REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,
MERCANTIL, TRANSITO, BANCARIO, DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA
EXPEDIENTE N° 07-13994.-
MOTIVO: DIVORCIO ORDINARIO.
DEMANDANTE: INELDA MORA DE OSBORNE.
APODERADA JUDIDIAL DE LA PARTE ACTORA: MARIA ALVAREZ.
DEMANDADO: ROBERT OSBORNE.
Se inicia el presente juicio mediante demanda por Divorcio Ordinario, fundada en el ordinal 2° del artículo 185 del Código Civil, interpuesta por la Abogada MARIA ALVREZ, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 19.222, en su carácter de Apoderada Judicial de la ciudadana INELDA MORA DE OSBORNE, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-4.277.173, contra el señor ROBERT OSBORNE, de nacionalidad Británica, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° E-81.994.097, en fecha 24 de Mayo de 2007.
La demanda es admitida por auto de fecha 05 de junio de 2007, ordenándose la citación del demandado, a los fines de que comparezca a las Nueve y treinta de la mañana (9:30 a.m.) del Primer (1er.) día de Despacho siguientes, pasados sean cuarenta y cinco (45) días Calendarios, después de la citación de la parte demandada, a fin de que tenga lugar el PRIMER (1er.) ACTO CONCILIATORIO del proceso, quien podrá ser acompañado de parientes o amigos en un número no mayor de dos (2) personas, sí la reconciliación no se lograre, se emplazan a las partes personalmente para un SEGUNDO (2do.) ACTO CONCILIATORIO a las nueve y treinta de la mañana (9:30 a.m.), pasados sean Cuarenta y Cinco (45) días Calendarios, advirtiéndoseles que si la reconciliación no se lograre y la demandante insiste en continuar con la demanda, las partes quedan emplazadas para el Acto de CONTESTACION DE LA DEMANDA al Quinto (5to.) día de Despacho siguiente al segundo acto conciliatorio, a cualesquiera de las horas fijadas por este Tribunal para Despachar.
En la misma fecha se libró boleta de notificación al fiscal del Ministerio Público.
Consta en autos, que en fecha 08 de junio de 2007, el alguacil de este Juzgado, consigno en un folio útil boleta de notificación firmada y sellada en fiscalía.
En fecha 03 de julio de 2007, el Alguacil titular de este Juzgado, mediante diligencia deja constancia que no pudo practicar la citación del demandado, por no encontrarse en su domicilio.
En fecha 17 de julio de 2007, la apoderada judicial de la parte actora, solicita la citación del demandado mediante carteles. Lo cual fue acordado por auto de fecha 27 de julio de 2007.
En fecha 18 de septiembre de 2007, la apoderada judicial del actor consigna publicaciones de carteles de citación, siendo agregados por este tribunal mediante auto de esa misma fecha.
Mediante diligencia de fecha 26 de septiembre de 2.007, el ciudadano CAMILO CHACON, en su carácter de Secretario titular de este Juzgado, procedió a fijar cartel de notificación en el domicilio del demandado, cumpliendo de esta manera con todas las formalidades establecidas en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil.
En fecha 31 de octubre de 2007, la parte actora solicita se designe defensor judicial a la contraparte. Siendo acordado mediante auto de fecha 01 de noviembre de 2007, designando a tal fin a la abogada MARIELYS TOVAR; quien acepto el cargo y juró cumplir con todos los deberes inherentes a su cargo en fecha 10 de diciembre de 2007.
En fecha 11 de febrero de 2008, se llevó a cabo el primer acto conciliatorio, compareciendo la parte actora, asistida de su apoderada judicial y la defensor judicial de la parte demandada. Igualmente se deja constancia que la representación de la vindicta pública no compareció. Insistiendo la demandante en su pretensión de divorcio.
En fecha 28 de marzo de 2008, se llevó a cabo el segundo acto conciliatorio, compareciendo la parte actora, asistida de su apoderada judicial. Igualmente se deja constancia que la representación de la vindicta pública y la defensor judicial de la parte demandada no comparecieron. Emplazando el Tribunal a las partes para el quinto día de despacho siguiente, para el acto de contestación de la demanda.
