En el día de hoy, martes doce de Mayo de dos mil nueve (12/05/2009), siendo las tres horas y veinte minutos de la tarde (3:20 p.m.) día fijado por este Juzgado Primero Ejecutor de Medidas de los Municipios Girardot y Mario Briceño Iragorry de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, para llevar a cabo la practica la comisión conferida a este Tribunal por el Juzgado Tercero de los Municipios Girardot y Mario Briceño Iragorry de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua de fecha veintiocho de abril del año dos mil nueve (28/04/2009), originada con motivo del juicio que por DESALOJO incoara la ciudadana MARITZA JOSEFINA REYES MOLINA contra la ciudadana NANCY CARRASCO en el expediente identificado con el número 9833, donde el tribunal de la causa decretó la ejecución forzosa de la sentencia ordenando la ENTREGA MATERIAL del inmueble que se encuentra en posesión de la parte demandada, hacer entrega a la parte actora del mismo, constituido por una casa ubicada en el Barrio Piñonal Sur Calle Lara N° 21, segunda planta Municipio Girardot Maracay Estado Aragua, libre de bienes y personas. A continuación, el Tribunal estando en compañía de los apoderados judiciales de la parte actora abogados SAMI AUGUSTO PIÑERO MOUSALLI y OSLAYDA MUJICA inscritos en el Inpreabogado bajo los números 116.754 y 81.140 respectivamente, de los auxiliares de justicia ciudadanos HENRY GARCÍA titular de la cédula de identidad N° V - 5.276.824 representante de la Depositaria Judicial La Nacional C.A, del perito avaluador ciudadano CARLOS EFRAÍN TOVAR RAMOS titular de la cédula de identidad N° V– 10.458.730. y de la Funcionaria de Protección



al Niño, Niña y Adolescente del Municipio Girardot del Estado Aragua ciudadana MARIA RUIZ titular de la cédula de identidad N° V – 17.118.886. Se trasladó y constituyó el Tribunal Primero Ejecutor de Medidas de los Municipios Girardot y Mario Briceño Iragorry del Estado Aragua, en cumplimento de la comisión conferida y acatando lo previsto en los articulo 237 y 238 de Código de Procedimiento Civil, el tribunal procedió a dar los toques de ley a las puertas del referido inmueble sin ser atendido por persona alguna. Seguidamente, El Tribunal, por cuanto el derecho a la defensa es un Derecho Constitucional inherente a la persona humana, el cual debe ser garantizado y protegido en todo grado y estado del proceso y siendo la fase de ejecución de medidas una etapa del proceso, este Juzgado Ejecutor de Medidas concede un lapso de espera de treinta (30) minutos a los fines de que se hagan presentes abogado de confianza de la parte demandada y/o terceros con interés legítimo y directo en las resultas de ésta medida judicial y, así éstos puedan hacer acto de presencia por sí o por medio de apoderado judicial que defienda sus derechos e intereses, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 49, numeral 1º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, desarrollado jurisprudencialmente en fecha dos de febrero del año Dos mil (02/02/00), por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia con ponencia del Magistrado JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO, expediente número 00-0010, en concordancia con lo pautado en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, que se aplica por disposición del artículo 23 de la Carta Magna; tiempo suficiente para que comparezca la demandada y/o abogado que defienda los derechos e intereses de ésta y/o terceros, con vista al lugar de constitución del Tribunal, sitio donde residen y laboran un sin número de profesionales del derecho. Acto seguido, el tribunal notifica de su misión a la ciudadana: NORA MAGALI MONTESINO, titular de la cedula de identidad Nro. V-4.232.615 quien manifestar habitar en el Barrio Piñonal Sur Calle Lara N° 23, Municipio Girardot Maracay Estado Aragua, quien de seguida expone: “ no tengo nada que decir, Es todo”. Vencido el plazo concedido sin que se hubiese hecho presente la parte demandada, lo cual no impide dar inicio al presente acto, por cuanto para ello, el Juez debe verificar estar constituido en presencia del bien objeto de la medida y de haberle