JUZGADO SEGUNDO DE RIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA. Maracay, 28 de enero de 2009. Años: 198º y 150º Exp. Nº 45907-07 Se inició el presente juicio en fecha “02 de marzo de 2007”, cuando el abogado en ejercicio FELIPE MARIN LOPEZ, inscrito en el Instituto de Previsión Social del abogado bajo el Nº 50521, en su carácter de Apoderado Judicial de la SOCIEDAD MERCANTIL INVERSIONES CRISTIANAS MARANATHA C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo Del Estado Aragua en fecha 30 de octubre de 2006, bajo el Nº 51, tomo 61-A; interpuso demanda de COBRO DE BOLIVARES, contra la ciudadana YLDA COROMOTO GUERRERO VIVAS, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 11.914.638. Por auto de fecha 08 de marzo de 2007, se le dio entrada y se ordeno la comparecencia de la parte demandada. En fecha 27 de noviembre de 2007 se recibe y se consigna en el expediente el oficio remitido por el Director de Dactiloscopia y Archivo Central de la ONIDEX con los datos filiatorios de la parte demandada a los fines de practicar la citación. Ahora bien, este Tribunal observa: La institución de la perención de la instancia, comporta la ausencia absoluta de cualquier actividad tendente a impulsar el proceso. En tal sentido, tomando en cuenta la circunstancia de que el interés procesal subyace en la pretensión inicial del actor y debe subsistir en el curso del proceso, es necesario considerar que la inactividad que denota desinterés procesal, se manifiesta precisamente por la falta de interés en el devenir del proceso que hace presumir que el actor realmente no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al Tribunal a tal fin. Según el artículo 269 del mismo Código, la perención se verifica ope-legis y no es renunciable por las partes, incluso puede declararse de oficio. La obligación arancelaría que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el artículo 12 de la precitada ley, que deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los accionantes de la tutela jurídica del Estado dentro de los 30 días calendario siguientes a la admisión de la demanda o su reforma, que no son solamente de orden económico, mediante la presentación de diligencias en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del sujeto pasivo y particularmente cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste a más de 500 metros de la sede del tribunal, en virtud de implicar el traslado al sitio de la citación un mayor costo; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención breve de la instancia, siendo obligatorio igualmente para el Alguacil dejar constancia en el expediente, que la parte accionante le proporcionó lo exigido en la ley a fin de realizar las diligencias subsiguientes y pertinentes a la consecución de la materialización de la citación. Igualmente el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, establece que toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto del procedimiento por las partes, de manera que conforme a la disposición mencionada y aplicando a la sucinta cronología de actuaciones procesales anteriormente relatadas las consideraciones precedentes, constatado que desde el día 27 de noviembre de 2007, hasta la presente fecha 28 de enero de 2009, en unidades de tiempo y espacio transcurrieron un (1) año, dos (2) meses, y un (1) día, es decir, un tiempo que excede el previsto por el legislador patrio para que opere la sanción de la perención, es por lo que este Tribunal, en virtud de la omisión o incumplimiento de la carga procesal del accionante, indefectiblemente DECLARA LA PERENCIÓN DE INSTANCIA, de conformidad con lo previsto en el artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial adminiculado con el ordinal primero del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil en el juicio que por COBRO DE BOLIVARES incoara SOCIEDAD MERCANTIL INVERSIONES CRISTIANAS MARANATHA C.A. contra YLDA COROMOTO GUERRERO VIVAS. Así se decide en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley. En relación con la medida preventiva decretada, se proveerá en el cuaderno respectivo. LA JUEZA PROVISORIA, Dra. LUZ MARÍA GARCÍA MARTÍNEZ LA SECRETARIA ACC, LUZ MIRURGIA BLANCA LMGM/gem.- Exp: 45907-07