TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Sexto de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas
Caracas, martes veintitrés (23) de febrero de dos mil diez (2010)
199º y 150º

ASUNTO: AP21-L-2008-002812

-CAPÍTULO I-
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

PARTE ACTORA: GRATEROL HÉCTOR JOSÉ, GUILLÉN ÁNGEL JOSÉ, GASTEL ASCANIO LIGIA MERCEDES, CARLOS ANDRÉS GONZÁLEZ REYES, GONZÁLEZ REYES HILDA BEATRIZ, ECHEGARAY TORREALBA MIRLA JOSEFINA, CARTAGENA EDMUNDO, CASTRO ROSAS CARLOS ALBERTO, CHAPARRO MANUEL ANTONIO, CONTRERAS BETANCUORT RICHARD ANTONIO, MARTÍNES ISMAEL, MARTIARENA LUGO JOSÉ GREGORIO, MELO COHCO WILLIAM JOSÉ, MARTÍNEZ GALLARDO ROSER ALFREDO, MAGALLANES CORREA ÁNGEL RICARDO, MÉNDEZ BURGOS DINIS EDUARDO, MORENO LUNA FRANCISCO JAVIER, VÁSQUEZ JUAN ALEJANDRO y ZAMBRANO ALTUVE JOSÉ LUIS, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y portadores de la cédula de identidad número 2.101.981, 3.406.916, 5.610.328, 6.846.498, 4.850.835, 10.352.637, 3.406.579, 6.898.790, 3.556.263, 9.866.950, 13.872.072, 8.980.333, 9.095.288, 3.225.288, 6.234.127, 6.249.726, 6.123.543, 4.581.880 y 4.251.595; respectivamente.

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: José Agustín Ibarra, Andrés Eloy Parra Valera y Ana Raquel Rodríguez, abogados en ejercicio, de este domicilio e inscritos en el IPSA bajo los números 56.464, 14.071 y 25.421; respectivamente.

PARTE DEMANDADA: ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BOLIVARIANO LIBERTADOR y solidariamente a la FUNDACIÓN CARACAS (FUNDACARACAS).

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: José Alfredo Canelón Mata, Adriana Aguilera, Zhonsiree del Carmen Vásquez, Karina González Castro, Nirma Maricruz Mendoza Arnías, Mercedes Millán, Lisett Carolina Perdomo, Adys Suárez de Mejía, Edglys del Valle Montañés, Digna Farias Correa, Rosángela Errante, Arazaty García, Aída Josefina Villalba, Sikiu Rivero Martínez, Marco Antonio Rendón, Daniela Medina, Yelitza Belmonte, Liz Keyla Hernández, Pedro José Espinoza, Verónica Mendoza, José Labrador, Dámaso Ángel Castro, Sugey Centeno, Carmen de Jesús Arbeláez, Jenny Mileidy Espina, Vanesa López Henríquez, Marbelys Coromoto Da Silva, Ángela Marisol Rivero Ortiz, Zoraida García Pulido, Nilsen Dinorah Bracho Rodríguez y Belkis Parra, abogados, de este domicilio e inscritos en el IPSA bajo los números 38.587, 64.465, 118.349, 69.496, 49.160, 33.242, 32.989, 12.956, 66.786, 103.626, 80.548, 34.390, 56.350, 71.170, 33.124, 92.943, 65.542, 75.839, 118.008, 73.358, 34.541, 52.564, 118.292, 29.916, 110.597, 124.721, 93.225, 9.276, 83.810, 19.732, 64.553; respectivamente por la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador; y los abogados José Arcadio Reina Labrador, Rosario Ávila Pérez, Nanzo Serrano Carpio, Ana Graciela Quintero, Silvia Leal Guedez, Aquiles José Cuellar Sandoval, Ayskel Coello, Joselin Ramírez Pedrique, Zurima Hernández, Laury Rodríguez, Alejandro Escarrá, Luis Alejandro Portto Leyzeaga, Marina Isabel Romero Pinto, Zurima Alicia Hernández y Aquiles Cuellar Sandoval, abogados, de este domicilio e, inscritos en el IPSA bajo los números 110.676, 28.634, 60.915, 58.904, 15.202, 77.401, 93.294, 124.585, 45.165, 75.769, 111.962, 14.360, 123.507, 45.165 y 77.401; respectivamente por la Fundación Caracas (FUNDACARCAS).

