TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

JUZGADO VIGESIMO TERCERO DE MUNICIPIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS
PARTE ACTORA: Henrry Rafael Castellanos Galban, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 2.744.419. APODERADO DE LA PARTE ACTORA: Jesús Brito y Jesús Manzano Cisneros, inscritos en el Inpreabogado bajo los Números 55.924 y 52.383 respectivamente.
PARTE DEMANDADA: Bladimir Lozano, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº 647.796.
APODERADA DE LA PARTE DEMANDADA: No ha constituido apoderados en autos.
MOTIVO: Cumplimiento de Contrato de Arrendamiento.
AP31-V-2007-002619.
Se inicia el presente juicio por cumplimiento de Contrato de Arrendamiento, mediante libelo de demanda presentado por los Abogados Jesús Brito y Jesús Manzano Cisneros, en su carácter de apoderados de la parte actora, mediante el cual indica que consta de convenimiento privado de fecha 21 de octubre de 2006, debidamente autenticado por ante la Notaría Pública Undécima del Municipio Libertador del Distrito Capital, en fecha 18 de abril de 2007, bajo el Nº 58, Tomo 43 de los Libros de Autenticaciones llevados por esa Notaría, en el que convienen en el pago de una deuda pendiente, y además se acuerda que el ciudadano Bladimir Lozano, celebrará contrato de arrendamiento con la ciudadana Carhen Leonor Castellanos Molina, sobre un inmueble tipo apartamento distinguido con el número 01, ubicado en la planta baja del Edificio Baiz, situado en la Avenida Principal de Maripérez, Parroquia El Recreo, Municipio Libertador del Distrito Capital, que el referido contrato comenzó a regir a partir del 1 de diciembre de 2006 en cumplimiento al acuerdo antes mencionado y que según lo dispuesto en la Cláusula Tercera del Contrato Locativo, tendría una vigencia de seis meses. Ahora bien, nuestra representada, en fecha 31 de mayo de 2007, notifico al arrendatario su voluntad de no continuar con el contrato y que por lo tanto comenzaría a correr la prorroga legal de seis meses de acuerdo con lo previsto en el artículo 38, literal a, del Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, la cual venció el 1 de diciembre de 2007, fecha en la cual el arrendatario debió hacer entrega del inmueble libre de bienes y personas. Y por cuanto han sido inútiles los esfuerzos en la entrega del inmueble, procedemos a demandar al ciudadano Henrry Rafael Castellanos Galban para que convenga o en su defecto sea condenado por el Tribunal en Entregar libre de bienes y personas en inmueble arriba mencionado.
Fundamento la acción en los artículos 38 literal a, y 39 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios.
Previo régimen de Distribución le correspondió a este juzgado conocer del presente proceso y mediante auto de fecha 14 de diciembre de 2007, se admitió la presente demanda ordenándose el emplazamiento de la parte demandada, a fin de que compareciera al segundo (2º) día de despacho siguientes a la constancia en autos de su citación a dar contestación a la demanda.
En fecha 07 de enero de 2008, compareció el apoderado de la parte actora Abogado Aurelio Silva Carrasco, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 65.690 y consigno los fotostatos necesarios a los fines que sea librada la compulsa de citación.
En fecha 14 de enero de 2008, se libro la compulsa de la parte demandada.
En fecha 06 de febrero de 2008, compareció el ciudadano Miguel Villa, Alguacil adscrito a la Unidad de Coordinación de Alguacilazgo de los Juzgados de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, y, consigno recibo en el cual deja constancia de haber recibido los emolumentos necesarios para practicar la citación del demandado.
Ahora bien, dada así las cosas éste Tribunal considera necesario hacer el siguiente análisis:
El Código de Procedimiento Civil, utiliza el término instancia en dos sentidos diferentes, uno, como solicitud, petición o impulso, cuando alguna disposición exige que el Juez proceda a instancia de parte, y dos, como proceso judicial de conocimiento, desde que se inicia con la demanda, hasta la sentencia definitiva de fondo. “[…] La regla general en materia de perención, expresa que el sólo transcurso del tiempo, sin que las partes hubieren realizado actuaciones que demuestren su propósito de mantener el necesario impulso procesal, origina la perención y se verifica de derecho y puede declararse de oficio, como lo prevé el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil […]”.
De conformidad con el ordinal 1° del articulo 267 el eiusdem, se extingue la instancia: “Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de la admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado”. Y el artículo 269 eiusdem, dispone: “La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal [...]”.
