TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ARAGUA
TRIBUNAL EN FUNCIÓN DE SEGUNDO DE JUICIO UNIPERSONAL
SECCIÓN PENAL DE RESPONSABILIDAD DEL ADOLESCENTE

196 º y 148 º

Maracay, 22 de Abril de 2008

CAUSA: 2UA-087-02
JUEZ: ABOG. RAQUEL NAVA ROMERO
SECRETARIA: ABOG. ADELA SEIJAS MORALES
FISCAL 17 DEL MINISTERIO PÚBLICO ESPECIALIZADO: ABOG. FRANCY
SCHLAEPFER
VICTIMA: TIENDA DISCALTEX (AYERIN COROMOTO GONZALEZ FAJARDO)
DEFENSOR PÚBLICOS ESPECIALIZADOS: ABOG. FRANCA POLONI
ACUSADOS: XXXX, XXXX Y XXXXX

Vistas las actas que conforman la presente causa 2UA-87-02 seguida a los ciudadanos (adolescentes iuris) XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX y como víctima Tienda DISCALTEX (AYERIN COROMOTO GONZALEZ FAJARDO), así mismo los hechos por los cuales fueron presentados ante el Tribunal Primero en función de Control de este mismo Circuito Judicial Penal, en audiencia de fecha 13 de Septiembre de 2002, merecieron la precalificación jurídica de HURTO CALIFICADO de acuerdo al artículo 455 ordinal 09 del Código Penal Venezolano; Como autora la adolescente XXXXXXXXXX, y en grado de complicidad los demás adolescentes, acordándoseles medida cautelar sustitutiva a la Privativa de Libertad; Este Tribunal observa:

PRIMERO: Habiéndose declarado la aprehensión como flagrante se remitieron las actuaciones a juicio; recibidas por el Tribunal Segundo de Juicio, se fija el mismo para el día 26 de Septiembre de 2002, difiriéndose el Juicio por incomparecencia de los imputados, fijándose nueva fecha para la celebración del mismo, para el día 10 de Octubre de 2002; Llegada la nueva fecha, incomparecen nuevamente los adolescentes, constatando el Tribunal que los mismos no han dado cumplimiento a la medida cautelar impuesta; emitiendo orden de captura en contra de los adolescentes imputados de conformidad con el artículo 617 de LA LEY ORGANICA PARA LA PROTECCIÓN DL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE.

SEGUNDO: En fecha 06 de Junio de 2003, se reciben actuaciones sobre la detención del imputadoXXXXXXXXXXXXXXX, el cual fue oído ante el Tribunal en fecha 11 de Junio 2003; En fecha 26 de Junio de 2003, se celebra audiencia oral y privada de Juicio al adolescente XXXXXXXXXXXX quedando sancionado a REGLAS DE CONDUCTAS conforme al artículo 624 en relación al artículo 620, literal “b” la LEY ORGANICA PARA LA PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE; En fecha 15 de Agosto el Tribunal exhorto al Juzgado de ejecución del Adolescente del Área Metropolitana, a los efectos de que ejerciera el Control y Vigilancia en el cumplimiento de la sanción; en fecha 09 de Mayo de 2005 el Tribunal Quinto de Ejecución de la Sección Penal del Adolescente del Área Metropolitana de Caracas, DECRETO LA CESACIÓN DE LA MEDIDA DE REGLAS DE CONDUCTA, conforme a lo establecido en el artículo 645 y 647 literal “h”, ejusdem, a favor del Joven adultoXXXXXXXXXXXXXXX, por cuanto el mismo dio cumplimiento a la sanción que le fuere impuesta, remitidas las actuaciones a esta Jurisdicción El Tribunal acordó por auto de fecha 13 de Julio de 2005 el Archivo definitivo de las mismas.

TERCERO: Es el caso que desde el día 26 de Septiembre de 2002, las imputadas XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX yXXXXXXXXXXXXX, no están a derecho por lo cual el Tribunal viene librando constantemente ordenes de captura en contra de las referidas imputadas sin que a la presente fecha el sistema Judicial a través de los órganos de policía hayan logrado atraer al proceso a las imputadas requeridas, habiendo transcurrido cinco (05) años y seis (06) meses a la presente fecha; En fecha 27 de Octubre de 2006 se recibieron en el Tribunal actas policiales de la DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES DEPARTAMENTO BUSQUEDA Y PROCESAMIENTO, DE LA POLICIA METROPOLITANA DE LA ALCALDIA DEL DISTRITO METROPOLITANO, informando resultas de las ordenes de captura remitidas por este Tribunal a esa dependencia, en fecha 21 de Julio de 2006, bajo oficio 186-06, anexas ordenas de captura 009-05, 010-05 y 011-05, contra las imputadas up supra identificadas, en las actas informan no encontrar las direcciones señaladas y a la entrevistas a los vecinos estos informaron no conocer a esas ciudadanas, de lo cual se concluye que las direcciones que cursan en actas no son suficientes o no son ciertas para ubicar a las imputadas; Dada la especie delictual por la que se les investiga (hurto simple) de ser acusadas y resultar en juicio responsables penalmente, la sanción a imponer no implicaría la privación de libertad; en el más elemental ejercicio de la función jurisdiccional, este Juez garantísta del debido proceso asume la administración de justicia en el cumplimiento estricto del derecho procesal positivo, a todo evento en este caso en particular ve nugatorio y estéril el seguir librando ordenes de captura a los efectos de no relacionar la presente causa como una paralizada por inactividad del Tribunal, a sabiendas que tal acto no ha sido eficaz y que las direcciones que cursan en actas no son suficientes y que tal vez no son ciertas, prolongar este ejercicio es justificar actividad en la causa y no ofrecer una solución procesal a la situación, en virtud del trascurso del tiempo las adolescentes en la época en que se cometieron los hechos, serían hoy día adultas y de ser hipotéticamente enjuiciadas en esta jurisdicción por conductas de su adolescencia, no seria acorde al sistema especial de adolescente y de ser encontradas responsables penalmente la medida sería desajustada programaticamente, ya que la gestión programática de la institución va dirigida al adolescente, quedando desvirtuada la ley y el programa en su finalidad.

