REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA
REGION CAPITAL

En fecha 24 de enero de 2001, el abogado en ejercicio LUIS RIZEK RODRIGUEZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 10.061, actuando en su carácter de apoderado judicial del ciudadano MANUEL SEGUNDO LOPEZ GARCES, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad V-2.956.912, interpuso recurso de nulidad conjuntamente con amparo constitucional contra el acto administrativo contenido en la Notificación DPL-764-2007, emanado de la Dirección de Personal del Concejo del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital.

DEL RECURSO DE NULIDAD Y DEL AMPARO CAUTELAR

En su escrito libelar, la parte actora fundamentó su pretensión, en los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

Que el 06 de octubre de 2007, la ciudadana Directora de Personal del Concejo Municipal del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital, le notificó mediante cartel que había sido retirado del cargo que venía desempeñando como Analista de Personal III, adscrito a la Dirección de Personal del referido órgano, fundamentándose para ello en la aprobación por parte de la Cámara Municipal de la comunicación N° 491-2007 de fecha 04 de septiembre de 2007, que sometió a la consideración de dicha Cámara el retiro del cargo antes mencionado, basándose para ello en la Evaluación N° 112 de fecha 03 de febrero de 2004 realizada por la Comisión Nacional para la Evaluación de la Discapacidad y Centro de Rehabilitación del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, que declaró la perdida de 67% de la capacidad de trabajo del hoy accionante.

Que con dicho acto se le está destituyendo del cargo que venía ejerciendo, notificándola como un retiro, alegando además que “Entiende la administración que la invalidez es una causal de destitución y procede en consecuencia a destituirme del cargo que desempeñaba utilizando equivocadamente la expresión RETIRO, cuando en realidad lo que se pretende verificar mediante el acto administrativo que por medio del presente escrito recurro es mi destitución sin fundamento (…)” .

Señaló que las causales de destitución contempladas en la Ley del Estatuto de la Función Pública son taxativas y no contempla “la invalidez”, aduciendo que el retiro debe ser consecuencia de la declaratoria por parte de la Administración que el funcionario afectado ocupa un cargo de libre nombramiento y remoción de acuerdo a lo estipulado en los artículos 20 y 21 ejusdem.

Que para el momento de notificársele el retiro, ya había solicitado se le otorgara la jubilación en fecha 15 de junio de 1999, solicitud que ratificó en fecha 12 de junio de 2002, solicitud ésta que de ser declarada improcedente debió derivar en la declaratoria de invalidez por parte de la Administración.

Que la decisión de la ciudadana Directora de Personal del Concejo del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital es violatoria de lo dispuesto en los artículos 49,80,81,83,86,87,89 y 93 de la Constitución, así como del artículo 19 numeral 1 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, encuadrándose el acto administrativo impugnado en lo establecido en el artículo 25 de la Constitución, por cuanto dichas normas establecen una serie de derechos y garantías constitucionales tanto sustantivas como adjetivas, las cuales le han sido infringidas por la Administración al dictar el acto administrativo de retiro.

Finalmente, solicitó la nulidad absoluta del acto de retiro y se ordene a la Dirección General de Personal de la Cámara Municipal del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital la restitución a un cargo de igual o mayor jerarquía y la indemnización por daños y perjuicios derivados del acto impugnado, así como la cancelación de las remuneraciones dejadas de percibir desde el 29 de octubre de 2007 hasta la fecha de declaración de su incapacidad o jubilación por parte del organismo accionado, para lo cual solicita la suspensión temporal de los efectos del acto y se le restituya al ejercicio del cargo que venía desempeñando con la cancelación de los beneficios inherentes al mismo hasta el momento de dictarse la decisión el recurso interpuesto.

DE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE NULIDAD

Revisadas como han sido las causales de inadmisibilidad obviando el de caducidad, conforme lo prevé el articulo 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se admite cuanto ha lugar en derecho.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

La parte recurrente ejerció la acción de amparo constitucional conjuntamente con el recurso de nulidad, con la finalidad de obtener la suspensión de los efectos del acto administrativo contenido en la Notificación N° DPL-764-2007 de fecha 06 de octubre de 2007, emanado de la Dirección de Personal del Concejo Municipal del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital, mediante el cual se le notificó que se le retiraba del cargo de Analista de Personal III que venía desempeñando.

