REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, 27 de Julio de 2009
199º y 150º
ASUNTO: AH15-V-2005-000090
PARTE DEMANDANTE:
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDANTE:
PARTE DEMANDADA:
DEFENSOR JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA:
MOTIVO:
TIPO DE SENTENCIA: CONDOMINIOS CORDILLERA, S.R.L, Sociedad Mercantil, de este domicilio, debidamente registrada por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 04 de Julio de 1.989, quedando anotado bajo el Nro. 29, Tomo: 1-A-Sgdo.-
LEOPOLDO MICETT CABELLO, Abogado en ejercicio, de este domicilio e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO), bajo el Nº 50.974.
RAFAEL ALBERTO SANCHEZ MARQUEZ y LAURA ROSA RINCON BOSCA, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de las cedulas de identidad Nos. V.- 6.125.333 y V.- 7.892.954, respectivamente.-
RICARDO VALERA, venezolano, abogado en ejercicio, de este domicilio e inscrito por ante el Inpreabogado bajo el No. 97.184.-
COBRO DE BOLIVARES.
DEFINITIVA.
I
SÍNTESIS DEL PROCESO
Se inició el presente Juicio, en virtud de la demanda, que por COBRO DE BOLÍVARES, fue interpuesta por el Abogado en ejercicio LEOPOLDO MICETT CABELLO, de este domicilio e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO), bajo el Número 50.974, actuando en su carácter de Apoderado Judicial de la Sociedad Mercantil “CONDOMINIOS CORDILLERA, S.R.L.”, de este domicilio e inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha Cuatro (04) de Febrero del año Mil Novecientos Ochenta y Nueve (1.989), bajo el Nº 29, Tomo 1-A-Sgdo, en contra de los ciudadanos RAFAEL ALBERTO SANCHEZ MARQUEZ y LAURA ROSA RINCON BOSCAN, de este domicilio, titulares de las cedulas de identidad Nos. V.- 6.125.333 y V.- 7.892.954, respectivamente.-
En fecha 20 de Septiembre de 2.005, este Tribunal le dio entrada al presente expediente, anotándolo en los libros respectivos.
En fecha 22 de Septiembre de 2.005, por auto de este Tribunal se admitió la presente demanda, ordenando el emplazamiento de los demandados al acto de contestación de la demanda.
En fecha 28 de Septiembre de 2.005, compareció ante este despacho el apoderado judicial de la parte actora, consignando los emolumentos necesarios a los fines de la citación del demandado.
En fecha 25 de Octubre de 2.005, compareció ante este despacho el ciudadano Miguel Ángel Araya en su carácter de alguacil titular de este Tribunal, dejando constancia de haberse traslado a la dirección del demandado, resultando infructuosa tal citación por cuanto los demandados no se encontraron en dicha dirección.
En fecha 27 de octubre de 2.005, compareció ante este despacho, el apoderado judicial de la parte actora, consignando diligencia, solicitando se citara por carteles a los demandados.
En fecha 02 de Noviembre de 2.005, por auto de este Tribunal se ordeno la citación de los demandados por carteles de conformidad con lo establecido en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil.
En fecha 08 de Noviembre de 2.005, compareció ante este despacho el apoderado judicial del actor, retirando los carteles de citación.
En fecha 30 de Noviembre de 2.005, compareció ante este despacho el apoderado judicial de la parte actora, consignando carteles de publicación.
En fecha 05 de Diciembre de 2.005, la Secretaria titular de este Tribunal dejo constancia de haberse cumplido todos los requisitos establecidos en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil.
En fecha 12 de Diciembre de 2.005, por auto de este despacho se instó a la parte actora a que consignara documentos de propiedad.
En fecha 12 de enero de 2.006, compareció ante este despacho el apoderado judicial de la parte actora y solicitó se designara defensor judicial a los demandados; igualmente consigno poder apud acta designando a Wilfredo J. Maurell G., como apoderado judicial del actor.
En fecha 17 de enero de 2.006, por auto de este Tribunal se ordeno de conformidad con lo establecido en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil, designar como Defensor Judicial de la parte demandada a Ricardo Valera, abogado en ejercicio, venezolano e inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 97.184.