MOTIVO: Cobro de diferencia de prestaciones sociales.

SENTENCIA: Definitiva.

Se inició la presente causa por libelo de demanda presentado en fecha 28 de mayo de 2008, ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial de Trabajo del Área Metropolitana de Caracas. En fecha 05 de junio de 2008 el Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, dio por recibida la demanda y la admitió en fecha 09 de junio de 2008, ordenando el emplazamiento de la parte demandada. En fecha 11 de noviembre de 2009, el Juzgado Octavo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, dio por concluida la audiencia preliminar, ordenó la incorporación al expediente de las pruebas promovidas por las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 74 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y en fecha 19 de noviembre de 2009, ordenó la remisión del presente expediente al Juzgado de Juicio. En fecha 26 de noviembre de 2009, fue distribuido el expediente a este Tribunal. En fecha 25 de noviembre de 2009, este Tribunal ordenó la remisión del asunto al Juzgado de origen, por presentar error en la foliatura. En fecha 30 de noviembre de 2009 el Juzgado Octavo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, remitió nuevamente el expediente. En fecha 04 de diciembre de 2009, este Juzgado de Juicio dio por recibido el expediente a los fines de su tramitación y la Juez se abocó al conocimiento de la causa. En fecha 09 de diciembre de 2009, este Juzgado de Juicio admitió las pruebas promovidas por las partes. En fecha 14 de diciembre de 2009, se fijó la oportunidad para la celebración de la audiencia de juicio para el día 5 de febrero de 2010 a las 9:00 a.m., acto al cual comparecieron ambas partes, y se difirió el dispositivo oral del fallo para el día 12 de febrero 2010 debido a la complejidad del asunto, oportunidad en la cual, con la comparecencia de las partes, este Tribunal de Juicio dictó el dispositivo oral del fallo, según lo previsto en el artículo 158 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Estando dentro del lapso de cinco (05) días hábiles siguientes al pronunciamiento oral de la sentencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, este Tribunal pasa a reproducir el fallo en los siguientes términos:

-CAPÍTULO II-
ALEGATOS DE LAS PARTES

Aduce la representación judicial de la parte actora en su escrito demanda, que sus representados fueron trabajadores de la empresa Promociones Urbanas Caracas C.A (PROURCA), firma mercantil de la cual es única accionista el organismo denominado Fundación Caracas, que a su vez tiene como única titular a la Alcaldía del Municipio Libertador de Caracas antes Distrito Federal, que para finales de 1996, la administración del Alcalde Antonio Ledezma, decide liquidar la mencionada firma mercantil bajo su dependencia y efectivamente tal como se evidencia de comunicación de fecha 30 de diciembre de 1996 emanada de la Presidencia de Promociones Urbanas Caracas C.A (PROURCA) y dirigida al Director del Trabajo del Municipio Libertador, y se dio por liquidada la empresa desde el 31 de diciembre del referido año.
Alega que en fecha 30 de diciembre de 1996 se suscribe un acta convenio entre la empresa Promociones Urbanas Caracas C.A, Alcaldía del Municipio Libertador del Distrito Federal, la Dirección de Administración y Gestión y el Sindicato de Trabajadores de la empresa Promociones Urbanas Caracas C.A, mediante la cual se comprometían a pagar lo contenido en la Providencia administrativa 18-94 de fecha 17 noviembre de 1994 relativa al cumplimiento de la cláusulas convencionales establecidas en el contrato colectivo, como también el pago de las prestaciones sociales dobles, los intereses sobre prestaciones sociales, vacaciones tan fraccionadas como no disfrutadas, bono vacacional, bono vacacional y post vacacional como consecuencia de la liquidación de PROURCA, que ninguno de estos aspectos contenidos en el acuerdo se ha cumplido, lo que originó perjuicios económicos para todos aquellos trabajadores que laboraban en dicho ente en liquidación.
En consecuencia, demandan las siguientes cantidades por los conceptos anteriormente descritos:
1. El ciudadano Héctor José Graterol, la cantidad de Bs.F 1.929.753,00.
2. El ciudadano Guillén José Ángel la cantidad de Bs.F 1.180.031,00.
3. El ciudadano Gastel Ascanio Olga Mercedes, la cantidad de Bs.F 1.306.894,00.
4. El ciudadano González Reyes Carlos Andrés, la cantidad de Bs.F 1.882.380,00.
5. El ciudadano González Reyes Ilda Beatriz, la cantidad de Bs.F 1.239.648,00.
6. El ciudadano Echegaray Torrealba Mirla Josefina, la cantidad de Bs.F 1.203.999,00.
7. El ciudadano Cartagena Edmundo, la cantidad de Bs.F 1.186.822,00.
8. El ciudadano Castro Rosas Carlos Alberto, la cantidad de Bs.F 1.118.906,00.
9. El ciudadano Chaparro Manuel Antonio , la cantidad de Bs.F 1.681.154,00.
10. El ciudadano Contreras Betancourt Richard Antonio, la cantidad de Bs.F 1.873.962,00.
11. El ciudadano Martínez Ismael, la cantidad de Bs.F 1.759.032,00.
12. El ciudadano Martiarena Lugo José Gregorio, la cantidad de Bs.F 1.725.293,00.
13. El ciudadano Melo Cocho William José, la cantidad de Bs.F 1.847.113,00.
14. El ciudadano Martínez Gallardo Roser Alfredo, la cantidad de Bs.F 1.372.893,00.
15. El ciudadano Magallanes Correa Ángel Ricardo, la cantidad de Bs.F 1.431.881,00.

La representación judicial de la parte codemandada FUNDACIÓN CARACAS (FUNDACARACAS) alegaron la prescripción de la acción, pues a su decir, luego de 11 años de la culminación de la prestación de sus servicios intentaron la presente demanda, distorsionando así la irrenunciabilidad de los derechos laborales y menoscabando el derecho a la defensa de su representada, sometiéndola a una obligación de pago ilimitada en el tiempo.

De igual manera argumenta que su representada nada adeuda a los actores por conceptos laborales, ya que se les ha cancelado de manera efectiva y oportuna sus prestaciones sociales y beneficios laborales, razones por las cuales solicita que se declare sin lugar la demanda.

La representación judicial de la parte codemandada ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BOLIVARIANO LIBERTADOR, alega igualmente, la prescripción de la acción, pues a su decir la empresa Promociones Urbanas Caracas C.A (PROURCA), fue liquidada en fecha 30 de diciembre de 1996, siendo que en esa misma fecha fue suscrita y homologada un acta convenio por ante la Inspectoría del Trabajo, es decir que los actores mantuvieron la relación de trabajo hasta el día 30 de diciembre de 1996, verificándose que desde la fecha que supuestamente nace el derecho hasta el momento que introducen su escrito de demanda ha transcurrido con creces el lapso establecido en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo. En consecuencia de ello, niegan y rechazan todos los conceptos demandados por los actores.
ALEGATOS DE LAS PARTES EN LA AUDIENCIA

