ASISTENTE DE
LA PARTE DEMANDANTE


PARTE DEMANDADA: AUGUSTO ALBERTO NICHOLS, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad N°: V- 3.413.185.-

DANIEL OQUENDO REYES, abogado en ejercicio, de este domicilio e inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº: 66.356.

ASOCIACIÓN CIVIL EL PUERTO, A.C., inscrita por ante el Registro Subalterno del Primer Circuito del Estado Miranda, en fecha 09 de Febrero de 1.995, bajo el Nº: 26, Tomo 23, Protocolo Primero, y DEL SUR BANCO UNIVERSAL, C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 23 de Noviembre del 2001, bajo el Nº: 26, Tomo 223-A-Pro..-

MOTIVO: CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.-


Comenzó la presente acción, por libelo de demanda, presentado por ante el Juzgado Distribuidor de Turno, por el ciudadano: AUGUSTO ALBERTO NICHOLS, asistido por el Abogado DANIEL OQUENDO REYES, mediante el cual demanda por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, a la Asociación Civil EL PUERTO, A.C., y a la Sociedad Mercantil DEL SUR BANCO UNIVERSAL, C.A.; correspondiéndole el conocimiento de la causa a éste Tribunal.-
Ahora bien, vistas las actas procésales que conforman este expediente, debe hacer las siguientes consideraciones:
PRIMERO: Este proceso se inició por demanda, que fue admitida por este Juzgado, en fecha 16 de Junio del 2004, ordenando el emplazamiento del demandado, librándose compulsa.-
En la presente fecha, la Juez Suplente Especial Dra. RAHYZA PEÑA VILLAFRANCA, se avocó al conocimiento de la causa.-
Ahora bien, de las actas se evidencia que desde la fecha que se admitió la demanda, hasta la fecha en que se avocó la Juez Suplente Especial, que suscribe la presente, ha transcurrido más de un año de inactividad procesal, sin que la parte accionante impulse la citación de la demandada.-
SEGUNDO: Habida cuenta de las indicadas circunstancias, debe procederse a una breve revisión del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, que literalmente dispone lo siguiente:
“Artículo 267.- Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá perención. (...).”
De la simple lectura del anterior dispositivo legal se pueden apreciar los dos elementos constitutivos de la norma, a saber:
a) Un supuesto de hecho: El transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes; y,
b) Una consecuencia jurídica: La extinción de la instancia por obra de la perención.
Ahora bien, siendo que en este caso no se ha producido inactividad del Juez luego de vista la causa y toda vez que los hechos sucedidos en este proceso guardan perfecta relación de identidad respecto del supuesto de hecho abstractamente consagrado en la norma anteriormente transcrita, necesariamente debe producirse la consecuencia jurídica establecida en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, es decir, debe concluirse que en este juicio ha operado la perención de la instancia, y así se declara expresamente. Es menester destacar que por disposición del artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, el instituto procesal de la perención de la instancia es declarable aún de oficio. En efecto, textualmente establece la indicada norma adjetiva:
“Artículo 269.- La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del Artículo 267, es apelable libremente.”
TERCERO: Como consecuencia de lo expuesto y con fundamento en las razones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este Tribunal administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PERIMIDA LA INSTANCIA. - Y ASÍ SE DECIDE.-
De conformidad con lo previsto en el artículo 283 del citado Código, no hay condenatoria en costas en esta decisión.
Regístrese, publíquese y déjese copia.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en Caracas, a los 10 días del mes de Julio de Dos Mil Seis (2006).- Años: 196° de la Independencia y 147° de la Federación.-
LA JUEZ SUPLENTE ESPECIAL,


DRA. RAHYZA PEÑA VILLAFRANCA.
LA SECRETARIA,

Abog. LEOXELYS ELENA VENTURINI
En la misma fecha se registró y publicó la anterior sentencia siendo las Dos de la Tarde (02:00 p.m.).-
LA SECRETARIA,

Abog. LEOXELYS ELENA VENTURINI

EXP. N°: 04-0618.-
RPV/LEV/casu.-