REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE

JUZGADO SUPERIOR QUINTO DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL

En fecha 05 de febrero de 2009 el ciudadano LUÍS MIGUEL LANDAETA FRONTADO, titular de la cédula de identidad N° 17.960.202, asistido por el abogado Miguel Ángel Landaeta, Inpreabogado N° 123.466, interpuso ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Laboral del estado Vargas, solicitud de amparo constitucional, contra el incumplimiento de la Sociedad Mercantil SABRIKRST SERVICES, C.A., SERVICIOS ESPECIALES, a acatar la Providencia Administrativa Nº 135-2008 dictada en fecha 30 de mayo de 2008 por la Inspectoría del Trabajo en el estado Vargas, mediante la cual declaró con lugar la solicitud reenganche y pago de salarios caídos incoada por el mencionado ciudadano contra la aludida empresa.

En esa misma fecha (05-02-2009) se recibió, previa distribución, en el Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Vargas, la referida solicitud de amparo constitucional.

En fecha 06 de febrero de 2009 el mencionado Tribunal, dictó sentencia mediante la cual se declaró “INCOMPETENTE” y declinó la competencia en los Juzgados Superiores Contencioso Administrativo de la Región Capital, a cuyo Distribuidor ordenó remitir el expediente.

En fecha 11 de febrero de 2009 se dio por recibido en este Juzgado Superior, previa distribución, la presente solicitud de amparo constitucional.

I
DE LA ACCIÓN DE AMPARO

En el escrito contentivo de la acción de amparo, el accionante señala que “mantenía una relación laboral con la prenombrada Sociedad Mercantil desde el primero (1) de julio del año 2006, fu(e) despedido de manera arbitraria de (su) lugar de trabajo el 17 de abril del 2008, sin razón alguna y violando el Decreto Presidencial de Inamovilidad Laboral, por lo que, conforme a lo establecido la Ley Orgánica del Trabajo (se) ampar(ó) ante la Inspectoría del Trabajo correspondiente, la cual, luego de sustanciar el procedimiento administrativo correspondiente concluyó con la Providencia Administrativa N° 135/2008 de fecha treinta de mayo del dos mil ocho…”. Que, “hasta la presente fecha la Inspectoría del Trabajo ha hecho todas las gestiones posibles ante la empresa en cuestión, a los efectos de ejecutar dicha providencia y efectuar el Reenganche correspondiente, lo cual se puede evidenciar de los diferentes oficios de notificación y actas de visitas levantadas por los funcionarios que han visitado la sede de dicha empresa y en todas el ciudadano WILLIAM RODRIGUEZ quien se desempeña con el cargo de Supervisor General ha informado que luego de comunicarse vía telefónica con la Ciudadana SABRINA SALEMI, quien es la Directora de la Empresa, ésta siempre ha respondido que ‘NO VA EL REENGANCHE Y QUE SI QUIEREN QUE LA LLEVEN A TRIBUNALES’ (…), la última visita que se realizó según acta levantada por la Ciudadana Natalia Redondo, Comisionado Especial para la Inspección del Trabajo, fue el día treinta (30) de septiembre del 2008, obteniendo la misma respuesta por parte de la Empresa; inclusive la Inspectoría del Trabajo ha iniciado procedimiento sancionatorio pero ni con eso la empresa en cuestión procede a cumplir la orden de Reenganche y Pago de Salarios Caídos, es por lo que no (le) queda otro recurso que interponer la presente Acción de Amparo por la conducta contumaz y renuente de ésta empresa a cumplir con lo que estipula el Ordenamiento Jurídico Venezolano…”.

