REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA SEDE: CIVIL 199° Y 150° PARTE QUERELLANTE: VICENTE EMILIO MATOS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-5.624.917. PARTE QUERELLADA: ALCALDÍA DEL MUNICIPIO JOSÉ FELIX RIBAS-LA VICTORIA, en la persona del Alcalde ciudadano LUIS ANTONIO BLANCO GUZMAN.. MOTIVO: QUERELLA INTERDICTAL DE AMPARO EXPEDIENTE: 8915-A DECISIÓN: INTERLOCUTORIA CON FUERZA DE DEFINITIVA En fecha 30 de abril de 2.004 este Tribunal mediante auto ordenó notificar al querellante VICENTE EMILIO MATOS ya identificado, que su apoderado judicial abogado RAFAEL TORRES NADAL, inscrito en el inpreabogado bajo el Nº 13.397 renunció al poder que le fuere conferido para ejercer su representación en el presente juicio. MOTIVACIÓN PARA DECIDIR Del examen de las actuaciones que cursan en este expediente se evidencia que desde el día 30 de abril de 2.004 fecha de la última actuación que riela a los folios del expediente, hasta la presente fecha han transcurrido cinco años y dos meses sin que ninguna de las partes ejecutara algún acto para la continuidad del procedimiento, de forma que tal inactividad, permite presumir que se ha perdido interés en que se protejan sus derechos a través de esta vía judicial. En efecto el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil establece: “…Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de Procedimiento por las partes…”. Asimismo, el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil establece que: “…La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente…”; advertencia ésta que considera procedente realizar este Tribunal con el objeto de cumplir a cabalidad con los postulados contenidos en el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil. Asimismo nuestro Máximo Tribunal, en sentecia Nº 211 de fecha 21-06-2000, con ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez, dejó sentado lo siguiente: “…La regla general en materia de perención, expresa que el sólo el transcurso del tiempo, sin que las partes hubiesen realizado actuaciones que demuestren su propósito de mantener el necesario impulso procesal, origina la perención y se verifica de derecho y puede declararse de oficio, como lo prevé el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil…” De las normas transcritas se observa que la perención de la instancia opera de pleno de derecho, cuando se verifica la inejecución de los actos consecutivos del procedimiento por más de un año y por cuanto de la lectura de las actas que conforman el expediente de esta causa no se evidencian actuaciones de ninguna de las partes destinadas a impulsar el proceso; hecho este que encuadra perfectamente en los términos expresados en las normas in comento; este Juzgador declara la perención de la instancia en el presente juicio. Ello en razón de que la inacción continuada de las partes no es más que una renuncia a la justicia oportuna y un signo presumible de la falta de necesidad de la parte actora de obtener un pronunciamiento a su favor de parte de este órgano jurisdiccional, causándose implícitamente la extinción de la acción. Así se declara.