En fecha 04 de abril de 2008, oportunidad para dar contestación a la demanda de divorcio interpuesta, compareció la parte demandante y presentó diligencia mediante la cual insiste con la continuidad de la causa. Igualmente compareció la defensor Judicial de la parte demandada y consigno escrito de contestación
En fechas 18 y 22 de enero de 2008, las partes consignaron escritos de promoción de pruebas. Siendo agregados en fecha 28 de abril de 2008 y admitidas por auto de fecha 07 de mayo de 2008, comisionado amplia y suficientemente al Juzgado de los Municipios Sucre y Lamas del Estado Aragua para la evacuación de los testigos promovidos.
Mediante auto de fecha 17 de julio de 2008, este Tribunal ordenó agregar a los autos las resultas de la comisión conferida al Juzgado del Municipio Santiago Mariño del Estado Aragua. E igualmente fijó el decimoquinto día de despacho siguiente para la presentación de los Informes.
En fecha 08 de agosto de 2008, la parte actora consigna escrito de informes.
En fecha 22 de septiembre de 2008, este Tribunal mediante auto dice Vistos y entra en término de distar sentencia definitiva. Advirtiéndose a las partes que dicho lapso comenzó a transcurrir desde el día 11 de agosto de 2008.
En fecha 08 de Octubre de 2008, mediante auto se revoca por contrario imperio el auto dictado por este juzgado en fecha 20 de septiembre de 2008 y advierte a las partes que el lapso de sentencia de sesenta días continuos comenzaron a transcurrir desde el día 20 de septiembre del presente año.
Llegada la oportunidad para decidir este Juzgador observa a las partes en la presente Causa, por considerarlo necesario, las normas generales y especiales procesales, ha aplicar, de la siguiente manera:
PRIMERO: La litis queda planteada conforme a las alegaciones efectuadas por las partes, en las oportunidades legalmente establecidas al efecto. Así, de conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, el Juez debe decidir exclusivamente conforme a lo alegado y probado en autos.
Lo apuntado implica que aquellos hechos que no han sido debidamente alegados por las partes en las respectivas oportunidades procesales que están previstas en la Ley para que las partes aleguen, AJUSTADO A DERECHO, no pueden ser demostradas válidamente durante el proceso; pues éste, ciertamente esta sometido a los principios de la preclusión y de la seguridad jurídica y atenta contra el derecho a la defensa el cual se manifiesta igualmente en las probanzas.
Este notado aspecto del proceso judicial, en la cual inciden decisivamente las cargas procesales de las partes, no puede ser obviado por este Juzgador y es tenido en cuenta para esta Decisión, por lo cual la misma se ajustará exclusivamente a aquellos hechos que han sido oportuna y debidamente alegados por las partes y posteriormente probados de modo válido en el proceso y a los hechos que de alguna manera estén demostrados en los autos, ambas conforme a los Principios Procesales de la Comunidad de la Prueba y de la Adquisición de la Prueba.
SEGUNDO: De conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, la Sentencia debe decidir lo alegado y probado en autos, es decir, lo que oportunamente ha sido alegado y probado por las partes en el curso del proceso, y ello implica que las alegaciones deben preceder a las probanzas, pues, de lo contrario se violaría el derecho a la defensa en todo estado y grado de la Causa, establecido en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Así el proceso judicial patrio está sometido al Principio de la Preclusión y por consiguiente las oportunidades procesales para la realización de los actos del procedimiento dentro del proceso judicial, realizados o no dichos actos, no es posible pretender realizarlos. Así pues el Tribunal hace acotamiento que las oportunidades que respectivamente tienen conforme a la Ley son el acto de interposición del Libelo de Demanda y el acto de Contestación a la Demanda. Recuerda este Tribunal que la reiterada realización de alegaciones extemporáneas por las partes: a) atentan contra la buena marcha del proceso y lo entorpece; b) las partes tienen la obligación de efectuar sus alegaciones y demás actuaciones procesales conforme a una adecuada técnica jurídica, lo que infine redundaría en el propio beneficio de ellas.
