TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL
DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS
SALA 5

Caracas, 28 de Junio de 2006.
196° y 147°

N° 055-06
JUEZ PONENTE: DR. JOSE GREGORIO RODRIGUEZ TORRES
CAUSA N° SA-5-06-1958

Las presentes actuaciones subieron a consideración de esta Sala, en fecha 01 de Junio de 2006, en virtud del Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada AMANDA BOLIVAR CASTILLO, y por el ciudadano JUAN CARLOS BETANCOURT, quien se identifica con el carácter de Presidente de la Comisión Defensora de los Derechos Humanos en la República Bolivariana de Venezuela, en contra del pronunciamiento proferido por el Juzgado Cuadragésimo Segundo de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 27 de Abril de 2006, mediante la cual “SE DECLARA INCOMPETENTE para conocer la acción de amparo constitucional incoada por los ciudadanos AMANDA BOLIVAR CASTILLO… y CARLOS BETANCOURT…y en consecuencia SE DECLINA LA COMPETENCIA a un Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo”.

Presentado el recurso de apelación el Juez Cuadragésimo Segundo de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, emplazó al Fiscal 70° del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, quien en fecha 24 de Mayo de 2006, dio contestación al recurso de apelación interpuesto, y una vez transcurrido el lapso legal, en fecha 01-06-2006, envió las actuaciones a la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial Penal, correspondiéndole a esta Sala 5 el conocimiento de la misma. Se dio cuenta y se designó ponente, quien con tal carácter lo suscribe.

II
DE LA DECISION RECURRIDA

El Juzgado Cuadragésimo Segundo de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, dictó decisión en fecha 27 de Abril de 2006, y señaló lo siguiente:

“…En este orden de ideas, aun resulta para esta Juzgadora oscura la denuncia cuya tutela constitucional requieren los accionantes, pese haber ordenado el saneamiento, toda vez invocan la infracción de numerables garantías constitucionales, como son el debido proceso, el derecho a la vida, a la salud, al trabajo, a los créditos laborales y a la integridad física, psíquica y moral, así como manifiestan su inconformidad con la decisión emanada del Juzgado Tercero de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, sin embargo, silencian la forma como dicha providencia judicial menoscaba concurrentemente los indicados derechos constitucionales y cual es el restablecimiento de la situación infringida que demandan. No obstante, puede inferirse, mas bien presumirse, que el acto que denuncian lesivo emana de un Tribunal laboral de la jurisdicción del Estado Carabobo, a quien le compete el conocimiento de asuntos derivados de relaciones de naturaleza laboral de ese Territorio regional, vale decir, totalmente fuera de los límites funcionales establecidos en el artículo 64 del Código Orgánico Procesal Penal, según el cual, le corresponde al tribunal de control conocer la acción de amparo cuando tenga por objeto violaciones a la libertad y seguridad personal: de igual forma, la infracción constitucional incoada, escapa de la competencia territorial de este órgano jurisdiccional, en aplicación por analogía de la regla contenida en el artículo 57 Ejusdem, habida cuenta que la providencia judicial que motiva la tutela, fue dictada por un Tribunal de Primera Instancia laboral del Estado Carabobo. Ahora bien, mediante fallo de fecha 20 de Enero de 2000 (Sent. 002, caso: Mata Millán), la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia estableció los criterios de competencia en materia de Amparo…Consecuente con la doctrina vinculante que desarrolla el fallo parcialmente transcrito y los artículos 64 y 57, ambos del Código Orgánico Procesal Penal, este Juzgado en función de Control, actuando en Primera Instancia, debe forzosamente declararse incompetente, toda vez, es un Juzgado Superior laboral del Estado Carabobo, la instancia y jurisdicción competente para conocer de la acción de amparo interpuesta. Así se declara. DECISIÓN La Juez Cuadragésima Segunda en función de Control del Tribunal de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela, por Autoridad de la Ley y con fundamento en las precedentes consideraciones, SE DECLARA INCOMPETENTE para conocer la acción de amparo constitucional incoada por los ciudadanos AMANDA BOLIVAR CASTILLO, Abogada en ejercicio y CARLOS BETANCOURT, en su condición de Presidente de la Comisión Defensora de Derechos Humanos en la República Bolivariana de Venezuela, adscrita a la Defensoría de Derechos humanos para América Latina, ambos en representación de los ciudadanos CARRASCO RIVERO JOSE ANTONIO, PACHECO FERRER ELVIS JAVIER, GARCIA JOHAN FRANCISCO, BARAHONA ÑAÑEZ MAIKOL ALEXANDER, QUIÑONES PADRON LUIS RAMON, HERNANDEZ FRANCO JORGE LUIS, LASALA MARTIN EDUARDO JOSE, BOCARANDA MEZA e YVAN GONZALO, y en consecuencia, SE DECLINA LA COMPETENCIA a un Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo”.

