REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE EL TRIBUNAL SUPERIOR TERCERO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA Consta en autos que, el 11 de marzo de 2009, el abogado José Rafael Córdova, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 9.338, actuando en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil PLUMROSE LATINOAMERICANA, C.A., interpuso ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, con sede en la ciudad de Maracay, acción de amparo constitucional contra acto dictado por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, específicamente la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores de los Estados Aragua, Guárico y Apure. El la fecha antes indicada se realizó la distribución, correspondiéndole conocer a este Tribunal Superior Tercero del Trabajo. En fecha 12 de marzo fue recibido el presente asunto. Efectuada la lectura del expediente, pasa este Tribunal a decidir previas las siguientes consideraciones: I FUNDAMENTO DE LA ACCIÓN La accionante señaló los siguientes hechos que motivaron la interposición del amparo: 1. En fecha 10 de marzo de 2009, los inspectores Ámbar Suárez, Oscar Escalona y Edgar Cardozo, adscrito Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, específicamente a la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores de los Estados Aragua, Guárico y Apure, procedieron a levantar un informe de investigación, inspección en las diferentes áreas de trabajo de las instalaciones de la hoy quejosa, ubicada en la zona industrial las vegas, segunda transversal, Municipio Sucre del Estado Aragua. 2. Que, después de haber solicitado información, optaron por suspender cinco (5) puestos de trabajo. 3. Que, ante la situación planteada inmediatamente la quejosa activo los mecanismos para corregir o subsanar los puntos, lo que se logro antes de que los funcionarios culminaran sus actividades de inspección aproximadamente a las 3:45 de la tarde, procediéndole a informar la subsanación de los puntos por ellos cuestionados. 4. Que, todo lo anterior con la idea de reanudar las operaciones naturales en los puntos de trabajos suspendidos, pero que sin embargo la respuesta fue que no le iban a tomar ningún alegato si antes no obtenían la aprobación de los delegados de prevención, sindicato y trabajadores; y que en tal sentido, se negaron a analizar las correcciones. 5. Que, la quejosa solicito al Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, específicamente la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores de los Estados Aragua, Guárico y Apure, reconsiderar la medida e hicieron caso omiso, no permitiéndole incluso el sagrado derecho a la defensa y el debido proceso. Que, no tomaron en cuenta que el objeto social de la quejosa esta clasificado como servicio público esencial. 6. Alega, la violación del derecho a la defensa, debida proceso y a la libertad económica. 7. En fecha 12 de marzo de 2009, la hoy quejosa desistió del procedimiento. II DE LA COMPETENCIA Procede este Tribunal a pronunciarse sobre su competencia para conocer de la presente acción de amparo constitucional, y, en tal sentido, observa: Que, la sociedad mercantil PLUMROSE LATINOAMERICANA, C.A., interpuso acción de amparo constitucional contra el acto dictado por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, específicamente la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores de los Estados Aragua, Guárico y Apure, en fecha 10 de marzo de 2009, mediante el cual suspendió cinco (5) puestos de trabajo. Al respecto, se debe indicar que la competencia para conocer de las acciones de amparo constitucional ejercidas de forma autónoma viene determinada, conforme lo dispone la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por dos criterios: el material y el orgánico. El criterio material, previsto en el artículo 7 de la referida Ley, establece la afinidad entre la competencia natural del juez -de primera instancia- y los derechos y garantías presuntamente lesionados. Este criterio constituye el elemento primordial para dilucidar la competencia en materia de amparo, y cuando se acciona en amparo contra la Administración pública adquiere operatividad con el artículo 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, según el cual la jurisdicción contencioso administrativa es competente para “(…) anular los actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho, incluso por desviación de poder, condenar al pago de sumas de dinero y a la reparación de daños y perjuicios originados en responsabilidad de la Administración; conocer de reclamos por la prestación de servicios públicos y disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por las actividad administrativa”, lo que conduce a afirmar que aquellas situaciones jurídico-subjetivas que resulten lesionadas por actos o hechos dictados o ejecutados en ejercicio de la función administrativa u omisiones o abstenciones de órganos o personas obligados por normas de Derecho Administrativo, se encuentran salvaguardadas en virtud de la potestad que la Constitución otorga a esos órganos jurisdiccionales. Por su parte, el criterio orgánico viene dado por la jerarquía o autoridad del órgano del cual emana el acto u omisión que generan la lesión a los derechos constitucionales. Así, la competencia para conocer de las lesiones constitucionales cometidas por las autoridades contempladas en el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales está atribuida a la Sala Constitucional del Máximo Tribunal, según el criterio establecido en los casos Emery Mata Millán y Domingo Ramírez Monja. (Vid. f. Nº 2579, del 11 de diciembre de 2001), por lo que visto que la presente acción de amparo se ejerce contra un acto dictado por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, específicamente la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores de los Estados Aragua, Guárico y Apure, ajeno a las autoridades previstas en