JUZGADO SEGUNDO DE LOS MUNICIPIOS MATURIN, AGUASAY, SANTA BARBARA Y EZEQUIEL ZAMORA DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO MONAGAS. MATURIN, VEINTISIETE (27) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIEZ. 199º Y 150º Tal como fue acordado en el auto de admisión de la demanda de NULIDAD DE CONTRATO DE SOCIEDAD DE HECHO, intentada por la ciudadana JOSEFINA RAFAELA BOLIVAR FARIAS, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° 3.328.126, de este domicilio, asistida por la abogada, RHINA ROCIO AVILA BOLIVAR, venezolana, mayor de edad, inscrita en el I.P.S.A bajo el Nro. 87.985, en contra de los ciudadanos, POLICARPO AVILA RAMOS, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° 1.304.888, de este domicilio y la ciudadana ROMELIA MARGARITA MEJIAS, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° 5.395.763 y de este domicilio, se abre el presente cuaderno de medidas. A los fines de proveer sobre la MEDIDA CAUTELAR INNOMINADA, solicitada por la parte actora de autos, en el libelo de la demanda, que da inicio al presente procedimiento ordinario; este Tribunal a los fines de pronunciarse sobre tal solicitud previamente observa: Las medidas cautelares son un instrumento necesario para la eficiencia de la justicia y este poder cautelar debe ejercerse con sujeción estricta a las disposiciones legales que lo confieren, por ello la providencia cautelar sólo se concede cuando existan en autos, medios de prueba que constituyan presunción grave de la existencia del riesgo manifiesto de quedar ilusoria la ejecución del fallo, así como del derecho que se reclama en el presente expediente, en este sentido este Tribunal observa que: 1) La medida Innominada en el caso que nos ocupa puede definirse como aquella medida preventiva que consiste en el resguardo, siempre y cuando exista temor fundado que una de las partes puede causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de otra. A los fines de precisar si ciertamente se cumple con los requisitos previstos en los Artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, los cuales deben ser analizados pormenorizadamente por el Juez para poder decidir la procedencia o improcedencia del decreto de la Medida Innominada solicitada, éste Tribunal observa, que tales requisitos exigen verificar si están llenos los extremos de Ley de manera que la sola falta de uno de estos elementos hace improcedente la solicitud realizada. En consecuencia el Juez decretara las medidas Innominada, sólo cuando el accionante logre demostrar el derecho alegado con el titulo valor que acompañe al libelo de la demanda así mismo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama, en virtud, de los anteriores razonamientos se observa, claramente que no se encuentran llenos los extremos de Ley establecidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto solo consigno copias simples de los documentos que sustentan lo alegado en el presente litigio. En razón de ello este Tribunal Segundo de los Municipios Maturín, Aguasay, Santa Bárbara y Ezequiel Zamora de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, Administrando justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela de conformidad con lo establecido en el Articulo 23 del Código de Procedimiento Civil y por Autoridad de la Ley decreta: UNICO: SE NIEGA LA MEDIDA INNOMINADA SOLICITADA, Y ASÍ SE DECIDE.- LA JUEZA PROVISORIA ABG. MARIA BALBINA CARVAJAL NARVAEZ LA SECRETARIA ACC, ABG. NUNZIA VELIZ LOPEZ MBCN/Jonny Exp Nro. 15.125