TSJ Regiones - Decisión

Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas
Sala de Juicio Nº 12 del Circuito de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas
Caracas, ocho de julio de dos mil ocho
198º y 149º

ASUNTO: AP51-V-2007-020693.

PARTE ACTORA: GLADYS AUDELIA MARTINEZ, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad No. V-11.012.352.
PARTE DEMANDADA: RUBEN ENRIQUE PINO, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad No. V-12.349.764.
REPRESENTANTES JUDICIALES:
PARTE ACTORA: Abogado JESUS MANUEL MOYA, Fiscal Cuarto del Ministerio Público del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre.
PARTE DEMANDADA: No constituyó representación alguna.
ASUNTO: Fijación de Obligación de Manutención.

Se dio inicio al presente demanda de Fijación de Obligación de Manutención, por declinatoria de competencia que realizó el Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, en fecha 18 de abril de 2008, del escrito interpuesto por la ciudadana GLADYS AUDELIA MARTINEZ, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad No. V-11.012.352, quien en nombre e interés de su hija XXX, debidamente asistida por el Abogado JESUS MANUEL MOYA, Fiscal Cuarto del Ministerio Público del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, en la cual expuso: que el padre de su hijo ciudadano RUBEN ENRIQUE PINO, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad No. V-12.349.764, no cumplió con sus deberes de padre, en lo que respecta a la obligación de Manutención de su hija XXX; razón por la cual procedió a demandar por obligación de Manutención al ciudadano RUBEN ENRIQUE PINO.
En fecha 16 de noviembre de 2007, este Tribunal admitió la presente demanda de Obligación de Manutención, acordó la citación de la parte accionada y la notificación del Ministerio Público. Asimismo, se acordó oficiar al jefe de Personal de la Policía Metropolitana de Caracas Distrito Capital, a los fines de que informara a este Despacho, el salario mensual y demás remuneraciones que pudiera percibir el accionado. Folios del 19 al 22 del expediente.
En fecha 19 de febrero de 2008, el ciudadano MIGUEL BENITEZ, alguacil adscrito a este Circuito de Protección del Niño y del Adolescente consignó boleta de citación sin la firma del accionado. Folios del 25 al 27 del expediente.
En fecha 15 de abril de 2008, el ciudadano JOSE GREGORIO TORO, alguacil adscrito a este Circuito de Protección del Niño y del Adolescente consignó boleta de citación debidamente firmada por al accionado. Folios del 35 al 26 del expediente.
En fecha 11 de junio de 2008, la ciudadana ADRIANA MIRELES NARANJO, en su carácter de Secretaria titular de este Circuito de Protección del Niño y del Adolescente, agregó a los autos boleta de citación debidamente firmada por la parte accionada. Folio 37 del expediente.
En fecha 16 de junio de 2.008, oportunidad fijada por este Tribunal a los fines de que se celebrara el acto conciliatorio entre las partes, el mismo no se realizó, se dejó constancia de la no comparecencia de las mismas. Asimismo, se dejó constancia que la parte accionada no contestó la presente demanda. Folio 38 del expediente.
Vencido el lapso probatorio, el Tribunal pasa a decir la presente controversia y para ello observa:
En el presente caso la ciudadana GLADYS AUDELIA MARTINEZ, demanda por obligación de manutención al ciudadano RUBEN ENRIQUE PINO, en beneficio de la niña XXX. Asimismo, solicitó se fijara un monto proporcional al momento de sentenciar por concepto de obligación de manutención de la niña XXX, se fijara bonificaciones de fin de año y de vacaciones.

