TSJ Regiones - Decisión

Causa N° 2528

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL
ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS
SALA PRIMERA

Caracas, xx de diciembre de 2010
200° y 151°

I
PONENCIA DE LA JUEZA PROFESIONAL
DRA. NINOSKA BEATRIZ QUEIPO BRICEÑO

Han subido las presentes actuaciones, contentivas del Escrito de Apelación interpuesto por la Defensora Pública Octogésima Segunda (82°) Penal del Área Metropolitana de Caracas Abg. ZULEIMA GONZALEZ, en su carácter de Defensora del ciudadano FLORES MORALES HECTOR ALEXANDER, en contra de la decisión dictada en fecha 03 de noviembre de 2010, por el Juzgado Séptimo (7°) de Primera Instancia en Funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual negó el otorgamiento de de la gracia de la conmutación la pena que le falta por cumplir en confinamiento al precitado penado.

En fecha 29 de noviembre de 2009, el Juzgado Séptimo (7°) de Primera Instancia en Funciones de Ejecución de este Circuito Judicial Penal, remitió el presente expediente a la Unidad de Registro y Distribución de Documentos, la cual el 30 de noviembre de 2010, asignó el asunto a esta Sala Uno de la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial Penal; se le dio entrada en el libro de causas respectivo, asignándose bajo el N° 2528, designándose como Juez Ponente al Dr. LENIN FERNÁNDEZ DUARTE; Ahora bien, en virtud al reintegro de la DRA. NINOSKA QUEIPO BRICEÑO a sus labores habituales por cuanto de encontraba de vacaciones se acordó reasignar la Ponencia mediante auto de fecha 06 de diciembre de 2010, quien se abocó al conocimiento de la misma, y con tal carácter suscribe la presente decisión.
La admisión del recurso se produjo el día xxxxxx (xx) de noviembre de 2010, y siendo la oportunidad prevista en el primer aparte del artículo 450 del Código Orgánico Procesal Penal, se procede a resolver el fondo de la controversia, previo a lo cual, se hacen las siguientes consideraciones:

I
DEL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO

La Defensora Pública Octogésima Segunda (82°) Penal del Área Metropolitana de Caracas Abg. ZULEIMA GONZALEZ, en su carácter de Defensora del ciudadano FLORES MORALES HECTOR ALEXANDER, interpuso Recurso de Apelación en contra de la decisión ut supra identificada, de conformidad con lo establecido en el artículo 447 numeral 4° del Código Orgánico Procesal Penal; señalando como argumentos, lo siguiente:

Indica la recurrente, que en fecha 17 de mayo de 2006, el Juzgado Vigésimo Octavo (28°) de Primera Instancia en Funciones de Juicio de este Circuito Judicial Penal, dictó sentencia mediante la cual condenó al ciudadano HECTOR ALEXANDER FLORES MORALES a cumplir la pena de ocho (08) años y seis (06) meses de prisión, por la comisión de los delitos de ROBO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR EN GRADO DE TENTATIVA y POSESIÓN ILÍCITA DE SUS

IV
CONSIDERACIONES DE LA SALA PARA DECIDIR

De la revisión efectuada a las actas que conforman la presente incidencia, se observa del escrito recursivo, que la génesis del mismo se basa en impugnar la decisión de fecha 16 de octubre de 2010, dictada en Audiencia Oral de Presentación de Imputado en virtud a la constitución del Juzgado Octavo (8°) de Primera Instancia en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal en el Hospital Pérez de León, y en la cual se decretó la Privación Judicial Preventiva de Libertad en contra del ciudadano ARAQUE DURAN YOLMER ALFONSO; toda vez que a consideración de la apelante, tal decisión no se encuentra debidamente motivada por parte de la Juzgadora a quo, específicamente el auto de Privación Judicial Preventiva de Libertad, por lo que estima la apelante que “no existen los elementos taxativos que exige el citado artículo 250 en concordancia al 251…”, así como que no que se encuentran acreditados suficientes elementos de convicción para estimar que su defendido ha sido autor o partícipe en la presunta comisión del hecho que se le atribuye.