Aduce la representación judicial de la parte actora que el día 31 de diciembre de 1996 PROURCA, tenía una serie de trabajadores y por decisión del organismo Municipal se acuerda un acta convenio de carácter transaccional para la terminación de la relación laboral por la liquidación de la mencionada empresa, que dicho acuerdo fue celebrada por ante la autoridad administrativa del trabajo y fue debidamente homologada, que la cláusula 3° establece las indemnizaciones monetarias, y la cláusula 5° indemnizatoria de acuerdo al cumplimiento del acta transaccional tiene carácter de cosa juzgada, por ende se tiene un lapso de prescripción diferente, que en el Código Civil la cosa juzgada tiene su prescriptibilidad con base a lo establecido en el artículo 64 literal d), invoca lo establecido en el artículo 1965 del Código Civil, razón por la cual no corre el lapso de prescripción, porque la transacción contiene condiciones que no fueron cumplidas por la demandada, tales como la falta de pago de los conceptos laborales y de los conceptos indemnizatorios, que al no haberse cumplido con dichas condiciones, el lapso de prescripción no corre. En cuanto a los medios probatorios existen oportunidades en las cuales la demandada manifiesta la vigencia de dichas obligaciones y recomiendan su pago, por lo cual, mediante los reclamos efectuados se ha venido interrumpiendo el lapso de prescripción.

La representación judicial de la parte codemandada FUNDACIÓN CARACAS (FUNDACARACAS) alega que la presente demanda es de naturaleza laboral, que nace de una homologación de un acto que se materializó en la Inspectoría del Trabajo, que fue en fecha 30 de diciembre de 1996, y dentro del año no se observa interrupción del lapso de prescripción, que demandan después de 14 años, por ende de conformidad con lo establecido en los artículos 61 de la Ley Orgánica del Trabajo oponen la prescripción de la acción, niegan la estimación de la demanda, en cuanto a la demanda de providencia administrativa 108-94, y existe nulidad de dicha providencia confirmada por la Corte, que a los actores le fueron cancelados las prestaciones sociales dobles tal como se estableció en el acta convenio por lo tanto la cláusula 5 no es procedente.

La representación judicial de la parte codemandada ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BOLIVARIANO LIBERTADOR alega la prescripción de la acción, que se hizo un informe de la junta liquidadora, que cuando se liquidó la empresa se cumplieron con todos los requisitos, que los accionantes se encuentran en las actas de la junta de liquidación.
-CAPÍTULO III-
LÍMITES DE LA CONTROVERSIA

Vista la pretensión formulada por la parte actora y las defensas opuestas por la parte demandada en su contestación, de conformidad con lo establecido en los artículos 72 y 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo en relación a la distribución de la carga de la prueba dependiendo de los términos en que la parte demandada haya contestado la demanda, observa que la presente controversia se circunscribe a determinar en principio la procedencia o no de la defensa de prescripción opuesta por las partes codemandadas, quienes a su decir, desde la fecha de finalización de la relación de trabajo hasta la interposición de la demanda ha transcurrido con creces el lapso establecido en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo. En consecuencia le correspondió a la parte actora demostrar haber hecho uso en tiempo hábil de alguno de los mecanismos de interrupción del lapso de prescripción establecidos en el artículo 64 de la Ley Orgánica del Trabajo, para posteriormente analizar la procedencia de los conceptos e indemnizaciones demandadas con fundamento a lo establecido en el acta convenio de fecha 30 de Diciembre de 1996.

