TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

JUZGADO SUPERIOR CUARTO EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL

Visto el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con medida de suspensión de efectos, por la abogada ÁNGELICA MARIA RODRIGUEZ, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 77.344, actuando en su carácter de apoderada judicial de la Sociedad Mercantil BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, C.A, inscrita en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil del Distrito Federal, en fecha 15 de enero de 1938, bajo el Nº 30, Tomo 1-B, contra la Providencia Administrativa Nº 775-07, de fecha 05 de octubre de 2007, dictada por la Inspectoria del Trabajo en el Distrito Capital, Municipio Libertador Sede Norte, y revisadas como han sido las actuaciones contenidas en autos, según lo previsto en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, este Tribunal lo ADMITE cuanto ha lugar en derecho, salvo su apreciación en la definitiva. Se ordena citar personalmente del presente recurso, a la ciudadana DEYANIRA CLARET LISCANO DE RODRIGUEZ, titular de la cédula de identidad Nº V.- 9.418.087, parte interviniente en el procedimiento administrativo. Citar del presente recurso a la ciudadana Fiscal General de la República, al Inspector del Trabajo en el Distrito Capital Municipio Libertador Sede Norte, al Ministro del Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social y a la Procuradora General de la República, mediante oficios acompañándosele copia certificada del recurso y de los recaudos producidos. Una vez que conste en autos las referidas citaciones, líbrese dentro de los tres (3) días de despacho siguientes el cartel previsto en el aparte 10° del artículo 21 eiusdem, a los fines del emplazamiento de los interesados y demás personas que tengan interés legítimo en el recurso, para que, dentro de los diez (10) días de despacho siguientes a la fecha de publicación y consignación de un ejemplar del cartel en el expediente, comparezcan y se hagan partes en el juicio. Para el caso que no se lograre la citación personal de la referida ciudadana se acuerda incluirlo en el cartel de emplazamiento. Por aplicación analógica del artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, se acuerda que la publicación se efectúe en el diario “Ultimas Noticias”, de esta ciudad. Líbrense oficios.
DE LA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSION DE EFECTOS SOLICITADA

Siendo la oportunidad de decidir sobre la medida cautelar de suspensión de efectos solicitada, pasa este Juzgado Superior a pronunciarse sobre el fondo de la misma y en tal sentido observa:

DE LOS HECHOS:

Alega la recurrente que la Inspectoría del Trabajo en el Estado Vargas, en fecha 5 de octubre de 2007, dicto Providencia Administrativa Nº 775/07, mediante la cual declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos intentada por la ciudadana DEYANIRA CLARET LISCANO DE RODRIGUEZ, titular de la cédula de identidad Nº V.- 9.418.087, quien ejercía el cargo de Jefe de Sección Asistencia Social en la referida Sociedad Mercantil.-

DEL DERECHO:

Señala la recurrente, que de conformidad con el aparte 10 del artículo 19 y el aparte 21 del artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, solicita se decrete la suspensión de los efectos de la Providencia Administrativa Nº 775/07, de fecha 5 de octubre de 2007, emanado de la Inspectoría del Trabajo en el Distrito Capital Municipio Libertador.
I
CONDICIONES PARA DECIDIR

Determinado lo anterior, este Juzgado pasa a pronunciarse sobre la solicitud de suspensión de efectos de conformidad con el artículo 21.21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y al respecto observa:

El elemento fundamental de la tutela judicial efectiva lo constituye la institución de las medidas cautelares, pues la tutela cautelar judicial es un instrumento que sirve para evitar el peligro de que la justicia deje en el camino su eficacia, en búsqueda que la sentencia que a su vez declare el derecho, pueda ser ejecutada eficaz e íntegramente, de manera que al obtenerse por este camino la eficacia de la administración de justicia, los derechos de cuya existencia y protección son declarados por el ordenamiento, puedan hacerse efectivos, y, de esta forma garantizar la seguridad jurídica.

En este sentido, el artículo 21.21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establece:

“…El Tribunal Supremo de Justicia podrá suspender los efectos de un acto administrativo de efectos particulares, cuya nulidad haya sido solicitada, a instancia de parte, cuando así lo permita la ley o la suspensión sea indispensable para evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación por la definitiva, teniendo en cuenta las circunstancias del caso…”

De una hermenéutica de la norma transcrita, se define la posibilidad de suspender temporalmente los efectos del acto administrativo de carácter particular constituyendo una derogatoria al principio de ejecutoriedad y ejecutividad que rige la naturaleza de los actos administrativos, vale decir, se enerva la eficacia material de la actividad administrativa de efectos particulares cuya nulidad hubiere sido demandada, por lo que la suspensión es de naturaleza excepcional y extraordinaria, sujeta a dos condiciones señaladas por el legislador: A) Cuando lo permita la Ley o B) Para evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación por la definitiva, siempre y cuando el pronunciamiento cautelar no signifique una ejecución anticipada del juicio principal ni, mucho menos, un pronunciamiento anticipado de lo que será el mérito de la causa principal.