garantizado el derecho a la defensa al demandado como ha posibles terceros, extremos estos cubiertos en el presente caso, con el lugar de constitución del Tribunal, la notificación de esta medida. En consecuencia, lo procedente y ajustado a derecho es dar inicio al presente acto con todas las formalidades de Ley. Empero, se les advierte a las partes e intervinientes en esta medida que cada uno cuenta con diez (10) minutos para hacer sus exposiciones y cinco (5) minutos para la réplica y contrarréplica, en caso de ser necesario, tiempo este establecido en todas y cada una de las audiencias constitucionales celebradas en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, lugar donde se ventilan las violaciones o menoscabos a los derechos constitucionales y, siendo que la presente medida es de índole legal, mal puede contar con un tiempo superior al constitucional. Así las cosas, el Tribunal le concede la palabra a los apoderados judiciales de parte actora abogados SAMI AUGUSTO PIÑERO MOUSALLI y OSLAYDA MUJICA inscritos en el Inpreabogado bajo los números 116.754 y 81.140 respectivamente, quienes exponen:”Solicitamos a este Honorable Juzgado Ejecutor de Medidas sirva de materializarse la medida de Entrega Material decretada por el comitente, de igual forma solicitamos designe y juramente a los auxiliares de Justicia a que hubiere lugar. Es todo”. Acto seguido, el Tribunal observa que no hay oposición legal contra la presente medida. Sin embargo, este Juzgador considera procedente señalar que la entrega material es una medida judicial que versa sobre una obligación de hacer en cabeza del ejecutado, de entregar una cosa determinada, la cual está contemplada su ejecución en el artículo 528 del Código de Procedimiento Civil, consecuencialmente, esta forma de ejecución singular se agotará entonces con la simple desposesión o despojo de la cosa que haga el Juez Ejecutor y la consiguiente entrega de la misma al titular de ella, según lo establecido en la sentencia o acto de remate, siendo de advertir que sí se tratare de un inmueble, se trasladará el Juez Ejecutor al lugar de ubicación del mismo y efectuará la entrega con anuencia del deudor y haciendo uso de la fuerza pública si fuere necesario, vale decir, que hubiere resistencia, levantando el acta correspondiente. De igual forma, es preciso traer a colación la sentencia vinculante dictada en fecha 17 de diciembre de 2003 por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, expediente número 03-1283, sentencia número 3521, en la que entre otras cosas sentenció:”…Por tratarse de una interpretación vinculante sobre el alcance del derecho de defensa y el debido proceso, en relación con los terceros afectados por la fase de ejecución de sentencia, no quiere la Sala dejar de advertir, que los terceros con algún derecho sobre el inmueble, que puedan hacer valer son aquellos que lo han adquirido antes del embargo ejecutivo o del registro prevenido en el artículo 549 del Código de Procedimiento Civil, o en los otros casos, de la sentencia que ordena la entrega del bien. Quienes detenten por cualquier causa el bien ejecutado después de esas fechas, no lo hacen legítimamente con relación al ejecutante o al adjudicatario, ya que el ejecutado no puede –por ser fraudulento- en detrimento del acreedor (ejecutante) o del adjudicatario, desmejorar los derechos de éstos, creando nuevos detentadores del bien, que entorpezcan la posesión legítima que merece obtener el ejecutante o el adjudicatario en remate…” ratificado en fecha 09 de marzo de 2005 y 16 de junio de 2006 por la referida Sala del Tribunal Supremo de Justicia en las sentencia números 222 y 1202, con ponencia de los magistrados Jesús Eduardo Cabrera Romero y Carmen Zuleta de Merchan, expedientes números 03-2688 y 05-1339, correlativamente. Así las cosas, y por cuánto no estamos en el supuesto de hecho jurisprudencial para que prospere la suspensión, los datos de ubicación de constitución del Tribunal concuerdan con los aportados por el Tribunal de la Causa en el cuerpo de la comisión, y se han salvaguardado el derecho a la defensa de la parte demandada así como de terceros, es por lo que