el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por lo que resulta necesario determinar el órgano jurisdiccional competente para conocer de la misma. Verificado lo anterior, es oportuno para quien decide, traer a colación decisión pronunciada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo Justicia, donde estableció: “Así entonces, tal como se ha señalado, la competencia en materia de amparo se encuentra regida por los criterios material y orgánico, siendo este último el que prepondera en el supuesto de los agravios provenientes de la Administración, con algunas particularidades de competencia funcional (vgr. Tributaria o funcionarial). La aplicación del criterio orgánico frente a la Administración, u otros entes distintos de ella que ejercen función administrativa, tiene por finalidad equiparar el grado del tribunal con base en la jerarquía del ente u órgano accionado, estableciendo una relación de elevación de la instancia dependiendo de la jerarquía, y su ubicación dentro de la estructura de la Administración Pública. Esta interacción criterio-jerarquía permite señalar la siguiente conclusión: el régimen de competencias en amparo contra la Administración ha estado subordinado directamente a la estructura de la organización administrativa, por lo que la situación jurídica del particular accionante no determina el conocimiento de los amparo en esta materia. Al respecto, la aplicación del criterio orgánico siempre se ha ceñido al régimen general de competencias del contencioso administrativo, estableciéndose una análoga equiparación en el conocimiento de los recursos contencioso administrativos y la acción de amparo constitucional. En los términos en que ha sido empleado el criterio orgánico tiene cierta ilogicidad, toda vez que no se está frente a un control objetivo de los actos de la Administración (aunque esto incida en la esfera subjetiva de los particulares) sino frente a la protección de situaciones jurídicas subjetivas constitucionales. De modo que si la aplicación del criterio orgánico delimita la competencia en un tribunal cuya ubicación aleje al afectado de la posibilidad de accionar en amparo se está en presencia de una conclusión que obstaculiza al justiciable el acceso a la justicia. Este último señalamiento se hace en consideración al supuesto de la competencia residual de las Cortes de lo Contencioso Administrativo -proveniente de la competencia que en su momento la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia le atribuía a la entonces Corte Primera de lo Contencioso Administrativo- que asignaba en esta instancia el conocimiento del contencioso administrativo de los órganos de inferior instancia de la Administración Central, sin importar el domicilio del acto o la ubicación geográfica de la dependencia. En este caso, el control del acto basado en la jerarquía del ente u órgano para una asignación residual de competencia podría ser un determinante de atribución de competencia dentro del ámbito de asignación para los tribunales contencioso administrativos; sin embargo, la aplicación del criterio de la competencia residual de las Cortes en materia de amparo constitucional resulta un obstáculo para el ejercicio de la acción de amparo, propia de la tutela de situaciones jurídicas fundamentales constitucionalmente garantizadas. En suma, considerar la aplicación del criterio de competencia residual puede resultar atentatorio para el caso en que existan dependencias administrativas de inferior jerarquía que se encuentren desconcentradas –vgr. Inspectorías del Trabajo- o que su ubicación sea ajena a la ciudad de Caracas, como ocurre por ejemplo en el caso de algunas Universidades Nacionales, Colegios Universitarios y Colegios Profesionales. Inclusive, aplicar dicho criterio en amparo, como ocurre en áreas especiales como el caso de contencioso funcionarial, y hasta, por la protección en amparo en áreas particulares como en el caso de los servicios públicos, tal como así lo dispone el artículo 259 de la Constitución, haría prácticamente nugatorio para los afectados ejercer el amparo en procura de proteger sus derechos si obligatoriamente deben accionar ante las Cortes de lo Contencioso al margen del lugar donde ocurrió la afectación del derecho, o el lugar donde en realidad se encuentre el ente o dependencia administrativa. En conclusión, considera esta Sala que mantener el criterio residual para el amparo partiendo de lo que establecía el artículo 185 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, no resulta idóneo frente al principio de acceso a la justicia, siendo necesario aproximar la competencia en aquellos tribunales contenciosos más próximos para el justiciable, ello, por considerarse que de esta manera en lo referente a la protección constitucional se estaría dando cumplimiento a la parte final del artículo 259 de la Constitución cuando dispone que el deber para el Estado de “disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa”. Lo expuesto ya ha sido advertido por este Alto Tribunal, al establecer que la distribución competencial en amparo constitucional debe realizarse atendiendo no sólo a la naturaleza de los derechos lesionados, conforme lo indica el artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, sino además salvaguardando el derecho a la tutela judicial efectiva de la parte accionante, señalándose como competente al Tribunal de mayor proximidad para el justiciable. Verbigracia, ha sido el criterio que imperó en la sentencia de esta Sala N° 1333/2002; así también la sentencia de la Sala Plena N° 9/2005 que citó a la primera. Inclusive, respecto a la distribución competencial para conocer de los recursos de nulidad interpuestos contra los actos administrativos dictados por las Inspectorías del Trabajo, esta Sala, en la sentencia N° 3517/2005, indicó que el conocimiento de tales recursos “corresponde en primer grado de jurisdicción a los Juzgados Superiores Contencioso Administrativos Regionales, y en apelación a las Cortes