REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO QUINTO PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO
CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA
METROPOLITANA DE CARACAS
Años: 196º y 147º.-
EXPEDIENTE N°: 04-0840.-
PARTE DEMANDANTE:
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDANTE:
PARTE DEMANDADA: LOURDES DEL VALLE PANZARELLI DE SARMIENTO, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad Nº: V- 5.331.468.-
JUAN JOSE ABREU CATALA, JOSE LUIS BUGALLO CASTRO, MANUEL MANRIQUE SISO y CARLOS JOSE GARCIA FERRER, abogados en ejercicio, de este domicilio e inscritos en el Inpreabogado bajo los Números: 70.496, 78.724, 4.007 y 99.296, respectivamente.-
BANCO DE VENEZUELA, S.A., BANCO UNIVERSAL, UNIDAD DE MEDICINA INTEGRAL LA PAZ, C.A., y ciudadano: LOBALDO SARMIENTO ORTA, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad Número: V- 2.518.199.-
MOTIVO:
NULIDAD DE CONTRATO.-
Comenzó la presente acción, por libelo de demanda, proveniente del Juzgado Distribuidor de Turno, presentado por la ciudadana: LOURDES DEL VALLE PANZARELLI DE SARMIENTO, asistida por los Abogado JUAN JOSE ABREU CATALA, JOSE LUIS BUGALLO CASTRO, MANUEL MANRIQUE SISO y CARLOS JOSE GARCIA FERRER, mediante el cual demanda por NULIDAD DE CONTRATO, a las Sociedades Mercantiles BANCO DE VENEZUELA, S.A., BANCO UNIVERSAL, UNIDAD DE MEDICINA INTEGRAL LA PAZ, C.A., y ciudadano: LOBALDO SARMIENTO ORTA; correspondiéndole el conocimiento de la causa a éste Tribunal.-
Ahora bien, vistas las actas procésales que conforman este expediente, debe hacer las siguientes consideraciones:
PRIMERO: Este proceso se inició por demanda, que fue admitida en fecha 29 de Junio del 2004, ordenando la citación de la parte demandada, comisionando para la práctica de la citación de los co-demandados UNIDAD DE MEDICINA INTEGRAL LA PAZ, C.A. y ciudadano: LOBALDO SARMIENTO ORTA.-
En fecha 15 de Noviembre del 2004, la parte actora otorgó poder apud acta.-
En fecha 01 de Diciembre del 2004, la representación judicial de la parte actora retiró la comisión librada para la práctica de la citación.-
En fecha 18 de Enero del 2005, el alguacil del Tribunal, manifestó no haber podido citar a la co-demandada BANCO DE VENEZUELA, S.A., BANCO UNIVERSAL.-
En la presente fecha, se avoco al conocimiento de la causa como Juez Suplente Especial, quien suscribe esta decisión.-
Ahora bien, de las actas se evidencia que desde la fecha que el alguacil del Tribunal manifestó la imposibilidad de citar a la co-demandada Sociedad Mercantil BANCO DE VENEZUELA, S.A., BANCO UNIVERSAL, hasta la fecha que se avocó la Juez Suplente Especial, transcurrió más de un año de inactividad procesal, sin que la parte accionante tramitará la citación de la parte demandada.-
SEGUNDO: Habida cuenta de las indicadas circunstancias, debe procederse a una breve revisión del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, que literalmente dispone lo siguiente:
“Artículo 267.- Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá perención. (...).”
De la simple lectura del anterior dispositivo legal se pueden apreciar los dos elementos constitutivos de la norma, a saber:
a) Un supuesto de hecho: El transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes; y,
b) Una consecuencia jurídica: La extinción de la instancia por obra de la perención.
Ahora bien, siendo que en este caso no se ha producido inactividad del Juez luego de vista la causa y toda vez que los hechos sucedidos en este proceso guardan perfecta relación de identidad respecto del supuesto de hecho abstractamente consagrado en la norma anteriormente transcrita, necesariamente debe producirse la consecuencia jurídica establecida en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, es decir, debe concluirse que en este juicio ha operado la perención de la instancia, y así se declara expresamente. Es menester destacar que por disposición del artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, el instituto procesal de la perención de la instancia es declarable aún de oficio. En efecto, textualmente establece la indicada norma adjetiva:
“Artículo 269.- La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del Artículo 267, es apelable libremente.”
TERCERO: Como consecuencia de lo expuesto y con fundamento en las razones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este Tribunal administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PERIMIDA LA INSTANCIA.- Y ASÍ SE DECIDE.-
De conformidad con lo previsto en el artículo 283 del citado Código, no hay condenatoria en costas en esta decisión.
Regístrese, publíquese y déjese copia.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en Caracas, a los 27 días del mes de Junio de Dos Mil Seis (2006).- Años: 196° de la Independencia y 147° de la Federación.-
LA JUEZ SUPLENTE ESPECIAL,
DRA. RAHYZA PEÑA VILLAFRANCA.
LA SECRETARIA,
Abog. LEOXELYS ELENA VENTURINI
En la misma fecha se registró y publicó la anterior sentencia siendo las Nueve de la mañana (09:00 a.m).-
LA SECRETARIA,
Abog. LEOXELYS ELENA VENTURINI
EXP. N°: 04-0840.-
RPV/LEV/casu.-