se ordena la materialización de la presente medida con todas las formalidades de Ley. , Tribunal Primero Ejecutor de Medidas de los Municipios Girardot y Mario Briceño Iragorry del Estado Aragua, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, dicta los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se ORDENA la materialización de la medida de ENTREGA MATERIAL, decretada por el Juzgado de la causa; SEGUNDO: Se ORDENA impedir la entrada de nuevas personas al inmueble de constitución, hasta que se culmine la presente medida, salvo aquellas personas que tengan un interés legítimo y directo en la ejecución. TERCERO: Se hace constar y a manera de instrucción que la presente medida se tomó con base a la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 26 de junio de 2000, con ponencia del Magistrado JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO, en el juicio de Regalos Coccinelle C.A., en el expediente número 00-0263 Sentencia número 619 en la que entre otras cosas señaló que los jueces tienen potestad de hacer uso de todos los medios coercitivos para ejecutar sus actos, incluso ingresar a los inmuebles, sin orden previa de allanamiento; CUARTO: Se ORDENA la designación y juramentación de un cerrajero, de conformidad a lo previsto en el articulo 21 De Código de Procedimiento Civil, 26 Constitucional y 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; QUINTO: Se ORDENA fijar un cartel de notificación a la puerta del inmueble; SEXTO: ORDENA el deposito necesario de los bienes muebles que se encuentran dentro del inmueble; SÉPTIMO: ORDENA la designación y juramentación de un perito avaluador y depositario judicial; OCTAVO: ORDENA a la Secretaria dar cumplimiento a lo pautado en los artículos 188 y 189 ambos del Código de Procedimiento Civil. CÚMPLASE Seguidamente el tribunal designa y juramenta como Cerrajero al ciudadano ALFREDO TORRES titular de la cedula de identidad N° V- 4.229.717, quien encontrándose presente acepta el cargo y jura cumplirlo y fielmente. De inmediato el Tribunal ordena al cerrajero proceda abrir los cerrojos de puertas del inmueble de marras, pudiéndose verificar que el mismo se encuentra una serie de bienes muebles. El tribunal designa como perito avaluador al ciudadano CARLOS EFRAÍN TOVAR RAMOS titular de la cédula de identidad N° V– 10.458.730, quien encontrándose presente acepta el cargo y jurar cumplirlo bien y fielmente y procede a designar y juramentar como depositario judicial de los bienes objeto del deposito necesario al ciudadano HENRY GARCÍA titular de la cédula de identidad N° V - 5.276.824 representante de la Depositaria Judicial La Nacional C.A, quien encontrándose presente acepta el cargo y jurar cumplirlo bien y fielmente. Inmediatamente, la Funcionaria de Protección al Niño, Niña y Adolescente del Municipio Girardot del Estado Aragua ciudadana MARIA RUIZ titular de la cédula de identidad N° V – 17.118.886. Expone: “consigno en este acto constante de un (01) folio útil, acta levantada por este consejo de protección, Es todo”. Vista la anterior consignación, el tribunal la da por recibida y ordena agregar a los autos, constante de un (01) folio útil. Seguidamente, el perito avaluador designado y juramentado ciudadano CARLOS EFRAÍN TOVAR RAMOS titular de la cédula de identidad N° V– 10.458.730, expone: “presento al tribunal inventario de los bienes muebles objeto del deposito necesario: 16 cajas contentivas de objetos varios, que avalúo en Bs. 10,00; 15 bolsas plásticas contentivas de objetos varios, que avalúo en Bs. 10,00; una cama de madera con su colchón, en mal estado, que avalúo en Bs. 50,00; una cocina a gas pequeña de cuatro hornillas, que avalúo en Bs. 10,00; una nevera de color blanco, marca admiral, que avalúo en Bs. 50,00; un Televisor a color, de 19 pulgadas marca toshiba modelo CZ19M21, serial 98904273, que avalúo en Bs. 80,00; un gavetero en madera de 2 gavetas, que avalúo en Bs. 10,00; una bombona autoras sin marca que avalúo en Bs. 10,00; una cama de hierro tipo matrimonial con colchón que avalúo en Bs. 30,00; una cama de hierro tipo matrimonial con colchón que avalúo en Bs. 30,00; un corral de bebe en