REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
TRIBUNAL SUPERIOR NOVENO DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL
CON SEDE EN CARACAS
Años 199° y 150°
Parte Querellante: Francisco Torres Pantín, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° 5.314.565.
Apoderado (s) Judicial (es): Rodolfo Plaz Abreu y Gema Mújica Álvarez, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad N° 3.967.035 y 5.311.021 e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros 12.870 y 24.626, respectivamente.
Parte Querellada: Contraloría General de la Republica Bolivariana de Venezuela.
Apoderada (s) Judicial (es): Mónica Gioconda Misticchio Tortorella, Carmen Scott y otros, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros 47.196 y 21.935, respectivamente.
Motivo: Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad.
Expediente N° 2008 – 629
Sentencia Interlocutoria con Fuerza de Definitiva.
I
ABOCAMIENTO
Este Tribunal en virtud de la entrega y toma de posesión del cargo como Juez Superior Titular del Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital con Sede en Caracas, recaída en la persona de Margarita García Salazar, por designación de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 09 de junio de 2009, ratificada posteriormente el 27 de octubre del mismo año, acuerda el ABOCAMIENTO de causa, en los términos pautados en el artículo 14 del Texto Adjetivo Civil, por cuanto el juez como director del proceso está en la obligación de impulsar la causa hasta su conclusión y procede de seguidas a emitir pronunciamiento sobre la competencia para conocer, sustanciar y decidir la presente causa.
II
ANTECEDENTES
Se inició la causa mediante escrito presentado por ante el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 31 de julio de 1986, contentivo del Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad, interpuesto por el ciudadano Francisco Torres Pantín, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° 5.314.565, representado por los profesionales del derecho Rodolfo Plaz Abreu y Gema Mújica Álvarez, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cedula de identidad N° 3.967.035 y 5.311.021 e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros 12.870 y 24.626. respectivamente, contra el acto Administrativo contenido en la Resolución Nº DGSJ-3-2-143 de fecha 22 de mayo de 1986, dictada por la Contraloría General de la Republica de Venezuela confirmatoria de Reparo Nº DGAC- 4-2-1-285, de fecha 30 de septiembre de 1985, emanado de la Contraloría General de la República de Venezuela.
Se deja constancia que la presente causa fue recibida por este Juzgado Superior en fecha 22/04/2008, proveniente del Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, tal como consta al folio 131 del presente expediente judicial. En virtud de la redistribución especial de causas que se llevó a cabo en fecha 18 de abril del año 2008, en acatamiento a lo acordado en Acta Nº 2008-002, de data 11 de abril de 2008, levantada en el Libro de Actas del Juez Coordinador, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 4 de la Resolución Nº 2007-0017, emanada de la Sala Plena del Máximo Tribunal de la República el 9 de mayo de 2007, publicada en Gaceta Oficial Nº 38.701, de fecha 8 de junio del mismo año.-
III
DE LA COMPETENCIA
Se observa que el presente recurso versa sobre la legalidad del acto administrativo de efectos particulares contenido en la Resolución Nº DGSJ-3-2-143 de fecha 22 de mayo de 1986, dictada por la Contraloría General de la Republica de Venezuela confirmatoria de Reparo Nº DGAC- 4-2-1-285, de fecha 30 de septiembre de 1985, emanado de la Oficina de Recursos Administrativos Contra los Reparos. Dicha Resolución aparece suscrita por la Jefe de la Oficina de Recursos Administrativos Contra los Reparos, actuando por delegación del Contralor General de la República, según Resolución Nro DGSJ-02 de fecha 8 de febrero de 1985, publicada en Gaceta Oficial Nro 33.162 de esa misma fecha.
Visto que el referido acto administrativo fue dictado en el ejercicio de la atribución conferida por la Jefe de la Oficina de Recursos Administrativos Contra los Reparos, actuando por delegación del Contralor General de la Republica, según lo previsto en la Resolución Nro DGSJ-02 de fecha 8 de febrero de 1985, publicada en la Gaceta Oficial Nro 33.162 del 8 de febrero del mismo año, y de conformidad con lo establecido en el articulo 103 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la Republica. Tomando en cuenta que para el 31 de julio de 1986, fecha en la cual fue interpuesto el recurso contencioso administrativo de nulidad, se encontraba vigente la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, resulta necesario señalar el contenido del numeral 12 del artículo 42 de la referida Ley, el cual dispone:
“Artículo 42. Es de la competencia de la Corte como más alto Tribunal de la República:
(…)
12.- Declarar la nulidad, cuando sea procedente por razones de inconstitucionalidad o de ilegalidad, de los actos administrativos generales o individuales del Consejo Supremo Electoral o de otros órganos del Estado de igual jerarquía a nivel nacional…”.