PLANTEAMIENTOS DE LA APELACIÓN

La Abogada AMANDA BOLIVAR CASTILLO, y el ciudadano JUAN CARLOS BETANCOURT, quien se identifica con el carácter de Presidente de la Comisión Defensora de los Derechos Humanos en la República Bolivariana de Venezuela, interponen recurso de apelación en los siguientes términos:

“DIRIGIENDONOS ANTE ESTA DIGNA SALA, PARA HACER DEL CONOCIMIENTO QUE EL ACTO DE DECLINACION QUE CURSA POR EL JUZDADO (sic) CUADRAGESIMO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA, EN FUNCION DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS, INCOADO EN FECHA 27 DE ABRIL DEL 2006, SIGNADO CON EL NRO. D06-000035, DONDE EXPONEMOS Y CONTRA DECIMOS, LA DECISION DE TAN DIGNA SALA (42 DE CONTROL), DE DECLINAR LA COMPETENCIA A UN JUZGADO SUPERIOR DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO, POR CONCIDERAR (sic) QUE LA LEY ORGANICA DE AMPARO SOBRE DERECHOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES, ESTABLECE EN SU TITULO III, DE LA COMPETENCIA. ARTICULO 15. LOS JUECES QUE CONOSCAN (sic) DE LA ACCION DE AMPARO NO PODRAN DEMORAR EL TRAMITE O DIFERIRLO SO PRETEXTO DE CONSULTAS AL MINISTRIO (sic) PUBLICO. SE ENTENDERA A DERECHO EN EL PROCESO DE AMPARO EL REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PUBLICO A QUIEN EL JUEZ COMPETENTE LE HUBIERE PARTICIPADO POR OFICIO O POR TELEGRAMA LA APERTURA DEL PROCEDIMIENTO. ARTICULO 20. EL JUEZ QUE HALLA (sic) SUSCITADO UNA CUESTION DE COMPETENCIA MANIFIESTAMENTE INFUNDADA SERA SANCIONADO POR EL SUPERIOR CON MULTAS NO MENOR DE CINCO MIL BOLIVARES (5.000BS), NI MAYOR DE DIEZ MIL BOLIVARES (10.000BS). ARTICULO 22. EL TRIBUNAL QUE CONOZCA DE LA SOLICITUD DE AMPARO TENDRA POTESTAD PARA RESTABLECER LA SITUACION JURIDICA INFRINGIDA, PRESCIDIENDO (sic) DE CONCIDERACIONES (sic) DE MERA FORMA Y SIN NINGUN TIPO DE AVERIGUACION SUMARIA QUE LA PRECEDA, EN ESTE CASO EL MANDAMIENTO DE AMPARO DEBERA SER MOTIVADO Y ESTAR FUNDAMENTADO EN UN MEDIO DE PRUEVAS (sic) QUE CONSTITUYA PRESUNCION GRAVE DE VIOLACION O DE LA AMENAZA DE VIOLACION. SEGÚN SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SE DECLARA LA NULIDAD DE ESTE JUICIO. ARTICULO 23. SI EL NO OPTARE POR RESTABLECER INMEDIATAMENTE LA SITUACION JURIDICA INFRINJIDA (sic) CONFORME EL ARTICULO ANTERIOR, ORDENARA A LA AUTORIDAD, ENTIDAD, ORGANIZACIÓN SOCIAL O A LOS PARTICULARES IMPUTADOS DE VIOLAR O AMENAZAR EL DERECHO O LA GARANTIA CONSTITUCIONALES, QUE EN EL TERMINO DE 48 HORAS, CONTADAS A PARTIR DE LA RESPECTIVA NOTIFICACION, INFORME SOBRE LA PRETENDIDA VIOLACION O AMENAZA QUE HUBIERE MOTIVADO LA SOLICITUD DE AMPARO. LA FALTA DE INFORME CORRESPONDIENTE SE ENTENDERA