TERCERO: Las alegaciones deben ser efectuadas circunstancialmente, las partes al hacerlo deben explanar las circunstancias de tiempo, lugar y modo atinente a los hechos, pues el mundo del proceso es reconstructivo y en consecuencia, en la demanda y en la contestación se deben indicar todas aquellas alegaciones que luego en las oportunidades probatorias, legalmente establecidas al efecto, deberán evidenciar para llevar a la intima convicción al Juzgador de su concurrencia. En consecuencia, aquellas alegaciones que en sus oportunidades procesales se realicen en forma genérica, sin indicar el tiempo, lugar y modo en que ocurrieron, no podrán ser objeto de Pruebas, ya que atentaría contra el derecho al debido proceso en el cual esta implícito el derecho a la defensa y en amparo de estos derechos, no serán apreciadas a favor ni en contra de ninguna de las partes, pues al ser derechos constitucionales son de orden público, a pesar de que por el principio de exhaustividad de la Sentencia, deban analizarse y juzgarse.
CUARTO: De conformidad con lo establecido en el artículo 1.354 del Código Civil y 506 del Código de Procedimiento Civil, reguladores de la carga de la prueba, corresponde al que afirma hechos, el demostrarlos. Solamente los hechos negativos absolutos quedan exceptuados de su prueba, por parte de quien niega, por distribución de la carga probatoria y los hechos notorios. Así los hechos controvertidos deben ser objeto de las probanzas y estos son aquellos en los que las partes no están contestes.
QUINTO: El Principio Procesal de la Comunidad de la Prueba, implica que toda aquella prueba realizada válidamente produce efectos en el juicio, con independencia del sujeto procesal que la haya producido.
SEXTO: La apreciación de las pruebas se hace conforme a la regla de la Sana Crítica, salvo aquellas en que la misma tenga alguna regla de valoración especial expresamente establecida en la Ley, tal como ocurre en el caso de documentos públicos y en el de la confesión judicial y extrajudicial.
SÉPTIMO: El pago de las costas de un proceso incluye, los costos del juicio y honorarios del Abogado. Las costas procesales son un efecto del proceso, dependiendo su condena del vencimiento total en un juicio o en una incidencia en el mismo. Y así se aclara.-
Observadas las reglas procesales que se aplican en la presente causa, se pasa a decidir de la siguiente manera:
DE LA PRETENSIÓN DEDUCIDA Y DE LOS HECHOS CONTROVERTIDOS
Del análisis del libelo de demanda, se concluye que la pretensión de la parte actora es la disolución del vínculo conyugal, que contrajo con el señor ROBERT OSBORNE, ampliamente identificado, en fecha 09 de agosto de 1.982, ante la autoridad correspondiente en el Distrito de Surry Notren, Londres, Inglaterra, con motivo a la conducta errática en el trato que su cónyuge le daba, por lo que a comienzos del año 1.996, de manera intempestiva y para su asombro, adopta una conducta conflictiva introduciendo cambios en la relación y en su propia conducta haciendo la convivencia imposible e intolerante, por lo que el día 24 de febrero de 1.996, su cónyuge sin motivo alguno, sin mediar diálogo ni explicación, recogió sus efectos personales y de manera voluntaria se marcho del hogar común, motivo por el cual fundamenta la presente demanda de conformidad con lo establecido en el ordinal 2° del artículo 185 del Código Civil, relativo al abandono voluntario del hogar común.
De la revisión de las actas que conforman la presente causa se observa que la parte Demandante ciudadana INELDA MORA DE OSBORNE, a través de su Apoderada Judicial, Abogada MARIA ALVREZ, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 19.222, consigna junto con el escrito libelar, copia certificada del Acta de Matrimonio N° 306, Tomo B, Año 1.982 inserta por ante por el Registro Civil del Municipio Mario Briceño Iragarry del Estado Aragua, en fecha 16 de enero de 1.988, de un certificado de matrimonio, conforme a la Ley matrimonial de 1949.- Distrito de Registro: Surry Notren (Norte) 1982, matrimonio solemnizado en la oficina de Registro del Distrito de Surrey Norte en el Condado de Surrey, N° 141, la que se valora como fidedigna de documento público, que de conformidad con lo establecido en el artículo 1359 del Código Civil, “…hace plena fe así entre las partes como respecto de terceros, mientras no sea declarado falso: 1° de los hechos jurídicos que el funcionario público declara haber efectuado… 2° de los hechos jurídicos que el funcionario público declare haber visto u oído…”. Con lo que se demuestra que la ciudadana INELDA MORA ALMONETTE, contrajo matrimonio civil con el ciudadano ROBERT OSBORNE, en fecha 09 de agosto de 1.982. Y así se valora y aprecia.
