REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE TRIBUNAL SUPERIOR NOVENO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL CON SEDE EN CARACAS Años 198° y 149° Parte Querellante: Freddy Rodolfo Quiaro Santamaría, titular de la cédula de identidad Nº V-13.895.284. Apoderada Judicial: Marisela Cisneros Añez, abogada en ejercicio, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado (I.P.S.A.) bajo el Nº 19.655. Parte Querellada: Instituto Autónomo de Policía del Estado Bolivariano de Miranda (IAPEM) adscrito a la Gobernación del Estado Bolivariano de Miranda. . Apoderados Judiciales: José Gregorio Gallardo, Manuel Felipe Páez Matos, Sonia Beatriz De Luca Ruggiero y otros, abogados inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado (I.P.S.A.) bajo los Nros. 72.141, 39.889 y 40.445, en orden consecutivo. Acto Recurrido: Resolución Nº 00- 028 de fecha dieciocho (18) de septiembre de 2000, suscrita por el Director Presidente del Instituto Autónomo de Policía del Estado Bolivariano de Miranda (IAPEM) adscrito a la Gobernación del Estado Bolivariano de Miranda. Motivo: Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial (Nulidad de Acto). Expediente Nº 2008- 520 Sentencia Interlocutoria con Fuerza de Definitiva. I ANTECEDENTES Se inició el presente juicio mediante escrito presentado en fecha doce (12) de febrero de dos mil uno (2001), por ante el Juzgado Superior (Distribuidor) Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, contentivo del Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial (Nulidad de Acto), por la abogada Marisela Cisneros Añez, actuando en su carácter de apoderada judicial del ciudadano Freddy Rodolfo Quiaro Santamaría, ut supra identificados, contra la Resolución Nº 00- 028 de fecha dieciocho (18) de septiembre de 2000, suscrita por el ciudadano Director Presidente del Instituto Autónomo de Policía del Estado Bolivariano de Miranda (IAPEM) adscrito a la Gobernación del Estado Bolivariano de Miranda, mediante la cual se resolvió declarar sin lugar el recurso de reconsideración interpuesto por el hoy querellante, ratificando en todas y cada una de sus partes el acto administrativo destitutorio contenido en el Oficio Nº 0155 de fecha treinta (30) de agosto de 2000; correspondiendo su conocimiento al Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, quien lo admitió el diecinueve (19) de marzo de 2001 y practicó las citaciones y notificaciones de Ley. Posteriormente, la apoderada judicial del Ente querellado dio contestación al recurso interpuesto dentro del lapso de ley; se abrió el lapso probatorio y sólo la representación judicial de la parte querellante promovió las probanzas que consideró pertinentes las cuales fueron admitidas el veinte (20) de abril de 2001; el 8/1/2002 se fijó oportunidad para la celebración del acto de informes; el 22/1/2002 se dejó constancia de la incomparecencia de las partes al acto de informes y se dijo “Vistos”. Ulteriormente, el diez (10) de agosto de 2004, el Juez Temporal entrante se abocó al conocimiento de la causa ordenando practicar las notificaciones de Ley para su reanudacion, a tenor de lo previsto en los artículos 90 y 233 del Texto Adjetivo Civil, lo cual se cumplió; el 27/9/2004 se dictó auto fijando el lapso de sesenta días (60) consecutivos para dictar sentencia. Mediante diligencia estampada en fecha veintiuno (21) de febrero de 2008, la apoderada judicial de la parte querellada solicitó la declaratoria de Perención de la Instancia, conforme a lo establecido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, alegando como última actuación en el expediente la diligencia estampada por la apoderada judicial del querellante en fecha catorce (14) de febrero de 2005, a través de la cual solicitó pronunciamiento de mérito. En fecha dieciocho (18) de abril de 2008, el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital realizó la redistribución de causas, en acatamiento a lo acordado en Acta Nº 2008- 002, fechada once (11) de ese mismo mes y año, levantada en el Libro de Actas llevado por el Juez Coordinador, para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 4 de la Resolución Nº 2007- 0017, de fecha nueve (9) de mayo de 2007, emanada de la Sala Plena del Máximo Tribunal de la República, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.701, de fecha ocho (8) de junio de 2007; correspondiendo el conocimiento de la causa a este Tribunal quien la recibió en fecha 21 de abril de 2008 según Nota de Secretaría estampada el 5 de mayo del corriente año; en esa misma fecha se dictó auto mediante el cual se ordenó darle entrada al expediente y anotarlo en los libros respectivos, abocándose a su conocimiento la Juez de este Despacho quien ordenó practicar la notificación de las partes para su reanudacion por encontrarse