En las disposiciones antes transcritas, el término instancia es utilizado como impulso, el proceso se inicia a impulso de parte, y éste périme en los supuestos de la disposición legal, provocando su extinción. La denominada perención breve es un acontecimiento que se produce por la falta de impulso procesal por más de treinta días una vez admitida la demanda, y la norma que la regula ha sido considerada como cuestión de orden público, es un modo de extinguir el procedimiento producida por la inactividad de la actora en impulsar la citación de la demandada. El incumplimiento de esta obligación, se hace efectivo cuando la actora no facilita la labor del alguacil del Tribunal en cuanto a su traslado al domicilio de la demandada y fundamentalmente la consignación de los fotostatos para la elaboración de la compulsa, es decir, el incumplimiento a estas obligaciones básicas de la actora una vez admitida la demanda, por un lapso de 30 días continuos acarrea la sanción de perimir la instancia, puesto que el Estado por ser garante del proceso, está en la necesidad de evitar que los juicios se prolonguen indefinidamente, manteniendo en intranquilidad y zozobra a las partes y en estado de incertidumbre los derechos privados. Teniendo en fundamento que le corresponde a la actora dar impulso al juicio y la falta de éste podría considerarse un tácito abandono de la causa, es menester señalar que la pendencia indefinida de los procesos conlleva el riesgo de romper con el principio procesal de la seguridad jurídica.
De acuerdo con el principio contenido en el artículo 11 del Código de Procedimiento Civil, y reiterado por la necesidad del impulso de parte para la resolución de la controversia por el Tribunal de la causa, el de alzada o por la Sala de Casación Civil, al no poner en movimiento la actividad del Tribunal mediante la pertinente actuación de la parte, se extingue el impulso dado, poniéndose así fin al proceso. Debe determinarse en el presente pronunciamiento que desde el día 14 de diciembre de 2007, fecha en la cual el Tribunal admitió la demanda, hasta el día 06 de febrero de 2008, transcurrieron en exceso los treinta días que tiene la actora para impulsar la citación del demandado, al no existir impulso procesal del juicio para lograr la citación del demandado, situación que encuadra en el ordinal 1° del Articulo 267 de nuestra norma adjetiva procesal, antes transcrita y que en consecuencia produce como efecto inmediato la perención de la instancia.
Aunado a lo antes señalado, mediante sentencia dictada por el Supremo Tribunal de justicia, en Sala de Casación civil, con ponencia del Magistrado CARLOS OBERTO VELEZ en fecha 06 de julio de 2.004, Exp. Nº AA20-C-2001-000436, se señaló: “...Siendo así esta Sala establece que la obligación arancelaria que previo la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado Articulo 12 de dicha Ley y que igualmente deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando esta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste de mas de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo que su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia...”. Es evidente que en el caso que nos ocupa, el lugar señalado a los fines de practicar la citación de la parte demandada, se encuentra en exceso fuera de 500 metros contados a partir de la sede del Tribunal. En consecuencia, éste Tribunal de oficio debe declarar la perención de la instancia por haber transcurrido en exceso, más de 30 días de inactividad de la parte actora, para realizar las diligencias relativas a lograr la citación de la parte demandada.
En tal sentido, siendo la perención operable de pleno derecho, es decir, ope legis al vencimiento del plazo de treinta días de inactividad, y siendo que esta declaratoria no tiene efectos constitutivos, sino declarativos, al verificar el juzgador en las actas procésales las circunstancias que determinan la procedencia de la perención, la debe declarar de oficio, pues es una figura de orden público.

Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Vigésimo Tercero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara PERIMIDA LA INSTANCIA, por haber transcurrido más de treinta (30) días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, sin que la actora cumpla con sus obligaciones para la practica de la citación de esta, de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 1° del artículo 267 y el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, y en consecuencia, la extinción del presente procedimiento.
Dada, la naturaleza del presente fallo, no hay condenatoria en costas conforme lo dispuesto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese, regístrese, y déjese copia en el copiador de sentencias llevado por este Tribunal.
Dada, firmada y sellada en la sala de despacho del Juzgado Vigésimo Tercero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En Caracas, a los once (11) días del mes de marzo de dos mil ocho (2008). Años: 197º y 149º.
La Juez

Abg. Irene Grisanti Cano
La Secretaria

Abg. Veriuska Almeida
En la misma fecha, siendo las __________., se público y registró la anterior decisión.
La Secretaria
Abg. Veiruska Almeida
IGC/VA/vv