REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA.
Maracay, 29 de octubre de 2009
199º y 150º
EXPEDIENTE Nº 47636-09
DEMANDANTE: JOAQUIN PINEDA PINEDA, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, y titular de la cédula de identidad No. 23.919.287.
ABOGADOS: RAMON CELESTINO LOYO Y NERIO ANTONIO RIVERO. inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros128.828 y 101.061 respectivamente.-
DEMANDADO: JOSE ANGEL ROJAS, venezolano, mayor de edad, y de este domicilio.-
MOTIVO: CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE COMODATO
DECISIÓN: PERENCIÒN DE LA INSTANCIA
Se inició el presente procedimiento cuando en fecha “12 de febrero de 2009”, el ciudadano JOAQUIN PINEDA PINEDA, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, y titular de la cédula de identidad No. 23.919.287, asistida por los abogados en ejercicio RAMON CELESTINO LOYO Y NERIO ANTONIO RIVERO, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros128.828 y 101.061 respectivamente, interpone demanda de DESALOJO contra el ciudadano JOSE ANGEL ROJAS, venezolano, mayor de edad, y de este domicilio, este Tribunal por cuanto de la revisión del expediente observa:
Por auto de fecha 17 de febrero de 2009, se admitió la demanda y se ordenó el emplazamiento de la parte demandada.-
La institución de la perención de la instancia, comporta la ausencia absoluta de cualquier actividad tendente a impulsar el proceso. En tal sentido, tomando en cuenta la circunstancia de que el interés procesal subyace en la pretensión inicial del actor y debe subsistir en el curso del proceso, es necesario considerar que la inactividad que denota desinterés procesal, se manifiesta precisamente por la falta de interés en el devenir del proceso que hace presumir que el actor realmente no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin. Según el artículo 269 del mismo Código, la perención se verifica ope-legis y no es renunciable por las partes, incluso puede declararse de oficio.
La obligación arancelaría que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el artículo 12 de la precitada ley, que deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los accionantes de la tutela jurídica del Estado dentro de los 30 días calendario siguientes a la admisión de la demanda o su reforma, que no son solamente de orden económico, mediante la presentación de diligencias en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del sujeto pasivo y particularmente cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste a más de 500 metros de la sede del tribunal, en virtud de implicar el traslado al sitio de la citación un mayor costo; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención breve de la instancia, siendo obligatorio igualmente para el Alguacil dejar constancia en el expediente, que la parte accionante le proporcionó lo exigido en la ley a fin de realizar las diligencias subsiguientes y pertinentes a la consecución de la materialización de la citación.
Aplicando a la sucinta cronología de actuaciones procesales anteriormente relatadas las consideraciones precedentes, constatado que desde el 17 de febrero de 2009, fecha en la cual se admitió la demanda y se ordenó el emplazamiento de la parte demandada, la parte que instó la tutela jurídica del Estado mantuvo una conducta pasiva para gestionar la citación de la parte demandada para la prosecución del proceso hasta el estado de obtener la sentencia que declararía su pretensión con o sin lugar, habiendo transcurrido hasta el 29 de octubre de 2009, ocho (8) meses y doce (12), es decir, un tiempo que excede el previsto por el legislador patrio para que opere la sanción de la perención, es por lo que este Tribunal, en virtud de la omisión o incumplimiento de la carga procesal del accionante, indefectiblemente DECLARA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo previsto en el artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial adminiculado con el ordinal primero del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil en el juicio que por DESALOJO fue incoado por el ciudadano JOAQUIN PINEDA PINEDA, contra el ciudadano JOSE ANGEL ROJASCARLOS VIDAL RODRIGUEZ GALINDEZ, ambos ut supra identificados. Así se decide en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley.
LA JUEZ PROVISORIA,
DRA. LUZ MARIA GARCIA MARTINEZ.
EL SECRETARIO ACC,
Abog. PEDRO PABLO CASTILLO
LMGM/cristina. Exp. N° 47636-09
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