TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA
Maracay, 19 JUL. 2010
200° Y 151°

PARTE ACTORA: BRITO FELICIANO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 2.968.947.
APODERADA JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: LEOPOLDO CADAVID, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 2996
PARTE DEMANDADA: ALMOR SIMOES FERREIRA, mayor de edad, venezolano, y titular de la cédula de identidad Nº 6.241.975
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: No constituyo
MOTIVO: COBRO DE BOLIVARES
SENTENCIA: (INTERLOCUTORIA)
Se inicio la presente causa por distribución que hiciera la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) del Circuito Judicial de los Tribunales de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a este Tribunal de la demanda que por COBRO DE BOLIVARES, incoada por el abogado LEOPOLDO CADAVID, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 2996, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano BRITO FELICIANO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 2.968.947, contra el ciudadano ALMOR SIMOES FERREIRA, mayor de edad, venezolano, y titular de la cédula de identidad Nº 6.241.975.
Siendo la oportunidad para decidir, este Tribunal pasa a hacerlo tomando en cuenta las siguientes consideraciones:
En fecha 9 de febrero de 1978 este Juzgado admitió la presente demanda y se libro compulsa.
En fecha 14 de febrero de 1978 este Juzgado ordeno practicar la citación.-
En fecha 15 de marzo de 1978 el alguacil de este Juzgado consigno compulsa sin firmar. El día 16 de ese mismo mes, la parte actora solicito se oficiara a Identificación y Estantería para saber la dirección del demandado. Y este Juzgado la libro el oficio a la institución antes mencionada.
En fecha 24 de mayo de 1978, la parte actora solicito se librara nuevamente la citación del demandado.
El día 30 de junio de 1978, el alguacil consigno diligencia manifestando que realizo la citación al demandado en presencia de dos testigos. El dia 30 del mismo mes se realizo el acto de testigos, que declararon haber estado presentes en el momento de la citación del demandado y el mismo se negó a firmar.
El día 19 de julio de 1978, se dio el acto de contestación de la demanda y la parte demandada no se presento.
En fecha 10 de Agosto de 1978, se venció el lapso de presentación de pruebas sin que las partes hicieran uso de tal derecha.
El día 24 de octubre de 19+78 la parte actora solicito se comenzara la relación de la presente causa.
En fecha 25 de octubre de 1978 comenzó la vista de la presente causa y continúo al 28 de mayo de 1980.
El día 01 de julio de 1980 la parte demandada solicito abocamiento, el día 08 del mismo mes el Juez se aboco y libro boleta de notificación a la parte demandada.
En fecha 2 de diciembre de 1980, el alguacil de este juzgado consigno boleta sin firmar.
En fecha 7 de abril de 1981 la parte actora solicito citación de la parte demandada por cartel.
El 10 de abril de 1981 se libro cartel de notificación. El día 17 de septiembre de 1981 la parte actora consigno la publicación del cartel de notificación.
El día 03 de noviembre de 1981 continuó el proceso de relación de la presente causa al 24 de marzo de 1982.
En fecha 23 de abril de 1986 la parte actora solicito sentencia.
II
Ahora bien, es pertinente que esta Sentenciadora verifique una serie de consideraciones, en relación a la acción y lo que nuestro Máximo Tribunal, en Sala Constitucional ha interpretado por pérdida de interés con sus respectivas consecuencias jurídicas.
En Sentencia N° 1.167/2001, caso: Felipe Bravo Amado, la Sala Constitucional definió el concepto de acción, en los términos siguientes:
“La acción es el derecho de las personas a exigir de los órganos jurisdiccionales, mediante el proceso, la resolución de una controversia o de una petición, independientemente de que obtengan o no sentencia favorable. La acción pone en movimiento a la jurisdicción y una de las formas de su extinción es la sentencia que finaliza definitivamente el proceso. Con el ejercicio del derecho de acción se crea en el Estado, por intermedio del órgano jurisdiccional competente, la obligación de prestar la función jurisdiccional”.