Consigna copia de la cédula de identidad de la ciudadana NATASHA OSBORNE MORA, valorándose como fidedigna de documento público, con el cual se demuestra la identidad de la ciudadana NATASHA OSBORNE, hija de las partes del presente juicio, con la cual se evidencia que la misma es mayor de edad..
Cursa a los folios 45 y 46, declaración de los testigos CARDENAS HERNANDEZ NOEMI y MARTINEZ OLIMPIA YOLANDA, venezolanas, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-3.977.098 y V-7.208.929 respectivamente, promovidas por la parte actora, a las cuales de conformidad con lo establecido en el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, se le otorga pleno valor a la declaración de dichos testigos por cuanto no existe contradicción en sus dichos y fueron sometidos al control de la prueba quedando contestes en los hechos siguientes: que conocen de vista, trato y comunicación a los ciudadanos Imelda Mora de Osborne y Robert Osborne; que son cónyuges, ya que se casaron el día 09 de agosto de 1.982 en Londres Inglaterra; regresaron a Venezuela y se establecieron en la Urbanización Corinsa de Cagua Estado Aragua; que procrearon una hija actualmente mayor de edad; les consta que el ciudadano ROBERT OSBORNE abandonó su hogar desde el día 24 de febrero de 1.996.
Consecuentemente el Defensor Judicial de la parte demandada no probó nada que le favoreciera, ni trajo a los autos elementos que pudieran desvirtuar lo alegado por la parte actora, toda vez que solo se limitó a dar contestación a la demanda rechazando, negando y contradiciendo lo alegado por la ciudadana INELDA MORA DE OSBORNE.
Con lo expuesto anteriormente, relativo a la pretensión de divorcio ordinario y comprobado como han sido los hechos alegados por la demandante con las declaraciones de los testigos promovidos quienes fueron contestes al declarar que efectivamente la Parte Demandada abandono de forma voluntaria el hogar, supuesto de hecho este que encuadra perfectamente en el contenido del dispositivo establecido en el artículo 185 Ordinal 2° del Código Civil, el cual reza: “Son causales únicas de divorcio: …2° El abandono voluntario”. En consecuencia resulta forzoso para este juzgador declarar la procedencia de la demanda planteada, tras la aplicación de un simple silogismo. Y así se declara.-
DISPOSITIVA
Por las razones de hecho y de derecho antes expuestas, este Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, con sede en Cagua, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR la demanda por Divorcio Ordinario, fundada en el ordinal 2° del artículo 185 del Código Civil, interpuesta por la ciudadana INELDA MORA DE OSBORNE, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-4.277.173, a través de su Apoderada Judicial, Abogada MARIA ALVREZ, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 19.222, en contra del señor ROBERT OSBORNE, de nacionalidad Británica, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° E-81.994.097, en consecuencia DISUELTO el vínculo conyugal contraído en fecha 09 de agosto de 1.982, ante la autoridad correspondiente en el Distrito de Surry Notren, Londres, Inglaterra, signada con el N° 141, la cual fue insertada cumpliendo con todas las formalidades establecidas en la Ley, ante por el Registro Civil del Municipio Mario Briceño Iragarry del Estado Aragua, en fecha 16 de enero de 1.988, quedando anotada dicha Acta de Matrimonio bajo el N° 306, Tomo B. SEGUNDO: Se deja constancia que procrearon una hija actualmente mayor de edad. TERCERO: Por haber resultado totalmente vencido, de conformidad con lo establecido en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, se condena en costas a la parte demandada.-
Dado. Firmado y Sellado en la Sala de Despacho del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, con sede en Cagua, a los 09 días del mes de octubre de dos mil ocho (2008). Años l98° de la Independencia y 149° de la Federación. Regístrese y Publíquese.-
El Juez Provisorio,
El Secretario,
DR. Eulogio Paredes Tarazona
Abg. Camilo E. Chacón Herrera
En esta misma fecha se publicó la anterior Sentencia, siendo las 11:30 a.m.-
El Secretario,
EXP. N° 07-13994
B.
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