El Tribunal pasa a analizar las pruebas aportadas en el presente juicio, previa las siguientes observaciones:
1.- Por certeza de los documentos públicos que prueban la filiación de la de la niña XXX, este Tribunal le da valor probatorio de conformidad a los artículos 1.357 y 1.359 del Código Civil, en concordancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, a la copia certificada de acta de nacimiento que cursa en el folio 06 del expediente, por cuando de la misma se evidencia el vínculo de filiación existente entre la ciudadana GLADYS AUDELIA MARTINEZ CORTEZ, con la niña XXX, de conformidad con lo establecido en el artículo 197 del Código Civil y a los fines exigidos en el artículo 366 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. Del mismo modo, evidencian la cualidad de la requirente como legitimada activa para intentar la presente demanda en representación de su hija, en los términos previstos en el artículo 376 Ejusdem. Asimismo, evidencia el parentesco con su padre ciudadano RUBEN ENRIQUE PINO PEREZ. Y así se declara.
2.- Con relación a la constancia de ingreso emanada del Departamento de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana de Caracas, en la que se evidenció que el ciudadano RUBEN ENRIQUE PINO PEREZ, devengaba para el 10 de diciembre de 2007, un salario de Bs. 1.188.897, 64. Asimismo, se observó que se le deduce mensualmente la cantidad de Bs. 923.852,26, quedándole neto a cobrar Bs. 265.045,38. Este Tribunal le da valor de plena prueba a dicho informe, en lo que respecta a la capacidad económica del demandado; por cuanto el mismo le permitirá a esta sentenciadora fijar el quantum de manutención que el accionado deberá cancelar mensualmente a favor de la niña XXX. Así se declara.
Ahora bien, este Tribunal observó que citado personalmente el accionado, éste no compareció, ni por sí, ni por medio de apoderado a dar contestación a la presente demanda, de lo cual se deduce que se configuró en su contra una presunción iuris tamtun de confesión ficta conforme a lo establecido en el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece: Si el demandado no diere contestación a la demanda dentro de los plazos indicados en este Código, se le tendrá por confeso en cuanto no sea contraria a derecho la petición del demandante, si nada probare que le favorezca. En este caso, vencido el lapso de promoción de pruebas sin que el demandado hubiese promovido alguna, el Tribunal procederá a sentenciar la causa, sin más dilación, dentro de los ocho días siguientes al vencimiento de aquél lapso, atendiéndose a la confesión del demandado. En todo caso, a los fines de la apelación se dejará transcurrir íntegramente el mencionado lapso de ocho días si la sentencia fuere pronunciada antes de su vencimiento.”
De manera que, conforme a la transcrita disposición Legal, debe este Tribunal examinar sí además de la contumacia de la codemandada a dar contestación de la demanda en el lapso legal previsto para ello, el accionado en el lapso probatorio, probó algo que le favoreciera y si la petición contenida en la demanda es o no contraria a derecho, ya que la casación, en Sentencia de fecha 19 de junio de 1996, en el juicio de Maghglebe Landaeta Bermúdez contra la Compañía Nacional Anónima de Seguros La Previsora, expreso:
“En el proceso cuando el demandado no comparece a dar contestación a la demanda, el artículo 362 establece en su contra la presunción iuris tantum de la confesión. Esta presunción admite la prueba limitada del demandado rebelde, aquello que enerve la acción de la parte actora, más no puede hacer uso de pruebas que recaigan sobre las excepciones que no opuso en la oportunidad legal de la contestación de la demanda.
Vencido el lapso de promoción de pruebas, sin que la parte demandada promueva alguna que le favorezca, la confesión queda ordenada por la Ley, no como presunción, sino como consecuencia legal, por haberse agotado la oportunidad de probanza, aún en contra de la confesión. Ya el Juzgador, no tiene por qué entrar a conocer si la acción es o no procedente, si son veraces o falsos los hechos y la trascendencia jurídica de los mismos, sino que constatado que la pretensión no está prohibida por la Ley, lo cual es un hecho negativo, debe decidir en atendiéndose a la confesión del demandado...
En el caso de confesión ficta, la doctrina de Sala ha establecido que si en los elementos probatorios aportados por la parte actora existe prueba en contrario a los hechos alegados en la demanda, debe declararse ésta sin lugar...”
Trasladadas las anteriores consideraciones en el caso de autos, observa esta Sentenciadora que la parte demandada, no dio contestación a la demandan y durante el lapso probatorio no presento prueba alguna que le favoreciera para desvirtuar los alegatos de la accionante. Asimismo se observó que la presente acción no es contraria a derecho, y que los elementos probatorios aportados por la parte actora no existen pruebas en contrario a los hechos alegados en la demanda, que impida que la misma sea declarada con lugar, por lo que la declaratoria de la confesión ficta en el presente caso resulta procedente. Y así se declara.