metal y tela, una cama de hierro tipo matrimonial con colchón que avalúo en Bs. 15,00; un ventilador de pedestal sin marca ni serial visible, una cama de hierro tipo matrimonial con colchón que avalúo en Bs. 50,00 y un espejo de pared en madera que avalúo en Bs. 5,00 para un toral de Bs. 305,00, Es todo”. El tribunal hace entrega de los bienes objeto del deposito necesario al ciudadano HENRY GARCÍA titular de la cédula de identidad N° V - 5.276.824 representante de la Depositaria Judicial La Nacional C.A expone: “recibo conforme los bienes muebles objeto del deposito necesario en nombre de mi representada Depositaria Judicial La Nacional C.A, los cuales serán trasladados a los depósitos de la misma ubicados en Palo Negro Estado Aragua. Posteriormente, el Tribunal hace constar que el inmueble de marras, lugar de constitución del Tribunal, se encuentra libre de bienes y personas, es por ello, que Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, HACE ENTREGA MATERIAL, REAL Y EFECTIVA del mismo a los apoderados judiciales de la parte actora abogados SAMI AUGUSTO PIÑERO MOUSALLI y OSLAYDA MUJICA inscritos en el Inpreabogado bajo los números 116.754 y 81.140 respectivamente, dejando expresa constancia que dentro del referido inmueble no se encontró dinero, prendas ni joyas. Asimismo, el ciudadano HENRY GARCÍA titular de la cédula de identidad N° V - 5.276.824 representante de la Depositaria Judicial La Nacional C.A expone: “ Indico al tribunal que han laborado con la depositaria la cantidad de 10 obreros, honorarios de perito, honorarios depositario, 1 camión para trasladar los bienes, bolsas, cajas, cintas, y un chofer que trasladar el camión para un total de Bs. 4.500,00, los cuales recibo en acto de manos de la apoderada actora ejecutante, es todo”. En este estado, los apoderados judiciales de la parte actora abogados SAMI AUGUSTO PIÑERO MOUSALLI y OSLAYDA MUJICA inscritos en el Inpreabogado bajo los números 116.754 y 81.140 respectivamente, exponen: “Visto los honorarios ocasionados antes indicado, los cancelo en este acto conforme, es todo”. Inmediatamente, la Secretaria da lectura a la presente acta y el Tribunal hace constar que no existe observación ni reclamo contra la misma. Finalmente, siendo las dos horas de la tarde (5:00 p.m), el Tribunal ordena el regreso a su sede natural, haciendo constar que la presente medida se cumplió a cabalidad y no causó ningún tipo de tasas, aranceles o pago alguno para éste tribunal, de conformidad con lo establecido en el acuerdo de fecha 29 de febrero de 2000, emanada de la Comisión de funcionamiento y reestructuración del sistema judicial del Tribunal Supremo de Justicia, aún vigente, que la presente acta carece de enmiendas, tachaduras y borrones. Es todo, terminó, se leyó y conformes firman.-----------------------------------------------------------------
EL JUEZ,
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Dr. JOSÉ FRANCISCO HERNÁNDEZ GARCÍA
LOS APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA
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ABOG. SAMI AUGUSTO PIÑERO MOUSALLI INPRE N° 116.754
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ABOG. OSLAYDA MUJICA INPRE N° 81.140
EL PERITO
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CARLOS EFRAÍN TOVAR RAMOS C.I V– 10.458.730
LA NOTIFICADA
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NORA MAGALI MONTESINO, C.I V-4.232.615
LA FUNCIONARIA DE PROTECCIÓN AL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE DEL MUNICIPIO GIRARDOT DEL ESTADO ARAGUA
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MARIA RUIZ C.I V- 17.118.886.
EL REPRESENTANTE JUDICIAL DE LA DEPOSITARIA
JUDICIAL LA NACIONAL C.A



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HENRY GARCÍA C.I V- 5.276.824
EL CERRAJERO.
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ALFREDO TORRES C.I V- 4.229.717
FUNCIONARIO POLICIAL
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SARGENTO PRIMERO RICCI PÉREZ Z C.I V- 9.676.520
LA SECRETARIA
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ABOG. ROSSANI MANAMA
Comisión N° 058-9 / Expediente del Tribunal de la Causa N° 9833