REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA REGIÓN CAPITAL Caracas, once (11) de febrero de dos mil seis (2010).- 199° y 150° En fecha de 01 de febrero de 2010, se recibió por distribución el presente recurso de contencioso administrativo de nulidad, interpuesto por la abogada LISSETH M. TORRES R., inscrita en el Inpreabogado bajo el Nro. 98.480, procediendo con el carácter de apoderada judicial de la Empresa DISTRIBUIDORA IKA C.A., inscrita en el Registro Mercantil IV de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 27 de mayo de 1991, bajo el Nro. 10, Tomo 86-Apro, RIF j-00346468-6, contra el acto administrativo contenido en la Providencia Administrativa CAD-PRE-CJ 0158962, dictada por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) en fecha 16 de julio de 2009. Este Juzgado a los fines de proveer acerca de la admisibilidad, debe determinar previamente la competencia, y al efecto observa: De la lectura del escrito libelar así como de los recaudos acompañados al mismo, se evidencia que la apoderada judicial de la empresa accionante DISTRIBUIDORA IKA C.A., recurre de un acto administrativo dictado por la Comisión Administrativa de Divisas (CADIVI), Providencia Administrativa que declaró: “…Por todo lo anteriormente señalado, se considera improcedente el otorgamiento de la Autorización de Liquidación de Divisas (ALD) de la solicitud Nro. 7922018, toda vez que se evidenció de la documentación integrante del expediente administrativo, que el embarque de la mercancía se produjo de manera anticipada al otorgamiento que hiciere la Administración Cambiaria de la Autorización de Adquisición de Divisas (AAD), infringiendo así lo dispuesto en la normativa que rige la materia de importaciones para el otorgamiento de autorización de divisas...”. Precisado lo anterior, se observa que en el presente caso se plantea un recurso de nulidad contra un acto dictado por una autoridad distinta a la estadal y municipal, así como de las restantes competencias que por leyes especiales y por la asignación transitoria que de las competencias asignó la Sala Política Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, a los Juzgados Superiores Contencioso Administrativos, y dado que se trata conforme antes se indicó de un acto dictado por una autoridad de carácter nacional, su conocimiento le corresponde a la Cortes de lo Contencioso Administrativo, en virtud de la asignación que en igual forma les asignó en fecha 23 de noviembre de 2004, al pautar que: “(…) las Cortes de lo Contencioso administrativo son competentes para conocer: omissis 3.- De las acciones de nulidad o recursos de nulidad que puedan intentarse por razones de ilegalidad o inconstitucionalidad contra actos administrativos emanados de autoridades diferentes a las señaladas en los numerales 30 y 31 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, si su conocimiento no estuviere atribuido a otro Tribunal.” En virtud de lo anterior, este Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, se declara INCOMPETENTE y declina la COMPETENCIA en la Corte Contenciosa Administrativa a la cual le sea distribuida, y por ende ordena su remisión mediante oficio. Líbrese Oficio. EL JUEZ PROVISORIO, LA SECRETARIA, Exp. Nº 006594 JAML