REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CORTE DE APELACIONES 6

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA






SALA SEXTA DE LA CORTE DE APELACIONES DEL
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL
ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS


Caracas, 7 de diciembre de 2010
200° y 151°


JUEZ PONENTE: DRA. MERLY MORALES
CAUSA N° 2922-2010 (Aa) S-6


Corresponde a esta Sala Seis de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, conocer de la admisibilidad o no del recurso de apelación interpuesto por el profesional del derecho LUIS FERNANDO GARCÍA, en su carácter de defensor del ciudadano WILFREDO RAMÓN FERMERAL, en contra del pronunciamiento dictado con ocasión a la celebración de la audiencia preliminar, por el Tribunal de Primera Instancia en funciones de Control N° 39 de este Circuito Judicial Penal, mediante el cual ratificó la medida privativa judicial preventiva de libertad al ciudadano antes mencionado.

Por recibidas las presentes actuaciones, se procedió al sorteo de ley, a los fines de designar al ponente de la presente causa, recayendo tal designación en quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

A los fines de decidir sobre la admisibilidad o no del presente recurso de impugnación esta Sala observa:

El artículo 437 del Código Orgánico Procesal Penal, establece:

“…La corte de apelaciones sólo podrá declarar inadmisible el recurso por las siguientes causas:
a. Cuando la parte que lo interponga carezca de legitimación para hacerlo.
b. Cuando el recurso se interponga extemporáneamente.
c. Cuando la decisión que se recurre sea inimpugnable o irrecurrible por expresa disposición de este Código o de la ley.
Fuera de las anteriores causas, la corte de apelaciones, deberá entrar a conocer el fondo del recurso planteado y dictará la decisión que corresponda…”.

En tal sentido debe esta sala verificar el cumplimiento de los tres requisitos taxativamente señalados. En este orden de ideas, se evidencia de la revisión exhaustiva realizada a todas y cada una de las actas procesales que integran el presente cuaderno de incidencias, que el recurrente posee legitimación para ejercer el recurso de apelación en alzada, por otra parte dicho recurso fue interpuesto dentro del lapso que a tal efecto se contrae el artículo 448 del Código Orgánico Procesal Penal.

En cuanto al tercer requisito referente a que la decisión que se recurre no sea de aquellas que la ley señala como irrecurribles o inimpugnables, observa este Tribunal Colegido que el ABG. LUIS FERNANDO GARCÍA, ejerce recurso de apelación en contra del pronunciamiento proferido por el Juez Trigésimo Noveno (39°) de Primera Instancia en funciones de Control, con ocasión a la audiencia preliminar, mediante la cual ratifica lo siguiente:
“…TERCERO: Se acuerda mantenerle al acusado WILFREDO RAMÓN FERMERAL, la Medida Judicial Privativa de Libertad impuesta en su oportunidad, en virtud que no han variado las circunstancias que motivaron su imposición, ello con la finalidad de garantizar las resultas del proceso…”

