En el Juicio que por cobro de ACCIDENTE DE TRABAJO, intentara el ciudadano YOEL ALBERTO MORENO, titular de la cedula de identidad No.14.319.702, debidamente asistido por el abogado LUIS BASTIDAS, Inscrito en el Inpreabogado bajo el No.63.732, contra de la empresa PORCIVEN C.A. En fecha 18 de junio de 2008 se le ordena a la parte actora subsanar el escrito libelar, con fundamento al artículo 123 de la ley Orgánica Procesal del Trabajo, ordinal 3 en tal sentido se señala: numeral 3 del artículo 123 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, por cuanto: En tal sentido, y conforme al numeral anteriormente trascrito, la parte demandante debe precisar: Realizar las narrativas referentes a los numerales que se señalan a fin de tener mejor precisión en el concepto de DAÑO MORAL, todo ello de acuerdo a lo establecido en la jurisprudencia SCS-000163-09/08/02: “comprobados que tanto la legislación especial laboral (560 LOT) como el derecho común (artículos 1185 y 1193 CCV.), prevén los casos de enfermedad profesional o accidente de trabajo, bien se trate de un caso de responsabilidad objetiva o subjetiva….podrá prosperar la indemnización por daño moral, para lo cual, el juzgador deberá inexorablemente considerar, a los fines de la estimación los parámetros fijados por esta sala, en los siguientes términos: A) entidad del daño (escala de sufrimientos morales) B) grado de culpabilidad del accionado C) conducta de la victima D) grado de educación y cultura del reclamante E) posición económica y social del reclamante F) capacidad económica del accionado G) atenuantes a favor del accionado y tipo de retribución satisfactoria que requiere la victima para ocupar una posición similar a la de antes del accidente o enfermedad profesional 1.- Indicar la razón por la cual demanda 30 días de Bono Vacacional. 2.- Indique la fórmula matemática para el concepto Vacaciones Fraccionadas, por lo cual demanda 26, 25 días por una antigüedad de siete (7) meses. 3.- Utilidades fraccionadas: motivo por el cual demanda 60 días. 4.-Fundamento jurídico por el cual demanda lo establecido en el Artículo 125, indique si el trabajador se amparó por estabilidad Laboral y resultados de la providencia administrativa.- En Sentencia de fecha 12 de Abril del 2005, dictada por la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia, con Ponencia del Magistrado JUAN RAFAEL PERDOMO, se estableció: …En términos generales el despacho saneador constituye una manifestación contralora encomendada al juez competente, a través de la facultad de revisar la demanda in limine litis, con el fin de obtener un claro debate procesal o evitar la excesiva o innecesaria actividad jurisdiccional que pueda afectar el proceso. La naturaleza jurídica de esta Institución puede ser establecida a partir del objeto de la misma, que es, como se dijo, depurar el ulterior conocimiento de una demanda cuando adolece de defectos en el libelo o vicios procesales. Por ello se ha atribuido al juzgador, como director del proceso y no como espectador, no sólo la facultad sino también la obligación, de controlar que la demanda y la pretensión en ella contenida, sean adecuadas para obtener una sentencia ajustada a Derecho. Comúnmente esta actividad contralora del juez es exigida en la primera etapa del proceso, dependiendo del defecto que la motive. Cabe insistir en que el control sobre los presupuestos no debe darse en etapas finales del juicio, sino que debe estar ligado al despacho saneador, como una facultad y un deber del juez competente que permita terminar el proceso, u ordenar su depuración, en cualquier momento en que constate la ausencia de un presupuesto procesal o un requisito del derecho de acción que requiera de su fenecimiento o que por medio de un auto de reposición que haga renovar, en casos específicos, el acto al momento oportuno para aplicar el correctivo formal del caso, sin esperar que el control sea requerido por el opositor de una excepción. Todo ello con la finalidad de evitar al juez, cumplidas las etapas sustanciales, llegue a un pronunciamiento formal en el que constate la existencia de obstáculos o impedimentos trascendentales para emitir una sentencia de fondo, ya por invalidez o ineficacia, pero siempre buscando un control para remediarlos. Es igualmente necesario advertir que no puede caerse en una interpretación excesiva del principio de especificidad en materia de nulidades toda vez que no siempre el legislador ha de tutelar todos los casos posibles sancionables.- El derecho fundamental a la tutela judicial efectiva exige que los particulares accedan a instrumentos procesales que sean aptos desde el punto de vista formal para el procesamiento de la pretensión. No es suficiente la mera comprobación de que hubo decisión en derecho, pues deben respetarse los presupuestos que sean indispensables para conocer el fondo del proceso. Una providencia de inadmisibilidad, debidamente fundamentada, satisface el derecho a la tutela efectiva. Siendo infructuosas la actuación del ciudadano alguacil para notificar al ciudadano YOEL ALBERTO MORENO, titular de la cedula de identidad No.14.319.702, procediendo este juzgado a su notificación en la cartelera del Tribunal con apego a lo resuelto por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 24 de abril de 2.003. Observando lo anterior y en virtud que el actor no corrigió ninguno de los parámetro ordenados en el despacho saneador, los cuales son de trascendental importancia a los fines de que el proceso corra sin vicios que contraríen el debido proceso