COMO LA ACEPTACION DE LOS HECHOS INCRIMINADOS. ARTICULO 25. QUEDAN EXCLUIDAS DEL PROCEDIMIENTO CONSTITUCIONAL DEL AMPARO TODAS LAS FORMAS DE ARREGLO ENTRE LAS PARTES, SIN PERJUICIO DE QUE EL AGRAVIADO PUEDA, EN CUALQUIER ESTADO Y GRADO DE LA CAUSA, DESISTIR DE LA ACCION INTERPUESTA, SALVO QUE SE TRATE DE UN DERECHO DE EMINENTE ORDEN PUBLICO O QUE PUEDA AFECTAR LAS BUENAS COSTUMBRES. EL DESISTIMIENTO MALICIOSO O EL ABANDONO DEL TRAMITE POR EL AGRAVIADO SERA SANCIONADO POR EL JUEZ DE LA CAUSA O POR EL SUPERIOR, SEGÚN EL CASO, CON MULTA DE DOS MIL BOLIVARES (Bs 2.000) A CINCO MIL BOLIVARES (5.000Bs). ARTICULO 27. EL TRIBUNAL QUE CONOZCA DE LA SOLICITUD DE AMPARO REMITIRA COPIA CERTIFICADA DE SU DECISION A LA AUTORIDAD COMPETENTE, A FIN DE QUE RESUELVA SOBRE LA PROCEDENCIA O NO DE LA MEDIDA DISCIPLINARIA CONTRA EL FUNCIONARIO PUBLICO CULPABLE DE LA VIOLACION O DE LA AMENAZA CONTRA EL DERECHO O LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES, SIN PERJUICIO DE LAS RESPONSABILIDADES CIVILES O PENALES QUE LE RESULTEN ATRIBUIBLES. A TAL EFECTO, EL TRIBUNAL REMITIRA TAMBIEN LOS RECAUDOS PERTINENTES AL MINISTERIO PUBLICO. CONSTITUCION DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. ARTICULO 22. LA ENUNCIACION DE LOS DERECHOS Y GARANTIAS CONTENIDOS EN ESTA CONSTITUCION Y EN LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS NO DEBE ENTENDERSE COMO NEGACION DE OTROS QUE, SIENDO INHERENTES A LA PERSONA, NO FIGUREN EXPRESAMENTE EN ELLOS, LA FALTA DE LEY REGLAMENTARIA DE ESTOS DERECHOS NO MENOSCABA EL EJERCICIO DE LOS MISMOS. ARTICULO 27. TODA PERSONA TIENE DERECHO A SER AMPARADA POR LOS TRIBUNALES EN GOSE (sic) Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES, AUN DE AQUELLOS INHERENTES A LA PERSONA QUE NO FIGUREN EXPRESADAMENTE (sic) EN ESTA CONSTITUCION O EN LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS HUMANOS. EL PROCEDIMIENTO DE LA ACCION DE AMPARO CONSTITUCIONAL SERA ORAL, PUBLICO, BREVE, GRATUITO Y NO SUJETO A FORMALIDADES Y LA AUTORIDAD COMPETENTE TENDRA POTESTAD PARA RESTABLECER INMEDIATAMENTE LA SITUACION JURIDICA INFRINJIDA (sic) O A LA SITUACION QUE MAS SE ASEMEJE A ELLA, TODO TIEMPO SERA HABIL Y EL TRIBUNAL LO TRAMITARA CON PREFERENCIA A CUALQUIER OTRO ASUNTO, ESJJUDEN (sic) CABE DESTACAR TAMBIEN QUE EN LA MODALIDAD DEL AMPARO SOBREVENIDO CON CAUTELAR QUE PROCEDE CONTRA DESICIONES (sic) U OMISIONES EMANADAS DE LOS JUECES AUXILIARES DE JUSTICIA PARTES O TERCEROS EN UN PROCESO INCURSO POR CUANTO NO EXISTE UNA VIA ORDINARIA PARA ATACAR EFICAZMENTE EN EL TRANSCURSO DEL PROCESO MISMO, EL ACTO, HECHO U OMISION LESIVO AL DERECHO O GARANTIA CONSTITUCIONAL”.