En fecha 03 de Febrero de 2.006, compareció por ante este despacho el apoderado judicial de la parte actora, solicitando pronunciamiento en cuanto a la Medida Cautelar.
En fecha 18 de Mayo de 2.006, la Juez Temporal Dra. Rhayza Peña Villafranca, designada se avoco al conocimiento de la presente causa.
En fecha 12 de Julio de 2.006, compareció el ciudadano Miguel Ángel Araya, en su carácter de alguacil titular de este despacho, consignando la boleta de notificación al defensor público debidamente firmada.
En fecha 13 de Julio de 2.006, compareció el Defensor Público Ricardo Valera, aceptando el cargo al que fue designado.
En fecha 01 de Agosto de 2.006, por auto de este Tribunal se acordó la citación del defensor judicial de los demandados.
En fecha 10 de Agosto de 2.006, compareció ante este despacho el ciudadano Miguel Ángel Araya en su carácter de alguacil titular de este Juzgado, consignando compulsa, debidamente firmada por el ciudadano Ricardo Valera, en su carácter de defensor judicial de los demandados.
En fecha 21 de Septiembre de 2.006, compareció por ante este despacho el defensor judicial de los demandados, consignando escrito de contestación a la demanda.
En fecha 16 de Octubre de 2.006 compareció ante este despacho, el apoderado judicial del actor, consignando escrito de promoción de pruebas.
En fecha 19 de Diciembre de 2.006, por auto de este despacho se admitieron las pruebas promovidas por el actor.
En fecha 06 de Junio de 2.008, compareció ante este despacho el apoderado judicial del actor, solicitando el avocamiento de la Juez Temporal.
En fecha 06 de junio de 2.008, la Juez Temporal designada a este despacho se avoco al conocimiento de la presente causa.
En fecha 30 de Junio de 2.008, compareció el apoderado judicial del actor dándose por notificado del avocamiento de la Juez Temporal, y solicitó se notificara la parte demandada.
En fecha 09 de Julio de 2.008, por auto de este Juzgado se ordeno librar notificación a los demandados del avocamiento de la Juez Temporal.
En fecha 24 de Septiembre de 2.008, este Juzgado dejo constancia mediante auto, de la reincorporación de la Juez Titular, avocándose esta a la presente causa.
Vencido como se encuentra el lapso para pronunciarse, este Tribunal pasó a hacerlo previa las siguientes consideraciones:
II
DE LOS ALEGATOS DE LAS PARTES
DE LOS ALEGATOS DE LA DEMANDANTE
Expone la parte actora en el libelo de demanda lo siguiente:
Que su representada es la Administradora del Condominio del Edificio Residencias Hall Platino, el cual se encuentra Ubicado en la Avenida Carlos Soublette, Sector el Paraíso de la Urbanización San Bernardino en la Jurisdicción del Municipio Libertador del Distrito Federal, administración esta que se encuentra debidamente autorizada por la Junta de Condominio del referido edificio, en lo concerniente a ejercer las gestiones de cobro por concepto de Cuotas de Condominio vencidas y no canceladas por los respectivos propietarios.
Señala que consta en documento debidamente protocolizado ante la Oficina Subalterna del Segundo Registro del Municipio Libertador del Distrito Federal, de fecha 29 de Agosto de 1996, bajo el No 48, Tomo 28, Protocolo Primero, que los ciudadanos Rafael Alberto Sánchez Márquez y Laura Rosa Rincón Boscan, anteriormente identificados, adquirieron un inmueble, constituido por un apartamento en el Edificio Residencias Hall Platino, signado con el número y letra 2-A, ubicado en la planta segunda.
Arguye que a dicho inmueble le corresponde, Siete enteros con Quince Centímetros por Ciento (7,15%) sobre los derechos y cargos adquiridos, según documento de condominio protocolizado por ante la Oficina Subalterna del Segundo Registro del Departamento Libertador del Distrito Federal, de fecha 10 de Septiembre de 1.992, quedando anotado bajo el No.24, Tomo 53 del Protocolo Primero, en donde se establece la obligación a cargo de todos y cada uno de los propietarios, en satisfacer los pagos del condominio para el buen y mejor funcionamiento de las actividades de la comunidad.