Aunado a lo anterior, la recurrente en cuanto al fomus bonis iuris arguye que este deriva que la ciudadana DEYANIRA CLARET LISCANO DE RODRIGUEZ, titular de la cédula de identidad Nº V.- 9.418.087, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica del Trabajo, no gozaba de la inmovilidad laboral, por cuanto las elecciones promovidas por las partes no era para las elecciones sindicales sino para la celebración de una asamblea general a fin de elegir la comisión electoral, lo que facultaba a la recurrente para realizar su despido. Por otro lado con relación al periculum in mora indica que la Providencia Administrativa impugnada produce un evidente perjuicio patrimonial a la recurrente toda vez que la cancelación de los salarios caídos desde el 16 de febrero de 2007, hasta la fecha en que se produzca una sentencia firme, constituye una carga económica insoportable.

Sin embargo, en el presente caso observa el Tribunal que de la solicitud de suspensión de efectos pretendida por la recurrente respecto a la Providencia Administrativa Nº 775/07, de fecha 5 de octubre de 2007, emanado de la Inspectoría del Trabajo en el Distrito Capital Municipio Libertador Sede Norte, concluye en el fondo del asunto controvertido y vinculado a la pretensión principal de su acción, fundamentalmente dirigida como vicio a declarar la nulidad del acto administrativo recurrido, tal como se observa en los folios 3 y 4 del expediente judicial, y no como cálculo preventivo o juicio de probabilidad y verosimilitud, tal como ha sido establecido jurisprudencialmente por el Tribunal Supremo de Justicia, por lo que mal podría este Juzgado adelantar opinión al respecto, puesto que entraría a tocar aspectos de fondo en cuanto a la decisión definitiva del recurso interpuesto. Motivo por el cual y hasta tanto se establezca mediante examen los hechos alegados por la recurrente, en las fases procesales correspondientes, no se puede concluir que deriven de éstos la presunción de riesgo inminente de lesión a algún derecho de la parte recurrente y así se declara. En tal sentido, la medida cautelar solicitada resulta IMPROCEDENTE por las razones esbozadas inmediatamente anterior, vale decir, por cuanto este Juzgado tocaría aspectos de fondo en cuanto a la decisión definitiva del recurso interpuesto. Y así se decide.

DECISIÓN

Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, resuelve:

1°.- Se ADMITE el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad interpuesto conjuntamente con medida de suspensión de efectos, por la abogada ÁNGELICA MARIA RODRIGUEZ, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 77.344, actuando en su carácter de apoderada judicial de la Sociedad Mercantil BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, C.A, inscrita en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil del Distrito Federal, en fecha 15 de enero de 1938, bajo el Nº 30, Tomo 1-B, contra la Providencia Administrativa Nº 775-07, de fecha 05 de octubre de 2007, dictada por la Inspectoria del Trabajo en el Distrito Capital, Municipio Libertador Sede Norte.

2º.- Se ordena citar personalmente a la ciudadana DEYANIRA CLARET LISCANO DE RODRIGUEZ, titular de la cédula de identidad Nº V.- 9.418.087, parte interviniente en el procedimiento administrativo. Citar del presente recurso a la ciudadana Fiscal General de la República, al Inspector del Trabajo en el Distrito Capital Municipio Libertador Sede Norte, al Ministro del Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social y a la Procuradora General de la República, mediante oficios acompañándosele copia certificada del recurso y de los recaudos producidos. Una vez que conste en autos las referidas citaciones, líbrese dentro de los tres (3) días de despacho siguientes el cartel previsto en el aparte 10° del artículo 21 eiusdem, a los fines del emplazamiento de los interesados y demás personas que tengan interés legítimo en el recurso, para que, dentro de los diez (10) días de despacho siguientes a la fecha de publicación y consignación de un ejemplar del cartel en el expediente, comparezcan y se hagan partes en el juicio. Para el caso que no se lograre la citación personal del referido sindicato se acuerda incluirlo en el cartel de emplazamiento. Por aplicación analógica del artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, se acuerda que la publicación se efectúe en el diario “Ultimas Noticias”, de esta ciudad

3°.- Se declara IMPROCEDENTE la medida de suspensión de efectos formulada por la abogada ÁNGELICA MARIA RODRIGUEZ, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 77.344, actuando en su carácter de apoderada judicial de la Sociedad Mercantil BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, C.A, inscrita en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil del Distrito Federal, en fecha 15 de enero de 1938, bajo el Nº 30, Tomo 1-B, contra la Providencia Administrativa Nº 775-07, de fecha 05 de octubre de 2007, dictada por la Inspectoria del Trabajo en el Distrito Capital, Municipio Libertador Sede Norte.

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en Caracas, a los dieciséis (16) días del mes de abril del año dos mil ocho (2008). Años 197º de la Independencia y 148º de la Federación.

DR. ALEJANDRO GÓMEZ
EL JUEZ
ABOG. ENRIQUE MORENO
EL SECRETARIO
En esta misma fecha, se libraron boleta de notificación y oficios números: 08-0516, 08-0517, 08-0518 y 08-0519, dando cumplimiento a lo ordenado y siendo las se publicó la anterior desición.

ABOG. ENRIQUE MORENO
EL SECRETARIO
Exp. Nº 05891
AG/EM/yr.-