Así pues, conforme a la disposición antes transcrita, bajo la vigencia de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, la jurisprudencia pacífica del Supremo Tribunal se inclinó por atribuir a la Sala Político Administrativa, el conocimiento de los recursos de nulidad por razones de inconstitucionalidad y/o ilegalidad, que se interpusieran contra los actos dictados por los órganos que gozaban de autonomía funcional, tales como el extinto Consejo Supremo Electoral, el extinto Consejo de la Judicatura, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y, precisamente, la Contraloría General de la República, siempre que el conocimiento de los recursos contra sus actos no se encontraran atribuidos a otra autoridad conforme a la materia sustantiva tratada (por ejemplo, la materia funcionarial).
En el caso de marras, el acto administrativo impugnado es una Resolución dictada por la Jefe de la Oficina de Recursos Administrativos Contra los Reparos, actuando por delegación del Contralor General de la República, órgano nacional de igual jerarquía al indicado en el ordinal 12 del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, ahora artículo 5 numeral 31 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. En virtud de lo cual este Tribunal debe declarar su incompetencia para conocer del recurso contencioso administrativo de nulidad incoado y declinarla para ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, acogiéndose para ello el principio perpetuo fori. Así se declara
IV
DISPOSITIVO
Por las razones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley resuelve:
Primero: Declarar su Incompetencia para conocer del Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad interpuesto en fecha 31 de julio del 1986, ante el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, por los abogados Rodolfo Plaz Abreu y Gema Mújica Álvarez, antes identificados, en su condición de apoderados judiciales de la parte actora ciudadano Francisco Torres Pantín, igualmente identificado, contra el acto administrativo de efectos particulares contenido en la Resolución Nº DGSJ-3-2-143 de fecha 22 de mayo de 1986, dictada por la Contraloría General de la Republica de Venezuela confirmatoria de Reparo Nº DGAC- 4-2-1-285, de fecha 30 de septiembre de 1985, emanado de la Contraloría General de la República de Venezuela.
Segundo: Declinar su competencia para ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, para conocer, sustanciar y decidir la presente causa, por lo que deberá remitírsele el expediente judicial, bajo Oficio, por las razones expuestas en la motiva del presente fallo.
Tercero: Notificar a las partes del contenido del fallo. Y por cuanto no consta en autos el domicilio procesal de la parte actora, se ordena oficiar al Servicio Administrativo de Identificación Migración y Extranjería (SAIME) y al Consejo Nacional Electoral (CNE), a los fines que remitan a este Despacho Judicial el último domicilio, lugar de residencia y movimientos migratorios del ciudadano Francisco Torres Pantín, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° 5.314.565, para proceder a su notificación. Una vez conste en autos sobre ello, se dejará transcurrir el lapso de cinco (5) días de despacho a que hace referencia el artículo 69 del Código Adjetivo Civil y vencido éste sin que se hubiere solicitado la regulación de competencia se remitirá el expediente judicial conforme a lo ordenado.
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Así se decide.
Publíquese, regístrese, diarícese, comuníquese, déjese copia certificada y remítase el expediente judicial.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital con Sede en Caracas. En la ciudad de Caracas, 18 de febrero del año dos mil diez (2010). Años 199º de la Independencia y 150º de la Federación.
LA JUEZA SUPERIOR TITULAR,
DRA. MARGARITA GARCÍA SALAZAR
LA SECRETARIA,
ABOG. ANNY SOFÍA GARRIDO
En esta misma fecha, 18 de febrero 2010, siendo las 11:00 antes meridiem, se publicó y registró la anterior decisión.
LA SECRETARIA,
ABOG. ANNY SOFÍA GARRIDO
Sentencia Interlocutoria con Fuerza de Definitiva.
Materia: Contencioso Administrativa.
Exp. Nº 2008- 629
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