TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

JUZGADO SEGUNDO SUPERIOR DEL TRABAJO DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS

Caracas, veinticuatro (24) de enero de dos mil ocho (2008)
197º y 148º

ASUNTO: AP21-R-2007-001113

Vista la solicitud de aclaratoria suscrita por la abogada MARIA DE FIGUEREDO, en fecha 22 de enero de 2008, actuando en su condición de apoderada judicial de la parte demandada, en lo concerniente a lo señalado en el dispositivo del fallo, específicamente en el folio 226, en el punto segundo que establece que se condene a la parte demandada el pago de salarios dejados de percibir, a razón de un salario diario integral de Bs. 8.748.444,83, cuando se debió señalar como salario mensual integral, al respecto este Tribunal pasa a efectuar las siguientes consideraciones:

Se observa que la Ley Orgánica Procesal del Trabajo no contiene una norma que se aplique al caso de solicitud de aclaratorias, en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 11 ejusdem, se aplica analógicamente la norma establecida en el Artículo 252 del Código de Procedimiento Civil que establece que después de pronunciada la sentencia definitiva o la interlocutoria sujeta a apelación, no podrá revocarla ni reformarla el Tribunal que la haya pronunciado, sin embargo el Tribunal podrá a solicitud de parte aclarar puntos dudosos, salvar omisiones y rectificar los errores de copia de referencia o de cálculos numéricos. Esta facultad de hacer aclaratorias está circunscrita a la posibilidad de exponer con mayor claridad algún concepto ambiguo u obscuro de la sentencia, pero de manera alguna para transformar, modificar o alterar la sentencia ya dictada, pues el principio general es que después de dictada una sentencia no podrá revocarla, ni reformarla el tribunal que la haya dictado. Así, por sentencia dictada el 7 de agosto de 1.996 la Corte Suprema de Justicia en sala de Casación Civil precisó: “es doctrina y Jurisprudencia constante de la corte que la facultad de hacer aclaratorias y ampliaciones esta circunscrita a la posibilidad de exponer con mayor claridad algún concepto ambiguo u oscuro de la sentencia, porque no este claro el alcance del fallo en determinado punto, o por que se haya dejado de resolver algún pedimento; pero en manera alguna para transformar, modificar o alterar la sentencia ya dictada, pues el principio general es que después de dictada la sentencia, no podrá revocarla ni reformarla el tribunal que la haya dictado, a no ser que se trate de una interlocutoria no sujeta a apelación. También es doctrina pacifica, que cada vez que la solicitud de aclaratoria o de ampliación lleve consigo una critica de la sentencia, argumentándose que ha debido decidir algún punto o cuestión en sentido diverso como lo hizo el sentenciador la solicitud debe ser negada porque con ella lo que se pretendería seria una revocatoria o modificación de lo decidido y ello no está permitido”.

Asimismo el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional y en sentencia del 9 de marzo de 2001, estableció “....Si bien el Artículo 252 del Código de Procedimiento Civil establece que las aclaratorias deben hacerse a solicitud de parte, siempre y cuando se hayan pedido el mismo día de la publicación de la sentencia o en el siguiente, ello no es óbice para que, en uso del poder que todo juez tiene de emitir cualquier pronunciamiento necesario, cuando se trate de salvaguardar el orden público o las buenas costumbres, puedan corregirse los errores materiales que estén presentes en el fallo. Así, esta Sala en su sentencia de fecha 20 de junio de 2000, Nº 00-566, procedió en los siguientes términos: (subrayado del tribunal).

“Ahora bien, por otra parte, las precedentes declaratorias de inadmisibilidad no conforman obstáculo alguno para que esta Sala, actuando de conformidad con el Artículo 14 del Código de Procedimiento Civil, por ser los Magistrados de esta Sala directores del proceso hasta que llegue a su conclusión, proceda a enmendar un error de mera naturaleza formal, y que en manera alguna altera el verdadero y evidente sentido del fallo cuya corrección se realiza”.

De igual forma, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 18.05.2004 (caso: O del C. Mogollón contra Farmacia Sanare C.A, con ponencia del Magistrado Dr. Omar Mora Díaz), estableció el siguiente criterio, el cual es compartido plenamente por esta Juzgadora:

“…Al respecto, es menester para la Sala señalar, que el alcance de la aclaratoria de una decisión es para esclarecer puntos dudosos, rectificar errores de copia, etc, pero nunca para revocar o reformar las sentencias a través de dichas aclaratorias y ampliaciones y mucho menos, en este caso concreto, conocer el fondo del asunto ya debatido.
La aclaratoria tiene por objeto que sea expresada en mejor forma la sentencia, de manera que permita el conocimiento cabal de su contenido, evitando la duda y los malos entendidos que la lectura de su texto pueda generar; con este medio de corrección se logra la apropiada comprensión de la decisión, no así, la modificación del alcance o contenido de la misma…”

En tal sentido, esta Alzada hace suyo el criterio establecido y transcrito supra, y en consecuencia, procede a corregir los errores materiales en que incurrió de manera involuntaria, de conformidad con el Artículo 6 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que establece el principio del Juez como el rector del proceso, Y ASI SE DECIDE.

En consecuencia, se evidencia que efectivamente esta Alzada incurrió en un error material involuntario en la parte dispositiva del fallo publicado por este Tribunal, al momento de ordenar el pago de los salarios dejados de percibir por la parte actora en el periodo comprendido entre el 12-2-2005 al 04-04-05, ambos inclusive, a razón de un salario diario integral de Bs. 8.748.444,83, punto éste discutido en la apelación que conoció esta Alzada, de lo cual se dejó expresamente según las pruebas aportadas a los autos que el salario integral mensual del trabajador era de Bs. 8.748.444,83.

En este sentido, esta Alzada incurrió en un error material involuntario en la condenatoria del pago de los salarios dejados de percibir por la parte actora en el periodo comprendido entre el 12-2-2005 al 04-04-05, por cuanto tal como lo señala la parte demandada, se debió señalar la cantidad Bs. 8.748.444,83, como salario mensual integral, y no como salario diario integral. En consecuencia, esta Alzada a los fines de corregir el error en el que incurrió y de conformidad con lo previsto en el artículo 6 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, ordena el pago de los salarios dejados de percibir por la parte actora en el periodo comprendido entre el 12-2-2005 al 04-04-05, ambos inclusive, a razón de un salario mensual integral de Bs. 8.748.444,83.

Queda así corregido el error material involuntario denunciado por la demandada. Sobre la base de los razonamientos antes expuestos, se declara procedente la solicitud de Aclaratoria de sentencia, quedando como parte integrante de la sentencia la corrección supra transcrita. Y ASÍ SE ESTABLECE.

DRA. MARJORIE ACEVEDO GALINDO

JUEZ TITULAR
LA SECRETARIO
Abg. OSCAR JAVIER ROJAS
EXP. N° AP21-R-2007-001113
MAA/hg.