TSJ Regiones - Decisión

ASUNTO ANTIGUO: 636 SENTENCIA No. 1128
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Superior Sexto Contencioso Tributario de la Región capital
Caracas, treinta (30) de junio de dos mil ocho (2008)
198º y 149º

ASUNTO NUEVO: AF46-U-1989-000010

Visto el Recurso Contencioso Tributario, recibido por el Tribunal Distribuidor en fecha siete (07) de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve (1989), interpuesto por el ciudadano CARLOS LEPERVANCHE MICHELENA, venezolano, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° 5.533.868, inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 21.182, en su carácter de apoderado judicial de la Sociedad Mercantil JOHNSON & JOHNSON DE VENEZUELA, S.A., de este domicilio, originalmente inscrita ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha veinte (20) de diciembre de mil novecientos cincuenta y seis (1956), bajo el N° 38, Tomo 23-A; posteriormente inscrita por cambio de domicilio, en el Registro de Comercio llevado por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en fecha catorce (14) de agosto de mil novecientos sesenta y ocho (1968), en el Libro de Registro N° 67, bajo el N° 1; contra la Resolución N° 1098, de fecha treinta (30) de mayo de mil novecientos ochenta y nueve (1989), emanada de la Dirección General de Ingresos del Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), mediante la cual confirmó parcialmente el Acta de Reparo N° 113144-145-146, de fecha veintiuno (21) de noviembre de mil novecientos ochenta y seis (1986), emanada de la Dirección General de Administración, Dirección de Ingresos, División de Fiscalización del Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), que impuso a la recurrente la obligación de pagar la cantidad total de MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO BOLIVARES FUERTES CON OCHENTA Y DOS CENTIMOS (Bs. F 1.218,82) (Bs. 1.218.819,87) por concepto de diferencia de aporte del 2% establecido en el numeral 1° del artículo 10 de la Ley sobre el Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), así como intereses moratorios y multa.

En fecha once (11) de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve (1989), el Juzgado Superior Primero Contencioso Tributario (Distribuidor), remitió a este Tribunal el Recurso Contencioso Tributario interpuesto, siendo recibido por Secretaría en fecha doce (12) de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve, (1989), (folio 55).

En fecha dieciocho (18) de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve (1989), se le dio entrada al Recurso Contencioso Tributario (folio 56), ordenándose las notificaciones de ley, consignándose en autos la notificación del Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), en fecha veinticinco (25) de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve (1989) (folio 58); en fecha cinco (05) de octubre de mil novecientos ochenta y nueve (1989), se consignó la notificación del Procurador General de la República (folio 59); y en fecha dieciséis (16) de octubre de mil novecientos ochenta y nueve (1989), se consignó la boleta del Contralor General de la República, (folio 60).

Siendo la oportunidad procesal correspondiente, se admitió el presente Recurso Contencioso Tributario en fecha diecinueve (19) de octubre de mil novecientos ochenta y nueve (1989), (folio 61).

En fecha veinte (20) de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve (1989), se consignó copia certificada del expediente administrativo correspondiente al presente asunto, (folios 62 al 87).

Por auto de fecha veinte (20) de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve (1989), se declaró abierta a pruebas la presente causa, (folio 88).

En fecha cinco (05) de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve (1989), la representación judicial de la recurrente consignó escrito de promoción de pruebas y anexos, (folios 89 al 322).

En fecha ocho (08) de febrero de mil novecientos noventa (1990), se inició la relación de la causa en el presente asunto, (folio 323).

En fecha primero (01) de marzo de mil novecientos noventa (1990), se fijó el décimo quinto (15°) día de despacho siguiente para que tuviera lugar el acto de informes, (folio 324).

Por auto de fecha diecinueve (19) de marzo de mil novecientos noventa (1990), se dio por concluida la relación de la causa en el presente asunto, (folio 325).

Por auto de fecha diecisiete (17) de abril de mil novecientos noventa (1990), se difirió el acto de informes para el vigésimo (20°) día de despacho siguiente, (folio 326).

En fecha veinticuatro (24) de mayo de mil novecientos noventa (1990), tuvo lugar el acto de informes en la presente causa, comparecieron ambas partes consignando sus respectivos escritos de conclusiones, por lo que el Tribunal dijo vistos, (folios 329 al 358).

En fecha trece (13) de agosto de mil novecientos noventa (1990), este Tribunal prorrogó por treinta (30) días el lapso para dictar sentencia definitiva en el presente asunto, (folio 359).

