TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Vigésimo Segundo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas
Caracas, veintiocho de abril de dos mil nueve
199º y 150º
ASUNTO : AP31-M-2008-000650

PARTE ACTORA: BANCO DE VENEZUELA, S.A. BANCO UNIVERSAL, Sociedad Mercantil domiciliada en la ciudad de Caracas, constituida originalmente por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil del Distrito Federal, en el tercer trimestre de 1890, bajo l Nro. 33, folio 36 vto, del Libro Protocolo Duplicado, inscrito en el Registro de Comercio del Distrito Federal en fecha 02 de Septiembre de 1890, bajo el Nro. 56, modificados sus Estatutos en diversas oportunidades siendo su última reforma la que consta de asiento inscrito en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, el 13 de Octubre de 2003, anotada bajo el Nro. 05, Tomo 146-A Sgdo.-
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: ANTONIO BELTRAN CASTILLO, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 45.021.-
PARTE DEMANDADA: Sociedad Mercantil EL BODEGON DE ALBERTINA, C.A., domiciliada en Maturín, Estado Monagas e inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, en fecha 21 de junio de 2002, bajo el Nro. 65, Tomo A-7, siendo su última modificación inscrita ante el citado Registro, el 09 de mayo de 2005, bajo el Nro. 62, Tomo A-5, en su carácter de deudora principal, en la persona de su Presidenta ciudadana, MARIALBERT TRINIDAD ALCANTARA DE SOUSA, titular de la cédula de identidad Nro. 11.780.506, en su carácter de fiadora solidaria.-
MOTIVO DE LA DEMANDA: COBRO DE BOLÍVARES.
ASUNTO: AP31-M-2008-000650.-
CAPITULO I
BREVE RESEÑA DE LA CONTROVERSIA
De la revisión de las actas que conforman el presente expediente se desprende que la presente demanda se inicia por libelo de demanda junto con sus recaudos, presentado por ante la Unidad de Recepción de Documentos del Circuito Judicial de los Juzgados de Municipio del Área Metropolitana de Caracas, en fecha catorce (14) de noviembre de dos mil ocho (2008), la cual fue recibida por ante la Secretaria de este Juzgado en esa misma fecha.-
En fecha diecisiete (17) de noviembre de dos mil nueve (2009), se procedió a la admisión de la demanda, ordenándose la citación de los demandados y librándose exhorto al Juzgado Distribuidor de Municipio de Los Municipios Maturín, Aguasay, Santa Bárbara y Zamora de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas,-
El 09 de diciembre de 2008, compareció el ciudadano Antonio Castillo, actuando en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, consignando diligencia en la cual solicitó se dejara sin efecto el despacho librado al Juzgado Distribuidor de Municipio de Los Municipios Maturín, Aguasay, Santa Bárbara y Zamora de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, ratificando dicha diligencia el día 12 de enero de 2009, a fin de tramitar la citación de conformidad con el articulo 345 del Código de Procedimiento Civil .-
En fecha catorce (14) de enero de 2009, se dictó auto mediante el cual se acordó hacerle entrega de la compulsa de citación a la representación de la parte actora, a fin de que gestione la citación de la parte demandada de conformidad con el articulo 345 del Código de Procedimiento Civil, dejándose sin efecto despacho y oficio librados..-
El apoderado judicial de la parte actora mediante diligencia de fecha 03 de febrero de 2009, dejó constancia de haber retirado compulsa de citación.-
Mediante diligencia de fecha 19 de febrero del año en curso, el apoderado de la actora solicitó se librara exhorto dirigido al Juzgado Distribuidor de Municipio de los Municipios Maturín, Aguasay, Santa Bárbara y Zamora de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas. El Tribunal acordó de conformidad con lo solicitado mediante auto de fecha 04 de marzo de 2009.-
El día 07 de abril de 2009, el apoderado judicial de la actora dejó constancia de haber retirado el oficio dirigido al Juzgado Distribuidor de Municipio de los Municipios Maturín, Aguasay, Santa Bárbara y Zamora de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas.
En fecha 24 de Abril de 2009, el ciudadano Antonio Castillo, apoderado judicial de la parte actora, consignó mediante diligencia el original del oficio Nro. 2214-09, de fecha 04 de Marzo de 2009 dirigido al Juzgado Distribuidor de Municipio de los Municipios Maturín, Aguasay, Santa Bárbara y Zamora de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, comisión y dos compulsas a los fines de que se libre rogatoria al Juzgado Noveno de Primera Instancia Civil, Mercantil Bancario con competencia Nacional y con sede en Caracas, con la finalidad de que el alguacil de dicho juzgado practique la citación de la parte demandada.-
Realizado el recuento de los sucedido en el curso de la causa, observa esta juzgadora, que el apoderado actor, en vez de procurar impulsar la citación de la parte demandada, por cualquiera de las tres (03) vías solicitadas y acordadas por Tribunal, vale decir, comisión: al juzgado de Municipio de los Municipios Maturín, Aguasay, Santa Bárbara y Zamora de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas; Rogatoria al Juzgado Noveno de Primera Instancia Civil, Mercantil Bancario con competencia Nacional y con sede en Caracas y, compulsa de citación, conforme al artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, durante el lapso que transcurrió desde la admisión de la demanda, en fecha 17 de noviembre hasta la fecha de la última solicitud, solo procedió a consignar tanto la compulsa de citación, como la comisión y la rogatoria.
Nuestro legislador ha facultado al Juez para proceder de oficio cuando se haya verificado la Perención de la Instancia, tal facultad se plasma en el Artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, el cual textualmente dice:
“La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la Sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del articulo 267 es apelable libremente.”
