REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas
Caracas, 28 de julio de 2010
200º y 151º
ASUNTO: AF41-U-1992-000021.- SENTENCIA Nº 1468.-
ASUNTO ANTIGUO: 700.-
El ciudadano Carlos Eduardo Herrera Blanco, titular de la cédula de identidad N° 7.002.859, procediendo en su carácter de representante legal de la sociedad mercantil “M.G. MOTORES SAN JUAN, C.A.”, inscrita ante el Registro de Comercio que llevaba el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, el 28 de agosto de 1974, bajo el N° 23, Tomo III, asistido por el ciudadano Lubin Labrador Rondón, inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 24.212, interpuso en fecha 21 de noviembre de 1991, recurso contencioso tributario de conformidad a lo previsto en los artículos 174 y siguientes del Código Orgánico Tributario de 1982, aplicable rationae temporis al caso de autos, por ante el Juzgado del Distrito Valencia (hoy Municipio Valencia) de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, el cual fuera remitido a este Tribunal mediante Oficio N° 977-A de fecha 29 de noviembre de 1991, recibido el 27 de abril de 1992, en contra del acto administrativo contenido en la Resolución Administrativa Nº HJI-100-000480 de fecha 27 de marzo de 1991, emanada de la extinta Dirección Jurídico Impositiva del entonces Ministerio de Hacienda, actualmente Gerencia General de Servicios Jurídicos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), mediante la cual se resolvió el recurso jerárquico ejercido por dicha recurrente en fecha 12 de marzo de 1990, confirmando el contenido de las Resoluciones Culminatorias del Sumario Administrativo Nos. HRLL-500-0001, HRLL-500-0002, HRLL-500-0003 y HRLL-500-0004, todas de fecha 30 de enero de 1990, y las subsecuentes planillas de liquidación Nos. 02-10-66-000001, 02-10-66-00002, 02-10-66-000003 y 02-10-66-000004, todas de fecha 05 de febrero de 1990, expedidas a cargo de la contribuyente supra mencionada, por concepto de Impuesto Sobre la Renta e Intereses, correspondientes a los ejercicios fiscales de 1984, 1985, 1986 y 1987, por un monto total de Bs. 570.717,20 re-expresado actualmente en la cantidad de Bs.F. 570,72 en virtud de la reconversión monetaria que entró en vigencia el 01 de enero de 2008, según el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Reconversión Monetaria N° 5.229, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.638 del 06 de marzo de 2007.
Mediante auto de fecha 29 de abril de 1992, se le dio entrada a dicho recurso bajo el Nº 700, actualmente signado bajo el N° AF41-U-1992-000021, se ordenaron las notificaciones legales correspondientes, y se solicitó mediante oficio, el envío a este Órgano Jurisdiccional del expediente administrativo formado con base al acto administrativo impugnado.
Estando las partes a derecho, según consta en autos a los folios 61 al 63 ambos inclusive, y 68, se admitió dicho recurso mediante auto de fecha 01 de julio de 1992, ordenándose su tramitación y sustanciación correspondiente.
El 06 de julio de 1992, se abrió la causa a pruebas.
El 13 de agosto de 1992, fue recibido en este Juzgado el Expediente Administrativo respectivo, el cual fue remitido mediante Oficio N° HJI-320-000894 de fecha 10 de agosto de 1992, emanado de la Dirección Jurídico Impositiva reseñada supra.
El 30 de septiembre de 1992, se dio inicio a la relación de la causa, de conformidad a lo previsto en el artículo 184 del Código Orgánico Tributario vigente para la época. En esa misma oportunidad se suspendió dicha relación, a los fines de su continuación el décimo quinto (15°) día de despacho siguiente; lo cual se reiteró en fechas 22 de octubre, 13 de noviembre y 08 de diciembre de 1992.
El 19 de enero de 1993, se fijó la oportunidad para que tuviera lugar el acto de informes, al décimo quinto (15°) día de despacho siguiente.
Siendo la oportunidad procesal correspondiente para la presentación de Informes, en horas de despacho del día 10 de febrero de 1993, únicamente la ciudadana Rosa Díaz de Arteaga, actuando en su carácter de representante del Fisco Nacional, presentó conclusiones escritas en tres (03) folios útiles. El Tribunal dejó constancia de ello, y seguidamente dijo “VISTOS”.