Que consta en recibos de condominio, liquidaciones y planillas que su representada realizó erogaciones para el mantenimiento y mejoramiento de las cosas comunes del Edificio Residencias Hall Platino y que a los ciudadanos anteriormente mencionados, adeudan a su representada Condominios Cordillera, S.R.L, por tales conceptos y por el inmueble de su propiedad la cantidad de Siete Millones Setecientos Setenta y Cinco Mil Ciento Trece Bolívares sin Céntimos (Bs. 7.775.113,00), correspondiente a los siguientes meses y años: Año 2003; Mayo Bs. 252.471,00; Junio Bs. 246.819,00; Julio Bs. 235.371,00; Agosto Bs. 212.624,00; Septiembre Bs. 216.494; Octubre Bs. 257.180,00; Noviembre Bs. 235.016, 00 y Diciembre Bs. 243.997,00. Año 2004; Enero Bs. 237.926,00; Febrero Bs. 239.186,00; Marzo Bs. 233.710,00; Abril Bs. 238.817,00; Mayo Bs. 239.403,00; Junio Bs. 253.641,00; Julio Bs. 281.436,00; Agosto Bs. 275.483,00; Septiembre Bs. 346.124,00; Octubre Bs. 290.841,00; Noviembre Bs. 283.176,00 y Diciembre Bs. 286.770,00: Año 2005: Enero Bs. 309.470,00; Febrero Bs. 289.745,00; Marzo Bs. 315.031,00; Abril Bs. 311.737,00; Mayo Bs. 350.009,00; Junio Bs. 361.673,00; Julio Bs. 364.430; Agosto Bs. 366.533,00, cuotas de condominio adeudadas y no pagadas.
Que por haber sido infructuosas todas las gestiones extrajudiciales tendientes a obtener de los señalados ciudadanos el pago de las cantidades antes mencionadas, ocurre ante este órgano judicial a los fines de demandar a los prenombrados ciudadanos a los fines de que sean condenados al pago de la suma de Siete Millones Setecientos Setenta y Cinco Mil Ciento Trece Bolívares Sin Céntimos (Bs. 7.775.113,00), por concepto las cuotas de condominio adeudadas y no pagadas, conjuntamente al pago de las costas y costos del presente proceso incluyendo los honorarios profesionales de abogados.
Que estima la demanda por la cantidad de Siete Millones Setecientos Setenta y Cinco Mil Ciento Trece Bolívares Sin Céntimos (Bs. 7.775.113,00), solicitando al tribunal la indexación de los montos en cuanto al índice de inflación, acordada como experticia complementaria del fallo en su oportunidad.
DE LOS ALEGATOS DE LA PARTE DEMANDADA
En la oportunidad legal para dar contestación a la demanda, observa este Tribunal que la misma fue hecha por el abogado RICARDO VALERA, venezolano, de este domicilio e inscrito en el inpreabogado bajo el No. 97.184, siendo designado como defensor público, quien procedió a hacerlo dejando constancia de haber realizado todas las gestiones necesarias para localizar a los ciudadanos RAFAEL ALBERTO SANCHEZ MARQUEZ y LAURA ROSA RINCON BOSCAN, a los fines de realizar una mejor defensa, no obteniendo el resultado esperado por cuento no obtuvo conocimiento de los demandados, a lo que procedió a negar y contradecir en toda y cada una de sus partes la demanda interpuesta en contra de su defendidos, dejando constancia de no poseer información, ni elementos probatorios distintos a los que se encuentran en actas, solicitando a este Tribunal que sustanciara y agregara en autos su escrito de contestación de la demanda.-
III
DE LAS PRUEBAS Y SU VALORACIÓN
Planteada la litis en los términos expuestos, por una parte la pretensión del accionante consistente en el Cobro Bolívares, por incumplimiento de los demandados en el pago de las cuotas de condominio correspondiente, demanda que asciende a la suma de Siete Millones Setecientos Setenta y Cinco Mil Ciento Trece Bolívares sin Céntimos (Bs. 7.775.113,00) que según la reconvención monetaria equivalen a Siete Mil Setecientos Setenta y Cinco Bolívares Fuertes con Once Céntimos (BsF. 7.775,11); y por la otra, la falta de pruebas, no aportadas por los demandados, se tienen por admitidos los hechos alegados en el libelo de demanda.