Que, “ésta Providencia Administrativa del Inspector del Trabajo ha debido ser cumplida de manera inmediata, y no colocarse al Accionante en un peregrinaje a fin de que se le diera cumplimiento a la orden impartida, en razón de que emanó del Órgano Competente en materia de Inamovilidad Laboral…”

Que, “el agraviante con esa conducta contumaz y rebelde, está lesionando el Derecho al Trabajo reconocido en el artículo 87 del texto constitucional, en virtud de haber desconocido primero: la inamovilidad laboral decretada por el Ejecutivo Nacional, y luego, con esa conducta grosera y desafiante al no reconocer la facultad otorgada por el legislador al Inspector del Trabajo para conocer, sustanciar y decidir lo referente a esa materia, al no acatar la Providencia Administrativa dictada como consecuencia del procedimiento llevado a cabo por esa Inspectoría, donde dicho sea de paso, tampoco compareció a ninguna de las citaciones que practicó ese organismo de la administración Pública, incluyendo el sancionatorio por desacato...”. Que ante esa situación se ve “afectado al no poder recibir el salario que (le) corresponde de conformidad con el artículo 91 del texto constitucional…”.

Por lo antes expuesto solicita se ordene al patrono el cumplimiento de la Providencia Administrativa N° 135-2008 dictada por la Inspectoría del Trabajo en el estado Vargas, procediendo de manera inmediata al reenganche y al pago de los salarios caídos.
II
DE LA COMPETENCIA

Corresponde a este Juzgado Superior pronunciarse respecto a la declinatoria de competencia que hiciera el Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Vargas, en fecha 06 de febrero de 2009, y en tal sentido observa que en fecha 20 de noviembre de 2002 la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, dictó sentencia N° 2862 con ponencia del Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz, (Caso Ricardo Baroni Uzcategui), en la cual dejó sentado lo siguiente:

“…las Inspectorías del Trabajo son órganos administrativos dependientes –aunque desconcentrados- de la Administración Pública Nacional, debe reiterarse en esta oportunidad que es la jurisdicción contencioso-administrativa la competente para el conocimiento de las distintas pretensiones que se planteen en relación con los actos administrativos dictados por los Inspectores del Trabajo, sea que se trate, entre otras, de la pretensión de nulidad a través del recurso contencioso administrativo, sean las pretensiones relativas a la inejecución de dichos actos como consecuencia de la inactividad de la Administración autora o bien del sujeto obligado –el patrono o el trabajador- para su ejecución; o, por último, sea que se trate de pretensiones de amparo constitucional con fundamento en lesiones que sean causadas por el contenido o por la ausencia de ejecución de dichos actos administrativos. De allí que no sólo no existe norma legal expresa que otorgue esta competencia a los tribunales laborales, sino que, de verificarse ésta, sería inconstitucional por violación del artículo 259 del Texto Fundamental.” (Negrillas de la sentencia parcialmente transcrita).

Asimismo, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia mediante sentencia N° 09 que dictara en fecha 02 de marzo de 2005, ratificó el criterio anterior señalando lo siguiente:
“(…) Al no estar de forma explícita en una norma expresa en este sentido, no puede pretender aplicarse una excepción al principio general de la universalidad del control por parte de los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa de los actos administrativos que se establece en el artículo 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
De allí, que al ser las providencias emanadas de las Inspectorías del trabajo, actos administrativos, una tesis que pretenda que el control judicial de tales actos corresponde a órganos que no forman parte de la jurisdicción contencioso administrativa “ordinaria”, sino de tribunales de la jurisdicción laboral (que en esos procesos actuarían como contencioso administrativos especiales), debe necesariamente apoyarse en una norma jurídica que expresamente establezca tal excepción al principio general, y en modo alguno cabe derivarse la misma de una norma que no existe en el presente caso.
Por tanto debe concluir esta Sala Plena que, ante la inexistencia de una norma legal expresa que atribuya a los Tribunales Laborales la competencia para conocer de las providencias emanadas de las Inspectorías del Trabajo, dicha competencia corresponde a los órganos contencioso administrativos competentes. Así se declara.”