El 11 de junio de 1993, el Tribunal prorrogó por treinta (30) días la oportunidad para dictar Sentencia.
No hubo más actuaciones por parte de la representación judicial de la recurrente.
En fecha 28 de mayo de 2010, quien suscribe la presente decisión en su carácter de Juez Provisorio de este Tribunal, debidamente designado mediante Oficio Nº CJ-09-0100 de fecha 06 de febrero de 2009, emanado de la Presidencia de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia y Juramentado el día 04 de marzo de 2009, por la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, se abocó al conocimiento de la presente causa; y asimismo, comparte el criterio reiterado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia del 23 de octubre de 2002 (caso: Módulos Habitacionales, C.A.) donde se indicó:
"... el avocamiento (sic) de un nuevo Juez sea ordinario, accidental o especial, al conocimiento de una causa ya iniciada, debe ser notificado a las partes, aunque no lo diga la ley expresamente, para permitirle a éstas, en presencia de alguna de las causales taxativamente establecidas, ejercer la recusación oportuna, y de proceder ésta, con la designación del nuevo juzgador, garantizar a las partes su derecho a ser oídas por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido de acuerdo a la ley, derecho éste comprendido en el concepto más amplio de derecho de defensa, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso.
Siendo ello así, la falta de notificación a las partes del avocamiento (sic) de un nuevo Juez al conocimiento de una causa en curso, podría constituir una violación de la garantía constitucional del derecho de defensa; no obstante, considera esta Sala que, para configurarse tal violación, es necesario que, efectivamente, el nuevo Juez se encuentre incurso en alguno de los supuestos contenidos en alguna de las causales de recusación taxativamente establecidas, porque, de no ser así, el recurso ejercido resultaría inútil y la situación procesal permanecería siendo la misma”. (Destacado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia).
Por lo que siendo la oportunidad para decidir, este Tribunal observa:
-I-
ÚNICO
De la revisión detallada de los autos que conforman el expediente de la causa in examine, puede este Juzgador evidenciar que desde la fecha en la cual se dijo “VISTOS”,la representación judicial de la contribuyente “M.G. MOTORES SAN JUAN, C.A.” no ha instado el proceso, siendo su última actuación procesal cuando en fecha 03 de junio de 1991, recibió la boleta de notificación del auto de entrada del recurso. A partir de allí, no ha ocurrido nuevamente a dar impulso a la causa, por lo cual resulta oportuno analizar de seguidas, si se ha producido la pérdida sobrevenida del interés por parte de la recurrente y, consecuencialmente, el decaimiento de la acción incoada.
En cuanto al interés procesal, el maestro italiano Piero Calamandrei, en su obra “Instituciones de Derecho Procesal Civil” (Volumen I, La Acción, p. 269, Ediciones Jurídicas Europa América, Buenos Aires, 1973) señala: “El interés procesal en obrar y contradecir surge precisamente cuando se verifica en concreto aquella circunstancia que hace considerar que la satisfacción del interés sustancial tutelado por el derecho, no puede ser ya conseguido sin recurrir a la autoridad judicial: o sea, cuando se verifica en concreto la circunstancia que hace indispensable poner en práctica la garantía jurisdiccional.”.
En virtud de lo anterior, debe este Tribunal señalar el criterio jurisprudencial expuesto por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la Sentencia Nº 416 (caso: Ciudadanía Activa), publicada en fecha 28 de abril de 2009, el cual ratificó el criterio planteado por dicha Sala mediante el fallo Nº 2.673 del 14 de diciembre de 2001 (caso: DHL Fletes Aéreos, C.A.), expresando lo siguiente:
“… (Omissis).
El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, se ejerce mediante la acción cuyo ejercicio se concreta en la proposición de la demanda y la realización de los actos necesarios para el debido impulso del proceso. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite la elevación de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca mientras que puede ser una abstracción para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal se entiende como requisito de un acto procesal cuya ausencia imposibilita el examen de la pretensión.
El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo (Cfr. Sentencia N° 686 del 2 de abril de 2002, caso: ‘MT1 (Arv) Carlos José Moncada’).
El interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, ante la constatación de esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional, si la acción no existe. (vid. Sentencia de esta Sala N° 256 del 1 de junio de 2001, caso: ‘Fran Valero González y Milena Portillo Manosalva de Valero’).