En fecha 24 de Mayo de 2006, la Abogada MALVA MARINA MORENO G., en su carácter de Fiscal Septuagésimo del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, conforme al artículo 449 del Código Orgánico Procesal Penal, da contestación al recurso de apelación interpuesto por la Abogada AMANDA BOLIVAR CASTILLO, y por el ciudadano JUAN CARLOS BETANCOURT, quien se identifica con el carácter de Presidente de la Comisión Defensora de los Derechos Humanos en la República Bolivariana de Venezuela, en los siguientes términos:

“Visto el Recurso de apelación ejercido por los mencionados profesionales del derecho, dicho Recurso fue denominado “Acto de Apelación” el Ministerio Público observa que este adolece de falta de fundamentación pues bien los accionantes no se basan en ninguno de los ordinales del artículo 447 del Código Orgánico Procesal Penal del escrito en comento no se desprende nada, si existe o no un gravamen irreparable o en que se basa su “Acto de Apelación”. La normativa procesal penal, exige en materia de Recursos la adecuación de denuncias a causas determinadas, siendo la doble instancia parte del desarrollo del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, el recurrente debe ser necesariamente instruir a la corte que haya de conocer del recurso, no solo las bases jurídicas en que fundamenta su queja, sino adecuar el caso concreto a la situación legal denunciada. En el presente caso los apelantes se limitaron a copiar artículos de la Constitución y de otros textos, pero no establecen a cual gravamen se refirió el accionante en concreto, si al perjuicio material o al jurídico, o ambos y ¿en que se materializa ese perjuicio?, cree la representación fiscal que corresponderá a la Corte de Apelaciones inferir tal gravamen. O por el contrario verificar si es a otra causal a la que se refieren. Ahora bien infiere el Ministerio Público, que los Recurrentes apelaron de la decisión del Juzgado 42 de Primera Instancia en Función de Control, ya que no comparten el criterio del tribunal en que este no es competente para conocer de la causa. Sin embargo, observa esta Representación Fiscal que la razón asiste al Tribunal de Primera Instancia en función de Control, en cuanto a la competencia por el territorio ya que los hechos denunciados como materia de amparo, ocurrieron ante la jurisdicción del Estado Carabobo, es decir la competencia por el territorio limita la jurisdicción. De la misma forma observa el Ministerio Público, que parcialmente tratan de denunciar un incumplimiento a la Ley Orgánica de Prevención Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, sin embargo esos hechos deben ser aclarados y delimitados, ya que no son concretos ni específicos, ante un Fiscal del Ministerio Público de la Circunscripción del Estado Carabobo. Honorable Corte de Apelaciones, solicito con el debido respeto se declare sin lugar la apelación interpuesta, en virtud que esta Jurisdicción no es competente por el territorio para conocer de la acción incoada”.

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

La Sala para decidir observa:

El caso que nos ocupa esta referido al recurso de apelación interpuesto por la Abogada AMANDA BOLIVAR CASTILLO, y por el ciudadano JUAN CARLOS BETANCOURT, quien se identifica con el carácter de Presidente de la Comisión Defensora de los Derechos Humanos en la República Bolivariana de Venezuela. Los prenombrados ciudadanos impugnan pronunciamiento proferido por el Juzgado Cuadragésimo Segundo de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 27 de Abril de 2006. Mediante la decisión que se objeta, el Tribunal en cuestión “SE DECLARA INCOMPETENTE para conocer la acción de amparo constitucional incoada por los ciudadanos AMANDA BOLIVAR CASTILLO… y CARLOS BETANCOURT…y en consecuencia SE DECLINA LA COMPETENCIA a un Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo”.