-CAPÍTULO IV-
DEL ANÁLISIS PROBATORIO

Pruebas de la parte actora:
Promovió las instrumentales cursantes a los folios desde el 02 hasta el 262, y del 278 al 388 del cuaderno de recaudos 2 del expediente, a las cuales este Tribunal les confiere valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 10 y 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, por cuanto no fueron impugnadas por la parte demandada en la audiencia de juicio, y de las mismas se desprenden los siguientes hechos:
- De las cursantes a los folios desde el 2 al 15 del cuaderno de recaudos 2 se evidencia que en fecha 5 de marzo de 1997 la Contraloría Municipal del Municipio Libertador emitió opinión sobre el acta convenio suscrito en fecha 30 de diciembre de 1996 entre la empresa PROURCA y el sindicato de trabajadores de la empresa y estableció que cumple con lo extremos legales. Así se establece.
- De la cursante del folio 20 al 32 del cuaderno de recaudos 2 del expediente, se evidencia que en fecha 27 de junio de 1997, el Presidente de la Junta Liquidadora de la empresa PROURCA le remitió al Alcalde del Municipio Libertador el acta final de la junta liquidadora. Así se establece.
- De las cursantes a los folios del 33 al 42 del cuaderno de recaudos 2 del expediente, se evidencia que en fecha 30 de diciembre de 1996 compareció ante la Inspectoría del Trabajo la representación de la empresa PROURCA, consignaron acta convenio y solicitaron al Inspector del Trabajo la homologación. Así se establece.
En cuanto a las instrumentales cursantes a los folios desde el 16 al 19 del cuaderno de recaudos 02 del expediente, comunicación del Síndico Procurador Municipal a la Consultora Jurídica del Municipio Libertador, a la cual este Tribunal no les confiere valor probatorio de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo por cuanto fue atacada por la parte demandada alegando que las personas en las cuales hace referencia el instrumento son distintas a las demandantes en el presente juicio aunado al hecho de que no tiene autorización del Alcalde, por lo cual no compromete al Municipio, por ende se desecha del debate probatorio. Así se establece.
Promovió las instrumentales cursantes del folio 43 al 388 del cuaderno de recaudos 2 del expediente, copias fotostáticas de expediente, a las cuales este Tribunal no le confiere valor probatorio al presente instrumento de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, ya que fueron atacadas por la parte demandada en la audiencia de juicio argumentado que el referido expediente versa en una reclamación que hicieron unos extrabajadores distintos a los demandantes en el presente asunto, motivo por el cual se desecha del debate probatorio. Así se establece.
Promovió informes al Banco Mercantil. Este Tribunal deja constancia que para el momento de la celebración de la audiencia de juicio la resultas no habían llegado, y la parte promovente en la audiencia no insistió en su evacuación, motivo por el cual no hay asunto que analizar al respecto. Así se establece.
Promovió la exhibición de los instrumentos de pago de los créditos. Este Tribunal deja constancia que negó su admisión por auto de fecha 9 de diciembre de 2009 por no cumplir con los requisitos de admisibilidad, y contra el mismo la parte no ejerció recurso alguno, motivo por el cual no hay asunto que analizar. Así se establece.
En cuanto a los instrumentos cursantes a los folios 200 al 277 de la pieza principal 1 del expediente. Al respecto este Tribunal le confiere valor probatorio únicamente a las instrumentales marcadas del folio 200 al 262 de la pieza principal 1 del expediente, por cuanto no fueron impugnadas ni desconocidas por la parte demandada en la audiencia de juicio, y de las mismas se evidencian que la Sindicatura Municipal del Municipio Libertador emitió un pronunciamiento en el cual deja establecido que le correspondería a la Alcaldía del Municipio Libertador asumir el compromiso acordado con los extrabajadores de PROURCA, también se evidencia que en fecha 17, 16 y 30 de agosto de 2007, la Asamblea Nacional le solicitó al Alcalde del Municipio Libertador solventar la problemática de los pasivos laborales de los actores; de igual manera se evidencia que en fecha 30 de diciembre de 1996 la Alcaldía del Municipio Libertador del Distrito Federal y el Sindicato de Trabajadores de la empresa PROURCA suscribieron un acta mediante la cual se obliga la empresa PROURCA a pagar a todos los trabajadores prestaciones sociales dobles, los intereses de prestaciones sociales, vacaciones cumplidas y fraccionada, bono vacacional y post vacacional como consecuencia de la liquidación de la empresa anteriormente señalada. Así se establece.
En cuanto a las cursantes a los folios desde el 263 al 277 de la pieza principal 1 del expediente. Este Tribunal no les confiere valor probatorio de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, ya que fueron desconocidas por la parte demandada en cuanto a su contenido, motivo por el cual se desechan del debate probatorio. Así se establece.

