REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA MARÍTIMO CON COMPETENCIA NACIONAL Y SEDE EN LA CIUDAD DE CARACAS.- Caracas, 11 de enero de 2008 Años: 197º y 148º Tal y como fue ordenado en auto de esta misma fecha, se abre el presente cuaderno que se denominara “Cuaderno de Medidas”. En cuanto a la medida de embargo preventivo sobre bienes muebles, propiedad de la demandada, solicitada en el libelo de demanda, su decreto está condicionado al cumplimiento concurrente de dos requisitos: que se presuma la existencia del buen derecho que se busca proteger con la cautelar (“fumus boni iuris”), como del riesgo manifiesto de que pueda quedar o hacerse ilusoria la ejecución del fallo que en definitiva dicte el Tribunal (“periculum in mora”), estableciendo la norma adjetiva (585 y 588 del Código de Procedimiento Civil) que el solicitante de la medida tiene la carga de acreditar ante el juez, haciendo uso de los medios de pruebas que confiere el ordenamiento, la señalada presunción. En este sentido, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia ha señalado que: “Es criterio de este Alto Tribunal que el poder cautelar debe ejercerse con sujeción estricta a las disposiciones legales que lo confieren, y por ello la providencia cautelar sólo se concede cuando exista en autos medios de prueba que constituyan presunción grave de la existencia del riesgo manifiesto de quedar ilusoria la ejecución del fallo, así como del derecho que se reclama. Por tal motivo es imperativo examinar los requisitos exigidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, esto es, la presunción grave del derecho que se reclama (fumus boni iuris) y el peligro grave de que resulte ilusoria la ejecución de la decisión definitiva (periculum in mora). En cuanto al primero de los requisitos mencionados (fumus boni iuris), su confirmación consiste en la existencia de apariencia de buen derecho, pues cuando se acuerda la tutela cautelar no puede prejuzgarse sobre el fondo del asunto planteado. Puede comprenderse entonces como un preventivo cálculo o juicio de probabilidad y verosimilitud sobre la pretensión del demandante, correspondiéndole al Juez analizar los recaudos o elementos presentados junto con el libelo de la demanda, a los fines de indagar sobre la existencia del derecho que se reclama”. (Sentencia No. 0032, Expediente No. 20020320 de fecha 14 de enero del 2003 de la Sala de Político Administrativa. Sentencia 00404, Expediente No. 0692 de fecha 20 de marzo de 2001 de la Sala Político Administrativa). En el presente caso, en cuanto al requisito del “fumus boni iuris”, se observa que la accionante acompañó con su escrito libelar original del contrato compra-venta, que consiste en un documento privado, así como facturas marcadas “C”, “D”, “E”, “F”, “G” y “H”, que mediante un análisis preliminar y a los fines cautelares, no evidencian su recepción ni aceptación, y dos guías aérea, una de ellas con una firma no legible y otra en copia simple, consignadas únicamente en su adverso. De manera que de las pruebas acompañadas por la actora, luego de realizar un examen preliminar y a los fines únicamente cautelares, no demuestran la presunción grave del derecho que se reclama, puesto que como se indicó anteriormente, el contrato de compra-venta es un documento privado suscrito entre las partes, y en las facturas no evidencia su aceptación, inclusive no se encuentran recibidas, y su valor puede ser objetado por la parte demandada en la etapa respectiva. Asimismo, las guías aéreas sólo demostrarían la existencia del contrato de transporte, pero su valor probatorio deberá ser evaluado en la sentencia definitiva, a los fines de determinar su valor de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, dado la naturaleza de estas instrumentales señaladas ut supra. Adicionalmente, a juicio de este Tribunal, la demandante no justificó ni acompañó ningún elemento probatorio para justificar la condición relativa al peligro de que quede ilusorio la efectividad de la sentencia esperada, ya que argumentó que la parte demandada había “…manifestado la imposibilidad de honrara las obligaciones por falta de liquidez de la empresa…”, pero no se evidencia de las pruebas acompañadas la existencia de dicho temor, por lo que debía consignar con el libelo de la demanda, una prueba fehaciente del referido peligro inminente o justificarlo a través de alegatos convincentes que llevaran a la convicción de este juzgador que dicho peligro realmente existía, lo que no ocurrió en el caso de autos. En consecuencia, este Tribunal, niega la medida cautelar solicitada. Es Todo.- EL JUEZ FRANCISCO VILLARROEL RODRÍGUEZ EL SECRETARIO ALVARO CARDENAS MEDINA Expediente No. 2008-000215 FVR/ac/yo.-