Tribunal Superior Séptimo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial de Área Metropolitana de Caracas
Caracas, treinta (30) de octubre dos mil nueve (2009)
199º y 150º
SENTENCIA N° 1151
Asunto Nuevo: AF47-U-1998-000057
Asunto Antiguo: 1582

En fecha 16 de abril de 1998, el ciudadano Braz Sousa Dos Santos, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 7.102.233, actuando en su carácter de administrador de la contribuyente DISTRIBUIDORA DE LICORES LAS VEGAS, S.R.L., R.I.F. N° J-075451937, inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en fecha 26 de noviembre de 1985, bajo el N° 15, tomo 13-A, asistido en este acto por el abogado Hidelys Montaner Hernández, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 26.567, interpuso recurso contencioso tributario subsidiariamente al jerárquico, contra la Resolución HGJT-A-3162 de fecha 25 de junio de 1999, emanada de la Gerencia Jurídico Tributaria del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), la cual declaró Inadmisible el recurso jerárquico interpuesto contra las Resoluciones Nos. RCE-172 y RCE-173, y las Planillas de Liquidación Nos. 10-10-98-1-2-254 y 10-10-98-1-2-255 todas de fecha 09 de marzo de 1998, por la cantidad total de TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs. 324.000,00), por concepto de multa, dichos actos emanaron de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Central del mencionado Servicio.

En fecha 05 de diciembre de 2000, el recurso fue recibido del Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario, y este Tribunal le dio entrada a la presente causa en fecha 08 de diciembre de 2000 bajo el N° 1582, ordenándose notificar a los ciudadanos Procurador y Contralor General de la República, a la Gerencia Jurídico Tributaria del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) y a la contribuyente DISTRIBUIDORA DE LICORES LAS VEGAS, S.R.L., en esta misma fecha se libró comisión al ciudadano Juez del Juzgado Primero de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, a los fines de la notificación de la recurrente.

Así, la Gerencia Jurídico Tributaria del SENIAT, el ciudadano Procurador General de la República y el ciudadano Contralor General de la República, fueron notificados en fechas 29 de enero de 2001, 08 y 12 de febrero de 2001, respectivamente, siendo consignadas las correspondientes boletas de notificación al expediente judicial en fecha 28 de febrero de 2001.

El 09 de mayo de 2002, se recibió Oficio N° 247 de fecha 24 de abril de 2002, emanado del Juzgado Primero de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, mediante el cual remiten las resultas de la comisión conferida para la notificación de la contribuyente DISTRIBUIDORA DE LICORES LAS VEGAS, S.R.L., sin haberse cumplido la respectiva notificación.

Mediante diligencia de fecha 25 de noviembre de 2002, el abogado Raimundo Enrique Rojas, actuando como sustituto de la ciudadana Procuradora General de la República, en representación del Fisco Nacional, consignó expediente administrativo correspondiente a la recurrente, siendo agregado a los autos el 04 de diciembre de 2002.

A través de diligencia de fecha 26 de marzo de 2007, la abogada Iris Josefina Gil Gómez, actuando como sustituta de la ciudadana Procuradora General de la República, en representación del Fisco Nacional, solicitó la notificación de la contribuyente DISTRIBUIDORA DE LICORES LAS VEGAS, S.R.L. mediante Cartel de notificación a las puertas del Tribunal, siendo librado dicho Cartel en fecha 14 de mayo de 2007.

II
FUNDAMENTOS DEL ACTO RECURRIDO

Las Resoluciones Nros. RCE-172 y RCE-173 y planillas de liquidación N° 254 y 255, se encuentran fundamentadas en la revisión fiscal efectuada a la contribuyente DISTRIBUIDORA DE LICORES LAS VEGAS, S.R.L., donde la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Central del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), determinó que la prenombrada contribuyente efectuó las renovaciones de Registros y Autorizaciones Nos. 1.440-MN y 457.MY, correspondientes al período 01/01/97 al 31/12/97, con 351 días de retardo, por lo que procedió a imponer multa por la cantidad total de TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs. 324.000,00).

En consecuencia en fecha 06 de abril de 1998, el ciudadano Braz Sousa Dos Santos, venezolano, titular de la cédula de identidad N° 7.102.233, actuando en su carácter de Administrador de la contribuyente DISTRIBUIDORA DE LICORES LAS VEGAS, S.R.L., asistido en este acto por la abogada Hidelys Montaner Hernández, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 26.567, interpuso recurso jerárquico y subsidiariamente recurso contencioso tributario, contra las Resoluciones ut supra, el cual fue declarado INADMISIBLE, mediante Resolución N° HGJT-A-3162 de fecha 25 de junio de 1999, emitida por la Gerencia Jurídica Tributaria del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria.


III
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

Este Tribunal antes de dilucidar el fondo de la presente controversia procede a analizar si opera la perención de la instancia en el recurso contencioso tributario interpuesto subsidiariamente al jerárquico en fecha 16 de abril de 1998. A tal efecto, se observa lo siguiente:

La perención es un modo de terminación procesal, mediante la cual se castiga la inactividad de las partes, su negligencia, independientemente de que sean culpables o no, por lo que la inacción del Juez no es determinante en la ocurrencia de aquélla.

