REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO SUPERIOR QUINTO AGRARIO Y CIVIL-BIENES DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO MONAGAS, CON COMPETENCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGION SUR ORIENTAL Maturín, (13) de abril de 2.010. 199° y 151° Exp. 4140. En fecha 05 de abril de 2010, escrito contentivo de demanda por Cobro de Prestaciones Sociales, la cual fue presentada por la ciudadana LISBETH DEL VALLE GUTIERREZ FARIAS, venezolana, mayor de edad y titular de la cedula de identidad N° 14.940.935, asistida en ese acto por la abogada SORAYA HERNANDEZ, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 22.822, contra la INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL PARLAMENTARIO (INPRELEMO), ente creado por el CONSEJO LEGISLATIVO DEL ESTADO MONAGAS. Se le dio entrada en fecha 07 de abril de 2010. DE LA COMPETENCIA La recurrente ciudadana Lisbeth Del Valle Gutiérrez Farias, señala que en fecha 01 de agosto de 2005, comenzó a prestar sus servicios para INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL PARLAMENTARIO (INPRELEMO), ente creado por el CONSEJO LEGISLATIVO DEL ESTADO MONAGAS, ocupando el cargo de Asistente Administrativo, hasta el 13 de enero de 2010, dicha querella trata de un cobro de prestaciones sociales, derivados de sus relaciones de empleo publico con (INPRELEMO). La Ley del Estatuto de la Función Publica, en su en su artículo 93: Corresponderá a los tribunales competentes en materia contencioso administrativo funcionarial, conocer y decidir todas las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de esta Ley, en particular las siguientes: 1. Las reclamaciones que formulen los funcionarios o funcionarias públicos o aspirantes a ingresar en la función publica, cuando consideren lesionados sus derechos por actos o hechos de los órganos o entes de la administración publica. Dicha ley establece en su Disposición Transitoria Primera: Mientras se dicte la Ley que regule la jurisdicción contencioso administrativa, son competente para conocer de las controversias a que se refiere el artículo 93 de esta ley, los jueces o juezas superiores con competencia en lo contencioso administrativo en el lugar donde hubieren ocurrido los hechos, donde se hubiere dictado el acto administrativo, o donde funcione el órgano o ente de la Administración Publica, que dio lugar a la controversia. Estando involucrado en la presente demanda un derecho reconocido por la Ley del Estatuto de la Función Publica y que deriva de la terminación de la relación funcionarial con un ente publico del estado Monagas, no cabe dudas que este Juzgado Superior Quinto Agrario con Competencia en lo contencioso Administrativo de la Región Sur Oriental, es el competente para conocer el presente asunto, y así se decide. DE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE NULIDAD Así las cosas, este Órgano Jurisdiccional pasa a pronunciarse sobre la admisibilidad del presente recurso, para lo cual debe verificar si se cumplió con los requisitos establecidos por el Legislador. En relación con la caducidad de la acción interpuesta sobre este particular el artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Publica, establece: “…Todo recurso con fundamento es esta Ley solo podrá ser ejercido validamente dentro del lapso de tres meses contado a partir del día en que se produjo el hecho que dio lugar a el, o desde el día en el que el interesado fue notificado del acto...” En este mismo orden de ideas la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia del 14 de Diciembre de 2.006, expresó: “…se insta a las Cortes de lo Contencioso Administrativo, en su condición de Alzadas naturales de los Juzgados Superiores con competencia contencioso funcionarial (ex artículo 110 de la Ley del Estatuto de la Función Pública), para que en lo sucesivo – tal como lo advirtió acertadamente la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en el fallo sometido a revisión, respecto del plazo legalmente previsto para el ejercicio de la querella funcionarial, cual es el previsto en el artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública-, velen por la observancia de las normas procesales consagradas en la Ley del Estatuto de la Función Pública, como normas de carácter especial y, por tanto, de aplicación prevalente en materia contencioso administrativo funcionarial, para asegurar la estabilidad de aquellas formas dirigidas a la iniciación, instrucción y decisión del proceso, como forma de garantizar al ciudadano el conocimiento cierto y previo de las reglas que regulan el derecho de acceso a la jurisdicción, predicado por el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”… Así las cosas, el artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Publica, establece el lapso de caducidad de tres meses, para el ejercicio de todo recurso fundamentado en la referida ley. En tal sentido, se observa de las actas que conforman el presente expediente, que el recurrente en su escrito libelar señala que hasta 13 de enero de 2010, presto sus servicios para (INPRELEMO), en este sentido visto que no se encuentran presente las causales de Inadmisibilidad en el presente caso, este Tribunal la Admite, cuanto a lugar en derecho se refiere. En consecuencia, se ordena el emplazamiento del ciudadano Presidente del Instituto de Previsión Social del Parlamentario (INPRELEMO), de conformidad con lo establecido en el artículo 81 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, por remisión del artículo 33 de la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público, a fin que comparezcan ante este Juzgado a dar contestación a la querella, dentro de los quince (15) días de despacho siguientes a la constancia en autos de su citación, de conformidad con lo establecido en el artículo 99 de la Ley de Estatuto de la Función Pública, vencido como se encuentren los quince (15) días hábiles que dispone el artículo 82 del referido Decreto. Asimismo, notifíquese al ciudadano Presidente del Consejo Legislativo del estado Monagas y al Procurador General del estado Monagas. Igualmente, se acuerda solicitarle al ciudadano Presidente del Instituto de Previsión Social del Parlamentario (INPRELEMO), la remisión a éste Juzgado de los Antecedentes Administrativos del caso en un plazo que no deberá exceder de ocho (08) días de despacho; contados a partir de que conste en autos el recibo de oficio que se ordena librar. Compúlsese el libelo con sus anexos, de conformidad a lo establecido en el Artículo 99 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y entréguese al alguacil de Juzgado, a los fines de que practique la citación del ciudadano Presidente del Instituto de Previsión Social del Parlamentario (INPRELEMO) y las notificaciones del ciudadano presidente del Consejo Legislativo del estado Monagas y del Procurador General del estado Monagas. Cúmplase con lo ordenado.- DECISIÓN Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil-Bienes de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, con Competencia en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur Oriental, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: COMPETENTE para conocer del presente recurso de nulidad de acto administrativo. SEGUNDO: ADMISIBLE, el presente recurso contencioso administrativo de nulidad, incoado por la ciudadana Lisbeth Del Valle Gutiérrez Farias, en contra del Instituto de Previsión Social del Parlamentario (INPRELEMO). Publíquese, regístrese y notifíquese. Dada, firmada y sellada en la Sala de despacho del Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil-Bienes de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, con Competencia en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur Oriental, en Maturín, a los Trece (13) días del mes de marzo del dos mil Diez (2010). Años 199° de la Independencia y 151° de la Federación. La Jueza Provisoria, SILVIA J ESPINOZA SALAZAR La Secretaria, MARY J CÁCERES YNFANTE. SJVES/MJC/JFJ Exp. N° 4140.