TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
EN LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN
DEL ESTADO ARAGUA
Maracay, 16 de marzo de 2006
195º y 147º
PARTE ACTORA: Sociedad Mercantil COMPAÑÍA ANONIMA DE PREVISIONES, C.A. (CADEPRE).
APODERADOS O ABOGADOS ASISTENTES: HUMBERTO GONZALEZ y KARLA GONZALEZ VAERA, Inpreabogado Nos. 24.223 y 72.937.
PARTE DEMANDADA: CAJA DE AHORRO Y PRESTAMO DEL CUERPO DE SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO DEL ESTADO ARAGUA y los ciudadanos CARLOS ALBERTO GONZÁLEZ, MARIBEL SARMIENTO APONTE, RAMON ALBERTO BLANCO y JOSE ELEAZAR UZCATEGUI.
APODERADOS O ABOGADOS ASISTENTES: SOL FELICIA GONZALEZ, YANTH SEVILLA ESTRADA y ALI LUGO RIOS, Inpreabogado N° 79.258, 74.241 y 37.645, respectivamente.
MOTIVO: INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS.
EXPEDIENTE N°: 37645.
TIPO DE SENTENCIA: Interlocutoria (Homologar Desistimiento).

Por recibidas y vistas las diligencias suscritas en fechas 08/03/2006 y 14/03/2006, la primera suscrita por el ciudadano: VICTOR MANUEL LUGO, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V-3.234.709, en su carácter de Presidente de la Sociedad Mercantil COMPAÑÍA ANÓNIMA DE PREVISIONES C.A. (CADEPRE), asistido por el Abogado HUMBERTO GONZÁLEZ RAMOS Inpreabogado N°. 24.223,la segunda por el Abogado ALI LUGO RIOS Inpreabogado N° 37.645, en su carácter de apoderado judicial de la co-demandada CAJA DE AHORRO Y PRESTAMO DEL CUERPO DE SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO DEL ESTADO ARAGUA, (CAPSOPEA), y la tercera pos la abogado YANTH SEVILLA ESTRADA, Inpreabogado N° 74.241, en su carácter de apoderada judicial de los co-demandada ciudadanos CARLOS ALBERTO GONZÁLEZ, MARIBEL SARMIENTO APONTE, RAMON ALBERTO BLANCO y JOSE ELEAZAR UZCATEGUI, venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad Nos. V-4.680.023, V-5.277.635, V-7.207.332 y V-8.597.877 respectivamente, désele entrada y curso de ley. Este Tribunal con vista al DESISTIMIENTO efectuado por la parte actora pasa a pronunciarse sobre el mismo, con base a las siguientes consideraciones:
El Artículo 263 del Código de Procedimiento Civil, establece que:
“En cualquier estado y grado de la causa puede el demandante desistir de la demanda y el demandado convenir en ella. El Juez dará por consumado el acto, y se procederá como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, sin necesidad del consentimiento de la parte contraria.
El acto por el cual desiste el demandante o conviene el demandado en la demanda, es irrevocable, aún antes de la homologación del Tribunal”
Con respecto a dicha figura prevista por el legislador, englobada dentro del género de las denominadas Autocomposiciones Procesales o mal llamadas “formas de terminación anormales del proceso”, se encuentra las figuras del desistimiento, el convenimiento y la transacción. Lo normal para algunos teóricos es que los procesos terminen con un pronunciamiento judicial o sentencia.
La doctrina con respecto a la figura del desistimiento ha expresado lo siguiente:
“...(Omissis) Dentro de un proceso, los sujetos de la litis pueden hacer abandono de la misma o de alguna defensa esgrimida, manifestando
expresamente esa voluntad con el ánimo de dar por perdida su condición posiblemente ventajosa en el juicio.
Según Marcano Rodríguez, el desistimiento consiste en el abandono positivo que hace el actor, ya de la acción que ha intentado, ya del procedimiento incoado para reclamar judicialmente algún derecho, o en un acto aislado de la causa, o, en fin de algún recurso que hubiere interpuesto.
Devis Echandía lo define como una declaración de voluntad y un acto jurídico procesal, en virtud del cual eliminan los efectos jurídicos de otro acto procesal.
Por estas definiciones, es conclusivo que el desistimiento depende directamente de la voluntad de la parte que lo exprese, constituyendo un acto jurídico unilateral de renuncia, el cual puede estar seguido por la aceptación de la otra parte. Seria el caso de renuncias mutuas a las ventajas procesales, sin que ello signifique que se trata de una transacción tal como se observó cuando se estudió ésta última en el Capítulo referido a desemejanzas con otras instituciones jurídicas (ver Capítulo III, primera parte).
Con fundamento en estos elementos característicos del desistimiento, puede definirse éste como la renuncia que uno o ambos sujetos de la relación jurídica procesal efectúan de la solicitud de tutela jurídica que han planteado ante los órganos jurisdiccionales. Chiovenda considera que “en virtud de la renuncia, la parte abandona los efectos sustantivos y procesales del proceso; pero no pierde el derecho de ejercitar su acción en un nuevo proceso, a menos que la cesación de la relación procesal tenga influencia indirectamente en la existencia de la acción...(Omissis)” (PARILLI ARAUJO, Oswaldo: El Contrato de Transacción y otros modos extraordinarios de terminar el proceso, Mobillibros, Caracas, 1992, páginas 141)
De igual forma la doctrina ha efectuado una distinción entre los tipos de desistimiento. Así se ha dicho que existente el desistimiento de la acción y el desistimiento del procedimiento y dentro de éste último el efectuado antes de la contestación y el efectuado con posterioridad a dicho lapso.
