TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ARAGUA
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA
TRIBUNAL SEXTO DE CONTROL
Maracay, 29 de Abril de 2009
199° y 150°

CAUSA N°: 6C-20.867/09
JUEZ: ABG. EMPERATRIZ DEL PILAR DIAZ
FISCAL 2º MP: ABG.GIANNA PARRA
IMPUTADO: ANA ANTONIA BALLINOTTE GARCÍA
MARYURI ALEXANDRA TORRES
JEAN CARLOS DIAZ PEREIRA
DEFENSA: ABG. HENRY PAÚL CABALLERO
SECRETARIA: ABG. MARIA EUGENIA BORGES
DECISIÓN: ACUERDA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA

Vista la solicitud de revisión presentada por la ABG, HENRY PAÚL CABALLERO, Defensa Privada de los Imputados ANA ANTONIA BALLINOTTE GARCÍA MARYURI ALEXANDRA TORRES, JEAN CARLOS DIAZ PEREIRA, venezolanos, titulares de las Cédulas de Identidad V-11.663.632, V-20.895.522 y V-20.896.346, residenciado el primero en Barrio Palo Negro, Sector la Carrizalera, calle 04, casa N° 102, Estado Aragua, y el segundo y el tercero en Barrio Palo Negro, Sector La Carrizalera, Casa N° 61, Estado Aragua; este Tribunal se pronuncia de la siguiente manera:
Es necesario aclarar a la parte solicitante, que esta Juez en principio no puede, ni debe emitir pronunciamiento alguno acerca de las circunstancias que sirvieron para comprobar las exigencias de los ordinales 1ero y 2do del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal; porque se supone que las mismas ya fueron suficientemente estudiadas anteriormente por este Tribunal de Control en la Audiencia Especial de Presentación celebrada en fecha 05 de Abril del presente año, lo cual motivó el decreto de Privación de Libertad, a menos que existan elementos nuevos que anulen o aminoren las circunstancias de PELIGRO DE FUGA que pudiera representar la Imputada, si éstos quedara en libertad.
En este escrito la defensa solicita la revisión de la Medida de Privación de Libertad de sus defendidos aduciendo consideraciones que se toman en cuenta para la decisión que ha de recaer en esta oportunidad.
El Código Orgánico Procesal Penal establece, que para la Privación Preventiva de la Libertad es necesario que exista un hecho punible cierto y comprobado en los términos establecidos en la Ley, que el mismo merezca pena privativa de libertad y que no esté evidentemente prescritos; es menester, además que haya fundados elementos de convicción que vinculen a los acusados con el hecho punible motivo del proceso y que haya una presunción razonable de peligro de fuga o de obstaculización de la justicia, tal como lo indica el artículo 251 Eiusdem.
Así pues, es claro que la medida judicial preventiva privativa de libertad, como medida extrema que es, tiene como una de sus principales características el de la instrumentalizad, esto no es un fin en si misma, se establece dentro de un proceso y, en concreto, atiende a la ejecución de la sentencia que ha de dictarse. Esta providencia cautelar tiende a asegurar las resultas del juicio expresadas en la sentencia definitiva. Pero también tiene o esta investida tal medida de una característica que tiene que ver con la posible variación que pueda sobrevenir en las condiciones o circunstancias que justificaron en su momento la imposición de la medida cautelar.
La regla rebus sic stantibus hace referencia a la dependencia de la vigilancia de la prisión preventiva en un proceso determinado, de la subsistencia o invariabilidad de las razones y motivos que constituyen la base de la adopción. En su virtud, si dichos motivos desaparecen o varían a lo largo de la causa, correlativamente la medida cautelar ha de sufrir los efectos derivados de tal modificación y consecuentemente debe ser levantada o acomodada a la nueva situación.
Dicho lo anterior y del análisis y revisión del caso en esta oportunidad se observa que los imputados ANA ANTONIA BALLINOTTE GARCÍA MARYURI ALEXANDRA TORRES, JEAN CARLOS DIAZ PEREIRA Antes identificados, y a quienes se le imputa la presunta comisión del delito de HURTO AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 452 ordinal 8° del Código penal, que deberá probarse en el Juicio Oral y Público correspondiente, como lo establece el Código Orgánico Procesal Penal.
Este Juzgador considera que los referidos ciudadanos no se sustraerán a la acción de la justicia, quedando totalmente vinculada a esta causa, aún si se le enjuiciara en libertad, porque la privación lo que busca es evitar el peligro de fuga o de obstaculización de la justicia, y garantizar que se presentará al juicio en la fecha en que se le sea fijado. No se trata ni se puede creer que una revisión de medida de privación de libertad sea la concesión de un aval o una manifestación implícita de inocencia, principio este que de suyo ya se encuentra garantizado por la Constitución Nacional al establecer el principio de la presunción de inocencia, (recogido también en el Código Orgánico Procesal Penal), sino más bien de una expresión concreta del principio de la tutela efectiva, de las garantías y derechos constitucionales de todo ciudadano, que el acusado puede ser juzgado con una modalidad de libertad condicionada o restringida, que en el fondo permite que un acusado esté fuera de una situación penitenciaria, pero ligado inexorable al proceso que se le sigue y en el cual se determinará su culpabilidad.
Con fundamento en lo anterior expuesto, se observa que las circunstancias que motivaron la Medida Privativa de Libertad decretada en la Audiencia de Presentación han variado, es por ello que quien aquí decide considera, que ante estas circunstancias; en salvaguarda del principio de Afirmación de Libertad consagrado en los artículos 9 y 243 del Código Orgánico Procesal Penal, en uso de la facultad otorgada en el Artículo 264 ejusdem, Por todo lo antes expuesto, este Tribunal Sexto de Control, del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, ACUERDA Sustituir la Medida de Privación de Libertad que actualmente pesa sobre los imputados ANA ANTONIA BALLINOTTE GARCÍA MARYURI ALEXANDRA TORRES, JEAN CARLOS DIAZ PEREIRA Antes identificados, y otorgar UNA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA DE LIBERTAD, a favor de los prenombrados imputados, de conformidad con lo establecido en el articulo 256 ordinales 3°, 5° y 6° del Código Orgánico Procesal Penal, consistente en:
1.- La presentación cada OCHO (08) días ante la oficina del Alguacilazgo, son pena de revocatoria de este beneficio.
2.- Prohibición de acercarse al sitio donde ocurrieron los hechos y
3.- Prohibición de acercarse a la víctima.
Esta decisión se toma con base a la norma del artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 438, 256 del Código Orgánico Procesal Penal, en sus numerales 3°, 5° y 6°. Notifíquese a las partes. Líbrese la correspondiente Boleta de Libertad. Déjese copia. Diarícese.
LA JUEZ,

ABG. EMPERATRIZ DEL PILAR DIAZ.

LA SECRETARIA,

ABG. MARIA EUGENIA BORGES.

En la misma fecha se cumplió lo ordenado

La Secretaria.
Causa Nro. 6C-20.867/09