REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO SUPERIOR QUINTO AGRARIO Y CIVIL-BIENES DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO MONAGAS CON COMPETENCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGION SUR ORIENTAL.- Maturín 29 de Enero de 2.009 197º y 148º Exp. 3616 RECURRENTE: CNPC SERVICE VENEZUELA LTD, S. A., inscrita en el Registro Mercantil V de la Circunscripción judicial del Distrito Capital, bajo el No. 67 del Libro Tomo 575 – A Qto. el 16 de Agosto de 2.001 ABOGADO: GREGORY RAMIREZ MACHADO, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 122.659 Y de este domicilio. RECURRIDA: INSPECTORIA DEL TRABAJO DEL ESTADO MONAGAS. ASUNTO: Nulidad de providencia Administrativa contenida en el auto de fecha 18 de diciembre de 2.008, mediante el cual la Inspectoría del Trabajo del estado Monagas ordenó el reenganche y pagos de salarios dejados de percibir del ciudadano EDUARDO RAMON VALLENILLA, C. I. 9.281.483 (SUSPENSIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO) Primero: El artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, establece que podrá suspenderse los efectos de un acto administrativo de efectos particulares, cuya nulidad haya sido pedida, a solicitud de parte, cuando así lo permita la Ley o sea indispensable para evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación por la definitiva, teniendo en cuenta las circunstancias del caso. A tal efecto, se deberá exigir al solicitante preste caución suficiente para garantizar las resultas del juicio. Segundo: La empresa recurrente, en el escrito que contiene el recurso contencioso administrativo de anulación solicita la suspensión de los efectos del acto administrativo y señala que goza del buen derecho lo que se evidencia del acto administrativo y del expediente administrativo y que la solicitud tiene fin de evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación por la por la decisión tomada en la providencia administrativa que según alega se encuentra viciada de nulidad y que tal gravamen iría en detrimento de su patrimonio pues reenganchar y pagarle una suma de dinero por concepto de salarios caídos y sin posibilidad de recuperar las cantidades pagadas lo que implica un perjuicio patrimonial para la recurrente. Tercero: Considera este Juzgador que ciertamente, la pretendida nulidad trata de evitar el reingreso de los trabajadores a la empresa y el pago de los salarios dejados de percibir y si esta providencia se ejecutase, se causaría un daño inclusive económico, de imposible reparación por la definitiva, caso de resultar en definitiva nula la providencia administrativa impugnada. Más, sin embargo, la suspensión de los efectos del acto y una eventual declaratoria de sin lugar de la nulidad del acto, haciendo procedente el reenganche y pago de salarios dejados de percibir, si podría ser resuelto en la sentencia definitiva, razón por la cual este Tribunal considera que la medida solicitada es procedente. Así se decide. Cuarto: Como puede observarse la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, establece que de manera obligatoria debe caucionarse para acordar la medida de suspensión de efectos del acto administrativo, por lo que considerada procedente la misma y a los efectos de ordenar dicha suspensión, establece este Tribunal que deberá otorgarse una garantía equivalente a VEINTICINCO (25) salarios mínimos mensuales, que a razón de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE BOLIVARES 23/100 ( BS. 799,00) según Gaceta Oficial de la República de Venezuela No. 38.921 del 30 de abril de 2.008, asciende a la cantidad de Diecinueve Mil Novecientos Ochenta Bolívares con 75/100 (19.980,75) que deberá ser presentada en conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 590 del Código de Procedimiento Civil, DECISIÓN Por todo lo anteriormente expuesto, este Juzgado Superior Quinto Agrario, Civil Bienes de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, Impartiendo Justicia en Nombre de la república y por Autoridad de la Ley . Declara : PROCENTE la medida cautelar solicitada ORDENA: Que el solicitante presente una garantía a satisfacción del tribunal de hasta 25 Salarios Mínimos, es decir la cantidad de Diecinueve Mil Novecientos Ochenta Bolívares con 75/100 (19.980,75) ) y una vez acreditada a satisfacción de este Juzgado en conformidad con lo dispuesto en el artículo 590 del Código de Procedimiento Civil, se procederá a decretar la suspensión de los efectos del acto administrativo impugnado. Se conceden Quince (15) días hábiles para la consignación de la garantía aquí exigida de lo contrario, será revocada. El Juez Titular, Luis E. Simonpietri R La Secretaria Temporal Mary J. Cáceres