Denuncian los apelantes “QUE EL ACTO DE DECLINACION QUE CURSA POR EL JUZDADO (sic) CUADRAGESIMO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA, EN FUNCION DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS, INCOADO EN FECHA 27 DE ABRIL DEL 2006, SIGNADO CON EL NRO. D06-000035, DONDE EXPONEMOS Y CONTRA DECIMOS, LA DECISION DE TAN DIGNA SALA (42 DE CONTROL), DE DECLINAR LA COMPETENCIA A UN JUZGADO SUPERIOR DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO, POR CONCIDERAR (sic) QUE LA LEY ORGANICA DE AMPARO SOBRE DERECHOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES, ESTABLECE EN SU TITULO III, DE LA COMPETENCIA. ARTICULO 15. LOS JUECES QUE CONOSCAN (sic) DE LA ACCION DE AMPARO NO PODRAN DEMORAR EL TRAMITE O DIFERIRLO SO PRETEXTO DE CONSULTAS AL MINISTRIO (sic) PUBLICO”. Sobre lo antes expuesto, la Sala observa, que los apelantes se limitan a contradecir de manera genérica, sin precisiones concretas, la decisión recurrida.

Continúa el argumento de los recurrentes, así: “SE ENTENDERA A DERECHO EN EL PROCESO DE AMPARO EL REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PUBLICO A QUIEN EL JUEZ COMPETENTE LE HUBIERE PARTICIPADO POR OFICIO O POR TELEGRAMA LA APERTURA DEL PROCEDIMIENTO. ARTICULO 20. EL JUEZ QUE HALLA (sic) SUSCITADO UNA CUESTION DE COMPETENCIA MANIFIESTAMENTE INFUNDADA SERA SANCIONADO POR EL SUPERIOR CON MULTAS NO MENOR DE CINCO MIL BOLIVARES (5.000BS), NI MAYOR DE DIEZ MIL BOLIVARES (10.000BS). ARTICULO 22. EL TRIBUNAL QUE CONOZCA DE LA SOLICITUD DE AMPARO TENDRA POTESTAD PARA RESTABLECER LA SITUACION JURIDICA INFRINGIDA, PRESCIDIENDO (sic) DE CONCIDERACIONES (sic) DE MERA FORMA Y SIN NINGUN TIPO DE AVERIGUACION SUMARIA QUE LA PRECEDA, EN ESTE CASO EL MANDAMIENTO DE AMPARO DEBERA SER MOTIVADO Y ESTAR FUNDAMENTADO EN UN MEDIO DE PRUEVAS (sic) QUE CONSTITUYA PRESUNCION GRAVE DE VIOLACION O DE LA AMENAZA DE VIOLACION”. Entienden los integrantes de esta alzada, que los recurrentes consideran un aspecto de “mera forma”, es decir una formalidad “no esencial”, el hecho de haber decido el Juez del amparo, la declinatoria de su competencia para conocer la acción propuesta, sobre lo cual adicionan que dicho Juez, al decidir, obró de manera infundada, y al efecto señalan, que al hacerlo de ese modo, el juzgador queda sujeto a las sanciones de ley. Sin embargo, no se infiere todavía del escrito impugnativo de la decisión que declina la competencia para conocer el amparo propuesto, en un Juez del Circuito Laboral del Estado Carabobo, que contra ese pronunciamiento se haya planteado fundada argumentación.

