REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA En su nombre: JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL Expediente Nº 7825 El 02 de septiembre de 2004, la abogada EDGA BEATRIZ OCHOA, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº. 86.993 respectivamente, obrando con el carácter de apoderada judicial del ciudadano MARIO JESUS BETANCOURT TORREALBA, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº 1.06.720, interpuso ante el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en funciones de distribuidor de causas, recurso contencioso administrativo de nulidad contra el acto administrativo contenido en la Providencia Administrativa Nº 3584-03, de fecha 06 de mayo de 2003, emanada de la Inspectoría del Trabajo en el Este del Área Metropolitana de Caracas, y solicitó el reenganche y pago de salarios caídos. El 03 de septiembre de 2004 el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo le dio entrada al recurso y ordenó firmar expediente. El 14 de septiembre de 2004 el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo se declaró incompetente para conocer de la presente causa y declinó el conocimiento de la misma en la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. El 02 de diciembre de 2004, la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo designó como ponente a la Jueza María Emma León Montesinos, a los fines de decidir la incidencia surgida en virtud de la citada declaratoria de incompetencia. En fecha 16 de marzo de 2005, la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo aceptó la competencia que le fue declinada por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo y ordenó remitir el expediente al Juzgado de Sustanciación de ese mismo organismo jurisdiccional. El 03 de mayo de 2006 se designó ponente a la Dra. Ana Cecilia Zulueta, abocándose ésta última al conocimiento del recurso. El fecha 11 de mayo de 2006 la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo declinó la competencia para conocer del recurso en los Juzgados Superiores en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital y ordenó remitir el expediente al Juzgado Superior distribuidor. El 22 de febrero de 2007 el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, obrando en funciones de distribuidor de causas, le asignó el recurso a este Juzgado Superior. Consta en nota de secretaria que corre inserta al folio 178 que en fecha 27 de febrero de 2007, se recibió el libelo en éste Tribunal. Por auto de fecha 07 de marzo de 2007 este tribunal le dio entrada al recurso, formó expediente mismo y ordenó iniciar el procedimiento establecido en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia solicitando al Inspector del Trabajo en el Distrito Capital Municipio Libertador, la remisión a ese Juzgado Superior de los antecedentes administrativos del caso. En la misma fecha se libró Oficio Nº 359, siendo ésta la última actuación que consta la fecha de emisión del presente fallo, consta en autos se verificó en el curso de la causa. Procede en virtud de lo expuesto este Juzgado Superior, a verificar si en el caso sub examine se verificó de pleno derecho la perención de la instancia, para lo cual observa: La perención de la instancia opera por la inactividad procesal de las partes, es decir, por la no realización de actos de procedimiento destinados a mantener en curso el proceso, en un período de tiempo de al menos un año, de acuerdo a lo establecido en el artículo 86 de la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, hoy artículo 19, párrafo 15 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que ad pedem literae establece: “La instancia se extingue de pleno derecho en las causas que hayan estado paralizadas por más de un (1) año, antes de la presentación de los informes. Dicho término empezará a contarse a partir de la fecha en que se haya efectuado el último acto procesal. Transcurrido dicho lapso, el Tribunal Supremo de Justicia deberá declarar consumada la perención de oficio o a instancia de parte, la cual deberá ser notificada a las partes, mediante un cartel publicado en un diario de circulación nacional. Luego de transcurrido un lapso de quince (15) días continuos se declarará la perención de la instancia.” La redacción de ésta norma fue considerada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 5 de agosto de 2004, caso: Consejo Legislativo del Estado Aragua, como contradictoria y de imposible entendimiento, por establecer la misma, en primer término, una consecuencia jurídica “declarar consumada la perención, como consecuencia de la verificación del supuesto de hecho previamente establecido en el dispositivo normativo, cual es la existencia de causas que hayan estado paralizadas por mas de un (1) año, antes de la presentación de los informes”, y en segundo lugar, la orden de cumplir “otras actividades a continuación que hacen absolutamente inoperante a la norma y en consecuencia a la institución de la perención en las causas seguidas ante este Supremo Tribunal”. En el mismo fallo expresa dicha Sala, que la mencionada disposición legal, en los términos en los cuales fue redactada, colide con la “necesaria celeridad que debe informar al proceso, así como la prohibición de dilaciones indebidas establecidas en la constitución”. Con base en tales alegatos, concluye desaplicando para el caso en concreto, por ininteligible la disposición contenida en el párrafo quince del articulo 19 de la novísima Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del Código de Procedimiento Civil, acordando aplicar supletoriamente para el caso que ahí se ventilaba, el artículo 267 eiusdem, por considerar que el mismo regula adecuada y convenientemente la institución de la perención. En consideración al criterio jurisprudencial parcialmente transcrito, el cual, a los fines del presente fallo hace suyo este sentenciador, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 334 del texto constitucional y 20 del Código de Procedimiento Civil, visto que la norma contenida en el aparte 15 del artículo 19 de Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, viola las disposiciones contenidas en los artículos 26 y 257 de la Constitución, acuerda DESAPLICAR POR INCONSTITUCIONAL PARA EL CASO EN CONCRETO, el mencionado artículo 19 en su aparte 15, y en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el primer aparte del articulo 19 de ese mismo cuerpo normativo, acuerda la aplicación supletoria para el caso bajo estudio del articulo 267 del Código de Procedimiento Civil, en lo relativo a la perención de la instancia. Así se decide. Establecido lo anterior, constata este sentenciador, una vez examinadas las actas que componen el presente expediente que la presente causa estuvo paralizada desde el día 07 de marzo de 2007 fecha en la cual se le dio entrada al recurso y se ordenó la remisión a éste Juzgado Superior de los antecedentes administrativos del caso, hasta la fecha de emisión del presente fallo, no constatándose durante el indicado período actuación alguna que evidenciara el interés de las partes en la prosecución del presente juicio. Siendo ello así, al no existir actividad procesal alguna en el presente caso, dirigida a movilizar y mantener en curso el proceso, durante un lapso mayor a un (1) año, de conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, resulta forzoso para éste Tribunal declarar de oficio la perención de la instancia. Así se decide. Ahora bien, por cuanto el párrafo 18 del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, dispone que la perención de la instancia deja firme el acto recurrido, salvo que este viole normas de Orden Público, y por cuanto de la revisión del acto impugnado no se evidencia tal violación, se declara el mismo firme. Así se decide. DECISIÓN Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara CONSUMADA LA PERENCIÓN y en consecuencia extinguida la instancia, en el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la abogada EDGA BEATRIZ OCHOA, actuando en representación del ciudadano MARIO JESUS BETANCOURT TORREALBA, contra el acto administrativo contenido en la Providencia Administrativa Nº 3584-03, de fecha 06 de mayo de 2003, emanada de la Inspectoría del Trabajo en el Este del Área Metropolitana de Caracas, todos, suficientemente identificados en la parte motiva del presente fallo. Publíquese, regístrese y notifíquese a la parte recurrente. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en Caracas, a los once (11) días del mes de marzo del año dos mil ocho (2008). Años 197° de la Independencia y 149° de la Federación. EL JUEZ, JORGE NÚÑEZ MONTERO. LA SECRETARIA, MARÍA ISABEL RUESTA. En la misma fecha de hoy siendo las (10:30 a.m.), se publicó registró la anterior decisión, bajo el Nº 39-2008. LA SECRETARIA, MARÍA ISABEL RUESTA. Exp. N° 7825. JNM/cvm.