de lo Contencioso Administrativo, todo ello en pro de los derechos de acceso a la justicia de los particulares, a la tutela judicial efectiva, a la celeridad procesal y el principio pro actione, en concatenación con lo previsto en el artículo 257 de la Carta Magna, relativo al proceso como instrumento fundamental para la realización de la justicia…” (resaltado del texto citado), extracto que resume la clara intención del Máximo Tribunal de darle mayor amplitud al derecho al acceso a la justicia que estatuye el artículo 26 de la Constitución Por ende, esta Sala determina que el criterio residual no regirá en materia de amparo, por lo que en aquellos supuestos donde el contencioso administrativo general le asigne la competencia a las Cortes para el control de los actos, ese criterio no será aplicable para las acciones de amparo autónomo, aplicándose, en razón del acceso a la justicia, la competencia de los Juzgados Superiores en lo Civil y Contencioso Administrativo con competencia territorial donde se ubique el ente descentralizado funcionalmente (v.gr. Universidades Nacionales) o se encuentre la dependencia desconcentrada de la Administración Central, que, por su jerarquía, no conozca esta Sala Constitucional. En igual sentido, y para armonizar criterio, lo mismo ocurrirá si el amparo autónomo se interpone contra un ente u órgano de estas características que, con su actividad o inactividad, haya generado una lesión que haya acontecido en la ciudad de Caracas: en este caso la competencia recaerá en los Juzgados Superiores en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital. Por último, en caso de apelación, la competencia en este supuesto sí corresponderá a las Cortes, quienes decidirán en segunda y última instancia en materia de amparo. Establecido el anterior criterio de manera vinculante, esta Sala Constitucional ordena la publicación en Gaceta Oficial del presente fallo, y hacer mención del mismo en el portal de la Página Web de este Supremo Tribunal. Asimismo, se ordena remitir copia certificada de la presente decisión a las Cortes de lo Contencioso Administrativo y a los Juzgados Superiores en lo Civil y Contencioso Administrativo de las distintas regiones. Así se decide. Con base en lo anterior, la Sala declina el conocimiento de la acción de amparo intentada por la ciudadana Carla Mariela Colmenares Ereú contra la orden de traslado dictada por la Dirección General de los Servicios de Inteligencia y Prevención, en el Juzgado Superior con competencia en lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital al que, previa distribución, le corresponda el presente asunto para el examen de la admisibilidad del amparo propuesto atendiendo a lo establecido en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y se configure la primera instancia constitucional. Así se decide. III DECISIÓN Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República, por autoridad de la Ley, dicta los siguientes pronunciamientos: PRIMERO.- NO ACEPTA LA COMPETENCIA para conocer de la acción de amparo intentada por la ciudadana Carla Mariela Colmenares Ereú contra la orden de traslado dictada por la Dirección General de los Servicios de Inteligencia y Prevención. SEGUNDO.- Declara COMPETENTE al Juzgado Superior con competencia en lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital que previa distribución le corresponda, razón por la cual ordena la remisión inmediata del presente expediente. TERCERO.- Se ORDENA la publicación del presente fallo en la Gaceta Oficial, en cuyo sumario se deberá indicar: “Sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual se le reconoce a los Juzgados Superiores en lo Civil y Contencioso Administrativo de las distintas regiones competencia para conocer, en primera instancia, de los amparos constitucionales vinculados con la materia contencioso administrativa”. Publíquese y regístrese. Reséñese la presente decisión en la página web de este Alto Tribunal.” Vista, la decisión anterior, que este Tribunal comparte a plenitud, este Juzgado declina el conocimiento de la acción de amparo intentada por la sociedad mercantil PLUMROSE LATINOAMERICANA, C.A., contra acto dictado por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, específicamente la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores de los Estados Aragua, Guárico y Apure., en el Juzgado Superior con competencia en lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central. Así se declara. III D E C I S I Ó N Por virtud de las anteriores consideraciones, este JUZGADO SUPERIOR TERCERO DEL TRABAJO DEL CIRCUITO JUDICIAL LABORAL DEL ESTADO ARAGUA, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: 1. Que, NO TIENE COMPETENCIA POR LA MATERIA, para conocer y resolver la acción de amparo intentada por la sociedad mercantil PLUMROSE LATINOAMERICANA, C.A., contra acto dictado por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, específicamente la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores de los Estados Aragua, Guárico y Apure. 2. Que, el CONOCIMIENTO DEL PRESENTE ASUNTO, le compete al JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL (BIENES) Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CENTRAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA CON SEDE EN ESTA CIUDAD DE MARACAY. Publíquese, regístrese, déjese copia. Remítase el presente asunto al Juzgado antes indicado. Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de este Tribunal Superior Tercero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en Maracay, a los diecisiete (17) días del mes de marzo de dos mil nueve (2009). Años: 198º de la Independencia y 150º de la Federación. El Juez Superior, ¬¬¬_____________________ JOHN HAMZE SOSA La Secretaria, ____________________¬¬¬¬¬____ KATHERINE GONZALEZ En esta misma fecha, siendo 11:30 a.m., se publicó y registró la anterior sentencia. La Secretaria, ____________________¬¬¬____ KATHERINE GONZALEZ Asunto N° DP11-O-2009-000005.