De lo cual se colige, que impugna un pronunciamiento emitido por el Juzgador de Control en la audiencia preliminar referente al mantenimiento de la Medida Privativa Judicial Preventiva de Libertad, a este respecto ha establecido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia con carácter vinculante la recurribilidad de los pronunciamientos dictados en la audiencia preliminar, estableciendo solamente dentro de ese catalogo de pronunciamientos como único punto de impugnación la negativa de una prueba, en tal sentido nos permitimos traer a colación un extracto de la sentencia N° 1303, de fecha 20-06-2005, emanada de la Sala Constitucional de Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Dr. FRANCISCO CARRASQUERO LOPEZ, en la cual se estableció:
“…Como corolario de lo antes señalado, esta Sala considera que la naturaleza del auto de apertura a juicio, es la de ser una decisión interlocutoria que simplemente delimita la materia sobre la cual se centrará el debate, y que ordena el pase al juicio oral, por lo que mal puede tal decisión judicial ocasionar un gravamen irreparable al acusado. El fundamento de esta afirmación estriba en que a través de dicho acto, se da apertura a la fase más garantista del proceso penal, a saber, la fase de juicio, en la cual, tal como se señaló supra, aquél podrá rebatir los medios de prueba admitidos al final de la audiencia preliminar y reflejados en el mencionado auto.
Se entiende entonces que el anterior planteamiento constituye la ratio legis del artículo 331 del Código Orgánico Procesal Penal, al establecer expresamente la prohibición de apelar del auto de apertura a juicio, por lo que aceptar lo contrario, atentaría tanto contra el espíritu de esta norma, así como también contra el principio de impugnabilidad objetiva recogido en el artículo 432 eiusdem, el cual es un principio general que informa a todo el sistema de los recursos en el proceso penal venezolano, y cuyo contenido se traduce en que las decisiones judiciales serán recurribles únicamente por los medios y en los supuestos expresamente establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal.
Lo anterior debe concatenarse con lo dispuesto en el literal “c” del artículo 437 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece como causal de inadmisibilidad de los recursos, que la decisión recurrida sea inimpugnable o irrecurrible por disposición expresa de la mencionada ley adjetiva penal.
Dicho lo anterior, esta Sala advierte que el único caso en que el acusado puede recurrir de las decisiones que se dicten al final de la audiencia preliminar, y que se encuentren referidas a los medios de prueba, son aquéllas que declaren la inadmisibilidad de los medios que aquél haya ofrecido dentro del plazo que fija el artículo 328 del Código Orgánico Procesal Penal -siempre y cuando sean lícitos, necesarios y pertinentes-, ya que tal inadmisibilidad podría constituir una violación del derecho a la defensa consagrado en el artículo 49.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al no permitirle llevar al juicio elementos que coadyuvarían, por una parte, a los fines de desvirtuar la imputación fiscal, y por la otra -y como consecuencia de la anterior-, a reafirmar su inocencia.
A mayor abundamiento, el acusado podrá ejercer el recurso de apelación de conformidad con el artículo 447.5 del Código Orgánico Procesal Penal, ya que el gravamen que ocasionaría la declaratoria de inadmisibilidad de todos o de algunos de los medios de prueba por él ofrecidos, siempre y cuando sean lícitos, pertinentes, necesarios, no extemporáneos y relevantes para el proceso en litigio, vendría dado por la afectación de su derecho a la defensa. En tal sentido, si el Juez no admite ningún medio de prueba ofrecido por la defensa, se le estaría impidiendo absolutamente al acusado llevar a juicio los medios de prueba con los cuales rebatirá las imputaciones formuladas por el Fiscal del Ministerio Público, y con los cuales, por ende, se reafirmará su inocencia; mientras que en la segunda hipótesis, aun y cuando se admitan algunos de los medios de prueba por él ofrecidos, también podría causársele un gravamen irreparable, ya que se le estaría obstaculizando la incorporación al proceso de medios probatorios que podrían revestir gran importancia para favorecer su defensa.
En pocas palabras, la negativa del Juez de admitir unos medios de prueba lícitos, necesarios y pertinentes ofrecidos por el acusado, tendrá relevancia constitucional -por lesionar el derecho a la defensa- cuando de tal inadmisibilidad se derive indefensión o alteración del resultado del proceso, situación en la cual, el acusado podrá interponer el recurso de apelación antes señalado, claro está, siempre y cuando la declaratoria de inadmisibilidad por parte del Juez no se encuentre ajustada a derecho, debiendo ser acreditada la infracción constitucional ante el Juez de Alzada, el cual verificará si la misma se ha producido o no…”

De tal manera que al tratarse de un pronunciamiento emitido con ocasión a la celebración de la audiencia preliminar, el cual se refiere al mantenimiento de la medida de privación judicial preventiva de libertad, y con fuerza a lo preceptuado en el literal C del artículo 437 en relación con el artículo 264 ambos del Código Orgánico Procesal Penal, se declara INADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por el Profesional del Derecho ABG. LUIS FERNANDO GARCÍA, en su carácter de defensor del ciudadano WILFREDO RAMÓN FERMERAL, en contra del pronunciamiento dictado con ocasión a la celebración de la audiencia preliminar, por el Tribunal de Primera Instancia en funciones de Control N° 39 de este Circuito Judicial Penal, mediante el cual ratificó la medida privativa judicial preventiva de libertad al ciudadano antes mencionado. Y ASÍ SE DECIDE.-

DISPOSITIVA
Con fuerza en la motivación anterior esta SALA SEXTA DE LA CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, actuando a tenor de lo pautado en el artículo 437 y 450 ambos del Código Penal Procesal Penal, DECLARA INADMISIBLE, el recurso de apelación interpuesto por el Profesional del Derecho ABG. LUIS FERNANDO GARCÍA, en su carácter de defensor del ciudadano WILFREDO RAMÓN FERMERAL, en contra del pronunciamiento dictado con ocasión a la celebración de la audiencia preliminar, por el Tribunal de Primera Instancia en funciones de Control N° 39 de este Circuito Judicial Penal, mediante el cual ratificó la medida privativa judicial preventiva de libertad al ciudadano MEDINA AZUAJE ALVARO ADRIAN, de conformidad con lo establecido en el literal “C” del artículo 437 y 450 en relación con el artículo 264 todos del Código Orgánico Procesal Penal.

Regístrese, publíquese y diarícese.


LA JUEZA PRESIDENTA


DRA. PATRICIA MONTIEL MADERO


JUEZ INTEGRANTE JUEZ SUPLENTE
(PONENTE)

DRA. MERLY MORALES DRA. FRENNYS E. BOLIVAR D.

LA SECRETARIA


ABG. YOLEY CABRILES
Causa N° 2922-2010 (Aa) S-6
PMM/MM/FEBD/YC/lh