REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL CUADRAGESIMO OCTAVO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCION DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS Caracas, 11 de Abril de 2008 197° y 149º Visto el escrito presentado por la ABG. PATRICIA VIERA, en su carácter de FISCAL CENTESIMO VIGESIMO NOVENO (129°) DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS, mediante el cual solicita se decrete el SOBRESEIMIENTO DE LA PRESENTE CAUSA, en la causa seguida en contra de DERWIN PARRA SANTANA, donde aparece como victima la ciudadana BOLCAN FERNANDEZ ALINA MARIA, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 318, Ordinal 4° del Código Orgánico Procesal Penal, por el ilícito penal de AMENAZAS, previsto y sancionado en el artículo 16 de la Ley Sobre la Violencia Contra La Mujer y la Familia derogada, en este sentido, este Tribunal antes de decidir previamente OBSERVA: CAPITULO I DESCRIPCIÓN DEL HECHO Las presentes actuaciones se iniciaron en fecha 22 de Agosto de 2005, en virtud de la denuncia formulada por la ciudadana BOLCAN FERNANDEZ ALINA MARIA, por ante la Prefectura del Municipio Libertador Jefatura Civil de la Parroquia El Valle, donde dejaron constancia de lo siguiente: “…Me presento a denunciar al concubino Derwin Parra Santana de 30 años, por ofensas verbales, acosamiento psicológico, amenazas…Es todo”. CAPITULO II DE LAS DILIGENCIAS PRACTICADAS En fecha 22 de Agosto de 2005, cursante al folio 1 del expediente, consta Denuncia interpuesta por la ciudadana BOLCAN FERNANDEZ ALINA MARIA, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V-13.247.319. En la misma fecha, se asignó por ante la Prefectura indicada el Nº 4708-05 y por ante la Fiscalia ya mencionada el Nº F129-0358-06, se libró la respectiva citación, con el fin de dar cumplimiento a la Gestión Conciliatoria establecida en el artículo 34 de la Ley Sobre la Violencia Contra la Mujer y la familia. En fecha 23 de Agosto de 2005, cursante al folio 4 del expediente, consta Acta de Conciliación por ante la Prefectura referida, entre la ciudadana BOLCAN FERNANDEZ ALINA MARIA, titular de la cedula de identidad Nº V-13.247.319 y el ciudadano DERWIN PARRA SANTANA, titular de la cedula de identidad Nº V-11.939.013, ello de conformidad con lo previsto en el artículo 34 de la Ley Sobre la Violencia Contra la Mujer y la Familia. En fecha 20 de Febrero de 2006, cursante al folio 7 del expediente, se dio inicio a la investigación por ante la Fiscalia 129º del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas. DE LOS PRECEPTOS JURIDICOS APLICABLES DEL DERECHO CAPITULO III Por todo lo antes narrado, se evidencia que los hechos denunciados se subsumen en la presunta comisión del delito de AMENAZAS, previsto y sancionado en el artículo 16 de la Ley Sobre la Violencia Contra La Mujer y la Familia derogada, la cual dispone, lo siguiente: “Definición de Amenazas. El que amenace a una mujer o a otro integrante de la familia a que se refiere el artículo 4 con causarle un daño grave o injusto, en la persona o en el patrimonio será castigado con prisión de seis a quince meses.” Ahora bien, la Ley Sobre La Violencia Contra la Mujer y la Familia fue derogada en fecha 19 de Marzo de 2007, en virtud de la entrada en vigencia de la actual Ley referida, la cual establece en su disposición transitoria quinta y así mismo la única disposición derogatoria, lo siguiente: “QUINTA: De conformidad con el articulo 24 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, las disposiciones procesales previstas en esta Ley se aplicaran desde el mismo momento de entrar en vigencia, aun en los procesos que se hallaren en curso…” “UNICA: Se deroga la Ley Sobre la Violencia Contra la Mujer y la Familia de fecha tres de septiembre de 1998, publicada en la Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela Nº 36.531, así como las disposiciones contrarias a la presente Ley …” De las actas procésales se observa que se desprende tanto del dicho de la víctima, así como de las demás diligencias practicadas, que el hecho denunciado tiene como sustento única y exclusivamente la declaración de la persona denunciante, la cual no es apoyada por la de algún testigo, que de fe de la situación de violencia ejercida por el imputado en contra de la víctima, esa declaración es insuficiente por si sola, para demostrar o acreditar el hecho perseguido en este caso; por el contrario requiere al menos el soporte de otras declaraciones que den certeza al contenido de la denuncia, y por otro lado la denunciante no ha comparecido ante este Despacho a denunciar la reincidencia del imputado de autos, por lo cual se considera que no existen en autos, suficientes elementos para el enjuiciamiento del imputado. Es importante resaltar que el lapso establecido en la nueva Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la presentación del acto conclusivo es de cuatro (04) meses, lo que obliga a emitir el mismo; en tal sentido, desplegadas y agotadas como han sido las diligencias de investigación, arrojó que no existen elementos de prueba que permitan atribuir su comisión, pues solo se cuenta con la versión aportada por la parte denunciante, adminiculando a su vez que del transcurso de la investigación no se ubicó testigo alguno que permitiera orientar la averiguación, en consecuencia considera este Tribunal procedente la solicitud efectuada por la Representación del Ministerio Publico en el sentido se decrete el sobreseimiento de la causa, por cuanto no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación, y no hayan bases para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado, tal y como se consagra el artículo 318 ordinal 4 del Código Orgánico Procesal Penal. ASI SE DECLARA.- Quien aquí decide deja constancia que no se fijó audiencia oral a la cual se refiere el artículo 323 del Código Orgánico Procesal Penal, en virtud que hacerlo sería inoficioso y constituiría retardo procesal, visto el tiempo transcurrido desde el auto de inicio hasta la presente fecha.