Visto el escrito presentado en fecha 27 de Marzo de 2009, por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Circuito Judicial Laboral, por el ciudadano PEDRO MIGUEL CALANDRIELLO CARDENASA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V- 14.182.949, actuando en su condición de Director de la demandada en el presente asunto Sociedad Mercantil MAP, C.A., quien se presenta debidamente asistido de la Abogada JOSHUA NAVARRO ACOSTA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V- 17.245.073, inscrita en el INPREABOGADO bajo el Nro. 132.081, a través del cual solicitan al Tribunal sea notificada como Tercero interesado al ciudadano GERARDO CHINEA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. 7.246.748, domiciliado en la Calle Las lajas, Edificio Acaréese, 2do. Piso, Apto. 04, San Matia, Santa Cruz de Tenerife, Gran Canarias España, y piden además que la notificación del presunto tercero se practique en la persona de su Apoderada Judicial Abogada Guillermina Castillo, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V- 5.157.659, omiten en el escrito de solicitud el Nro. del INPREABOGADO, pero citan el domicilio de la misma; ello por considerar el solicitante que la controversia es común entre su representada la Sociedad Mercantil MAP, C.A. y el que pretende ser llamado como tercero el ciudadano GERARDO CHINEA a éste procedimiento, todo bajo el fundamento del Articulo 54 de las Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Ahora bien, este Juzgado revisada como han sido la solicitud planteada así como las documentales acompañadas a dicha solicitud, pasa a pronunciarse sobre su admisión en los términos que a continuación se señalan: EN PRIMER LUGAR, se desprende de las actas procesales que la solicitud de tercería interpuesta por la demandada, ocurrió antes de la verificación de la audiencia preliminar, considerando este Tribunal que la referida solicitud de intervención de terceros se produjo dentro de la oportunidad procesal prevista en el artículo 54 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que establece: “El demandado en el lapso para comparecer a la audiencia preliminar, podrá solicitar la notificación de un tercero en garantía o de un tercero respecto al cual considere que la controversia es común o a quien la sentencia pueda afectar…”. En efecto, la mencionada disposición expresamente prevé que la intervención provocada –llamada así por la doctrina procesal moderna-, entendida esta como la facultad que poseen las partes principales (demandante o demandado) de solicitar el llamamiento de un tercero, por tener un interés común en la causa o por estar obligado a sanear o garantizar lo que pudiera ser decidido, puede ser solicitada por el demandado dentro del lapso de diez (10) días hábiles que dispone para comparecer a la audiencia preliminar, dicho de otro modo, la solicitud de tercería puede ser interpuesta por el demandado hasta la oportunidad de la audiencia preliminar, antes de vencido el “estado” correspondiente a la celebración de la audiencia. EN SEGUNDO LUGAR, este Tribunal es igualmente del criterio que el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución en virtud del poder de dirección que le otorga la legislación procesal del trabajo, debe suspender inmediatamente la realización de la audiencia preliminar por considerar que se pueden ver afectados por el proceso los intereses de terceros, tal y como fue acordado por el Juzgado Tercero de Sustanciación, Mediación y Ejecución, según auto dictado en fecha 12 de Julio de 2004. Ahora bien, se hace necesario resaltar que la Institución del Tercero en un sentido amplio, comprende a todas aquellas personas que no han participado directamente en un negocio jurídico o en la iniciación de un proceso judicial, los terceros, no son sujetos de la relación jurídica existente entre las partes principales o iniciales, observándose en el presente caso, según los alegatos y argumentos formulados por la parte demandada, que dicha solicitud va dirigida a la intervención forzosa del tercero ciudadano GERARDO CHINEA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. 7.246.748, bajo circunstancias que a su entender, lo obligan por vía de saneamiento ha ser traída a este proceso con fundamento que ha sido patrono del demandante, explicación muy escueta para sustentar lo solicitado, aunado que tampoco acompaña ningún documento o instrumento que avale lo sostenido para coadyuvar al Tribunal al pronunciarse respeto de lo pedido por la parte demandada en el presente asunto. Precisando en este acto quien decide, que por cuanto no se goza de ningún instrumento o medio que demuestre la condición de Apoderada Judicial de la persona natural que se pretende traer como tercero en el presente procedimiento, todo de conformidad al contenido del 47 de la ley Adjetiva Laboral. Aunado a esto, quien aquí decide observa que el presunto tercero, además está domiciliado fuera del territorio Nacional, por lo que a criterio de quien decide, no puede admitirse la Tercería, pues ello conllevaría a que se desvirtúe la Naturaleza Jurídica de la Institución del Tercero alegada, y parte en un mismo juicio, ello traería como consecuencia que se proscriba o desnaturalice la Tutela Judicial Efectiva que garantiza la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 257, que involucra algo mas que el acceso a la justicia, es decir, el derecho a obtener una decisión razonada y justa, a través de un proceso que resguarde las mínimas garantías constitucionales procesales que se encuentran consagradas en el Artículo 49 del texto constitucional, razón por la cual no puede admitirse la Intervención Forzada del Tercero llamado en la presente causa, Y ASÍ SE DECLARA. Por otra parte, la misma Ley Orgánica Procesal del Trabajo, prevé en el Título IV del Capítulo III, la figura procesal correspondiente a la “Intervención de Terceros”, que permite la inclusión en el proceso de otras personas distintas al demandante y al demandado, a fin de que estas puedan intervenir en resguardo de su propio derecho o en interés de lograr el triunfo de alguna de las partes. Como lo expresa el Dr. Devis Echandía, al señalar que la intervención del tercero implica, el beneficio material o moral que puedan recibir de la prosperidad o frustración de la demanda para intervenir como coadyuvantes. Y si fuera litisconsorte o principal excluyente, que se evidencie su interés en el resultado de la causa ya que la decisión que recaiga sobre la pretensión del actor y las excepciones del demandado, pueden lesionar o beneficiar su derecho como tercero, en virtud de su especial conexión con el objeto del proceso. (Sentencia dictada en fecha 20 de febrero de 2004, partes: Ileana Guillermina García contra C.A. La Electricidad de Caracas, Asunto N°: AP21-R-2004-000045 .Tribunal: 4° Superior (Juez Héctor Urdaneta Jiménez).