Así mismo, solicita la nulidad de la aprehensión de su defendido, por cuanto considera que le fueron vulnerados sus derechos constitucionales, específicamente los establecidos en los artículos 44.1 y 49.2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Esta Sala para decidir observa lo siguiente:

En lo que respecta al argumento referido a que la decisión recurrida, carece de motivación, específicamente el auto de Privación Judicial Preventiva de Libertad, dictado en fecha 16 de octubre de 2010, posteriormente a la celebración de la Audiencia de Presentación de Imputado, llevada a cabo en esa misma fecha en virtud a la constitución del Juzgado Octavo (8°) de Primera Instancia en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, en el Hospital Pérez de León, medida ésta dictada en contra del ciudadano ARAQUE DURAN YOLMER ALFONSO; estima esta Alzada, que tal denuncia debe ser desestimada por cuanto del análisis efectuado a las actuaciones acompañadas a la presente incidencia de apelación, contrariamente al contenido de la presente denuncia, se observa, específicamente a los folios doce (12) diecinueve (19), que la Juzgadora A quo cumplió en primer término con lo establecido en los artículos 173 y 246 del Código Orgánico Procesal Penal, los cuales señalan:

“Artículo 173. Las decisiones del Tribunal serán emitidas mediante sentencia o autos fundados, bajo pena de nulidad, salvo los autos de mera sustanciación”

“Artículo 246. Las Medidas de coerción personal sólo podrán ser decretadas conforme a las disposiciones de este Código mediante resolución judicial fundada.”

Considerando quienes aquí deciden, que efectivamente el Juzgador A quo cumplió con los requisitos exigidos por los citados artículos contenidos en la Norma Adjetiva Penal, dictando auto fundado en fecha 16 de octubre de 2010, en relación a la Privación Judicial Preventiva de Libertad decretada en Audiencia Oral de Presentación de Imputado, llevada a cabo en esa misma fecha, decretada en contra del ciudadano ARAQUE DURAN YOLMER ALFONSO.

Esta Alzada observa, que del auto fundado dictado por el Juzgado Octavo (8°) de Primera Instancia en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, se desprende, una narración sucinta de las circunstancias en que fue dada la aprehensión del citado imputado, así como el señalamiento de los elementos de convicción que según su criterio, estimó necesarios para presumir la presunta participación o autoría del imputado de autos en la comisión del delito que se le atribuye, como lo es el de HOMICIDIO CALIFICADO POR MOTIVOS FÚTILES O INNOBLES; elemento éstos observados a su vez por esta Alzada de la revisión de la pieza original y por lo que se considera necesario traerlos a colación:

1.- TRANSCRIPCIÓN DE NOVEDAD, de fecha 16 de Febrero de 2009, que corre inserta al folio 2 de la pieza original, suscrita por el Lic. José Delgado, Inspector Jefe de Guardia, de la Sub – Delegación El Llanito del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, en la cual se dejó constancia que se recibió llamada radiofónica notificando a ese despacho que en el Hospital Pérez de León se encuentra una persona sin signos vitales de nombre YUSTI SOJO YEISON DAMIAN, de 28 años de edad, quien presentaba heridas por arma de fuego.