La figura de la perención es una institución procesal en virtud de la cual opera la extinción de la instancia por inactividad del proceso durante el lapso establecido por el legislador, siendo señalado por la Doctrina que esta es una de las formas anormales de terminación del proceso.- Al Estado, no le interesa mantener indefinidamente los juicios, pues ello perturba la paz social, jurídica y económica de la colectividad otorgándose, en consecuencia, mecanismos legislativos que permiten a las partes emplear vías extrajudiciales.
Al respecto el Dr. Rengel Romberg ha manifestado su criterio, al señalar:
“La perención de la Instancia es una figura que extingue el proceso no ya por un acto de parte, sino por la inactividad de las partes durante un cierto tiempo”
Por su naturaleza, la perención es de orden público, y así lo tiene establecido el Máximo Tribunal de Justicia en varias sentencias, entre las cuales cabe citar la siguiente:
“…Nuestro sistema es más radical, acogiendo como se ha dicho, el sistema italiano; la perención conforme al texto del artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, se verifica de derecho, vale decir ope legis, independientemente del requerimiento de la parte interesada y la consiguiente declaratoria judicial, lo cual no vendría sino a ratificar lo que virtualmente estaba consumado, pues la perención se opera desde el momento mismo en que ha transcurrido el término prescrito por la ley, ya que, conforme a la enseñanza de la tradicional doctrina sobre ella, existe con antelación a la solicitud de la parte interesada en hacerla valer”.
En nuestra ley procesal Civil, la perención se encuentra regulada en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece que:
“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes”.
También se extingue la instancia:
1ero.- Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiere cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado…”
En este orden de ideas nuestro Máximo Tribunal en sentencia Nro. RC-00537 de la Sala de Casación Civil, de fecha 06 de julio de 2.004, con Ponencia del ciudadano Magistrado Carlos Oberto Vélez, sostiene lo siguiente:
“Siendo así esta Sala establece que la obligación arancelaria que previo la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ente la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado articulo 12 de dicha ley y que igualmente deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los treinta días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en las que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando esta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste mas de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia, siendo obligación del alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigido en la ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación. Queda de esta forma modificado el criterio de esta Sala a partir de la publicación de esta sentencia, el cual se aplicará para las demandas que sean admitidas al día siguiente de la fecha en la cual se produzca esta. Así se establece.-“
De la revisión de las actas procesales que conforman el presente expediente se evidencia, que en ningún momento la parte actora consignó diligencia alguna dejando constancia de haber proporcionado a ningún alguacil los recursos y medios necesarios para el logro de la citación de la parte demandada, tal como lo señala la sentencia antes citada y en el presente caso han trascurrido más de cinco (05) meses, desde que se admitió dicha demanda, configurándose así la Perención de la Instancia a que se contrae el ordinal 1ero del articulo 267 del Código de Procedimiento Civil.
DISPOSITIVA:
Por los razonamientos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, este Juzgado VIGÉSIMO SEGUNDO DE MUNICIPIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, Administrando Justicia, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en el juicio que por Cobro de Bolívares sigue por ante este Tribunal, BANCO DE VENEZUELA, S.A. BANCO UNIVERSAL, Sociedad Mercantil domiciliada en la ciudad de Caracas, constituida originalmente por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil del Distrito Federal, en el tercer trimestre de 1890, bajo el Nro. 33, folio 36 vto, del Libro Protocolo Duplicado, inscrito en el Registro de Comercio del Distrito Federal en fecha 02 de Septiembre de 1890, bajo el Nro. 56, modificados sus Estatutos en diversas oportunidades siendo su última reforma la que consta de asiento inscrito en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, el 13 de Octubre de 2003, anotada bajo el Nro. 05, Tomo 146-A Sgdo, en contra de la Sociedad Mercantil EL BODEGON DE ALBERTINA, C.A., domiciliada en Maturín, Estado Monagas e inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, en fecha 21 de junio de 2002, bajo el Nro. 65, Tomo A-7, siendo su última modificación inscrita ante el citado Registro, el 09 de mayo de 2005, bajo el Nro. 62, Tomo A-5, en su carácter de deudora principal, en la persona de su Presidenta ciudadana, MARIALBERT TRINIDAD ALCANTARA DE SOUSA, titular de la cédula de identidad Nro. 11.780.506, y está última en su carácter de fiadora solidaria, produciéndose los efectos establecidos en los artículos 270 y 271 del Código de Procedimiento Civil.-
De conformidad con lo previsto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil no ha lugar a costas.-
Publíquese, Regístrese, Notifíquese y Déjese copia.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del JUZGADO VIGÉSIMO SEGUNDO DE MUNICIPIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, a los veintiocho (28) días del mes de abril de dos mil nueve (2009). Años 199° de la Federación y 150° de Independencia.
LA JUEZ,

Abg. FLOR DE MARÍA BRICEÑO BAYONA.-
LA SECRETARIA.,

Abg. DAYANA PARODI PEÑA.
Esmeralda.-