paralizada, ello a tenor de lo previsto en los artículos 14, 90 y 233 del Texto Adjetivo Civil, quedando signada bajo el Nº 2008- 520. Se practicaron las notificaciones ordenadas. Reanudada la causa se dictó auto fechado 31 de julio de 2008, mediante el cual se negó el pedimento de declarar la perención de la instancia, formulado por la apoderada judicial del Ente querellado por ante el Juzgado que venía conociendo, por cuanto la causa se encuentra en etapa de sentencia luego de haberse dicho “Vistos”, y a los fines de emitir el fallo definitivo, se fijó el lapso de sesenta (60) días consecutivos computados a partir de esa fecha. Cumplidos los trámites procedimentales establecidos en la derogada Ley de Carrera Administrativa, aplicable al caso de marras, en virtud del principio ratione temporis y siendo la oportunidad procesal para emitir el pronunciamiento de mérito, esta Jurisdicente pasa a hacerlo en los términos siguientes: II OBITER DICTUM PUNTO PREVIO DEL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA Y DE LA GESTIÓN CONCILIATORIA Antes de entrar a analizar el fondo de la controversia, es menester traer a colación lo previsto en el parágrafo único del artículo 15 de la extinta Ley de Carrera Administrativa, que prevé: “Artículo 15.- Las Juntas de Avenimiento serán instancias de conciliación ante las cuales podrá dirigirse, mediante escrito, cualquier funcionario cuando crea lesionados los derechos que le otorga esta Ley. PARÁGRAFO ÚNICO: Los funcionarios públicos no podrán intentar válidamente ninguna acción ante la jurisdicción contencioso-administrativa sin haber efectuado previamente la gestión conciliatoria ante la Junta de Avenimiento”. (Destacado y cursiva de este Tribunal). En ese sentido, debe indicarse que el procedimiento administrativo constituye una garantía de los derechos de los administrados, persiguiendo fundamentalmente la pronta y eficaz satisfacción del interés general, mediante la actuación de los Órganos de la Administración, quienes actúan simultáneamente en calidad de intérpretes y árbitros dentro del procedimiento sometido a su conocimiento. De modo que, la actuación de la Administración en el Estado de Derecho, se encuentra sujeta al principio de legalidad y cuando actúa en detrimento de este principio, se activan los mecanismos atinentes a los recursos administrativos para la protección jurídica de los administrados, con lo que se pretende lograr el restablecimiento de la legalidad infringida. Así pues, si bien es cierto que los recursos administrativos constituyen una garantía jurídica de los administrados ante una decisión administrativa que les afecta, no es menos cierto, que la administración tiene la potestad de revisar sus propias decisiones (potestad de autotutela). Dicha revisión debe ser tramitada ante el propio organismo autor del acto, dado que es un presupuesto necesario para la impugnación por parte del particular en Sede Jurisdiccional (privilegio de la administración). Cabe destacar que los supuestos fácticos que dieron origen a las presentes actuaciones, sucedieron durante la vigencia de la derogada Ley de Carrera Administrativa, que conjuntamente con su Reglamento (vigente) regulaban la materia funcionarial a nivel nacional, tanto en el ámbito sustantivo como adjetivo. De modo que las Leyes Estadales, las Ordenanzas Municipales y cualquier otro cuerpo normativo de la misma categoría, no resultaban aplicables en el ámbito adjetivo, pues la doctrina imperante y la jurisprudencia estimaban que dichas normas no podían limitar el acceso a los Órganos Jurisdiccionales, como lo sería, la interposición de los recursos administrativos antes de acudir a la jurisdicción contencioso administrativa. En tal sentido, bajo el imperio de la derogada Ley de Carrera Administrativa, constituía un requisito de cumplimiento obligatorio, el agotamiento previo de la gestión conciliatoria ante la Junta de Avenimiento para acceder a la jurisdicción contencioso administrativa, tal como lo preveía el parágrafo único del artículo 15 ut supra citado. Así pues, durante la vigencia del citado Texto Legal, los funcionarios públicos debían agotar la vía administrativa a través de la Junta de Avenimiento, dado que era un requisito ineludible para poder recurrir por ante la vía jurisdiccional, sin que ésta pudiese darse por cumplida con la interposición de los recursos en sede administrativa, toda vez que, la naturaleza de ambas instituciones resulta distinta, pues a diferencia de los recursos administrativos, no se busca a través de la gestión conciliatoria realizar un control de la legalidad de la situación planteada, sino un arreglo amistoso, aunado al hecho que tal solicitud no requería la utilización de formalismos y tecnicismos jurídicos. Para mayor abundamiento, debemos traer a colación