Alegan los apelantes, que “SEGÚN SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SE DECLARA LA NULIDAD DE ESTE JUICIO. ARTICULO 23. SI EL NO OPTARE POR RESTABLECER INMEDIATAMENTE LA SITUACION JURIDICA INFRINJIDA (sic) CONFORME EL ARTICULO ANTERIOR, ORDENARA A LA AUTORIDAD, ENTIDAD, ORGANIZACIÓN SOCIAL O A LOS PARTICULARES IMPUTADOS DE VIOLAR O AMENAZAR EL DERECHO O LA GARANTIA CONSTITUCIONALES, QUE EN EL TERMINO DE 48 HORAS, CONTADAS A PARTIR DE LA RESPECTIVA NOTIFICACION, INFORME SOBRE LA PRETENDIDA VIOLACION O AMENAZA QUE HUBIERE MOTIVADO LA SOLICITUD DE AMPARO”. El alegato anterior, para quienes integramos esta Sala luce oscuro y planteado inadecuadamente, pues, trátase la decisión impugnada de un pronunciamiento mediante el cual se declina competencia, en un Juez de la Jurisdicción Laboral del Estado Carabobo.

Similar juicio cabe advertir del párrafo que sigue: “LA FALTA DE INFORME CORRESPONDIENTE SE ENTENDERA COMO LA ACEPTACION DE LOS HECHOS INCRIMINADOS. ARTICULO 25. QUEDAN EXCLUIDAS DEL PROCEDIMIENTO CONSTITUCIONAL DEL AMPARO TODAS LAS FORMAS DE ARREGLO ENTRE LAS PARTES, SIN PERJUICIO DE QUE EL AGRAVIADO PUEDA, EN CUALQUIER ESTADO Y GRADO DE LA CAUSA, DESISTIR DE LA ACCION INTERPUESTA, SALVO QUE SE TRATE DE UN DERECHO DE EMINENTE ORDEN PUBLICO O QUE PUEDA AFECTAR LAS BUENAS COSTUMBRES. EL DESISTIMIENTO MALICIOSO O EL ABANDONO DEL TRAMITE POR EL AGRAVIADO SERA SANCIONADO POR EL JUEZ DE LA CAUSA O POR EL SUPERIOR, SEGÚN EL CASO, CON MULTA DE DOS MIL BOLIVARES (Bs 2.000) A CINCO MIL BOLIVARES (5.000Bs). ARTICULO 27. EL TRIBUNAL QUE CONOZCA DE LA SOLICITUD DE AMPARO REMITIRA COPIA CERTIFICADA DE SU DECISION A LA AUTORIDAD COMPETENTE, A FIN DE QUE RESUELVA SOBRE LA PROCEDENCIA O NO DE LA MEDIDA DISCIPLINARIA CONTRA EL FUNCIONARIO PUBLICO CULPABLE DE LA VIOLACION O DE LA AMENAZA CONTRA EL DERECHO O LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES, SIN PERJUICIO DE LAS RESPONSABILIDADES CIVILES O PENALES QUE LE RESULTEN ATRIBUIBLES. A TAL EFECTO, EL TRIBUNAL REMITIRA TAMBIEN LOS RECAUDOS PERTINENTES AL MINISTERIO PUBLICO. CONSTITUCION DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. ARTICULO 22. LA ENUNCIACION DE LOS DERECHOS Y GARANTIAS CONTENIDOS EN ESTA CONSTITUCION Y EN LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS NO DEBE ENTENDERSE COMO NEGACION DE OTROS QUE, SIENDO INHERENTES A LA PERSONA, NO FIGUREN EXPRESAMENTE EN ELLOS, LA FALTA DE LEY REGLAMENTARIA DE ESTOS DERECHOS NO MENOSCABA EL EJERCICIO DE LOS MISMOS. ARTICULO 27. TODA PERSONA TIENE DERECHO A SER AMPARADA POR LOS TRIBUNALES EN GOSE (sic) Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES, AUN DE AQUELLOS INHERENTES A LA PERSONA QUE NO FIGUREN EXPRESADAMENTE (sic) EN ESTA CONSTITUCION O EN LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS HUMANOS. EL PROCEDIMIENTO DE LA ACCION DE AMPARO CONSTITUCIONAL SERA ORAL, PUBLICO, BREVE, GRATUITO Y NO SUJETO A FORMALIDADES Y LA AUTORIDAD COMPETENTE TENDRA POTESTAD PARA RESTABLECER INMEDIATAMENTE LA SITUACION JURIDICA INFRINJIDA (sic) O A LA SITUACION QUE MAS SE ASEMEJE A ELLA, TODO TIEMPO SERA HABIL Y EL TRIBUNAL LO TRAMITARA CON PREFERENCIA A CUALQUIER OTRO ASUNTO, ESJJUDEN (sic) CABE DESTACAR TAMBIEN QUE EN LA MODALIDAD DEL AMPARO SOBREVENIDO CON CAUTELAR QUE PROCEDE CONTRA DESICIONES (sic) U OMISIONES EMANADAS DE LOS JUECES AUXILIARES DE JUSTICIA PARTES O TERCEROS EN UN PROCESO INCURSO POR CUANTO NO EXISTE UNA VIA ORDINARIA PARA ATACAR EFICAZMENTE EN EL TRANSCURSO DEL PROCESO MISMO, EL ACTO, HECHO U OMISION LESIVO AL DERECHO O GARANTIA CONSTITUCIONAL”.