Pruebas de la parte codemandada Municipio Bolivariano Libertador:
Promovió la instrumental marcada con la letra B (del folio 02 al 09 del cuaderno de recaudos 1 del expediente). Este Tribunal deja constancia que ya emitió pronunciamiento en relación a la presente instrumental en el capítulo referente a las pruebas promovidas por la parte demandante, por ende se reitera su valoración. Así se establece.
Promovió la instrumental marcada con la letra C (del folio 10 al 20 del cuaderno de recaudos 1 del expediente), copias fotostáticas de providencia administrativa de fecha 17 de Noviembre de 1994. Este Tribunal no le confiere valor probatorio al presente instrumento por cuanto no fue consignada en su integridad, razón por la cual no puede apreciarse los términos en que fue resuelta. Así se establece.
Promovió la instrumental marcada con la letra D (del folio 21 al 34 del cuaderno de recaudos 1 del expediente), copias fotostáticas de comunicación de fecha 27 de junio de 1997. Este Tribunal deja constancia que ya emitió pronunciamiento en relación al presente instrumento en el capítulo referente a las pruebas promovidas por la parte actora, motivo por el cual se reitera su valoración. Así se establece.
Marcadas con la letra E (del folio 35 al 37 del cuaderno de recaudos 1 del expediente), copias fotostáticas de publicaciones de prensa. Este Tribunal le confiere valor probatorio de conformidad con lo establecido en el artículo 80 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y de las mismas se evidencia que en fecha 31 de enero de 1997, 10 de febrero de 1997 y 22 de febrero de 1997, la empresa Promociones Urbanas Caracas C.A publicó notificó mediante la prensa sobre el proceso de liquidación y sobre los pagos correspondientes a deudas pendientes. Así se establece
Marcada con la letra F (folios 38 y 39 del cuaderno de recaudos 1 del expediente), copias fotostáticas de Gaceta Municipal. Este Tribunal le confiere valor probatorio de conformidad con lo establecido en el artículo 80 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y de ella se evidencia que el Municipio Libertador en fecha 21 de enero de 1997 decretó el presupuesto correspondiente a la liquidación de la empresa Promociones Urbanas Caracas C.A. Así se establece.
Marcadas con las letras G y H (del folio 40 al 65 del cuaderno de recaudos 1 del expediente), copias fotostáticas de sentencias, las cuales no contienen medios probatorios. Así se establece.
Marcada con la letra I (del folio 66 al 98 del cuaderno de recaudos 1 del expediente), copia fotostática de comunicación de fecha 30 de enero de 1998. Este Tribunal no le confiere valor probatorio de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en virtud que la parte actora en la audiencia la objetó debido que el instrumento es producido por la parte, aunado a ello observa este Tribunal, que no se encuentra por los accionantes, por ende no le son oponibles, razones por las cuales se desechan del debate probatorio. Así se establece.
Promovió la prueba de exhibición de los documentos que pueda presentar el Banco Provincial, Superintendencia de Bancos (SUDEBAN) de la instrumental marcada con la letra I. Este Tribunal deja constancia que mediante auto de fecha 9 de diciembre de 2009 negó la admisión del presente medio probatorio, y del mismo la parte no ejerció recurso alguno, es por ello que no hay asunto que analizar. Así se establece.