Siendo la oportunidad procesal correspondiente, este Tribunal pasa a dictar sentencia, previas las siguientes consideraciones:

I
DE LA RESOLUCION IMPUGNADA
En fecha treinta (30) de mayo de mil novecientos ochenta y nueve (1989), la Dirección General de Ingresos del Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), dictó la Resolución N° 1098, mediante la cual confirmó parcialmente el Acta de Reparo N° 113144-145-146, de fecha veintiuno (21) de noviembre de mil novecientos ochenta y seis (1986), emanada de la Dirección General de Administración, Dirección de Ingresos, División de Fiscalización del Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), que impuso a la recurrente la obligación de pagar la cantidad total de MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO BOLIVARES FUERTES CON OCHENTA Y DOS CENTIMOS (Bs. F 1.218,82) (Bs. 1.218.819,87) por concepto de diferencia de aporte del 2% establecido en el numeral 1° del artículo 10 de la Ley sobre el Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), así como intereses moratorios y multa.

II
ARGUMENTOS DE LA RECURRENTE

Tanto en su escrito recursivo como en los informes presentados, la representación judicial de la recurrente alegó que el acto recurrido se encuentra viciado de nulidad absoluta por lo siguiente:

“(omissis)…1.- Por convalidar la inmotivación del Reparo impugnado, aparte de la propia motivación, y mantener a mi representada en un manifiesto estado de indefensión en referencia a los supuestos de hecho y de derecho que justificaron la fiscalización, todo lo cual, a tenor de lo dispuesto en la norma del Artículo 139, Ordinal 5 del Código Orgánico Tributario en concordancia con el Artículo 19, Ordinal 1ro., de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, vicia el acto recurrido de nulidad absoluta, y;
2.- Por pretender gravar adicionalmente, a mi representada aplicando retroactivamente un nuevo criterio administrativo sobre la imposibilidad de las utilidades convencionales, lo cual, a tenor de lo dispuesto en los artículos 11 y 12 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos en concordancia con el artículo 44 de la Constitución Nacional y 9 del Código Orgánico Tributario, vicia el acto recurrido de ilegalidad, que según lo dispuesto en el artículo 19, Ordinal 1ro., de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, acarrea la nulidad absoluta del acto en cuestión…(omissis)”

III
ARGUMENTOS DE LA REPRESENTACION
DEL ENTE PARAFISCAL

En su escrito de informes, la representación judicial del Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), opinó que el Acta de Reparo, como acto de trámite, sólo tiene que ser detallado y explicativo y que la recurrente afirma haber recibido junto con el Acta de Reparo otros anexos, entre los cuales se encuentran las hojas de trabajo, en base a las cuales formularon sus descargos, en atención a los cuales la Dirección de Ingresos ordenó una nueva fiscalización que fue modificatoria de las actas de reparo levantadas, haciéndose un ajuste que culminó en la Resolución impugnada, por tanto no tiene asidero legal el alegato de inmotivación esgrimido por la recurrente, porque en los documentos escritos se explican suficientemente los motivos de hecho y de derecho que tuvo el ente parafiscal para dictar la Resolución cuya nulidad se solicita.

Respecto a los alegatos sobre las utilidades convencionales, la representación judicial del ente parafiscal opinó que al respecto la parte recurrente tenía la carga de la prueba de demostrar sus dichos, lo cual no ocurrió en el presente asunto, por lo que solicita al sentenciador que declare sin lugar las pretensiones de la recurrente.
IV
MOTIVACION PARA DECIDIR
PUNTO PREVIO

Vistos los términos en que ha quedado planteada la presente controversia, este Tribunal, tomando en consideración la dinámica procesal de la causa y el lapso de inactividad que se deduce de autos; considera pertinente determinar como punto previo si se ha producido la prescripción de las presuntas obligaciones tributarias objeto de controversia.

Así pues, para resolver el planteamiento precedente es imperativo observar lo dispuesto por los artículos 52, 54 y 56 del Código Orgánico Tributario de 1982, aplicable rationae temporis al caso de autos, las cuales establecen lo siguiente:

“Artículo 52.- La obligación tributaria y sus accesorios prescriben a los cuatro (4) años.
Este término será de seis (6) años cuando el contribuyente o responsable no cumpla con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho imponible o de presentar las declaraciones tributarias a que estén obligados, y en los casos de determinación de oficio, cuando la administración tributaria no pudo conocer el hecho”.

