REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
TRIBUNAL SUPERIOR NOVENO DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL
CON SEDE EN CARACAS
Años 199° y 150°
Recurrente: César Díaz Castillo, titular de la Cédula de Identidad N° V- 1.425.692
Apoderado (s) Judicial (es): Domingo Martínez Carrasquero, Edgar Colina Arcaya y , inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado (I.P.S.A.) bajo los Nros. 3.768; 12.156 y 43.622 respectivamente.
Recurrida: Contraloría General de la República.
Apoderados Judiciales: Richard José Magallanes Soto, acreditado según Resolución Nº 01-00-282, de fecha 25 de septiembre de 2006.
.Motivo: Declinatoria de Competencia.
Expediente: Nº 2008- 592.
Sentencia Interlocutoria con Fuerza de Definitiva.
I
ABOCAMIENTO
Este Tribunal en virtud de la entrega y toma de posesión del cargo como Juez Superior Titular del Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital con Sede en Caracas, recaída en la persona de Margarita García Salazar, por designación de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 09 de junio de 2009, ratificada posteriormente el 27 de octubre del mismo año, acuerda el ABOCAMIENTO de causa, en los términos pautados en el artículo 14 del Texto Adjetivo Civil, por cuanto el juez como director del proceso está en la obligación de impulsar la causa hasta su conclusión y procede de seguidas a emitir pronunciamiento sobre la competencia para conocer, sustanciar y decidir la presente causa.
II
ANTECEDENTES
Se inicia la presente causa, mediante escrito presentado en fecha 04 de enero del año 1993, ante el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, por el ciudadano César Díaz Castillo, titular de la Cédula de Identidad N° V- 1.425.692, asistido por los profesionales del Derecho Domingo Martínez Carrasqueño y Edgar Colina Arcaya, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado (I.P.S.A.) bajo los Nros. 3.768 y 12.156 respectivamente, contra el acto administrativo de efectos particulares contenida en la Resolución Nº DGSJ-3-1-112, de fecha 26 de octubre de 1992, suscrita por el Director de Procedimientos Jurídicos I de la Contraloría General de la República, que resuelve confirmar el Reparo Nº DGAC432-003, de fecha 18 de marzo del año 1991, emanado de la Contraloría General de la República.
Se deja constancia que la presente causa inicialmente fue sometida al conocimiento del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y Contencioso Administrativo de la Región Capital. No obstante en fecha 21 de abril del año 2008, se recibió la causa en este Tribunal, en virtud de la redistribución especial de causas que se llevó a cabo el 18 de abril de ese mismo año, en acatamiento a lo acordado en Acta Nº 2008-002, de data 11 de abril de 2008, levantada en el Libro de Actas del Juez Coordinador, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 4 de la Resolución Nº 2007-0017, emanada de la Sala Plena del Máximo Tribunal de la República el 9 de mayo de 2007, publicada en Gaceta Oficial Nº 38.701, de fecha 8 de junio del mismo año.
III
DE LA COMPETENCIA
Se observa que el presente recurso versa sobre la legalidad del acto administrativo de efectos particulares contenido en la DGSJ-3-1-112, de fecha 26 de octubre de 1992, suscrita por el Director de Procedimientos Jurídicos I de la Contraloría General de la República, que resuelve confirmar el Reparo Nº DGAC432-003, de fecha 18 de marzo del año 1991, emanado de la Contraloría General de la República.
Dicha Resolución aparece suscrita por el Director de Procedimientos Jurídicos I, actuando por delegación del Contralor General de la República, según Resoluciones Nº DC-3-3-R-085 de fecha 31 de julio de 1992, DGSJ-3-01 y DGSJ-3-2 ambas de fecha 3 de agosto de 1992, publicadas en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 35.021 del 6 de agosto del mismo año.
