REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Cuarto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas Caracas, treinta de noviembre de dos mil nueve 199º y 150º Surge la presente incidencia, por diligencia de fecha 23 de noviembre de 2009, suscrita por la abogada NOEMI PEREZ QUIJADA, inscrita en el Inpreabogado bajo el número 43.782, quien en su carácter de apoderada judicial de la parte actora, solicitó al Tribunal la Ejecución forzosa de la transacción homologada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 3 de noviembre de 2.004. Este Tribunal, a los fines de pronunciarse sobre lo pedido observa: De la revisión de las actas procesales que conforman el presente expediente, constata este Tribunal; que en fecha 3 de noviembre de 2.004, se celebró, un convenio entre el ciudadano Gonzalo Núñez Núñez, actuando como parte actora con el ciudadano José Luís Gómez, actuando este como parte demandada; en la cual ambas, partes entre otras cosas acordaron lo siguiente: ”El demandante conviene además que el demandado continúe ocupando el inmueble por un período de un año, es decir, desde el día 12 de noviembre de 2.004 hasta el 12 de noviembre de 2.005, debiendo entregarlo a la fecha de su vencimiento….. El demandado deberá cancelar por concepto de canon de arrendamiento la cantidad de un millón doscientos mil bolívares….” (Negrillas del Tribunal). De la lectura al escrito denominado por las partes convenio, se puede constatar que lo verdaderamente celebrado por las partes es una transacción en la cual ambas partes se otorgaron recíprocas concesiones. Ahora bien, para que una transacción se ejecute, se hace necesario que en el juicio en el cual se pretenda ejecutar, no exista entre las partes una obligación jurídica, que deba tramitarse por vía principal en resguardo del derecho a la defensa y debido proceso consagrado constitucionalmente. En tal sentido, es oportuno traer a colación la sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, en un caso similar al que nos ocupa; en la cual precisó lo siguiente: “ Ahora bien, de acuerdo a las características particulares del presente caso tenemos que, aún cuando las partes intervinientes en las distintas transacciones (seis en total) dejaron expresa constancia que las mismas, no tenían por objeto extender la relación arrendaticia, lo cierto es que en éstas se extendió el plazo de permanencia en el inmueble por parte de la demandada por aproximadamente seis (6) años más y, la modificación de la suma que por concepto de indemnización debía pagar el demandado por la permanencia del inmueble, que no es otra cosa sino, lo que en un contrato de arrendamiento es el canon de arrendamiento, independientemente de la denominación que las partes le hayan dado. Estos términos, a juicio de esta Sala permiten afirmar en apoyo a lo sostenido por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y Transito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, que la intención de la parte actora no era, sino pretender judicializar un contrato de arrendamiento, adquiriendo así un mecanismo compulsivo de ejecución de éste sin necesidad de proceso, en perjuicio lógicamente de la parte demandada quien se vería impedida de ejercer las defensas que a bien tuviere sin poder hacer valer igualmente, las figuras legales que le son propias en su condición de arrendataria, tales como, la prórroga legal, la preferencia ofertiva, entre otras. Por ello, en aras de evitar que el proceso fuera utilizado para un fin distinto al cual está destinado, la decisión dictada por el a quo constitucional estuvo ajustada a derecho, en el sentido de considerar errada la decisión dictada por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas que ordenó al Tribunal primigenio de la causa ejecutar la última de las transacciones suscritas por las parte con el objeto de poner fin al juicio”.(Sentencia de fecha 1 de marzo de 2007. Expediente N° 06-1385) En sintonía con lo anteriormente expresado vale indicar que el artículo 2 de nuestra carta fundamental establece que Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de derecho y de justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. En ese sentido, ha sido constante y reiterada la Jurisprudencia patria al sostener que el Estado social protege a los ciudadanos ajenos al poder económico y político. Al respecto, la sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 24 de enero de 2002, con ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera, sostuvo lo siguiente: “A juicio de esta sala, el Estado Social debe tutelar a personas o grupos que en relación con otros se encuentran en estado de debilidad o minusvalía jurídica, a pesar del principio del Estado de Derecho Liberal de la igualdad ante la ley, el cual en la práctica no resuelve nada, ya que situaciones desiguales no pueden tratarse con soluciones iguales”. Entre las instituciones y conceptos jurídicos a ser revisados e interpretados de acuerdo al artículo 2 constitucional y a la existencia del Estado Social de Derecho y de justicia, se encuentra el imperio de la autonomía de la voluntad y el de la voluntad del estado y los particulares. Ni la autonomía de la voluntad, ni la libertad contractual pueden lesionar los beneficios que produce el estado social, contrariándolo, al contribuir a discriminaciones, subordinaciones, ruptura de la justicia social o desigualdades lesivas, por desproporcionadas, para una de las partes del contrato en materias de interés social.” De la misma manera, debe indicarse que en Venezuela, la regulación de los contratos de arrendamientos de viviendas urbanas y sub. urbanas, está contenida en normas de especial y preferente aplicación a las normas de rango ordinario en razón del principio general de orden público contemplado en el artículo 7 del Decreto con Rango y Fuerza de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios En el caso bajo análisis, conforme en un todo con los criterios anteriormente sustentados, observa esta juzgadora que lo solicitado por la parte actora es la ejecución de la transacción celebrada entre las partes, en la cual como se señaló anteriormente, fue voluntad de las partes continuar vinculadas por el contrato de arrendamiento que fue objeto de la demanda, por tanto, no puede procederse a la ejecución solicitada toda vez que el contrato de arrendamiento existente entre las partes conserva su plena vigencia de manera ininterrumpida hasta la presente fecha, de tal manera que, el incumplimiento imputado debe ser tramitado por vía de un juicio autónomo y no por vía de ejecución de sentencia por las razones que se han expresado, en consecuencia, se hace forzoso para este Tribunal, en resguardo del derecho a la defensa y debido proceso consagrados constitucionalmente negar la ejecución forzosa solicitada por la actora; sin perjuicio del derecho que tienen las partes de acudir a los órganos de administración de justicia a dilucidar sus diferencias. En virtud a los razonamientos anteriormente expuestos, este juzgado Cuarto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia y en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, niega la solicitud efectuada por la abogada Noemí Pérez Quijada. Así se decide. LA JUEZ, LETICIA BARRIOS RUIZ, LA SECRETARIA ACCIDENTAL, EVELYN PEREZ PEREZ .