De lo precedentemente copiado, se evidencia claramente, que los impugnantes de la decisión dictada por el Juzgado Cuadragésimo Segundo de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 27 de Abril de 2006, de manera alguna alegan concretos elementos ni fundada argumentación contra la citada decisión, que sean capaces de enervarla. Por el contrario, el contenido de su escrito impugnativo luce genérico, confuso y distante de reunir la más básica información ni que sirvan para ilustrar a esta Sala sobre el propósito de haberse interpuesto. Más allá de ello, surge la inferencia que extraemos los integrantes de esta Sala, sobre una cuestión que brota de la más elemental lógica, que el solo hecho de la interposición del recurso, lo que demuestra es la insatisfacción de sus proponentes contra la decisión que se recurre.

Pero es que la decisión recurrida se limita a un aspecto concreto: “SE DECLARA INCOMPETENTE para conocer la acción de amparo constitucional incoada por los ciudadanos AMANDA BOLIVAR CASTILLO… y CARLOS BETANCOURT”, y como consecuencia de ello DECLINÓ COMPETENCIA en “un Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo”. Es sobre este asunto que ha debido concretarse el escrito de impugnación de la decisión, argumentar en el sentido de demostrar, establecer por las vías jurídicas, que el Juez de la recurrida si era competente para conocer dicho amparo, aspecto que no fue tratado en el escrito, limitándose los apelantes a exponer sobre el punto así: “QUE EL ACTO DE DECLINACION QUE CURSA POR EL JUZDADO (sic) CUADRAGESIMO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA, EN FUNCION DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS, INCOADO EN FECHA 27 DE ABRIL DEL 2006, SIGNADO CON EL NRO. D06-000035, DONDE EXPONEMOS Y CONTRA DECIMOS, LA DECISION DE TAN DIGNA SALA (42 DE CONTROL), DE DECLINAR LA COMPETENCIA A UN JUZGADO SUPERIOR DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO, POR CONCIDERAR (sic) QUE LA LEY ORGANICA DE AMPARO SOBRE DERECHOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES, ESTABLECE EN SU TITULO III, DE LA COMPETENCIA. ARTICULO 15. LOS JUECES QUE CONOSCAN (sic) DE LA ACCION DE AMPARO NO PODRAN DEMORAR EL TRAMITE O DIFERIRLO SO PRETEXTO DE CONSULTAS AL MINISTRIO (sic) PUBLICO”.

Sin embargo, habiéndose dejado constancia de la imprecisión de los apelantes, y teniendo presente que se trata de una declaración de incompetencia de conformidad con lo cual declino dicha competencia, pasemos a establecer, en concreto, a que Tribunal o Jurisdicción debe tenerse como competente en dicho caso.