Visto que el referido acto administrativo fue dictado en el ejercicio de la atribución conferida a la Directora de Procedimientos Jurídicos I de la Contraloría General de la República, mediante la delegación de funciones emanada de la máxima autoridad de dicho órgano contralor, y tomando en cuenta que para el 03 de septiembre de 1993, fecha en la cual fue interpuesto el recurso contencioso administrativo de nulidad, se encontraba vigente la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, resulta necesario señalar el contenido del numeral 12 del artículo 42 de la referida Ley, el cual dispone:
“Artículo 42. Es de la competencia de la Corte como más alto Tribunal de la República:
(…)
12.- Declarar la nulidad, cuando sea procedente por razones de inconstitucionalidad o de ilegalidad, de los actos administrativos generales o individuales del Consejo Supremo Electoral o de otros órganos del Estado de igual jerarquía a nivel nacional…”.
Así pues, conforme a la disposición antes transcrita, bajo la vigencia de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, la jurisprudencia pacífica del Supremo Tribunal se inclinó por atribuir a la Sala Político Administrativa, el conocimiento de los recursos de nulidad por razones de inconstitucionalidad y/o ilegalidad, que se interpusieran contra los actos dictados por los órganos que gozaban de autonomía funcional, tales como el extinto Consejo Supremo Electoral, el extinto Consejo de la Judicatura, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y, precisamente, la Contraloría General de la República, siempre que el conocimiento de los recursos contra sus actos no se encontraran atribuidos a otra autoridad conforme a la materia sustantiva tratada (por ejemplo, la materia funcionarial).
En el caso de marras, el acto administrativo impugnado es una Resolución dictada por el Director de Procedimientos Jurídicos I, actuando por delegación del Contralor General de la República, órgano nacional de igual jerarquía al indicado en el ordinal 12 del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, ahora artículo 5 numeral 31 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. En virtud de lo cual este Tribunal debe declarar su incompetencia para conocer del recurso contencioso administrativo de nulidad incoado y declinarla para ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, acogiéndose para ello el principio perpetuo fori. Así se declara.
IV
DISPOSITIVO
Por las razones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley resuelve:
Primero: Declarar su Incompetencia para conocer del Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad interpuesto en fecha 03 de Septiembre del año 1993, ante el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, por el ciudadano César Díaz Castillo, titular de la Cédula de Identidad N° V- 1.425.692, asistido por los profesionales del Derecho Domingo Martínez Carrasqueño y Edgar Colina Arcaya, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado (I.P.S.A.) bajo los Nros. 3.768 y 12.156 respectivamente, contra el acto administrativo de efectos particulares contenida en la Resolución Nº DGSJ-3-1-112, de fecha 26 de octubre de 1992, suscrita por el Director de Procedimientos Jurídicos I de la Contraloría General de la República, que resuelve confirmar el Reparo Nº DGAC432-003, de fecha 18 de marzo del año 1991, emanado de la Contraloría General de la República.
Segundo: Declinar su competencia para ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, para conocer, sustanciar y decidir la presente causa, por lo que deberá remitírsele el expediente judicial, bajo Oficio, por las razones expuestas en la motiva del presente fallo.
Tercero: Notificar a las partes y una vez conste en autos sobre ello, se dejará transcurrir el lapso de cinco (5) días de despacho a que hace referencia el artículo 69 del Código Adjetivo Civil y vencido éste sin que se hubiere solicitado la regulación de competencia se remitirá el expediente judicial conforme a lo ordenado.
Así se decide.
Publíquese, regístrese, diarícese, comuníquese, déjese copia certificada y remítase el expediente judicial.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital con Sede en Caracas. En la ciudad de Caracas, al primer (01) día del mes de Febrero del año dos mil diez (2010). Años 199º de la Independencia y 150º de la Federación.
LA JUEZA SUPERIOR TITULAR,
DRA. MARGARITA GARCÍA SALAZAR
LA SECRETARIA,
ABOG. ANNY SOFÍA GARRIDO
En esta misma fecha, 03 de Febrero 2010, siendo las 11:00 antes meridiem, se publicó y registró la anterior decisión.
LA SECRETARIA,
ABOG. ANNY SOFÍA GARRIDO
Sentencia Interlocutoria con Fuerza de Definitiva.
Materia: Contencioso Administrativa
Exp. Nº 2008- 592
Mecanografiado por Manuel Opačić
|