En tal sentido, la Sala ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice ‘vistos’ y comienza el lapso para decidir la causa, la inactividad produciría la perención de la instancia.
(Omissis)…” (Resaltado del Tribunal).
Del criterio jurisprudencial antes transcrito se colige, que la pérdida sobrevenida del interés debe ser declarada cuando la inactividad procesal se produce antes de la admisión o después de que la causa entre en estado de sentencia; mientras que la perención de la instancia, supone que la paralización se verifique luego de la admisión y hasta la oportunidad en que se diga “VISTOS” y comience el lapso para dictar la sentencia de mérito.
A mayor abundamiento, cabe destacar lo puntualizado en el fallo Nº 2.673 del 14 de diciembre de 2001 (caso: “DHL Fletes Aéreos, C.A.”), en el que se señaló lo siguiente:
“(...) En tal sentido, tomando en cuenta la circunstancia de que el interés procesal subyace en la pretensión inicial del actor y debe subsistir en el curso del proceso, la Sala consideró que la inactividad que denota desinterés procesal, el cual se manifiesta por la falta de aspiración en que se le sentencie, surgía en dos oportunidades procesales:
a) Cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin.
b) Cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, lo cual no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido”. (Destacado de este Juzgado Superior).
Ahora bien, este Despacho comparte y está en sintonía con el criterio precedentemente expuesto, y evidencia que en el presente caso se está claramente en presencia de la segunda de las situaciones expuestas por la Sala Constitucional, toda vez que se dijo “VISTOS” en fecha 10 de febrero de 1993; y la última actuación de la parte recurrente se produjo el 03 de junio de 1991, cuando la representación judicial recibió la boleta de notificación del auto de entrada del recurso contencioso tributario subjudice.
Siendo ello así, y ante la ausencia de manifestación asidua en que se decida la presente causa, este Tribunal al considerar que resulta inútil y gravoso continuar con un juicio en el que no existe interesado, tal y como lo ha establecido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en las citadas Sentencias, estima pertinente declarar extinguida la acción por pérdida sobrevenida de interés procesal. (Ver decisión de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia N° 740, del 19 de junio de 2008). Así se declara.-
-II-
DECISIÓN
Con fundamento en los razonamientos antes señalados, este Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara EXTINGUIDA LA ACCIÓN por pérdida sobrevenida del interés procesal, del recurso contencioso tributario interpuesto por la contribuyente “MOTORES SAN JUAN, C.A.”, en fecha 21 de noviembre de 1991, en contra del acto administrativo contenido en la Resolución Administrativa Nº HJI-100-000480 de fecha 27 de marzo de 1991, emanada de la extinta Dirección Jurídico Impositiva del entonces Ministerio de Hacienda, actualmente Gerencia General de Servicios Jurídicos del SENIAT, mediante la cual se resolvió el recurso jerárquico ejercido por dicha recurrente en fecha 12 de marzo de 1990, confirmando el contenido de las Resoluciones Culminatorias del Sumario Administrativo Nos. HRLL-500-0001, HRLL-500-0002, HRLL-500-0003 y HRLL-500-0004, todas de fecha 30 de enero de 1990, y las subsecuentes planillas de liquidación Nos. 02-10-66-000001, 02-10-66-00002, 02-10-66-000003 y 02-10-66-000004, todas de fecha 05 de febrero de 1990, expedidas a cargo de la contribuyente supra mencionada, por concepto de Impuesto Sobre la Renta e Intereses, correspondientes a los ejercicios fiscales de 1984, 1985, 1986 y 1987, por un monto total de Bs. 570.717,20 equivalente a Bs.F. 570,72.
Publíquese, regístrese y notifíquese a las partes.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario, en Caracas, a los veintiocho (28) días del mes de julio de dos mil diez (2010). Años 200° de la Independencia y 151° de la Federación.-
El Juez Provisorio,
Abg. Javier Sánchez Aullón.- El Secretario,
Abg. Félix José España González.-
La anterior sentencia se publicó en su fecha, siendo las nueve y siete minutos de la mañana (09:07 a.m.).----------------El Secretario,
Abg. Félix José España González.-
ASUNTO: AF41-U-1992-000021.-
ASUNTO ANTIGUO: 700.-
JSA/ojpp.-
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