En virtud de lo anterior pasa esta sentenciadora a valorar las pruebas traídas al proceso en los siguientes términos:
Pruebas de la Parte Demandante
La parte actora procedió a consignar como elementos probatorios los siguientes:
DOCUMENTOS PRIVADOS presentados en original y constituidos por VENTIOCHO (28) FACTURAS DE CONDOMINIO expedidas por CONDOMINIOS CORDILLERA, S.R.L., a nombre del ciudadano RAFAEL A. SANCHEZ MARQUEZ, en su carácter de propietario de un inmueble, constituido por un Apartamento distinguido con la letra y número 2-A, en la Planta Segunda y el cual forma parte de las Residencias Hall Platino, ubicado en la Avenida Carlos Soublette, sector el Paraíso de la Urbanización San Bernardino, según consta en documento de propiedad debidamente protocolizado por ante la Oficina Subalterna del Segundo Circuito del Municipio Libertador del Distrito Capital, de fecha 29 de Agosto de 1.996, quedando anotado bajo el No. 48, Tomo 28, Protocolo 1°, facturas estas relativas a los meses que van del mes de Mayo de Dos Mil Tres (2.003) hasta el mes Diciembre del año Dos Mil Tres (2.003), los mese que van de Enero de Dos Mil Cuatro (2.004) hasta el mes de Diciembre del Año Dos Mil Cuatro (2.004) y los meses que van desde Enero hasta el mes de Agosto de Dos Mil (2.005). Recibos que no fueron impugnados por la parte contraria, en consecuencia a juicio de esta Juzgadora, los mismos tienen valor probatorio y fuerza ejecutiva en cuanto a los hechos contenidos en ellos, de conformidad con lo establecido en el Artículo 14 de la Ley de Propiedad Horizontal.
COPIAS SIMPLES DE DOCUMENTO PÚBLICO, constituido por DOCUMENTO DE CONDOMINIO de las RESIDENCIAS HALL PLATINO, el cual se encuentra debidamente protocolizado por ante la Oficina Subalterna de Registro del Segundo Circuito del Municipio Libertador del Distrito Federal (hoy Distrito Capital), en fecha Diez (10) de Noviembre del año Mil Novecientos Noventa y Dos (1.992), quedando anotado bajo el Nº 24, Tomo 53, Protocolo Primero, y al no haber sido impugnado por la parte demandada tiene valor probatorio en cuanto a los hechos contenidos en el mismo, de conformidad con lo establecido en el Artículos 1.357 del Código Civil, en concordancia con lo establecido en el Artículo 429 del Código de Procedimiento Civil.
COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO PRIVADO, constituido por Contrato de Administración de Condominio, de fecha 01 de Septiembre de Dos Mil Cuatro (2.004), suscrito entre Condominios Cordillera, S.R.L, y la Junta de Condominio del Edificio Residencias Hall Platino ambas partes plenamente identificadas en el cuerpo del presente fallo, mediante el cual convienen la Administración del Condominio de las residencias anteriormente mencionada y al no haber sido impugnado por la parte demandada tiene valor probatorio en cuanto a los hechos contenidos en el mismo, de conformidad con lo establecido en el Artículos 1.363 del Código Civil en concordancia con el Artículo 444 del Código de Procedimiento Civil.
COPIA SIMPLE DE INSTRUMENTO PRIVADO, constituido por Acta de Junta de Condominio de fecha Seis (06) de Septiembre de 2.005, mediante la cual los miembros de la Junta de Condominio autoriza a Condominios Cordillera, S.R.L, en realizar las actuaciones judiciales pertinentes en cuanto al cobro de las deudas insolutas de condominio. Documento privado que de conformidad con lo establecido en el Artículo 20 literal “E” de la Ley de Propiedad Horizontal, quien suscribe le otorga valor probatorio, por cuanto dicho Condominio posee la faculta para ejercer acciones, al haber sido autoriza previamente por la Junta de Condominio.