Pruebas de la parte codemandada Fundación Caracas (FUNDACARACAS):
Promovió las instrumentales marcadas con las letras C, D, E y F (del folio 151 al 166 del cuaderno de recaudos 1 del expediente), copias de publicaciones de prensa, comunicación de fecha 27 de junio de 1997. Este Tribunal deja constancia que ya emitió pronunciamiento en relación a las presentes instrumentales en los capítulos anteriores, motivo por el cual se reitera su valoración. Así se establece.
Marcada con la letra G (del folio 167 al 202 del cuaderno de recaudos 1 del expediente), copias certificadas de comunicación de fecha 30 de enero de 1998. Este Tribunal le confiere valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 10 y 77 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, debido a que no fueron impugnados ni tachados por la parte demandante en la audiencia de juicio, y del mismo se desprende que en la fecha anteriormente señalada se le remitió a la Fundación Caracas el acta final de la junta liquidadora de la empresa PROURCA, y en el se evidencia que la ciudadana González Hilda recibió la cantidad de Bs.F 168,42, Méndez Denis Recibió la cantidad de Bs.F 760,21, Moreno Francisco la cantidad de Bs.F 629,13, Guillén Ángel la cantidad de Bs.F 529,86, Chaparro Manuel la cantidad de Bs.F 231,83, Cartagena Edmundo la cantidad de Bs.F 281,78, Graterol Héctor la cantidad de Bs.F 471,56, Rosas Carlos, la cantidad de Bs.F 1.245,28, Castel Ligia la cantidad de Bs.F 772,67, Martínez Ismael, la cantidad de Bs.F 502,91, Zambrano José Luis la cantidad de Bs.F 549,16, Carlos González la cantidad de Bs.F 294,45, Contreras Richard la cantidad de Bs.F 496,11, Martínez Gallardo la cantidad de Bs.F 30,00; todo ello por concepto de pagos por sueldos, salarios y prestaciones sociales. Así se establece.
Marcada con la letra H (del folio 203 al 222 del cuaderno de recaudos 1 del expediente), copias certificadas de informes de los recálculos de liquidaciones de prestaciones sociales de la empresa PROURCA. Este Tribunal les confiere valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 10 y 77 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, por cuanto los mismos no fueron tachados por la parte demandante en la audiencia de juicio, y de ellos se desprende que la dirección de recursos humanos de la Alcaldía del Municipio Libertador en fecha 21 de febrero de 2005 remitió un informe a la Alcaldía del Municipio Libertador cuya conclusión fue que se evidenciaron de la mayoría de las liquidaciones están acordes con los cálculos que se realizaron al 31 de diciembre de 1996 y las vacaciones fraccionadas se cancelaron beneficiando a los extrabajadores que existían en la empresa PROURCA. Así se establece.
Marcadas con las letras I, J, K y L (del folio 223 al 256 del cuaderno de recaudos 1 del expediente), copias fotostáticas de sentencias. Al respecto este Tribunal deja constancia que apreciará las mismas a título de orientación a los fines de la toma de la presente decisión. Así se establece.
Promovió informes al Banco Provincial. Este Tribunal deja constancia que para el momento de la celebración de la audiencia de juicio, las resultas no constaban en y la parte promovente no insistió en su evacuación, motivo por el cual no hay asunto que analizar. Así se establece.
Promovió la declaración de los ciudadanos Apolinar Matos y Pratzy Angola. Este Tribunal deja constancia que los referidos ciudadanos no comparecieron a la celebración de la audiencia de juicio, motivo por el cual no hay asunto que analizar. Así se establece.

-CAPÍTULO V-
CONCLUSIONES

Una vez analizados los elementos probatorios evacuados en la audiencia de juicio y con vista al asunto debatido, este tribunal observa que la presente controversia se circunscribe a determinar en primer lugar la procedencia o no de la defensa de prescripción opuesta por las partes codemandadas, por cuanto éstas sostienen que las acciones de los actores se encuentran prescritas, ya que desde la fecha de finalización de la relación de trabajo hasta la interposición de la demanda ha transcurrido con creces el lapso establecido en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo. En consecuencia le correspondió a la parte actora demostrar haber hecho uso de los mecanismos de interrupción del lapso de prescripción conforme a lo establecido en el artículo 64 de la Ley Orgánica del Trabajo.
En la audiencia de juicio la parte demandante argumentó que mediante reclamaciones cuyas constancias fueron promovidas se interrumpió el lapso de prescripción, que existen dictámenes emanados del Síndico Procurador Municipal en la que establecen el incumplimiento de la obligación establecida en el acta convenio suscrita en fecha 30 de diciembre de 1996 por el Sindicato de Trabajadores de la empresa PROURCA y el Alcalde del Municipio Libertador.
Al respecto este Tribunal observa que de acuerdo con lo establecido en el artículo 118 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal los informes y dictámenes del Síndico Procurador, no tienen carácter vinculante, salvo disposición expresa en contrario, pues según lo previsto en el artículo 88 numeral 2 de la misma ley a quien le corresponde ejercer la representación del Municipio es al Alcalde.
En vista estas consideraciones, este Tribunal que no podrían considerarse efectos de renuncia a la prescripción o interrupción de la misma, los dictámenes emanados del Síndico Procurador Municipal y las comunicaciones planteadas por la Asamblea Nacional al Municipio , ya que si existiera un reconocimiento por parte de las codemandadas en el presente asunto, la única persona facultada para realizar tal actuación sería ciudadano Alcalde a tenor de las disposiciones legales antes mencionadas, razón por la cual este Tribunal desecha el presente alegato. Así se establece.
Como quiera que la fecha de finalización de la relación de trabajo en el presente caso fue el día 30 de diciembre de 1996, todo ello de conformidad con lo alegado y probado por las partes en el presente juicio, fecha que este Juzgado toma como punto de partida a los fines de realizar el cómputo del lapso de prescripción establecido en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo. Es decir, que los accionantes tenían hasta el día 30 de diciembre de 1997 para interponer la acción o realizar un acto capaz de constituir en mora al deudor, hechos éstos que no ocurrieron, tal como se evidencia de los medios probatorios evacuados en la audiencia, y en virtud de que la presente demanda fue interpuesta el día 28 de mayo de 2008, había ocurrido un período de 10 años, 04 meses y 28 días, con lo cual había transcurrido en forma suficiente el lapso de un (01) año previsto en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo, razón por la cual este Tribunal declara procedente la defensa de prescripción de la acción opuestas por las codemandadas en el presente juicio. Así se establece.
En vista de la declaratoria de prescripción de la acción en el presente asunto, este Tribunal considera inoficioso pasar a conocer el resto de las defensas opuestas por las partes codemandadas. Así se establece.

