TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, 8 de Diciembre de 2010
200º y 151º

ASUNTO: AH13-V-2008-000158
Sentencia Interlocutoria
Con Fuerza Definitiva

PARTE DEMANDANTE: sociedad de comercio CORPORACION R-7, C.A., inscrita ante el Registro Mercantil II de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 17 de marzo de 1987, bajo el Nº 36, Tomo 68-A-Sgdo., intervenida mediante Resolución emanada de la Junta de Emergencia Financiera Nº 199-1195 de fecha 30 de noviembre de 1995, publicada en Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 5.040.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: abogado VICTOR GUIDON GUERRERO, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 61.111.
PARTE DEMANDADA: ciudadanos ENRIQUE DIAZ CARRETERO y DOUGLAS MONTES DE OCA PEREZ, venezolanos, mayores de edad de este domicilio el primero y el segundo en la ciudad de Barcelona, Estado Anzoátegui y titulares de las cedulas de identidad Nros. V-2.942.882 y 6.503.094., respectivamente.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: No constituyo en autos apoderado alguno.
MOTIVO: Nulidad de Venta.
- I -
Síntesis del Proceso

Se inicia el presente juicio por libelo de demanda de fecha 13 de octubre de 2008, presentado por ante el Juzgado Distribuidor de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a través del cual la sociedad de comercio CORPORACION R-7, C.A., a través de su apoderado judicial abogado VICTOR GUIDON GUERRERO, intenta demanda por Nulidad de Venta, contra los ciudadanos ENRIQUE DIAZ CARRETERO y DOUGLAS MONTES DE OCA PEREZ, respectivamente.
Por auto de fecha 27 de octubre de 2008, este Tribunal admitió la demanda y ordenó el emplazamiento de la parte demandada previa consignación de los fotostatos.
En fechas 05, 12 y 28 de noviembre de 2008, la parte actora consigno fotostatos y dirección del domicilio de los demandados a los fines de que se expidiera compulsa.
Por auto de fecha 10 de diciembre de 2008, este Tribunal ordenó aperturar cuaderno de medidas, librar compulsa oficio y despacho-comisión a la parte demandada ciudadanos ENRIQUE DIAZ CARRETERO y DOUGLAS MONTES DE OCA PEREZ, respectivamente.
En fecha 01 de abril de 2009, la parte actora solicito se sirviera consignar resultas de la citación de los demandados.
Por auto de fecha 05 de mayo de 2009, se instó a la parte actora a comparecer por ante la Coordinación de Alguacilazgo.
Por auto de fecha 05 de junio de 2009, se instó a la parte actora a comparecer por ante la Oficina de Atención al Publico (OAP).
En fecha16 de junio de 2009, el apoderado de la parte actora solicito se libre nuevo oficio y despacho-comisión.
En fecha 22 de septiembre de 2009, el abogado VICTOR GUIDON GUERRERO, consigna carta de renuncia al poder otorgado por la parte actora.
Por auto de fecha 05 de octubre de 2009, se libró boleta de notificación a la parte actora a los fines de hacer de su conocimiento de la renuncia al poder otorgado al abogado VICTOR GUIDON GUERRERO.