Esta institución procesal regulada en el artículo 265 del Código Orgánico Tributario, tiene su origen en la perención prevista en el proceso civil ordinario desde el Código de Procedimiento Civil de 1916. Así, el artículo 265 del Código Orgánico Tributario de 2001, aplicable rationae temporis, señala lo siguiente:

“Artículo 265. La instancia se extinguirá por el transcurso de un (1) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento. La inactividad del Juez, después de vista la causa, no producirá la perención”.(Subrayado del Tribunal).

Como se observa, tres (3) son los requisitos que deben concurrir para aseverar que estamos en presencia de la comentada institución: una objetiva, relacionada con la no realización de actos procesales; una subjetiva, atinente a la inactividad de las partes y no del juez; y una condición temporal, en cuya virtud se exige que la pasividad de las partes exceda del plazo de un año. (Cfr. RENGEL-ROMBERG, A.,Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, según el nuevo Código de 1987, t. II, Organización Gráficas Carriles, C.A., p. 373).

Si en la relación procesal se observa la existencia de estas tres (3) condiciones, es evidente que existe una renuncia de las partes a continuar la instancia. En efecto, el hecho de dejar transcurrir un (1) año, ejerciendo un papel de simple espectador de la inactividad judicial sin gestionar en modo alguno en el expediente, en procura de la continuación del proceso, evidencia a juicio de este Tribunal, falta de interés, por parte de la contribuyente, en obtener un pronunciamiento de la autoridad judicial ante la cual ha sometido el conocimiento del asunto. De manera que, no es la inacción del Juez, per se, la que acarrea la perención de la instancia, sino que es la inactividad de las partes la que es sancionada con esta declaratoria de perención.

La desidia de los sujetos procesales por más de un año, extingue la instancia de pleno derecho, es decir, que la perención opera ex lege, pudiendo ser alegada por las partes o decretada de oficio por el Juez, quien analizará previamente que se han cumplido los presupuestos necesarios para su declaratoria.

Resulta importante advertir que, la instancia en los procesos contenciosos tributarios se inicia con la traba de la litis o debate procesal, la cual se configura una vez que todas las partes están a derecho (Sentencia N° 871 de la Sala Político-Administrativa Especial Tributaria de fecha 13 de julio de 1999, Siderúrgica del Turbio,S.A. (Sidetur) y otra empresa, Exp. N° 8.299). En el supuesto en que el recurso contencioso tributario haya sido interpuesto subsidiariamente al jerárquico, una vez que el Tribunal Superior Contencioso Tributario competente le da entrada, debe por mandato del artículo 264 del Código Orgánico Tributario, practicar la notificación de la recurrente en su domicilio o en el lugar donde ejerza su industria o comercio, con el fin de no vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso previstos en los artículos 26 y 49 de nuestra Carta Magna. Así ha quedado sentado por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia:

“(…) Visto lo anterior, debe señalarse que en el caso de autos era indispensable notificar a la contribuyente, pues la misma no se encontraba a derecho, debido a que de conformidad con el artículo 264 del vigente Código Orgánico Tributario antes transcrito, al tratarse de un recurso contencioso tributario ejercido subsidiariamente al jerárquico, se debe notificar a ésta en su domicilio o en el lugar donde ejerza su industria o comercio, razón por la que no puede considerarse que la recurrente esté a derecho a partir de la interposición del recurso ante la Administración Tributaria; tal posición, se confirma mediante el auto dictado por el a quo en fecha 14 de julio de 2003, donde fueron ordenadas todas las notificaciones. Por consiguiente, no es sino hasta que conste en autos la notificación de todas las partes, el momento a partir del cual debe entenderse que se encuentran a derecho.
En este sentido, observa esta Sala que el a quo ordenó por auto del 14 de julio de 2003 la notificación de la contribuyente; sin embargo, no consta en autos su práctica y posterior consignación, cuestión que a todas luces en criterio de esta Alzada, es contrario a derecho, pues es insostenible que ante la falta de notificación a la contribuyente de la llegada del recurso contencioso tributario al órgano jurisdiccional competente, se declare la perención de la instancia por falta de actuación de la contribuyente recurrente tendiente a impulsar el proceso, cuando ella aún no estaba a derecho.

En efecto, la única forma en la cual la contribuyente pudiera haber ejercido actos que impulsaran el proceso era mediante la notificación de la boleta ordenada por el a quo, en los términos establecidos en el artículo 264 del vigente Código Orgánico Tributario, al haberse interpuesto el recurso contencioso tributario de manera subsidiaria al jerárquico, lo cual le hubiera permitido tener la certeza de que el recurso ya se encontraba ante el órgano jurisdiccional competente, para de esta manera llevar a cabo todos los actos de procedimiento tendientes a ejercer en forma debida y efectiva su defensa, y de ese modo precisar el momento a partir del cual se establecería que las partes están a derecho, situación esta demás necesaria para que operara la perención.

