REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal Décimo Sexto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas Caracas, seis (06) de noviembre de dos mil seis (2006) 194º y 146º ASUNTO: AH21-X-2006-000138 Visto el libelo de demandada presentada en fecha dieciocho (18) de octubre de dos mil seis (2006), suscrita por la abogado IVAN ROBLES, inscrito en el I.P.S.A, bajo el N° 61.879, en su carácter de apoderado de la parte actora, en la cual solicita a este Juzgado se decrete medida cautelar de Prohibición de enajenar y gravar sobre bienes inmuebles de las demandadas que oportunamente señalara, ahora bien, conforme a lo contemplado en el artículo 137 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en concordancia con los artículos 585 y 588, numeral 3° del Código de Procedimiento Civil,; al respecto, este Juzgado observa: La medida cautelar tiene como objeto asegurar los derechos de las partes que puedan ser otorgados en el proceso y así evitar que las resoluciones dictadas por el Tribunal pudieren quedar ilusorias. El artículo 137 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, señala lo siguiente: “ A petición de parte, podrá el juez de sustanciación, mediación y ejecución acordar las medidas cautelares que considere pertinentes a fin de evitar que se haga ilusoria la pretensión, siempre que a su juicio exista presunción grave del derecho que se reclama (...)" La doctrina y la jurisprudencia ha sido constante en establecer los requisitos de procedencia de estas medidas: 1.- Que exista riesgo manifiesto que quede ilusoria la ejecución del fallo "Peliculum in Mora"; y 2.- Que exista presunción grave del derecho que se reclama (“Fomus Boni Iuris”) debiendo estar ambas circunstancias en un medio de prueba que constituya presunción grave. En este sentido, el Juzgado Tercero Superior del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas (10 de mayo de 2004), en el caso N.M. Montilla contra Corporación Beracueros, C.A., expediente N° AP21-R-2004-000072, señaló: “La ley adjetiva laboral, faculta al Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución a dictar las medidas cautelares, siempre que concurran los siguientes requisitos: a) Que sea solicitada por uno de los sujetos intervinientes en la relación procesal. b) Que exista riesgo que se haga ilusoria la pretensión. c) Que exista presunción grave del derecho que se reclama. El operador de justicia analizará cuidadosamente la solicitud y las pruebas producidas para demostrar el periculum in mora y el fomus bonis iuris, es decir, el peligro de mora y el buen derecho; satisfechos estos requisitos el tribunal podrá decretar las medidas cautelares nominadas o innominadas, de conformidad con el artículo 137 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.” En el presente caso la parte actora no acompaña elementos ningunos con los cuales pretende sustentar el periculum in mora. Por lo que, no puede este Juzgado acordar las medida cautelar solicitada, basándose únicamente en los dichos del actor. Por tanto, se concluye que en el presente caso no se demuestra con certeza que exista el "Peliculum in Mora", que como ya se expresó es requisito indispensable para la procedencia de la medida cautelar. Concluye quien decide que aún cuando existiera la presunción de buen derecho, al no aportar pruebas que demuestren el periculum in mora, faltaría uno de los requisitos indispensables, como bien se ha dicho, previstos en el artículo 137 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y la doctrina y jurisprudencia antes citada, para que el juez o jueza pueda acordar medida cautelar pertinente. Por todos los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Décimo Sexto de Sustanciación, Mediación y Ejecución niega la medida cautelar solicitada por la parte actora en el presente juicio. El Juez Abog. Anibal F. Abreu P. La Secretaria Abog. Elis Hernández “2006, AÑO BICENTENARIO DEL JURAMENTO DEL GENERALISIMO FRANCISCO DE MIRANDA Y DE LA PARTICIPACIÓN PROTAGONICA Y DEL PODER POPULAR”