REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE JUZGADO SEGUNDO DE JUICIO DEL RÉGIMEN PROCESAL TRANSITORIO DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA Maracay, 06 de Octubre de 2.006. Año 196° y 147° EXPEDIENTE N°: 10.478-03 PARTE INTIMANTE: CARLOS RAFAEL CUBA DÍAZ, Venezolano, mayor de edad, abogado en ejercicio, Inpreabogado Nro.51.407. PARTE INTIMADA: HÉCTOR TOMÁS RENGIFO, Venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-10.455.647. APODERADA JUDICIAL DE LA PARTE INTIMADA: NO APARECE REPRESENTACIÓN EN AUTOS. MOTIVO: ESTIMACIÓN E INTIMACIÓN DE HONORARIOS PROFESIONALES Por cuanto se evidencia al folio once (11) que riela en el cuaderno separado del presente expediente, el auto de fecha veintiséis (26) de septiembre de 2005, mediante el cuál me avoqué al conocimiento de la causa por haber sido designado como Juez Temporal de este Tribunal según Sesión de la Comisión Judicial de fecha 19 de Julio de 2005 signada con oficio N° CJ-05-4108, así como Oficio N° CJ-05-4109 de fecha 20 de Julio de 2005, emanado del Tribunal Supremo de Justicia y de acuerdo al Acta de Juramentación de fecha 26 de Julio de 2005 levantada por ante la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y Juez Rectora Civil del Estado Aragua, mediante la cual tomé posesión del cargo en sustitución del Abogado José Encarnación Sumoza Veliz, razón por la cuál procedo a realizar una revisión exhaustiva del presente cuaderno separado relacionado con la Estimación de Honorarios Profesionales, constante de dieciséis (16) folios útiles, que guarda relación con el expediente original, distinguido con el N° 10.478-03 nomenclatura del Suprimido Juzgado Segundo de Primera Instancia del Trabajo y Estabilidad Laboral del Estado Aragua. De conformidad con el literal E, del Artículo 4° de la Resolución N° 2003-0257, de fecha 13 de Octubre de 2.003, consérvese la numeración del presente expediente y su cuaderno separado, hasta la definitiva conclusión de la causa. En razón de lo antes expuesto, y vistas y estudiadas detenidamente las actas que conforman el presente cuaderno, observa este Tribunal: La presente causa comenzó por demanda introducida en fecha 30 de Julio de 2.004, por el ciudadano CARLOS RAFAEL CUBA DIAZ contra el ciudadano HECTOR TOMAS RENGIFO LARA, en la cual demanda la ESTIMACION E INTIMACION DE HONORARIOS PROFESIONALES. Ahora bien, de las actuaciones precedentes puede observarse que la parte accionante realizó la última actuación en el expediente en fecha 30/06/04, no impulsando más la causa desde ese entonces. De lo antes expuesto puede evidenciarse que existe una falta de interés procesal por parte de la accionante en mantener el presente juicio y por ende obtener un resultado a lo peticionado por ella en su libelo, ya que observa el Tribunal que desde la última actuación de la parte demandante han transcurrido dos (02) años, cuatro (04) meses y seis (06) días. En cuanto a ello, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, con ponencia del magistrado PEDRO RONDON HAZZ, de fecha 04/05/2.004, se ha pronunciado lo siguiente: “Según informó el Presidente de esa Cámara Municipal, dicha normativa municipal fue derogada mediante sesión de 11 de abril de 1973. Asimismo, se observa que entre la oportunidad del ejercicio de la demanda de nulidad de la referida Ordenanza y esta decisión, han transcurrido más de treinta y dos (32) años, sin que conste en autos que durante todo ese tiempo se realizara alguna actuación procesal de la parte demandante que impulsare el juicio principal, lo cual evidencia una absoluta inactividad procesal durante el período señalado. En casos como el de autos, ha señalado esta Sala que el derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, que establece el artículo 26 de la Constitución, es ejercido mediante la acción. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante que le permite el planteamiento de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca, aunque puede ser abstracto para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal se entiende como simple requisito o circunstancia de un acto procesal, cuya carencia imposibilita el examen de la pretensión. El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación jurídica real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y evitar un daño injusto, personal o colectivo. Tal interés ha de manifestarse en la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, ante la comprobación de esa falta de interés, ella puede declararse de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional, si el interés no existe. (vid. ss.S:C: n° 256 de 01-06-01, caso Fran Valero González y Milena Portillo; y nº 686 de 02-04-02, caso Carlos José Moncada, entre otros). De acuerdo con lo que antecede, es evidente que la parte actora no instó de manera alguna el seguimiento y consecuente terminación proceso, por lo que resulta forzosa para esta Sala Constitucional la declaración del decaimiento de la acción por pérdida del interés procesal y de la terminación del procedimiento. En consecuencia, de conformidad con lo que asentó la sentencia ut supra transcrita, esta Sala Constitucional declara que terminó el procedimiento por la pérdida del interés procesal. Así se declara”. De la sentencia in comento, la cual acoge este Tribunal se puede inferir que en vista de que la parte accionante en la presente causa, ha demostrado un total desinterés en sostener la acción intentada por ella, es por lo que debe entenderse como una falta de interés procesal de su parte en continuar el presente juicio hasta su sentencia definitiva y como consecuencia de esto un decaimiento de la acción.