Por su parte, el artículo 54 del Código Orgánico Tributario de 1982, dispone:

“Artículo 54.- El término se contará desde el 1° de enero del año siguiente a aquel en que se produjo el hecho imponible.
Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderá que el hecho imponible se produce al finalizar el período respectivo.
El lapso de prescripción para ejercer la acción de reintegro se computará desde el 1° de enero del año siguiente a aquel en que se efectuó el pago indebido”.

Finalmente el artículo 56 del Código Orgánico Tributario de 1982 dispone:

“Artículo 56.- El curso de la prescripción se suspende con la interposición de peticiones o recursos administrativos, hasta sesenta (60) días después que la administración tributaria adopte Resolución definitiva, tácita o expresa sobre los mismos.
Suspende también el curso de la prescripción, la iniciación de los procedimientos previstos en el Título V de este Código, respecto de las materias objeto de los mismos, hasta su decisión definitiva. La paralización del procedimiento hará cesar la suspensión y reiniciar el curso de la prescripción. Si se reanuda el proceso antes de cumplirse la prescripción, ésta se suspende de nuevo”. (Destacado de este Tribunal).

De las normas anteriormente señaladas, se desprende el régimen jurídico aplicable a la prescripción en materia tributaria; institución ésta, legalmente establecida como mecanismo de extinción de las obligaciones tributarias y sus accesorios, por el transcurso del tiempo y cuyo efecto es la extinción de la obligación.

La Sala Político Administrativa de nuestro Máximo Tribunal en sentencia Nº 01215 de fecha 26 de junio de 2001 (Caso: Agencia Marítima de Representaciones C.A. (AGEMAR), estableció con respecto a la prescripción en materia tributaria, lo siguiente:

“(omissis)…(…) cabe observar que en materia tributaria el instituto jurídico de la prescripción adquiere particular relevancia, en tanto condiciona el ejercicio de facultades y derechos al paso del tiempo, sancionando la conducta negligente de la Administración o del administrado en razón del principio de la seguridad jurídica y certeza de las relaciones ordenada por el derecho”.

Así las cosas, la connotación que tiene la institución de la prescripción es la de ser un medio de extinción de la obligación tributaria principal y sus accesorios, por el transcurso del tiempo, el cual tiene que ocurrir en forma continua; es decir, que no existan causas que interrumpan o suspendan ese término, a los fines de evitar que el transcurso de ese lapso haga nugatorio los derechos e intereses del acreedor y el deudor en una obligación tributaria.

Por otra parte, en el caso de la existencia de alguna causal de interrupción, la consecuencia fundamental es el inicio de un nuevo período de prescripción; es decir, debe comenzar a computarse nuevamente el lapso para que ésta opere. Por el contrario, al verificarse una causal de suspensión, el efecto es la paralización de ese término al momento de la ocurrencia de la causal, sin que ese tiempo que haya trascurrido en forma previa a dicha causal desaparezca; en consecuencia, una vez que cesen los efectos de la suspensión, se computa la prescripción tomando en cuenta el lapso que había transcurrido con anterioridad a ella…(omissis)”

Partiendo de las premisas legales precedentes y siendo la prescripción un medio de extinción de la obligación tributaria principal y sus accesorios, por causa del transcurso del tiempo, este Tribunal considera pertinente a los efectos de dilucidar este punto previo, apreciar también el criterio establecido recientemente por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, por lo que respecta a la procedencia de la prescripción respecto de obligaciones tributarias que son objeto de controversia en sede jurisdiccional y las consecuencias jurídicas de la paralización de la causa, el cual fue plasmado en sentencia número 1557 de fecha 20 de junio de 2006, conforme los términos siguientes:

“(omissis)…Así las cosas, debe esta alzada determinar previamente en el caso de autos si operó o no la aludida prescripción de la obligación tributaria debatida, para lo cual habrá de partirse del análisis de la normativa que resultaba aplicable, vistas las sucesivas reformas que sufrió el Código Orgánico Tributario (instrumento regulador de la materia) a lo largo de la tramitación de la presente causa; ello en atención a la efectiva comprobación del lapso de prescripción y sus posibles interrupciones o suspensiones.
Al respecto, se observa que los hechos debatidos y el presunto acaecimiento del hecho generador de la obligación tributaria sustancial se verificaron bajo la vigencia del primer Código Orgánico Tributario (vigente a partir del 1° de enero de 1983), motivo por el cual en principio resultarían aplicables, las disposiciones reguladoras contenidas en dicho instrumento; no obstante, el 10 de diciembre de 1992 entró en vigencia la Ley de Reforma Parcial del citado instrumento (Gaceta Oficial N° 4.466 Extraordinario del 11 de septiembre de 1992), que reguló la materia tributaria desde la referida fecha hasta el 1° de julio de 1994, cuando entró en vigor una nueva reforma de dicho instrumento (Gaceta Oficial N° 4.727 Extraordinario del 27 de mayo de 1994). Ahora bien, estando en vigencia el aludido Código de 1992, fue dicho “Vistos” en la presente causa, paralizándose posteriormente ésta, toda vez que no fue dictado por esta alzada el respectivo fallo dentro del término legal correspondiente.

En efecto, el 04 de febrero de 1993 se dijo “Vistos” en el presente juicio, entrando así la causa en estado de sentencia a tenor de lo previsto en el artículo 168 de la entonces vigente Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, aplicable temporalmente al caso de autos, por un lapso de sesenta (60) días continuos de conformidad con lo previsto en el artículo 515 del Código de Procedimiento Civil, aplicable supletoriamente en razón de lo ordenado en el artículo 88 de la citada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia; luego de lo cual, una vez transcurrido el aludido lapso para sentenciar sin que se hubiese dictado el pronunciamiento de ley correspondiente, la causa quedó paralizada debiendo ser impulsada por alguna de las partes para su continuación, vale decir, desde el 06 de abril de 1993…”
(…)
“…se observa que la prescripción de la obligación tributaria en el presente caso debía producirse en el término de seis (6) años, en atención a la omisión de la Fundación recurrente de declarar el presunto hecho imponible verificado en el caso de autos respecto de las actividades desarrolladas por ésta; asimismo, por ser la contribución parafiscal de autos liquidable trimestralmente, dicho término comenzaría a contarse al vencimiento de cada trimestre reparado.

Ahora bien, en el caso de autos pudo advertir este Alto Tribunal que el curso de dicha prescripción fue suspendido el 09 de julio de 1987, mediante la interposición del recurso contencioso tributario, manteniéndose suspendido el lapso de la prescripción hasta el 06 de abril de 1993, fecha en la cual una vez transcurridos los sesenta (60) días para sentenciar sin producirse el fallo de esta alzada, la causa quedó paralizada, tal como fue explicado supra, cesando en consecuencia, la suspensión del aludido lapso de prescripción hasta tanto una de las partes impulsara nuevamente el proceso y se reactivase éste, verificándose así otra suspensión en el referido cómputo. No obstante, no fue sino hasta el 10 de enero de 2001 cuando el apoderado judicial del Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), compareció ante esta Sala a impulsar de nuevo el proceso, solicitando se dictase sentencia en el mismo.
Derivado de lo anterior, estima este Supremo Tribunal que tal inactividad en el proceso produjo sus efectos jurídicos, en este caso, haber rebasado el aludido lapso de prescripción de la obligación tributaria, visto que desde la paralización de la causa hasta la fecha en que fue nuevamente impulsado el proceso, habían transcurrido casi ocho (08) años, tiempo éste que excede con creces el referido término de seis (06) años para extinguir la obligación tributaria reclamada en el caso sub júdice.
Conforme a lo expuesto, resulta forzoso a esta Sala declarar prescrita la presunta obligación tributaria y sus accesorios reclamada por el Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE) a la Fundación Magallanes de Carabobo. Así finalmente se decide…(omissis)”

Igualmente, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 01399, de fecha 07 de agosto de 2007, dejó sentado el siguiente criterio:

“(omissis)…Sin embargo, previamente pasa esta alzada a decidir de oficio la posible prescripción de la obligación tributaria por el transcurso del tiempo.
Tal y como fue sostenido en sentencia N° 01058 de fecha 20 de junio de 2007, caso : Las Llaves, S.A., Vs. Municipio Autónomo de Puerto Cabello Estado Carabobo, habrá de partir del análisis de la normativa que resultaba aplicable, vistas las sucesivas reformas que sufrió el Código Orgánico Tributario (instrumento regulador de la materia) a lo largo de la tramitación de la presente causa; ello en atención a la efectiva comprobación de lapso de prescripción y sus posibles interrupciones y suspensiones.
Vale destacar, que en principio resultarían aplicables las normas vigentes a la fecha en que se produjo el hecho generador de la obligación principal, no obstante, conforme lo determinó la Sala en un caso precedente (ver Sent. No. 1557 de fecha 20 de junio de 2006, caso: Fundación Magallanes de Carabobo), debe aplicarse la normativa vigente cuando se entra en estado de sentencia, en razón de ser “…la fecha en que se produjo la paralización de la causa…”.
Bajo estas premisas, se observa que el 10 de diciembre de 1992 entró en vigencia la Ley de Reforma Parcial del Código Orgánico Tributario de 1983 (Gaceta Oficial N° 4.466 Extraordinario del 11 de septiembre de 1992), que reguló la materia tributaria hasta el 1° de julio de 1994, cuando se efectuó una nueva reforma de dicho instrumento (Gaceta Oficial N° 4.727 Extraordinario del 27 de mayo de 1994). Ahora bien, estando en vigencia el aludido código de 1992, fue dicho “Vistos” en la presente causa, a saber, el día 18 de enero de 1994.
Entrando así la causa en estado de sentencia a tenor de lo previsto en el artículo 168 de la entonces vigente Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, aplicable temporalmente al caso bajo estudio, por un lapso de sesenta (60) días continuos de conformidad con lo previsto en el artículo 515 del Código de Procedimiento Civil, aplicable supletoriamente en razón de lo ordenado en el artículo 88 de la citada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia; luego de lo cual, una vez transcurrido el aludido lapso de sesenta (60) días para sentenciar sin que se hubiese dictado el pronunciamiento de ley correspondiente, la causa quedó paralizada debiendo ser impulsada por alguna de las partes para su continuación, vale decir, desde el 20 de marzo de 1994.
Ahora bien, el citado Código Orgánico de 1992, vigente para la fecha en que se produjo la paralización de la causa, establecía en sus artículos 52, 54 y 56, lo que a continuación se transcribe…omissis…
De las disposiciones normativas precedentemente transcritas, se observa que la prescripción de la obligación tributaria en el presente caso debía producirse en el término de seis (06) años, en atención a la omisión de la sociedad mercantil Oliver Ingeniería C.A., recurrente de declarar el presunto hecho imponible verificado en el caso de autos respecto de las actividades desarrolladas por ésta; así mismo, por ser la contribución parafiscal de autos liquidable trimestralmente, dicho término comenzaría a contarse al vencimiento de cada trimestre reparado.
Ahora bien, en el caso bajo examen pudo advertir esta Máxima Instancia que el curso de dicha prescripción fue suspendido el 12 de diciembre de 1980, mediante la interposición del “recurso contencioso tributario” manteniéndose suspendido el lapso de prescripción hasta el 20 de marzo de 1994, fecha en la cual una vez transcurridos los sesenta (60) días para sentenciar sin producirse el fallo de esta Sala, la causa quedó paralizada, tal como fue explicado anteriormente, cesando en consecuencia, la suspensión del aludido lapso de prescripción hasta tanto y una de las partes impulsara nuevamente el proceso y reactivarse éste.
Derivado de lo anterior, estima este Supremo Tribunal que tal inactividad en el proceso produjo sus efectos jurídicos, en este caso, haber rebasado el aludido lapso de seis (06) años de prescripción de la obligación tributaria, desde la paralización de la causa (20 de marzo de 1994), hasta la presente fecha, es por lo que la Sala declara prescrita la obligación tributaria reclamada…(omissis)”.