el criterio sustentado por la Sala Político Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia, en sentencia de fecha 12 de diciembre de 1996, que resaltaba el carácter obligatorio del agotamiento de la gestión conciliatoria ante la Junta de Avenimiento para posteriormente recurrir en sede Jurisdiccional. Al ser ello así puede inferirse que ambas instancias -gestión conciliatoria y recursos administrativos- son de distinta naturaleza, no pudiéndose sustituirse entre sí, resultando suficiente para la interposición del recurso contencioso administrativo funcionarial la presentación de la solicitud por ante la Junta de Avenimiento, no encontrándose obligado el funcionario a esperar un pronunciamiento de esa Instancia. Ante tal circunstancia, se puede concluir que el criterio jurisprudencial establecido para la época en que se encontraba vigente la Ley que regía las relaciones de empleo público, establecía la obligación que tenían los funcionarios públicos de presentar una solicitud por ante la Junta de Avenimiento para agotar la gestión conciliatoria y en caso de no existir ésta, debían ocurrir por ante el Jefe de Personal o ante el Órgano respectivo, a los fines de lograr la constitución de dicha Junta y poder así agotar la vía conciliatoria. En el caso de marras, pudo constatarse que el hoy recurrente ciudadano Freddy Rodolfo Quiaro Santamaría, interpuso formal querella funcionarial contra la Resolución Nº 00- 028 de fecha dieciocho (18) de septiembre de 2000, suscrita por el Director Presidente del Instituto Autónomo de Policía del Estado Bolivariano de Miranda, mediante la cual se resolvió declarar sin lugar el recurso de reconsideración presentado contra el acto administrativo destitutorio contenido en el Oficio Nº 0155 de fecha treinta (30) de agosto de 2000, encontrándose vigente para esa fecha la Ley de Carrera Administrativa. En consecuencia, el querellante tenía la carga de agotar la gestión conciliatoria, prevista en el parágrafo único del artículo 15 de la derogada Ley, y dado que no consta en autos se hubiere realizado dicho trámite, resulta forzoso para esta Jurisdicente declarar inadmisible sobrevenidamente el recurso interpuesto por no haberse agotado la gestión conciliatoria, tal como se establecerá en el dispositivo del presente fallo. Y así se declara. III DECISIÓN Por las razones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital con Sede en Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, resuelve: Primero: Declarar Inadmisible de manera sobrevenida el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial (Nulidad de Acto), interpuesto por la abogada Marisela Cisneros Añez, actuando en su carácter de apoderada judicial del ciudadano Freddy Rodolfo Quiaro Santamaría, ut supra identificados, contra la Resolución Nº 00- 028 de fecha dieciocho (18) de septiembre de 2000, suscrita por el Director Presidente del Instituto Autónomo de Policía del Estado Bolivariano de Miranda (IAPEM) adscrito a la Gobernación del Estado Bolivariano de Miranda, mediante la cual se resolvió declarar sin lugar el recurso de reconsideración presentado contra el acto administrativo destitutorio contenido en el Oficio Nº 0155 de fecha treinta (30) de agosto de 2000; por no haberse agotado la gestión conciliatoria prevista en el parágrafo único del artículo 15 de la derogada Ley de Carrera Administrativa, aplicable ratione temporis al caso de marras. Segundo: Por cuanto la presente decisión se dicta dentro del lapso de Ley, se hace inoficioso practicar la notificación de las partes. Asimismo, y en acatamiento a lo previsto en el artículo 97 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, Nº 6.286, de fecha 30 de julio de 2008, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Nº 5.892 Extraordinario, de fecha 31 de julio de 2008, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público, notifíquese el contenido de este fallo a la ciudadana Procuradora General del Estado Bolivariano de Miranda, bajo Oficio, remitiéndole copia certificada del mismo. Así se decide. Publíquese, regístrese, diarícese, comuníquese y déjese copia certificada. Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho del Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital con Sede en Caracas. En la ciudad de Caracas, a los veintitrés (23) días del mes de octubre del año dos mil ocho (2008). Años: 198° de la Independencia y 149° de la Federación. LA JUEZ, SOL E. GÁMEZ MORALES EL SECRETARIO, RADAMÉS BRAVO CALDERA En la misma fecha, 23 de octubre de 2008, siendo las 2:00 post meridiem, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior decisión, quedando signada bajo el N° 2008/ 207. EL SECRETARIO, Sentencia Interlocutoria con Fuerza de Definitiva. Materia: Contencioso Administrativo. Exp. Nº 2008- 520. SEGM/rbc/lvm/paz.