- II -
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

Ahora bien, en virtud de lo antes trascrito, este Tribunal previamente estima realizar las siguientes consideraciones de orden fáctico y jurídico:
Que desde el 30 de septiembre de 2009, fecha en que el abogado VICTOR GUIDON GERRERO consigno carta de renuncia y el 05 de octubre de 2009, fecha que por medio de auto, se libro boleta de notificación a la parte actora, transcurrió mas de un (01) año sin que haya impulsado la continuidad del juicio instando al Tribunal a permitir pronunciamiento alguno, evidenciándose así la falta de interés del accionante en el perfeccionamiento de la relación jurídica procesal, y visto asimismo que, desde el 05 de octubre de 2009, hasta la presente fecha ha transcurrido en el presente procedimiento más de un (01) año, y sin que se le haya dado impulso procesal al presente juicio, forzosamente este Despacho debe concluir que, en el caso de autos ha operado la perención a la que hace referencia el encabezado del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, el cual dispone:
Artículo 267: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención”.
Asimismo, establece el Artículo 269 eiusdem lo siguiente:
...”La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente.”
En este sentido ha sido criterio reiterado por la Jurisprudencia que, no todo acto de procedimiento de parte impide la consumación de la perención, sino aquel que contenga implícita la intención de impulsar el proceso. Así por ejemplo, la Sala de Casación Civil, como la Sala Político - Administrativa han establecido de forma reiterada que la solicitud de copias certificadas o la consignación de escritos, en modo alguno constituyen manifestaciones de la intención de la parte en dar continuación en el proceso y, por tanto, esos actos no son capaces de interrumpir la perención.
En el caso de autos, se evidencia que hasta la presente fecha, no consta en autos que se haya agotado la citación de la parte demandada, a los efectos de trabar la litis, por la falta de actividad de la parte actora, quien tiene la carga procesal de gestionar que la citación se cumpla efectivamente, sino que debe realizar todas las actuaciones necesarias a los fines de la continuidad del juicio y en el caso de autos era instar al Tribunal pronunciarse sobre el desistimiento o bien impulsar la citación de la parte demandada para la continuidad del proceso actuaciones estas que no realizó.
Con la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, la cual en su Artículo 26, consagra la “gratuidad de la justicia” se ha interpretado que la única obligación impuesta a la parte actora respecto de la citación del demandado, era la existente, bajo el imperio del Texto Constitucional de 1961, esto es, la de pagar el Arancel Judicial correspondiente, en virtud de que el Artículo 26 del Texto Constitucional garantiza, la gratuidad de la justicia lo cual viene ratificado en el Artículo 254 del referido texto el cual entre otras cosas establece lo siguiente: “El poder Judicial no esta facultado para establecer tasas de aranceles, ni exigir pago alguno por sus servicios.”
Cabe destacar que, el fin público de todo proceso como la calificación de normas de orden público, constituyen la más sana garantía de que los juicios no pueden eternizarse a voluntad de las partes o del Juez, debiendo concluir a través de la sentencia o por las llamadas formas de autocomposición procesal, y la institución de la perención de la instancia, la cual no es otra cosa que, la extinción del proceso, extinción derivada de la inercia, de la inactividad procesal de las partes durante el plazo o término previsto en la Ley, para que dicho efecto se produzca. Esta institución se caracteriza por su naturaleza de orden público, de conformidad con lo previsto en el Artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, es facultad del Juez declarar de oficio la perención, por estar el interés del Estado en su función jurisdiccional representativa del interés colectivo por encima del interés particular, de quienes desean la continuación de un proceso perimido.
En este sentido, como en el proceso se deduce la pretensión la cual está dirigida a un sujeto distinto de aquel, para que, esa pretensión pueda ser satisfecha es indispensable que se entable la relación jurídica procesal, lo cual se logra a través de la citación del demandado.
La citación constituye una carga para el actor, que consiste en el llamamiento que hace el Juez que conoce de la causa para que, el demandado comparezca ante él. Son actos que el actor debe realizar por su propio interés, pues mediante su perfeccionamiento se logra la constitución de la relación jurídica procesal, la cual se hace necesaria para que el órgano jurisdiccional pueda decidir el conflicto de interés que se le ha planteado y satisfacer así la pretensión que ha sido deducida por medio de la sentencia válidamente dictada.
Es por ello que, los actos que debe efectuar el actor tendiente a que el órgano jurisdiccional pueda citar al demandado no son deberes u obligaciones procesales, sino que constituyen cargas procesales. Aceptar lo contrario conllevaría, tácitamente a la aceptación de que no existe interés en la propia pretensión deducida o en convenir acerca de que pueden deducirse pretensiones carentes de fundamentación, lo cual desnaturaliza el proceso.
Entre los casos previstos en los cuales operaria la perención como consecuencia del comportamiento negligente de la o de las partes, se encuentra pautado por la Ley, una sanción a la inactividad del actor, en el sentido de ser él, el interesado en que se perfeccione la citación del demandado, a los fines de poder entablar la relación jurídica procesal, la falta de manifestación de ese interés propio es sancionado con la perención y adicionalmente, con la previsión contenida en el artículo 271 del Código de Procedimiento Civil, esto es; la inadmisibilidad “pro tempore” de la nueva demanda.
Por tanto siendo que, la demanda debidamente admitida es el acto que da inicio al proceso, que ella contiene la pretensión cuya satisfacción pide el actor al órgano jurisdiccional, y que de conformidad con el Artículo 215 del Código de Procedimiento Civil, la citación es una formalidad necesaria para la validez del juicio y el establecimiento de la relación jurídico procesal.
Entre los actos que son necesarios para lograr la citación del demandado, se encuentra no solamente suministrar los fotostátos para la elaboración de la compulsa y poner a disposición del alguacil los emolumentos o recursos necesarios para gestionar la práctica de la citación del demandado, sino que el actor debe ser diligente a objeto de cumplir con su carga procesal circunstancia esta que no se verificó en el caso que nos ocupa, en virtud de que el actor no realizó actuación alguna para impulsar el juicio que a su solicitud bien se ha iniciado.
Realizadas como ha sido tales consideraciones, es forzoso para este Juzgador concluir que, el supuesto de hecho establecido en el encabezado del Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, se encuentra verificado en el presente caso, por cuanto se aprecia que ante la existencia del proceso correspondía a la parte interesada impulsar el procedimiento para que el mismo continuará y se cumplieran las distintas etapas del juicio, y el primero de ellos consistía en cumplir con las cargas procesales con posterioridad al día el 22 de septiembre de 2009, fecha en que el abogado VICTOR GUIDON GUERRERO, consigno carta de renuncia al poder otorgado, y en vista de que transcurrió por ante este Despacho más de un (01) año sin que se ejecutara algún acto de proceder por las partes, es por lo que se considera perimida la instancia, y así se declara.
- III -
DISPOSITIVA
Por las razones de hecho y de derecho antes expuestas, este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el artículo 267, en concordancia con lo establecido en el artículo 269 ambos del Código de Procedimiento Civil, con la consecuencia establecida en el artículo 271 eiusdem, es decir, que no podrá intentarse de nuevo la demanda antes de que transcurran noventa (90) días continuos después de verificada la perención.
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en Caracas, a los Ocho (08) días del mes de Diciembre de Dos Mil Diez (2010). Años: 200º de la Independencia y 151º de la Federación.
EL JUEZ,

Dr. JUAN CARLOS VARELA RAMOS LA SECRETARÍA

NAIROBIS M. DIAZ
En esta misma fecha, siendo las 2:37 horas de la tarde se publicó y registró la anterior decisión.
LA SECRETARIA

NAIROBIS M. DIAZ

JCVR/NMD/Wilmer