Pruebas de la Parte Demandada
En la oportunidad para promover pruebas, la parte demandada no hizo uso de este derecho, al no consignar en el presente juicio prueba que le favorezca y ayude a dilucidar la controversia planteada.
IV
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR
Por consiguiente, es menester para este Tribunal pasar a pronunciarse sobre el fondo de la controversia planteada por la representación judicial del accionante referida al Cobro de Bolívares.
Para demostrar lo anterior la parte actora procedió a consignar la respectiva documentación a los fines de demostrar la obligación pretendida, consignando al cuerpo del presente expediente veintiocho (28) facturas o recibos de condominios, las cuales fueron valoradas por quien suscribe, quedando así evidenciado el incumpliendo de la parte demandada.
Ahora bien, estando citada la parte demandada, no compareciendo la misma a dar contestación a la causa, motivo por el cual se le asigno defensa publica, y al haberse demostrado en los autos que conforman el presente juicio la obligación pretendida por el actor, le correspondía a la parte demandada la carga de probar el haberse liberado de dicha obligación, de conformidad con lo establecido en el articulo 506 del Código de Procedimiento Civil, hecho que no fue demostrado por éste, al no aportar prueba suficiente que sirva para desvirtuar lo exigido por el actor, y con fundamento a los razonamientos esbozados y de conformidad con el artículo in comento, es por lo que forzosamente es de deducirse que la acción incoada se encuentra tutelada por la ley, en consecuencia es procedente y exigible la obligación cuyo pago se demanda, igualmente procede la reclamación por la corrección monetaria o indexación solicitada por el actor, y de la cual no hizo objeción alguna la defensa judicial de la parte demandada. Y ASI SE ESTABLECE.
VI
DISPOSITIVA
En virtud de todo lo anteriormente expuesto, este Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la Autoridad que le Confiere la Ley, DECLARA:
PRIMERO: CON LUGAR la demanda que por Cobro de Bolívares fue interpuesta por el Abogados LEOPOLDO MICETT, en su carácter de apoderado judicial de la Sociedad Mercantil CONDOMINIOS CORDILLERA, S.R.L, en contra de los ciudadanos RAFAEL ALBERTO SANCHEZ MARQUEZ y LAURA ROSA RINCON BOSCAN, ambas partes plenamente identificadas en el cuerpo del presente fallo. EN CONSECUENCIA, se condena a la parte demandada a lo siguiente:
Primero: A pagar a el accionante la suma de SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO TRECE BOLIVARES ( Bs. 7.775.113,00), que según la reconvención monetaria equivalen a SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO BOLIVARES FUERTES CON ONCE CENTIMOS (Bs. 7.775,11) que comprende las factura de condominio adeudas.
En cuanto a la corrección monetaria o indexación solicitada por el actor, sobre la suma condenada, la misma se calculara mediante una experticia complementaria del fallo, de conformidad con lo establecido en el Artículo 249 del Código de Procedimiento Civil.
Por cuanto la presente decisión se dicto fuera del lapso establecido, en virtud del imperante exceso de trabajo existente en este Tribunal, se ordena notificar a las partes de conformidad en lo establecido en los Artículos 251 y 233 del Código de Procedimiento Civil.-
Se condena en costas a la parte demandada al haber resultado totalmente vencida en el presente juicio, de conformidad con lo establecido en el Artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.
REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y NOTIFIQUESE.
Déjese copia certificada de la presente decisión por ante la Secretaría del Tribunal, de conformidad con lo establecido en el Artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de este Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los Veintisiete (27) días del mes de Julio del año Dos Mil Nueve (2009). Años 199° de la Independencia y 150° de la Federación.
LA JUEZ TITULAR
Dra. AURA MARIBEL CONTRERAS DE MOY
LA SECRETARIA TITULAR,
Abg. LEOXELYS VENTURINI.
En esta misma fecha se registró y publicó la anterior decisión.-
LA SECRETARIA TITULAR,
EXP. N°: AH15-V-2005-000090
AMCdeM/LV/Nh.-
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