2.- ACTA DE ENTREVISTA, de fecha de febrero de 2009, que corre inserta a los folios seis (06) al siete (07) de la pieza original, rendida por el ciudadano YUSTI SOJO YELOR ENRIQUE, ante la Sub- Delegación de El Llanito del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, en la cual se verifica lo siguiente: “…Vengo por esta oficina ya que el día Domingo 15-02-2009 a eso de las 09:30 horas de la noche me encontraba frente a mi residencia junto a mis familiares, entre ellos mi hermano de nombre Yeison Damian Yusti Sojo y mi primo Jonny Eduardo Vegas, en eso mi hermano antes mencionado se va para detrás de una camioneta a orinar, de repente se presentaron varios sujetos armados pertenecientes a la banda de El memo, entre ellos El memo de nombre Yolmer Araque; Daniel Alberto; otro de nombre Yelmin Araque y otro de nombre Jean Franco y sin mediar palabras comenzaron a dispararnos a todos los que nos encontrábamos allí, por lo que rápidamente lo llevamos al Hospital ana pérez de león donde ingresó muerto…TERCERA PREGUNTA: Diga usted, quienes fueron las personas que le dieron muerte a su hermano…CONTESTO: Fue la banda del Meno, integradas por los ciudadanos de nombres Yolmer Araque; Daniel Alberto; otro de nombre Yelmin Araque y otro de nombre Jean Franco…”.

3.- ACTA DE INVESTIGACIÓN PENAL, de fecha 16 de febrero de 2009, levantada por el Funcionario PIÑANGO FRANCISCO, adscrito al Departamento de Investigaciones de la Su- Delegación de El Llanito del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, que corre inserta al folio ocho (08) y su vuelto de la pieza original, en la cual se verifica que el precitado Funcionario se trasladó al Hospital Dra. Ana Pérez de León a los fines de verificar el cuerpo sin vida de una persona a causa de heridas producidas por arma de fuego, así mismo se dejó constancia de la inspección que se le hiciera a un cadáver de sexo masculino quien quedó identificado como YEISON DAMIAN YUSTI SOJO. Se dejó constancia a su vez una entrevista sostenida con un ciudadano de nombre HECTOR YUSTI GONZALEZ, quien se identificó como padre del occiso quien manifestó lo siguiente: “…indicó que su precitado hijo se encontraba en la calle 10 de la Urbanización Palo Verde frente a la escuela Antonio Ortega Ordoñez vía pública, Petare…cuando unos sujetos apodados EL MEMO y otro conocido en como JEAN FRANCO, quienes son azotes de la zona 5 del barrio José Felix Rivas de Petare, le efectuaron disparos debido a que en horas más tempranas su hijo y sobrino habían sostenido una discusión con los sujetos antes mencionados…”

4.- PLANILLA DE LEVANTAMIENTO DE CADÁVER, de fecha 16 de febrero de 2009, levantada por los Funcionarios VARGAS FREDYMIR y PIÑANGO FRANCISCO adscritos a la Su-Delegación de El Llanito del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.

5.- LEVANTAMIENTO DE CÁDAVER, de fecha 25 de mayo de 2009, que corre inserta al folio dieciséis (16) de la pieza original, levantada por el Medico Forense, Experto Profesional III, DR. Marco Salmerón.

En virtud de lo anteriormente explanado, considera esta Alzada que tal denuncia formulada por la recurrente en relación a la ausencia de suficientes elementos de convicción para estimar la presunta participación o autoria del ciudadano ARAQUE DURAN YOLMER ALFONSO, debe ser desestimada y así mismo destacan quienes aquí deciden, que tales elementos fueron tomados en cuenta por parte de la Juzgadora A quo, como en efecto se constata en su decisión de fecha 16 de octubre de 2010, que corre inserta a los folios doce (12) al diecinueve (19) del presente cuaderno de apelación, evidenciándose así la existencia de indicios que permiten en este estado procesal, presumir la presunta participación o autoría del precitado imputado, en el hecho atribuido como lo es el de HOMICIDIO CALIFICADO POR MOTIVOS FÚTILES O INNOBLES, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 del Código Penal; todo ello en virtud al testimonio del ciudadano YUSTI SOJO YELOR ENRIQUE, quien funge como víctima y testigo presencial del hecho delictivo, así como las diversas actas de investigación ut supra señaladas por esta Alzada y por la Juzgadora a quo. Cumpliéndose así lo requerido en el ordinal 2° del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, contrariamente al dicho de la hoy apelante.