DEL PRECEPTO JURÍDICO APLICABLE

El artículo 615 de LA LEY ORGANICA PARA LA PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE, prevé:
“…La acción prescribirá a los cinco años en caso de hechos punibles para los cuales se admita la privación de libertad como sanción, a los tres años cuando se trate de otro hecho punible de acción publica y a los seis meses en caso de delitos de instancia privada o de faltas.
Parágrafo primero: Los términos señalados para la prescripción de la acción se los contara conforme al Código Penal.
Parágrafo segundo: La evasión y la suspensión del proceso a prueba, interrumpen la prescripción.

Parágrafo tercero: No habrá lugar a la prescripción extraordinaria o judicial prevista en el Código Penal…”

De la relación de esta norma con la remisión que la misma hiciere al Código Penal Venezolano a los efectos de los términos señalados para el cálculo de la prescripción de la acción penal, para lo cual se transcribe el primer supuesto del artículo 109:

“…Comenzara la prescripción para los hechos punibles consumados desde el día de la perpetración…”

De lo anterior se desprende que si los hechos investigados ocurrieron el pasado 12 de Septiembre de 2002 y a la presente fecha no ha concluido el proceso con la sentencia definitivamente firme; no obstante ha transcurrido cinco (05) años y seis (06) meses tiempo este superior al previsto en la ley especial. No obstante quien decide no desconoce la norma en cuanto que en el Parágrafo segundo establece “La evasión y la suspensión del proceso a prueba, interrumpen la prescripción”. Pero si ofrece una solución procesal a lo que la acción del tiempo ha demostrado: la indefinida supresión de las imputadas al proceso, ante la ineficacia del sistema judicial de haberlas sometido al mismo oportunamente. Es por lo que quien conoce estima la procedencia de las hipótesis contenida en las norma de los artículos en mención; Siendo procedente declarar el sobreseimiento de la causa IN LIMINIS LITIS por extinción de la acción penal por cuanto opero la prescripción de la misma todo a tenor del contenido de los artículos 322, 318 numeral ° 3, 48 numeral 08, en aplicación por supletoriedad de acuerdo al artículo 537 de LA LEY ORGANICA PARA LA PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE, en relación al artículo 615 en su primer párrafo ejusdem y 109 del Código Penal Venezolano a favor de las ciudadanas adolescentes (iuris) YESSICA YULIMAR SÁNCHEZ ALVAREZ, de cedula de identidad V- 16 821 174, MARÍA DEL VALLE MORENO ANDARCIA, indocumentada y YUSMARY CAROLINA QUERALES NOGUERA, indocumentada, siendo la consecuencia la libertad plena de las referidas ciudadanas así como el cese de las medida cautelares impuestas y así se decide.

POR LAS RAZONES EXPUESTAS, ESTE JUZGADO EN FUNCIÓN DE SEGUNDO DE JUICIO UNIPERSONAL DE LA SECCIÓN PENAL DE RESPONSABILIDAD DEL ADOLESCENTE DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ARAGUA CON LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA LEY DECLARA: EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA IN LIMIS LITIS POR EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR CUANTO OPERA LA PRESCRIPCIÓN DE LA MISMA EN APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 322, 318 Y 48 ° 08 DEL CODIGO ORGANICO PROCESAL PENAL EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 615 EN SU PRIMER PARÁGRAFO EJUSDEM Y 109 DEL CODIGO PENAL VENEZOLANO A FAVOR DE LAS ADOLESCENTESXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX, NOTIFÍQUESE A LAS PARTES. LÍBRESE BOLETAS DE LIBERTAD PLENA Y PRÁCTIQUESEN CONFORME A LA PREVISIÓN DEL ARTÍCULO 181 DEL CODIGO ORGANICO PROCESAL PENAL. DÉJESE TRANSCURRIR ÍNTEGRAMENTE EL LAPSO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULOS 608 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE, EN CONCORDANCIA CON EL ARTICULO 453 DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL, TODOS LOS ARTÍCULOS POR REMISIÓN SUPLETORIA DEL ARTICULO 537 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE; LUEGO VENCIDO EL LAPSO DE LA APELACIÓN, SE REMITIRÁ LA PRESENTE CAUSA DE MANERA INMEDIATA A LA OFICINA DE ARCHIVO JUDICIAL PARA SU CUIDO Y RESGUARDO DEFINITIVO. SE ORDENA EL CESE DE LA MEDIDA CAUTELAR IMPUESTA A LAS ANTES PROCESADAS. DIARÍCESE. CÚMPLASE
LA JUEZ SUPLENTE

ABG. RAQUEL NAVA ROMERO
LA SECRETARIA,

ABG. ADELA SEIJAS MORALES

CAUSA: 2UA-087-02
RNR.