Con base a lo anterior, considera esta Sala que el a quo con tal declaratoria vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva de la contribuyente, al no permitirle el acceso al órgano jurisdiccional competente para el ejercicio de su derecho a la defensa en la primera instancia, así mismo al debido proceso como mecanismo fundamental para la realización de la justicia, el cual tiene por objeto garantizar la seguridad jurídica necesaria en la efectiva tutela judicial que la jurisdicción tiene como guía, pues ante la ausencia o falta de notificación de la llegada del recurso contencioso tributario, no se le brindó a la contribuyente las garantías suficientes para la efectiva y debida protección de sus derechos e intereses durante la tramitación del referido recurso. Así se declara”. (Sentencia N° 130 de la Sala Político-Administrativa de fecha 25 de enero de 2006, con ponencia del magistrado Hadel Mostafá Paolini, caso: Petroquímica de Venezuela, S.A., Exp. N° 2005-2090).

Aplicando el criterio precedentemente expuesto al caso sub judice, observamos que este Tribunal en el auto de entrada de fecha 08 de diciembre de 2000, ordenó notificar a los ciudadanos Procuradora, Contralor General de la República, a la Gerencia Jurídico Tributaria del SENIAT y la contribuyente DISTRIBUIDORA DE LICORES LAS VEGAS, S.R.L.

Así, las boletas de notificación de la Gerencia Jurídico Tributaria del SENIAT, el ciudadano Procurador General de la República y el ciudadano Contralor General de la República, fueron consignadas al expediente judicial en fecha 28 de febrero de 2001, tal como se evidencia en los folios del cuarenta y dos (42) al cuarenta y siete (47) ambos inclusive. Igualmente consta Cartel de notificación a las puertas del Tribunal librado para la notificación de la recurrente, el cual riela en los folios setenta y siete (77) y setenta y ocho (78) del expediente judicial.

Se observa así, que el Tribunal cumplió con la obligación procesal que le impone el artículo 264 del Código Orgánico Tributario de 2001, como lo es de notificar a la recurrente que el recurso contencioso tributario ejercido subsidiariamente al jerárquico en fecha 16 de abril de 1998, se le dio entrada en fecha 08 de diciembre de 2000. En efecto, señala la citada disposición legal:

“Artículo 264. Se entenderá que el recurrente está a derecho desde el momento en que interpuso el recurso. En los casos de interposición subsidiaria de éste, o en la forma prevista en el aparte único del artículo 262 de este Código, el Tribunal de oficio deberá notificar al recurrente en su domicilio o en el lugar donde ejerce su industria o comercio”. (Subrayado del Tribunal).

Así, la litis o debate procesal se instauró una vez que todas las partes se encontraron debidamente notificadas. Ahora bien, desde el 14 de mayo de 2007 -fecha en la cual fue librado Cartel de notificación a las puertas del Tribunal para la notificación de la recurrente-, hasta el día de hoy 29 de octubre de 2009, se observa que transcurrió más de un (1) año sin haberse realizado un acto de procedimiento, en virtud del cual se evidencie la intención o propósito de las partes de continuar el proceso.

En consecuencia, en aras de proteger el interés público reflejado en la necesidad imperiosa de evitar que los juicios se prolonguen indebidamente y en el desideratum común de descargar a la jurisdicción de causas que han sido abandonadas por falta de diligencia de las partes, quien decide, declara con fundamento en lo establecido en el artículo 265 del Código Orgánico Tributario, que en la presente causa se consumó el lapso necesario para que perima la instancia. Así se decide.

IV
DECISIÓN

En virtud de lo anteriormente expuesto, este Tribunal Superior Séptimo de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, en la presente causa.

Publíquese, regístrese y notifíquese a los ciudadanos Procuradora y Fiscal General de la República, a la Gerencia General de Servicios Jurídicos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) y a la contribuyente DISTRIBUIDORA DE LICORES LAS VEGAS, S.R.L.

Se advierte a las partes que, de conformidad con el único aparte del artículo 278 del Código Orgánico Tributario y el criterio sostenido por nuestro máximo Tribunal de Justicia (Sentencia N° 991 de la Sala Político-Administrativa de fecha 2 de julio de 2003, con ponencia del magistrado Levis Ignacio Zerpa, caso: Tracto Caribe, C.A., Exp. N° 2002-835), esta sentencia no admite apelación, por cuanto el quantum de la causa no excede de quinientas (500) unidades tributarias.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Superior Séptimo de lo Contencioso Tributario, en Caracas, a los treinta (30) días del mes de octubre de dos mil nueve (2009). Años 199° de la Independencia y 150° de la Federación.

La Jueza Suplente,

Lilia María Casado Balbás
El Secretario,

José Luis Gómez Rodríguez

En el día de despacho de hoy treinta (30) del mes de octubre del año dos mil nueve (2009), siendo las tres de la tarde (03:00 p.m.) se publicó la anterior sentencia.

El Secretario,

José Luis Gómez Rodríguez

Asunto Antiguo: 1582
Asunto Nuevo: AF47-U-1998-000057
LMCB/JLGR/DGD