REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO SUPERIOR QUINTO AGRARIO Y CIVIL-BIENES DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO MONAGAS, CON COMPETENCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGION SUR ORIENTAL Maturín, (21) de Abril de 2.010. 200° y 151° Exp. 4152. En fecha 06 de abril de 2010, se recibe escrito contentivo de QUERELLA FUNCIONARIAL, por Cobro de Prestaciones Sociales, la cual fue presentada por la ciudadana LISBELY JOSEFINA RODRIGUEZ CASTILLO, titular de la cedula de identidad N° 9.299.369, asistida por el abogado YESID ARTURO RUIZ MEDINA, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 114.481, contra el CONSEJO LEGISLATIVO DEL ESTADO MONAGAS. Se le dio entrada en fecha 12 de abril de 2010. DE LA COMPETENCIA La recurrente ciudadana Lisbely Josefina Rodríguez Castillo, señala que en fecha 01 de diciembre de 2008, comenzó a prestar sus servicios como empleada Publica con el CONSEJO LEGISLATIVO DEL ESTADO MONAGAS, ocupando el cargo de directora de Consultaría Jurídica, hasta el 06 de Enero de 2010, que presento su renuncia formal, dando por culminada la relación de trabajo, dicha querella trata de un cobro de prestaciones sociales, derivados de su relación de empleo publico con el CONSEJO LEGISLATIVO DEL ESTADO MONAGAS. La Ley del Estatuto de la Función Publica, en su en su artículo 93: Corresponderá a los tribunales competentes en materia contencioso administrativo funcionarial, conocer y decidir todas las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de esta Ley, en particular las siguientes: 1. Las reclamaciones que formulen los funcionarios o funcionarias públicos o aspirantes a ingresar en la función publica, cuando consideren lesionados sus derechos por actos o hechos de los órganos o entes de la administración publica. Dicha ley establece en su Disposición Transitoria Primera: Mientras se dicte la Ley que regule la jurisdicción contencioso administrativa, son competente para conocer de las controversias a que se refiere el artículo 93 de esta ley, los jueces o juezas superiores con competencia en lo contencioso administrativo en el lugar donde hubieren ocurrido los hechos, donde se hubiere dictado el acto administrativo, o donde funcione el órgano o ente de la Administración Publica, que dio lugar a la controversia. Estando involucrado en la presente demanda un derecho reconocido por la Ley del Estatuto de la Función Publica y que deriva de la terminación de la relación funcionarial con un ente publico del estado Monagas, no cabe dudas que este Juzgado Superior Quinto Agrario con Competencia en lo contencioso Administrativo de la Región Sur Oriental, es el competente para conocer el presente asunto, y así se decide. DE LA ADMISIBILIDAD Así las cosas, este Órgano Jurisdiccional pasa a pronunciarse sobre la admisibilidad del presente recurso, para lo cual debe verificar si se cumplió con los requisitos establecidos por el Legislador. En relación con la caducidad de la acción interpuesta sobre este particular el artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Publica, establece: “…Todo recurso con fundamento en esta Ley solo podrá ser ejercido validamente dentro del lapso de tres meses contado a partir del día en que se produjo el hecho que dio lugar a el, o desde el día en el que el interesado fue notificado del acto...” En este mismo orden de ideas la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia del 14 de Diciembre de 2.006, expresó: “…se insta a las Cortes de lo Contencioso Administrativo, en su condición de Alzadas naturales de los Juzgados Superiores con competencia contencioso funcionarial (ex artículo 110 de la Ley del Estatuto de la Función Pública), para que en lo sucesivo – tal como lo advirtió acertadamente la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en el fallo sometido a revisión, respecto del plazo legalmente previsto para el ejercicio de la querella funcionarial, cual es el previsto en el artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública-, velen por la observancia de las normas procesales consagradas en la Ley del Estatuto de la Función Pública, como normas de carácter especial y, por tanto, de aplicación prevalente en materia contencioso administrativo funcionarial, para asegurar la estabilidad de aquellas formas dirigidas a la iniciación, instrucción y decisión del proceso, como forma de garantizar al ciudadano el conocimiento cierto y previo de las reglas que regulan el derecho de acceso a la jurisdicción, predicado por el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”… Así las cosas, el artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Publica, establece el lapso de caducidad de tres meses, para el ejercicio de todo recurso fundamentado en la referida ley. En tal sentido, se observa de las actas que conforman el presente expediente, que el recurrente en su escrito libelar señala que en fecha 06 de enero de 2010, culmino su relación de trabajo, con el CONSEJO LEGISLATIVO DEL ESTADO MONAGAS, en este sentido visto que no se encuentran presente las causales de Inadmisibilidad en el presente caso, este Tribunal la Admite, cuanto a lugar en derecho se refiere. En consecuencia, se ordena el emplazamiento del ciudadano Presidente del Consejo Legislativo del estado Monagas, de conformidad con lo establecido en el articulo 81 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Descentralización, Delimitacion y Transferencia de Competencias del Poder Publico, a fin de que comparezca ante este juzgado a dar contestación a la querella, dentro de los quince (15) días de despacho siguientes a la constancia en autos de su citación, de conformidad con lo establecido en el articulo 99 de la Ley del Estatuto de la Función Publica, vencido como se encuentren los quince (15) días hábiles que dispone el articulo 82 del referido decreto. Asimismo, notifíquese al ciudadano Procurador General del estado Monagas. Igualmente, se acuerda solicitarle al ciudadano Presidente del Consejo Legislativo del estado Monagas, la remisión a éste Juzgado de los Antecedentes Administrativos del caso en un plazo que no deberá exceder de ocho (08) días de despacho; contados a partir de que conste en autos el recibo de oficio que se ordena librar. Compúlsese el libelo con sus anexos, de conformidad a lo establecido en el Artículo 99 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y entréguese al alguacil de Juzgado, a los fines de que practique la citación del ciudadano Presidente del Consejo Legislativo del estado Monagas y la notificación del ciudadano Procurador General del estado Monagas. Cúmplase con lo ordenado.- DECISIÓN Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil-Bienes de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, con Competencia en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur Oriental, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: COMPETENTE para conocer de la presente Querella Funcionarial SEGUNDO: ADMISIBLE, el cobro de prestaciones sociales, incoado por la ciudadana Lisbely Josefina Rodríguez Castillo, en contra del Consejo Legislativo del estado Monagas. Publíquese, regístrese y notifíquese. Dada, firmada y sellada en la Sala de despacho del Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil-Bienes de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, con Competencia en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur Oriental, en Maturín, a los veintiún (21) días del mes de Abril del dos mil Diez (2010). Años 200° de la Independencia y 151° de la Federación. La Jueza Provisoria, SILVIA J ESPINOZA SALAZAR La Secretaria, MARY J CÁCERES YNFANTE. SES/MC/RL Exp. 4152