En cuanto al desistimiento del procedimiento efectuado antes de la contestación de la demanda, se ha expresado que el actor es dueño absoluto de la acción y, por ende, podrá solicitar la terminación del juicio ante el Tribunal, que así lo declarará sin ninguna otra formalidad, pues no se ha trabado la litis; no ha habido contradicción o aceptación del demandado a las pretensiones del actor.
No obstante lo anterior, la doctrina procesalista más reconocida y citada alguna anteriormente, no duda en identificar conceptos que parecen sinónimos pero que son disímiles entre sí.
Así la acción es de imposible renuncia por las partes, por ser un derecho potestativo, abstracto y de orden público de acudir a los órganos jurisdiccionales y obtener oportuna respuesta ante las pretensiones y solicitudes que se efectúen, sin importar o no su procedencia.
El procedimiento es igualmente de orden público. En el sentido que, el legislador previamente ha establecido, la forma o mecanismo como se van a efectuar los actos procesales tendentes a la tramitación o resolución de los conflictos intersubjetivos de intereses de personas. Algunos de ellos en sede de jurisdicción “voluntaria” otros de carácter contenciosos. Y todos en su conjunto constituyen el debido proceso, que también tiene rango y carácter constitucional.
En los asuntos contenciosos, la afirmación de lo que la parte quiere en sí mismo que se le dé, lo que pide, lo que pretende, es lo que la doctrina ha denominado “Pretensión”, la cual a través de la interposición de la demanda que la contiene pone en movimiento la acción, mediante el procedimiento establecido, y con miras a obtener una decisión favorable o estimatoria, la cual debe producirse en las “Instancias” previstas, las cuales se agotan en su parte cognoscitivas, con las respectivas decisiones que en su oportunidad se dicten.
Es decir, cuando se habla de desistimiento de la “acción”, propiamente estamos hablando de desistimiento de la “pretensión” y cuando se habla de desistimiento del “procedimiento”, propiamente estamos hablando es de desistimiento de la “instancia”.
Con vista a las anteriores consideraciones, y del contenido de la referida diligencia mediante la cual la parte actora asistida por abogado de manera expresa y positiva desistió de la acción y de las pretensiones, no obstante que de acuerdo a parte de la doctrina y jurisprudencia, en estos casos no es menester el consentimiento de la parte demandada para tenerla por válida, independientemente de la fase en que efectúa, lo cierto es que la co-demandada Caja de Ahorro y Préstamo del Cuerpo de Seguridad y Orden Publico del Estado Aragua, (CAPSOPEA), manifestó conformidad sin reserva y la apoderada judicial de los co-demandados ciudadanos: CARLOS ALBERTO GONZÁLEZ, MARIBEL SARMIENTO APONTE, RAMON ALBERTO BLANCO y JOSE ELEAZAR UZCATEGUI, antes identificados, no manifestó contradicción con respecto a la homologación de dicho desistimiento, sino que se le condenara en costas procesales a la parte actora desistente. En consecuencia, éste Tribunal considera procedente impartirle la homologación, de conformidad con -lo establecido en el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil, y en consecuencia desistida la pretensión y la instancia. Y así se declara y decide.
Por cuanto el tribunal observa que los co-demandados ciudadanos: CARLOS ALBERTO GONZÁLEZ, MARIBEL SARMIENTO APONTE, RAMON ALBERTO BLANCO y JOSE ELEAZAR UZCATEGUI, antes identificados, manifestaron expresamente que se condenara en costas procesales a la parte actora conforme al Artículo 282 del Código de Procedimiento Civil, ultima parte, entiende-por la naturaleza de la actuación-efectuada que ha surgido un desacuerdo con respecto a ellos, entre la parte actora y los co-demandados ciudadanos: CARLOS ALBERTO GONZÁLEZ, MARIBEL SARMIENTO APONTE, RAMON ALBERTO BLANCO y JOSE ELEAZAR UZCATEGUI, antes identificados y por lo cual lo procedente es abrir una articulación probatoria de Ocho (8) días de despacho siguientes a este, para que promuevan y evacuen las pruebas respectivas y el tribunal decidirá al Noveno (9°) día de despacho siguiente a este.
Por virtud de las anteriores consideraciones, este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, Administrando Justicia emanada de las ciudadanas y ciudadanos, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA HOMOLOGADO EL DESISTIMIENTO DE LA INSTANCIA Y DE LA PRETENSIÓN EFECTUADO POR LA PARTE ACTORA.
Por cuanto ha surgido un desacuerdo con respecto a las costas procesales, entre la parte actora y los co-demandados ciudadanos: CARLOS ALBERTO GONZÁLEZ, MARIBEL SARMIENTO APONTE, RAMON ALBERTO BLANCO y JOSE ELEAZAR UZCATEGUI, antes identificados, Se abre una articulación probatoria de Ocho (8) días de despacho siguientes a este, para que promuevan y evacuen las pruebas respectivas y el Tribunal decidirá al Noveno (9°) día de despacho siguientes al de hoy, de conformidad con lo establecido en el artículo 282 del Código de Procedimiento Civil, ultima parte.
Publíquese, regístrese.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de este Tribunal, en Maracay, a los Dieciséis (16) días del mes de marzo del año Dos Mil Seis (16-03-2006). Años 195º de la Independencia y 147º de la Federación.-
EL JUEZ,

Dr. PEDRO III PÉREZ.
EL SECRETARIO,

Abg. LEONCIO VALERA
En la misma fecha se cumplió lo ordenado y se le publicó y registró la anterior decisión siendo las 11:00 a.m.-
EL SECRETARIO,

Abg. LEONCIO VALERA
Exp. Nº 37645
PIIIPC/lv/jn
Estación 04