Seguidamente, analizadas las pruebas evacuadas, este Tribunal observa:
La Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente prevé en el Titulo IV Capitulo VI un procedimiento especial único para resolver los asuntos relativos a los alimentos, el cual tiene derivados que son recogidos por disposiciones agrupadas en la parte sustantiva de la institución como son la fijación, revisión y el cumplimiento de la obligación (hoy Obligación de Manutención) de acuerdo a la pretensión de quien la reclama y siempre que se den los supuestos legales correspondientes en cada caso.-
Para fijar el monto de la obligación alimentaría, el Juez debe guiarse por el dispositivo de los artículos 365, 366 y 369 de la Ley Orgánica Para la Protección del Niño y del Adolescente. Siendo que la obligación de manutención es un deber compartido entre ambos padres, nuestro cuadro normativo ha previsto que cuando los hijos se encuentran bajo la guarda de uno solo de ellos, el Juez fijará el monto que deba pagar el otro progenitor para coadyuvar a la manutención y desarrollo integral de los mismos. Ahora, como quiera que la niña XXX, viven con su madre, es necesario fijar el monto de obligación de manutención acorde con la capacidad económica del ciudadano RUBEN ENRIQUE PINO.
Esta obligación corresponde a ambos padres en la medida de sus capacidades; en el presente caso, las necesidades de la niña XXX, quedó demostradas que por su edad y su condición física que la incapacita para proveérselas por sí misma, requiriendo de la ayuda de sus progenitores. La madre, de conformidad a lo establecido en el artículo 282 del Código Civil, en concordancia con el artículo 366 de la Ley Orgánica Para la Protección del Niño y del Adolescente, está obligada conjuntamente con el padre a contribuir con los gastos de manutención; pero la madre con el sólo hecho de la convivencia con la niña de autos, está contribuyendo en gran parte con los gastos de ésta. Así se declara.
Este Tribunal del análisis de las pruebas evidencia que la niña XXX, tienen necesidades y derecho de desarrollarse de manera integral, a lo que el padre está obligado a proporcionárselo de acuerdo a su capacidad económica y bajo esas directrices, el Tribunal determinó el quantum de manutención, a favor de la niña XXX, de conformidad a lo establecido en el artículo 369 de la Ley Orgánica Para la Protección del Niño y del Adolescente. En consecuencia, esta demanda debe prosperar. Así se decide.
En merito de las anteriores consideraciones, esta Juez Unipersonal No. XII, de la Sala de Juicio del Tribunal de protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial de Área Metropolitana de Caracas, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley DECLARA CON LUGAR la presente demanda de Obligación de Manutención, incoada por la ciudadana GLADYS AUDELIA MARTINEZ, a favor de su hija XXX, en contra del ciudadano RUBEN ENRIQUE PINO, en consecuencia se fija como obligación de manutención mensual que debe suministrar el ciudadano RUBEN ENRIQUE PINO, titular de la cédula de identidad No. V-12.349.764, a su hija XXX, el equivalente al 20 % del Salario Mínimo Urbano, es decir, la cantidad de Ciento Cincuenta y Nueve Bolívares con Ochenta y Cinco Céntimos (Bs. 159, 85), tomando como base el salario mínimo el cual para la fecha es de Setecientos Noventa y Nueve Bolívares Fuertes con Veintitrés céntimos (Bs. F, 799, 23), según Decreto No. 6.052, formulado por el ejecutivo nacional, publicado en Gaceta Oficial No. 38.921, de fecha 30 de abril de 2.008, que para los efectos de la Obligación de Manutención, deberá ser ésta la determinante de la misma. Este monto alimentario deberá ajustarse en forma automática anualmente, teniendo en cuenta la tasa de inflación determinada en los índices del Banco Central de Venezuela, pero siempre dentro de los parámetros establecidos, es decir las necesidades de los adolescentes y la capacidad económica del obligado. Igualmente se establece dos (2) bonificaciones, una el mes de agosto por concepto de bono escolar y otra el mes de diciembre como bonificación especial de fin de año, equivalentes cada una a la cuota alimentaria, es decir la cantidad de Ciento Cincuenta y Nueve Bolívares con Ochenta y Cinco Céntimos (Bs. 159, 85). Las cantidades fijadas por concepto de obligación de alimento deberán ser depositadas por la Policía Metropolitana, en partidas quincenales, cada una por la mitad del equivalente a la obligación fijada, en una cuenta de ahorro que este Tribunal ordenará aperturar en el Banco Industrial de Venezuela a nombre de la niña XXX. Así se decide.
La fijación de la obligación de alimentos en salarios mínimos, tiene por objeto servir de referencia para el cálculo del monto alimentario, en forma que sea de todos conocida, tal como lo expresa la Ley Orgánica Para la Protección del Niño y del Adolescente en su Exposición de Motivo, sin que ello signifique que si aumenta el salario mínimo, aumente también la cuota de manutención. Así se decide.
PUBLIQUESE y REGISTRESE:
Dada y sellada en la Sala de despacho del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Juez Unipersonal No. XII. Caracas, a los 08 días del mes de abril de 2008. Años 198° y 149°.
La Juez
Sara E. Guardia Soto. La Secretaria
Adriana Mireles.
La presente sentencia se publicó y registró en la misma fecha, siendo las 10:00 p.m.
La Secretaria