De manera tal que, a criterio de esta Sala, los argumentos que busca atacar la vigencia de la medida de coerción personal decretada por la instancia en este caso la Privación Judicial Preventiva de Libertad; sobre la base de que no existían elementos de convicción debe desestimarse por no ajustarse a la realidad de los hechos que acompañan la presente incidencia de apelación.

Considera esta Alzada, que la decisión dictada por la Juzgadora A quo, no presenta vicio de inmotivación alguno, por lo que contrariamente al señalamiento que hiciere la apelante al folio veintiséis (26) del presente cuaderno de apelación en su escrito recursivo, se considera a su vez, que la Juzgadora A quo actuó apegada a derecho, en virtud de que según su criterio, máximas de experiencia y normativa legal consideró oportuna y necesaria la aplicación de tal medida de coerción personal, en este caso la Privación Judicial Preventiva de Libertad en contra del ciudadano ARAQUE DURAN YOLMER ALFONSO, tal y como puede observarse en decisión de fecha 16 de octubre de 2010, decisión ésta que consideran quienes aquí deciden, cumple con los requisitos y elementos exigidos por la norma adjetiva penal; elementos éstos que así mismo fueron analizados por esta Alzada en la presente decisión.

Por otra parte, señaló la recurrente en su escrito recursivo, específicamente al folio veintiséis (26) de la presente pieza lo siguiente:

“…denuncio que la recurrida violó a mi patrocinado su Derecho a ser juzgado en libertad, al Debido Proceso, dentro de éste, el derecho de la Defensa y Presunción de Inocencia, y las Tutela Judicial Efectiva consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en los (sic) artículo 44, 49 numeral 1 y 2 y 26 respectivamente, en relación con lo que disponen los artículos 1 (Juicio Previo y debido proceso), 8 (Presunción de Inocencia) 9 (Afirmación de l Libertad), 12 (Defensa e igualdad entre las partes) 243 (Estado de Libertad) y 250 (procedencia de la Privación Judicial Preventiva de Libertad) y 256 (modalidades de las Medidas cautelares Sustitutivas de Libertad) del Código Orgánico procesal Penal

En este sentido, debe puntualizarse, que durante el desarrollo de la investigación, es normal que el titular de la acción penal, una vez hecha la individualización del o los presuntos autores y participes del hecho, mediante “actuaciones policiales ‘previas’ a la culminación de esta fase”; solicite la imposición de una o alguna de las medidas de coerción personal previstas en el Código Orgánico Procesal Penal, ya sean estas Medidas Cautelares Sustitutivas a la Privación Judicial Preventiva de Libertad o La Privación Judicial Preventiva de Libertad, todo ello a los fines de asegurar las resultas del proceso.

Al respecto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se ha referido a la posibilidad de imponer Medida de Coerción Personal desde la fase preparatoria, a los fines de asegurar las finalidades del proceso, señalando:

“... El Código Orgánico Procesal Penal en su título I regula las fases del proceso penal entre las cuales se encuentra la fase preparatoria, cuya finalidad no es más que practicar las diligencias necesarias tendentes a determinar si existen razones para proponer la acusación contra una persona y pedir su enjuiciamiento o sobreseimiento, según el caso.
En dicha fase, la medida más importante que se puede decretar, entre otras, es la privación preventiva judicial de libertad del imputado si se verifica la existencia de los requisitos concurrentes que para tal fin, establece el Código Orgánico Procesal Penal...” (Sent. Nro. 673 del 07/04/2003, )

Así las cosas, quienes aquí deciden se acota, que si bien es cierto de acuerdo a nuestro sistema de juzgamiento penal, la libertad constituye la regla, no menos cierto que tal regla tiene su excepción, la cual nace de la necesidad del aseguramiento del imputado o acusado, -según el caso-, de quedar sujeto al proceso penal, cuando “como en el presente caso”, existan fundados elementos en su contra que comprometan por una parte su participación en la comisión de un delito, y de otra de su voluntad de no someterse a la persecución penal. En este orden, de ideas, el Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Constitucional mediante decisión Nro. 715 de fecha 18 de abril de 2007, que reitera el criterio expuesto en la decisión No. 2608 de fecha 25 de septiembre de 2003, precisó:

“... Ahora bien, el principio del estado de libertad deviene de la inviolabilidad del derecho a la libertad personal. De allí, que toda persona a quien se le impute la participación en un hecho punible tiene derecho a permanecer en libertad durante el proceso, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez en cada caso.
Dichas excepciones nacen de la necesidad del aseguramiento del imputado durante el proceso penal, cuando existan fundados elementos en su contra de la comisión de un delito, así como el temor fundado de la autoridad de su voluntad de no someterse a la persecución penal. Estas dos condiciones constituyen el fundamento del derecho que tiene el Estado de perseguir y solicitar medidas cautelares contra el imputado...” (Negritas de la Sala).

De allí que, resulta fundamental para esta Alzada, precisar que la imposición de una o algunas de las Medidas Cautelares Sustitutivas a la Privación Judicial Preventiva de Libertad, hecha por el respectivo órgano jurisdiccional, en casos como el presente, en los cuales está evidenciada la presunta comisión de un hecho punible, no prescrito, enjuiciable de oficio y además la existencia de elementos de convicción que operan respecto de una o alguna persona debidamente individualizada y acusada en el presente caso por el titular de la acción penal, de modo alguno puede considerarse lesiva del derecho a la libertad personal y mucho menos ilícitas sobre la base del principio de afirmación de libertad que como regla rige en el proceso penal; pues si bien es cierto, el principio de afirmación de libertad constituye una garantía constitucional y uno de los principios rectores del actual sistema de juzgamiento criminal, no obstante, el mismo no debe entenderse como un mecanismo de impunidad frente a los distintos flagelos que azotan nuestra sociedad, pues para ello y con el objeto de asegurar las resultas del proceso y la finalidad del mismo existe en nuestro Código Orgánico Procesal Penal el instituto de las Medidas de Coerción Personal, que vienen a asegurar, en un proceso más garante los resultados de los diferentes juicios; y las cuales pueden consistir en una medida de Privación Judicial Preventiva de libertad o en el otorgamiento de una Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad, en cualquiera de las modalidades que contempla nuestra ley adjetiva penal.

Ahora bien, relación a lo denunciado por la apelante en cuanto a las condiciones en que fue dada la aprehensión del ciudadano ARAQUE DURAN YOLMER ALFONSO, esta Alzada considera que ciertamente en este tópico a la apelante le asiste la razón, en el sentido de que se evidencia de la lectura del ACTA POLICIAL, de fecha 14 de octubre de 2010, levantada por Funcionarios adscritos a la Policía municipal De Sucre, la cual corre inserta al folio treinta y dos (32) de la pieza original, en donde constan las condiciones de modo, tiempo y lugar en que se llevó a cabo la aprehensión del imputado de autos.

Al respecto, esta Alzada considera necesario traer a colación lo establecido en el artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela el cual señala:
“Artículo 44. La libertad personal es inviolable, en consecuencia:
1. Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti. En este caso será llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de cuarenta y ocho horas a partir del momento de la detención…”.

La citada norma de rango Constitucional, es clara al establecer las formas en que puede darse la aprehensión de un ciudadano o ciudadana; en el presente caso es evidente que tal aprehensión, no fue dada bajo ninguno de estos dos supuestos establecidos; sin en embargo en relación a la cesación de la violación constitucional, en casos como el que nos ocupa, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 09 de abril de 2001, con ponencia del Magistrado Iván Rincón Urdaneta, en expediente N° 2294, ha dejado sentado cuanto sigue:

“Analizados los planteamientos del accionante, esta Sala entiende que la pretensión ventilada se refiere específicamente a la constitucionalidad de la detención del procesado solicitante, ciudadano….quien fue detenido y permanece detenido sin orden judicial alguna y sin que los jueces del Circuito Judicial Penal de Barinas se hayan pronunciado sobre la inconstitucionalidad de esa detención inicial, la que no puede ser convalidada.”.
En criterio de la Sala, la acción de amparo propuesta resulta inadmisible, toda vez que la inconstitucionalidad de la presunta detención practicada por los organismos policiales sin orden judicial alguna, no puede ser imputada a la Corte de apelación accionada, ni tampoco al Juzgado de Control que dictó el auto de privación judicial preventiva de libertad el 2 de junio del 2000, ya que la presunta violación a los derechos constitucionales derivada de los actos realizados por los organismos policiales tienen límite en la detención judicial ordenada por el Juzgado de Control, de modo tal que la presunta violación de los derechos constitucionales cesó con esa orden, y no se transfiere a los organismos judiciales a los que corresponde determinar la procedencia de la detención provisional del procesado mientras dure el juicio. (Negrillas y subrayado de esta Sala uno).

Así mismo, verifica esta Alzada que en la Audiencia de Presentación de Imputado llevada a cabo en fecha 16 de octubre de 2010, la Juzgadora a quo, así mismo se pronunció en relación a tal tópico, como efectivamente puede verificarse a los folios siete (07) al ocho (08) del presente cuaderno de apelación.

Por otra parte, considera esta Alzada que en el presente caso se encuentran dados de manera concurrente las exigencias establecidas en el artículo 250 del Texto Adjetivo Penal, ya que nos encontramos en primer término ante la presencia de un hecho punible que merece pena privativa de libertad, como lo es el delito de HOMICIDIO INTENCIONAL POR MOTIVOS FÚTILES O INNOBLES, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1° del Código Penal, cuya acción penal no se encuentra evidentemente prescrita, así como fundados elementos de convicción ya analizados y ut supra señalados por quienes aquí deciden, para estimar que el imputado de autos ha sido presuntamente autor o partícipe en la comisión del hecho punible.

En este mismo orden de ideas, señalan los artículos 251 y 252 en relación con el peligro de fuga y de obstaculización en la búsqueda de la verdad lo siguiente:

Artículo 251. Peligro de fuga. Para decidir acerca del peligro de fuga se tendrán en cuenta, especialmente, las siguientes circunstancias:
…Omisis…
2. La pena que podría llegarse a imponer en el caso;
3. La magnitud del daño causado;
…Omisis…

Artículo 252. Peligro de obstaculización. Para decidir acerca del peligro de obstaculización para averiguar la verdad se tendrá en cuenta, especialmente, la grave sospecha de que el imputado:
1. Destruirá, modificará, ocultará o falsificará elementos de convicción;
2. Influirá para que coimputados, testigos, víctimas, o expertos, informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente, o inducirá a otros a realizar esos comportamientos, poniendo en peligro la investigación, la verdad de los hechos y la realización de la justicia.

Observa esta Sala que en el presente caso, el peligro de fuga y de obstaculización en la búsqueda de la verdad responde a una serie de criterios legales que permiten estimar tales requisitos, y en consecuencia hacen procedente la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad decretada en contra del ciudadano ARAQUE DURAN YOLMER ALFONSO, como lo son la posible pena a imponer, y la magnitud del daño social que constantemente causan estos flagelos al desarrollo normal de nuestra sociedad, y dado que en el presente caso, nos encontramos ante la existencia de un delito de importante magnitud como lo es el delito de HOMICIDIO CALIFICADO POR MOTIVOS FÚTILES O INNOBLES, el cual es castigado de manera categórica por nuestro sistema penal Venezolano estableciendo una pena significativa de 15 a 20 años de prisión, según el contenido del artículo 406 del Código Penal; lo cual a su vez permite apreciar un fundado temor de que el imputado de autos pueda de alguna manera sustraerse del proceso en virtud a la pena que pudiera llegar a ser impuesta. Así mismo, se verifica que la víctima en el presente caso, como lo es el hermano del hoy occiso quien funge a su vez como testigo presencial del hecho delictivo, se encuentran plenamente identificado, por lo que pudiera darse el caso de que el imputado de autos influyera sobre éste a los fines de que informe de manera desleal o reticente poniendo así en peligro las resultas del proceso. Se destaca que tal delito atenta contra la vida o humanidad de una persona, causando así un daño social invalorable, desintegrando familias y vulnerando el derecho supremo de todo ser humano como lo es el de la vida; Por lo que consideran quienes aquí deciden que se encuentran dados los supuestos establecidos en los artículos 250 ordinales 1, 2 y 3, 251 y parágrafo primero y 252 ordinal 2 del Código Orgánico Procesal Penal.