Conforme al criterio sostenido por la Jurisprudencia, en casos como en el presente, en los cuales se intenta un recurso contencioso de nulidad conjuntamente con una solicitud de amparo constitucional, no corresponde al Juez, al conocer del amparo cautelar, examinar la infracción de los derechos constitucionales denunciados por el accionante como vulnerados, sino solo determinar si existe un medio de prueba que constituya presunción grave de la violación o de la amenaza de violación alegada.

De manera, que a los solos fines de analizar la solicitud cautelar de amparo, sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, se debe determinar la existencia de medios de prueba suficientes que constituyan presunción grave de violación de los derechos que se invocan como conculcados por el acto impugnado, sin que llegue a emitirse un pronunciamiento sobre la certeza de tal violación o amenaza de violación.

Resulta entonces necesario analizar los medios de prueba aportados a los autos, para establecer entonces si de los mismos se desprende presunción grave de violación de los derechos Constitucionales denunciados. Al efecto se observa que la parte actora aportó, como medio de prueba: A) Diario Últimas Noticias de fecha 06 de octubre de 2007, donde aparece publicado el Oficio N° DPL-764-2007 contentivo de la notificación del acto administrativo de retiro del cual fue objeto, B) Memorando de fecha 13 de junio de 2005, dirigido a la Dirección de Personal y en el cual se solicita la exclusión de la nómina de la parte actora, C) Opinión de la Unidad de Relaciones Laborales y Administrativas en la cual se señala la improcedencia de la solicitud de pensión por invalidez fechado el 05 de octubre de 2004; D) Notificación de nombramiento de fecha 12 de febrero de 1997, así como Certificación de Cargos de fecha 12 de julio de 2005, E) Copia fotostática de la solicitud de otorgamiento del beneficio de jubilación fechado el 15 de junio de 1999 y ratificada en fecha 12 de junio de 2002, F) Informe emitido por la Comisión Nacional para le evaluación de la Discapacidad del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, de fecha 03 de febrero de 2004 G) Copias fotostáticas de las actuaciones llevadas a cabo en el recurso de nulidad con amparo cautelar interpuesto por ante el Juzgado Superior Sexto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 19 de octubre de 2005, declarado con lugar por esa instancia jurisdiccional y actualmente en apelación en la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.

Ahora bien, examinados los alegatos esgrimidos en el escrito libelar, así como los soportes y documentos que acompañó la parte actora, no se desprende presunción grave de violación de los derechos o garantías constitucionales denunciados, pues para poder obtener dicha presunción, es necesario entrar al análisis de normas legales, como la Ley del Estatuto de la Función Pública, la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional de los Estados y de los Municipios y su Reglamento, así como de la Ley del Seguro Social, lo cual no corresponde hacer en esta etapa del proceso, razón por la cual este Juzgado declara IMPROCEDENTE la solicitud de amparo. Así se decide.

DECISIÓN

Por Las razones antes expuestas este Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley decide:

PRIMERO: se ADMITE el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el abogado en ejercicio LUIS RIZEK RODRIGUEZ, antes identificado, actuando en su carácter de apoderado judicial del ciudadano MANUEL SEGUNDO LOPEZ GARCES, también identificado, contra el acto administrativo contenido en la Notificación DPL-764-2007, emanado de la Dirección de Personal del Concejo del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital.

SEGUNDO: se declara IMPROCEDENTE, el amparo constitucional cautelar ejercido conjuntamente con el recurso contencioso administrativo de nulidad.

Declarada la improcedencia del Amparo Cautelar, se pasa a examinar el requisito de la caducidad y se tiene que el recurso de nulidad fue interpuesto tempestivamente, por lo que se ordena la continuación de la causa.

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE y NOTIFIQUESE

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital. En Caracas, a los doce (13) días del mes de febrero del año dos mil ocho (2008). Años 197° y 148°.
LA JUEZA PROVISORIA, LA SECRETARIA,

CARMEN AVENDAÑO GUERRERO YANIRA VELAZQUEZ

En el mismo día, siendo las once y cincuenta minutos de la mañana (11:50 a.m.), previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior decisión.

LA SECRETARIA,

YANIRA VELAZQUEZ

Exp. 005996
CAG/drp.-