-CAPÍTULO VI-
DISPOSITIVO

En base a los razonamientos anteriormente expuestos, este JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÀREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: CON LUGAR la defensa de prescripción opuesta por las codemandadas. SEGUNDO: SIN LUGAR la demanda por cobro de diferencia de prestaciones sociales incoada por los ciudadanos HECTOR JOSÉ GRATEROL, ANGEL JOSÉ GUILLÉN, LIGIA MERCEDES GASTEL, CARLOS ANDRÉS GONZÁLEZ, HILDA BEATRIZ GONZÁLEZ, MIRLA JOSEFINA ECHEGARAY, EDMUNDO CARTAGENA, CARLOS CASTRO ROSAS, MANUEL ANTONIO CHAPARRO, RICHARD ANTONIO CONTRERAS, ISMAEL MARTÍNEZ, JOSÉ GREGORIO MARTIARENA, WILLIAM JOSÉ MELO, ROSER ALFREDO MARTÍNEZ, ANGEL RICARDO MAGALLANES, DINIS EDUARDO MÉNDEZ, FRANCISCO JAVIER MORENO, JUAN ALEJANDRO VASQUEZ y JOSÉ LUIS ZAMBRANO contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BOLIVARIANO LIBERTADOR y solidariamente a la FUNDACIÓN CARACAS (FUNDACARACAS), ambas partes identificas al inicio de la presente sentencia. TERCERO: No se condena en costas a la parte actora de conformidad con lo previsto en el artículo 64 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en virtud de que devengaban menos de 03 salarios mínimos actuales.

Se ordena la notificación de la presente sentencia al Síndico Procurador del Municipio Bolivariano Libertador, conforme a lo establecido en el artículo 152 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, mediante oficio al cual se ordena anexar copia certificada de la presente decisión. Así se establece.

PUBLIQUESE, REGISTRESE y DEJESE COPIA.

Dado, sellado y firmado en la Sala de Despacho del JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS. En la ciudad de Caracas, a los veintitrés (23) días del mes de febrero de dos mil diez (2010). Años 199º y 150º.

LA JUEZ TITULAR
MARIANELA MELEAN LORETO

EL SECRETARIO
ANTONIO BOCCIA

NOTA: En horas de despacho del día de hoy, 23 de febrero de 2010, se dictó, publicó y diarizó la anterior sentencia.

EL SECRETARIO
ANTONIO BOCCIA

MML/vr/ab
EXP AP21-L-2008-002812