En mérito de los razones de hecho y de derecho que anteceden, y no habiendo otro motivo de apelación, esta Sala de Alzada considera que lo procedente y ajustado a derecho es declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Profesional del Derecho Abg. YADIRA PÉREZ CAMPOS, en su carácter de Defensora del ciudadano ARAQUE DURAN YOLMER ALFONSO, en contra de la decisión dictada en fecha 16 de octubre de 2010, en Audiencia Oral de Presentación de Imputado, llevada a cabo mediante la constitución del Juzgado Octavo (8°) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en el Hospital Ana Pérez de León de Petare, en virtud a solicitud que hiciere el Ministerio Público y mediante la cual se acordó decretar la Privación Judicial Preventiva de Libertad en contra del precitado ciudadano, de conformidad con lo establecido en los artículos 250 ordinales 1°, 2° y 3°, en relación con los artículos 251 ordinales 2°, 3° y 252 numeral 2° todos del Código Orgánico Procesal Penal; por encontrarlo incurso en la presunta comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO POR MOTIVOS FÚTILES O INNOBLES, previsto y sancionado en el artículo 406 numeral 1° del Código Penal; en consecuencia se CONFIRMA la decisión recurrida y se mantiene la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad dictada. Y ASÍ SE DECIDE.
V
DECISIÓN

Por las consideraciones que anteceden, esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, impartiendo Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Profesional del Derecho Abg. YADIRA PÉREZ CAMPOS, en su carácter de Defensora del ciudadano ARAQUE DURAN YOLMER ALFONSO, en contra de la decisión dictada en fecha 16 de octubre de 2010, en Audiencia Oral de Presentación de Imputado, llevada a cabo mediante la constitución del Juzgado Octavo (8°) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en el Hospital Ana Pérez de León de Petare, en virtud a solicitud que hiciere el Ministerio Público y mediante la cual se acordó decretar la Privación Judicial Preventiva de Libertad en contra del precitado ciudadano, de conformidad con lo establecido en los artículos 250 ordinales 1°, 2° y 3°, en relación con los artículos 251 ordinales 2°, 3° y 252 numeral 2° todos del Código Orgánico Procesal Penal; por encontrarlo incurso en la presunta comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO POR MOTIVOS FÚTILES O INNOBLES, previsto y sancionado en el artículo 406 numeral 1° del Código Penal; en consecuencia se CONFIRMA la decisión recurrida y se mantiene la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad dictada. Y ASI SE DECIDE.-

Regístrese y publíquese la presente causa en la oportunidad legal correspondiente.

Déjese copia de la misma en el archivo de la Sala.

LOS JUECES;

DRA. SONIA ANGARITA
PRESIDENTA

DR. LENIN FERNANDEZ DUARTE DRA. VERONICA ZURITA PIETRANTONI
PONENTE

LA SECRETARIA

ABG. IRMA CAROLINA VECCHIONACCE I.

En esta misma fecha se dio fiel cumplimiento a lo ordenado en la presente decisión.

LA SECRETARIA

ABG. IRMA CAROLINA VECHIONACCE I.

SA/LFD/VZP/ICVI/Vanessa.-
EXP. Nro. 2528