Sobre la Competencia en materia de Amparo, dejó establecido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia de fecha 20 de enero de dos mil (2000), Caso EMERY MATA MILLÁN, cuanto sigue:
“… esta Sala declara que, la competencia expresada en los artículos 7 y 8 de la ley antes citada, se distribuirá así:

1.-…
3.- Corresponde a los Tribunales de Primera Instancia de la materia relacionada o afín con el amparo, el conocimiento de los amparos que se interpongan, distintos a los expresados en los números anteriores, siendo los Superiores de dichos Tribunales quienes conocerán las apelaciones y consultas que emanen de los mismos, de cuyas decisiones no habrá apelación ni consulta.
4.- En materia penal, cuando la acción de amparo tenga por objeto la libertad y seguridad personales, será conocida por el Juez de Control, a tenor del artículo 60 del Código Orgánico Procesal Penal, mientras que los Tribunales de Juicio Unipersonal serán los competentes para conocer los otros amparos de acuerdo a la naturaleza del derecho o garantía constitucional violado o amenazado de violación que sea afín con su competencia natural. Las Cortes de Apelaciones conocerán de las apelaciones y consultas de las decisiones que se dicten en esos amparos”.

De la decisión anterior, se desprende, que serán competentes en materia de amparo, en casos como el que nos ocupa “los Tribunales de Primera Instancia de la materia relacionada o afín con el amparo, el conocimiento de los amparos que se interpongan”. Dicho mandato de la Sala Constitucional es además similar a lo dispuesto sobre el particular en el artículo 7 de la ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales: “Artículo 7. Son competentes para conocer de la acción de amparo, los tribunales de Primera Instancia que lo sean en la materia afín con la naturaleza del derecho o de la garantía constitucionales violados o amenazados de violación, en la jurisdicción correspondiente al lugar donde ocurrieren el hecho, acto u omisión que motivaren la solicitud de amparo”.

Aclarado el aspecto competencia en el presente caso, y encontrándose la Sala, que el que nos ocupa trata sobre hechos cuya naturaleza no es la naturaleza penal, sino como lo señala la Juez declinante de la competencia, de un asunto que “emana de un Tribunal laboral de la jurisdicción del Estado Carabobo…”, Es a un Tribunal de esa materia laboral, y que este sea de la Jurisdicción del Estado Carabobo a quien le corresponde conocer el presente caso, por ser esa la Jurisdicción Competente por la Materia y por el Territorio para conocerlo de acuerdo a la materia afín con la naturaleza del derecho o de la garantía constitucionales que se denuncian violados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales y con lo establecido en la sentencia supra mencionada de la Sala Constitucional de nuestro más alto Tribunal. En consecuencia, se CONFIRMA la decisión dictada por el Juzgado Cuadragésimo Segundo de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 27 de Abril de 2006, mediante la cual “SE DECLARA INCOMPETENTE para conocer la acción de amparo constitucional incoada por los ciudadanos AMANDA BOLIVAR CASTILLO… y CARLOS BETANCOURT…y en consecuencia SE DECLINA LA COMPETENCIA a un Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo”. Se Declara Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto. Así se decide.

DISPOSITIVA

Por los razonamientos antes expuestos esta Sala N° 5 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley, CONFIRMA la decisión dictada por el Juzgado Cuadragésimo Segundo de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 27 de Abril de 2006, mediante la cual “SE DECLARA INCOMPETENTE para conocer la acción de amparo constitucional incoada por los ciudadanos AMANDA BOLIVAR CASTILLO… y CARLOS BETANCOURT…y en consecuencia SE DECLINA LA COMPETENCIA a un Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo”.

Se declara Sin Lugar la apelación interpuesta.

Regístrese, diarícese, notifíquese la presente decisión la cual quedó registrada bajo el N° 055-06 y remítase la presente causa en su oportunidad legal.

EL JUEZ PRESIDENTE

DR. RUBEN DARIO GUTIERREZ ROJAS

EL JUEZ PONENTE EL JUEZ

DR. JOSE GREGORIO RODRIGUEZ TORRES DR. ÁNGEL ZERPA APONTE

LA SECRETARIA

ABG. ROSA CADIZ RONDON

En esta misma fecha, se dio cumplimiento a lo ordenado en el auto que antecede

LA SECRETARIA

ABG. ROSA CADIZ RONDON

RDGR/JGRT/AZA/RCR/Ag.-
CAUSA Nº SA-5-06-1958