Atendiendo al contenido de los fallos parcialmente transcritos observa este Tribunal, que en el presente caso consta a los folios nros. 13 al 17, Providencia Administrativa Nº 135-2008 dictada en fecha 30 de mayo de 2008 por la Inspectoría del Trabajo en el estado Vargas, mediante la cual declaró con lugar la solicitud reenganche y pago de salarios caídos incoada por el ciudadano Luís Miguel Landaeta Frontado, hoy accionante, contra la Sociedad Mercantil SABRIKRST SERVICES C.A., SERVICIOS ESPECIALES; igualmente riela al folio 46 Acta de fecha 22 de octubre de 2008, suscrita por la Inspectora del Trabajo de la mencionada Inspectoría, en la cual se acordó “Iniciar el Procedimiento Sancionatorio de Multa, a que se refiere el Título XI conforme a lo establecido en el Artículo 647 de la Ley Orgánica del Trabajo…”, de allí que estima este Órgano Jurisdiccional que en el presente caso se cumple con los requisitos establecidos en las sentencias anteriormente citadas, así como en la sentencia N° 2308 dictada en fecha 14 de diciembre de 2006 por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (Caso Guardianes Vigimán, S.R.L); en consecuencia este Órgano Jurisdiccional acepta la declinatoria de competencia para conocer en primera instancia de la presente acción de amparo, y así se decide.

III
ADMISIBILIDAD
De inmediato pasa el Tribunal a pronunciarse sobre la admisibilidad de la acción de amparo interpuesta y al efecto observa, que revisados los requisitos de admisibilidad contemplados en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se constata que la solicitud no está incursa en ninguna de las causales previstas en el mencionado artículo, en consecuencia se ADMITE la acción de amparo, y se ordena notificar a la ciudadana Sabrina Salemi, en su carácter de Directora de la Sociedad Mercantil SABRIKRST SERVICES, C.A., SERVICIOS ESPECIALES, o a cualquiera de sus representante; así como a la ciudadana Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, para que concurran a este Tribunal a conocer el día y hora en que se celebrará la audiencia oral y pública, la cual tendrá lugar tanto en su fijación como en su celebración dentro de las noventa y seis (96) horas siguientes, contadas a partir de que conste en autos la última notificación efectuada, excluyendo sábados, domingos y días declarados no laborables.
IV
DECISIÓN

Por las razones antes expuestas este Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, dispone en los siguientes términos:

PRIMERO: Acepta la declinatoria de Competencia para conocer la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano LUÍS MIGUEL LANDAETA FRONTADO, asistido por el abogado Miguel Ángel Landaeta, contra el incumplimiento de la Sociedad Mercantil SABRIKRST SERVICES, C.A., SERVICIOS ESPECIALES, a acatar la Providencia Administrativa Nº 135-2008 dictada en fecha 30 de mayo de 2008 por la Inspectoría del Trabajo en el estado Vargas.

SEGUNDO: Se ADMITE la acción de amparo constitucional interpuesta, en consecuencia, se ordena notificar a la ciudadana Sabrina Salemi, en su carácter de Directora de la Sociedad Mercantil SABRIKRST SERVICES, C.A., SERVICIOS ESPECIALES, o a cualquiera de sus representantes; así como a la ciudadana Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, para que concurran a este Tribunal a conocer el día y hora en que se celebrará la audiencia oral y pública, la cual tendrá lugar tanto en su fijación como en su celebración dentro de las noventa y seis (96) horas siguientes, contadas a partir de que conste en autos la última notificación efectuada, excluyendo sábados, domingo y días declarados no laborables.

Publíquese y regístrese. Notifíquese a la parte accionante; a la parte presuntamente agraviante y a la ciudadana Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en Caracas, a los trece (13) días del mes de febrero del año dos mil nueve (2009). Años 198° de la Independencia y 149° de la Federación.
EL JUEZ,


Abg. GARY JOSEPH COA LEÓN


LA SECRETARIA,


ABG. ANA ELENA PEREZ DELGADO


En esta misma fecha trece (13) de febrero de 2009, siendo las tres y veinte de la tarde (03:20 P.M.), se publicó y registró la anterior decisión.



LA SECRETARIA,


Abg. ANA ELENA PEREZ DELGADO





Exp. N° 09-2408//Mg.