Partiendo del criterio precedente que comparte plenamente esta Juzgadora, conforme al cual, el instituto jurídico de la prescripción tiene particular relevancia, en tanto que condiciona el ejercicio de facultades y derechos al paso del tiempo, sancionando la conducta negligente de la administración o del administrado, en razón del principio de la seguridad jurídica y certeza de las relaciones ordenadas por el derecho; se observa que la prescripción de la obligación tributaria en el presente caso debía producirse en el término de cuatro años (4) años, en atención a que el acto administrativo tributario recurrido es la Resolución N° 1098, de fecha treinta (30) de mayo de mil novecientos ochenta y nueve (1989), emanada de la Dirección General de Ingresos del Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), la cual confirmó parcialmente la determinación de una diferencia de aportes, intereses moratorios y multa a cancelar; comenzando a contarse el lapso de prescripción a partir de esa fecha, sin embargo, en el caso de autos advierte quien aquí decide, que el curso de dicha prescripción fue suspendido el siete (07) de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve (1989), con la interposición del presente Recurso Contencioso Tributario, habiendo transcurrido TRES (03) MESES Y SIETE (7) DIAS del lapso prescriptivo, que fue suspendido mientras se tramitó el referido recurso, hasta que en fecha trece (13) de agosto de mil novecientos noventa (1990), se prorrogó por treinta días el lapso para dictar sentencia en el presente asunto (folio 359), reiniciándose el lapso de prescripción el catorce (14) de noviembre de mil novecientos noventa (1990), para posteriormente ser suspendida en siete (07) oportunidades distintas en las que se solicitó a este Tribunal dictar sentencia en el presente asunto (folios 363, 364, 365, 366, 367, 370 y 372), siendo la última de ellas de fecha ocho (08) de enero de dos mil tres (2003), por lo que sesenta (60) días después de cada una de dichas diligencias se paralizó la causa, esto es, se reanuda el cómputo de la prescripción que venía contándose, habiendo transcurrido entre las distintas suspensiones el lapso de QUINCE (15) AÑOS Y VEINTITRES (23) DIAS, que sumados al tiempo transcurrido hacen un total de QUINCE (15) AÑOS Y CUATRO (04) MESES, de lapso prescriptivo transcurrido hasta los actuales momentos.

Como consecuencia de las explicaciones precedentes, en criterio de quien aquí decide, tal inactividad en el proceso produjo sus efectos jurídicos, por lo que al haberse superado el lapso de prescripción de la obligación tributaria previsto en el artículo 52 del Código Orgánico Tributario de 1982, aplicable ratione temporis, al haber transcurrido QUINCE (15) AÑOS Y CUATRO (04) MESES, debe este Tribunal declarar prescrita la presunta obligación tributaria reclamada por la Administración Tributaria Parafiscal al recurrente. Así se declara.

En razón de los términos de la declaratoria precedente, este Tribunal considera inoficioso pronunciarse sobre los demás planteamientos controvertidos en el presente asunto. Así se declara.

IV
DISPOSITIVA

Por las consideraciones de hecho y de derecho antes expuestas, este Juzgado Superior Sexto Contencioso Tributario de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara PRESCRITA LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA contenida en el Recurso Contencioso Tributario, recibido por el Tribunal Distribuidor en fecha siete (07) de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve (1989), interpuesto por el ciudadano CARLOS LEPERVANCHE MICHELENA, venezolano, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° 5.533.868, inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 21.182, en su carácter de apoderado judicial de la Sociedad Mercantil JOHNSON & JOHNSON DE VENEZUELA, S.A., de este domicilio, originalmente inscrita ante en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha veinte (20) de diciembre de mil novecientos cincuenta y seis (1956), bajo el N° 38, Tomo 23-A; posteriormente inscrita por cambio de domicilio, en el Registro de Comercio llevado por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en fecha catorce (14) de agosto de mil novecientos sesenta y ocho (1968), en el Libro de Registro N° 67, bajo el N° 1; contra la Resolución N° 1098, de fecha treinta (30) de mayo de mil novecientos ochenta y nueve (1989), emanada de la Dirección General de Ingresos del Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), mediante la cual confirmó parcialmente el Acta de Reparo N° 113144-145-146, de fecha veintiuno (21) de noviembre de mil novecientos ochenta y seis (1986), emanada de la Dirección General de Administración, Dirección de Ingresos, División de Fiscalización del Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), que impuso a la recurrente la obligación de pagar la cantidad total de MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO BOLIVARES FUERTES CON OCHENTA Y DOS CENTIMOS (Bs. F 1.218,82) (Bs. 1.218.819,87) por concepto de diferencia de aporte del 2% establecido en el numeral 1° del artículo 10 de la Ley sobre el Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), así como intereses moratorios y multa.

En consecuencia:

NO HAY CONDENATORIA EN COSTAS por cuanto ninguna de las partes resultó totalmente vencida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 327 del Código Orgánico Tributario.

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Superior Sexto de lo Contencioso Tributario de la Región Capital, en Caracas, a los treinta (30) días del mes de junio del año dos mil ocho (2008). Años 198° y 149°.
LA JUEZ,

Abg. MARTHA ZULAY AQUINO GOMEZ
LA SECRETARIA,

Abg. ALEJANDRA GUERRA L.

En la misma fecha se publicó y registró la anterior sentencia, siendo las doce horas y treinta minutos de la tarde (12:30 a.m.).
LA SECRETARIA,

Abg. ALEJANDRA GUERRA L.