REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

JUZGADO TERCERO DE LOS MUNICIPIOS GIRARDOT Y MARIO BRICEÑO IRAGORRY
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA

PARTE ACTORA: MUCI FADEL & CIA, inscrita por ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en fecha 12 de febrero de 1993, según asiento N° 65, Tomo 536-A, siendo su última reforma en fecha 29 de diciembre del 2000, asiendo N° 22, Tomo 63-A.- PARTE DEMANDADA: RICHARD ALEXANDER ZAMBRANO CONTRERAS, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro. 13.649.215.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: MANUEL ALFONSO BIEL MORALES, CLAUDIA CAROLINA PUERTA RODRIGUEZ, EINER ELIAS BIEL MORALES Y SUMNER JOSE BIEL MORALES, abogados en ejercicio, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 36.075; 86.588; 13.395 Y 22.203 respectivamente.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: No tiene abogado acreditado en autos.
MOTIVO: RESOLUCION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
EXPEDIENTE: 9371
PERENCION DE LA INSTANCIA

Se inicia el presente juicio por demanda de Resolución de Contrato de Arrendamiento interpuesta por el abogado Manuel Alfonso Biel Morales, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 36.075, por los trámites del Juicio Breve, actuando en su carácter de apoderado judicial de la Sociedad de Comercio “MUCI FADEL & CIA”, y admitida en fecha 07 de Agosto de 2.006. En fecha 18 de septiembre de 2006, la abogada Tyhani Cásares se avoca al conocimiento de la causa. Cumplidos todos los trámites para la citación. En fecha 09 de abril de 2007, el alguacil consigna el recibo de citación y la compulsa por cuanto le fue imposible localizar al demandado. En fecha 07 de mayo de 2007, la parte actora solicita la citación por carteles de la parte demandada. En fecha 10 de mayo de 2007, fueron emitidos dichos carteles. En fecha 12 de Mayo de 2007, la parte actora consigna los ejemplares del Periodiquito y Aragüeño donde fueron publicados los carteles de citación respectivos. En fecha 15 de Junio de 2007, la suscrita secretaria de este Despacho deja constancia que procedió a fijar los carteles en la morada del demandado. En fecha 30 de octubre de 2007 la parte actora solicita se nombre defensor de Oficio a la parte demandada. En fecha 05 de noviembre de 2007, el Tribunal procede a designarle defensor de oficio a la Abog. Krystel Vásquez, inscrita en el Inpreabogado N° 120.093. En fecha 19-01-2009 el Juez Temporal RICARDO SPERANDIO ZAMORA, se avoca al conocimiento de la presente causa.

El Código de Procedimiento Civil, utiliza el término instancia en dos sentidos diferentes, uno, como solicitud, petición o impulso, cuando alguna disposición exige que el Juez proceda a instancia de parte, y dos, como proceso judicial de conocimiento, desde que se inicia con la demanda, hasta la sentencia definitiva de fondo. “[…] La regla general en materia de perención, expresa que el sólo transcurso del tiempo, sin que las partes hubieren realizado actuaciones que demuestren su propósito de mantener el necesario impulso procesal, origina la perención y se verifica de derecho y puede declararse de oficio, como lo prevé el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil […]”.

De conformidad con el ordinal 1° del artículo 267 el eiusdem, se extingue la instancia: “Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de la admisión de la demanda, el demandante no hubiese comparecido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado”. Y el artículo 269 eiusdem, dispone: “La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal [...]”.
En las disposiciones antes transcritas, el término instancia es utilizado como impulso, el proceso se inicia a impulso de parte, y éste perime en los supuestos de la disposición legal, provocando su extinción. La denominada perención breve es un acontecimiento que se produce por la falta de impulso procesal por más treinta (30) días una vez admitida la demanda, y la norma que la regula ha sido considerada como cuestión de orden público, es un modo de extinguir el procedimiento producida por la inactividad de la actora en impulsar la citación del demandado. El incumplimiento de esta obligación, se hace efectivo cuando la actora no facilita la labor del Alguacil del Tribunal en cuanto a su traslado al domicilio de la demandada y fundamentalmente por ante este despacho la consignación de los fotostátos para la elaboración de la compulsa, es decir, el incumplimiento a estas obligaciones básicas de la actora una vez admitida la demanda, por un lapso de 30 días continuos acarrea la sanción de perimir la instancia, puesto que el Estado por ser garante del proceso, está en la necesidad de evitar que los juicios se prolonguen indefinidamente, manteniendo en intranquilidad y zozobra a las partes y en estado de incertidumbre los derechos privados. Teniendo en fundamento que corresponde a la actora dar impulso al juicio y la falta de éste podría considerarse un tácito abandono de la causa, evidenciándose ampliamente la inactividad por parte del accionante desde que fue librada la boleta al Defensor Judicial, siendo menester señalar que la pendencia indefinida de los procesos conlleva el riesgo de romper con el principio procesal de la seguridad jurídica.

De acuerdo con el principio contenido en el artículo 11 del Código de Procedimiento Civil, y reiterado por la necesidad del impulso de parte para la resolución de la controversia por el tribunal de la causa, el de alzada o por la Sala de Casación Civil, al no poner en movimiento la actividad del tribunal mediante la pertinente actuación de la parte, se extingue el impulso dado, poniéndose así fin al proceso. Debe determinarse en el presente pronunciamiento que desde el 30 de octubre de 2007, fecha en que la parte actora solicitó el nombramiento del Defensor de Oficio de la parte demandada, hasta la presente fecha, transcurrieron en exceso los treinta (30) días que tenia la actora para impulsar la misma, produciéndose en consecuencia como efecto inmediato la perención breve.

En tal sentido, siendo la perención operable de pleno derecho al vencimiento del plazo de treinta días de inactividad, y siendo que esta declaratoria no tiene efectos constitutivos, sino declarativos, al verificar el juzgador en las actas procesales las circunstancias que determinan la procedencia de la perención, la debe declarar de oficio y ASI SE DECIDE.