De allí que, cuando la parte hace uso de su derecho a accionar ante los órganos de administración de justicia, es ineludible su deber de mantener y demostrar el interés que tiene en la resolución de la causa, pues de lo contrario, conforme al criterio del Alto Tribunal de la República, deberá ser declarado el decaimiento de la acción. Al respecto, la Sala Constitucional mediante decisión N° 956/2001, Caso: Fran Valero González y otra, la Sala expresó:
“…la pérdida del interés procesal que causa la decadencia de la acción y que se patentiza por no tener el accionante interés en que se le sentencie, surge en dos claras oportunidades procesales. Una, cuando habiéndose interpuesta la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin (...).
La otra oportunidad (tentativa) en la que puede decaer la acción por falta de interés, es cuando la causa se paraliza en estado de sentencia. Tal parálisis conforme a los principios generales de la institución, no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido (...)” (subrayado actual de la Sala).

Con fundamento en los argumentos dados, la referida Sala concluyó que a partir de la publicación de dicho fallo: “…si la causa paralizada ha rebasado el término de la prescripción del derecho controvertido, a partir de la última actuación de los sujetos procesales, el juez que la conoce puede de oficio o a instancia de parte, declarar extinguida la acción, previa notificación del actor, en cualquiera de las formas previstas en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, si ello fuere posible, y de no serlo, por no conocer el tribunal dónde realizar la notificación, o no poder publicar el cartel, con la fijación de un cartel en las puertas del tribunal. La falta de comparecencia de los notificados en el término que se fije, o las explicaciones poco convincentes que exprese el actor que compareciere, sobre la causa de su inactividad y los efectos hacia terceros que ella produjo, las ponderara el juez para declarar extinguida la acción”.

Aun más, en cuanto a las consecuencias de esa pérdida del interés, la citada Sala en su fallo N° 1167/2001, entre otros, estableció que:
“… a juicio de esta Sala, la diferencia entre los efectos de la pérdida de la acción y la extinción del proceso son claros en el Código de Procedimiento Civil, ya que mientras el desistimiento de la acción, lo que conlleva a su pérdida, se convierte en cosa juzgada, el desistimiento del procedimiento y por ende la perención, solamente extingue la instancia y en principio no perjudica a la acción” (subrayado actual de la Sala).

De allí que, no queda lugar a dudas que la perención y el decaimiento de la acción son figuras jurídicas distintas y cuyas consecuencias son totalmente diferentes.
Ahora bien, siendo que en el presente caso, queda evidenciado que la última actuación realizada por la parte actora fue en fecha 23 de abril de 1986, lo que evidencia que al haberse demandado por cobro de bolívares, ha transcurrido en demasía el lapso de prescripción de este derecho real que es de veinte años, conforme lo prevé el artículo 1.977 del Código Civil, por lo que resulta forzoso para esta Juzgadora declarar la extinción de la acción, como sanción por la pérdida de interés de la parte actora. En este sentido, se observa que el decaimiento de la acción sólo ocurre en dos casos específicos: a) cuando se abandona la causa antes de que el tribunal se pronuncie sobre su admisibilidad, y b) cuando estando en estado de sentencia la causa se suspende por un término superior al de la prescripción del derecho objeto de la pretensión. De allí que, la situación fáctica de autos se encuadra en este último supuestos de los señalados, toda vez que, en el presente caso, la causa se encontraba para sentencia sin que haya expresado la parte interés en seguir impulsando la causa.
DISPOSITIVA
Por los razonamientos antes expuestos este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA EL DECAIMIENTO DE LA PRESENTE ACCIÓN, por pérdida del interés de las parte para la prosecución de la presente causa, y en consecuencia se declara lo siguiente:
PRIMERO: EXTINGUIDA LA ACCIÓN incoada por el ciudadano FELICIANO BRITO, contra el ciudadano ALMOR SIMOES FERREIRA, plenamente identificados en autos.
SEGUNDO: Se Suspende la Medida de Prohibición de Enajenar y Gravar decretada por este Juzgado fecha 9 de febrero de 1978 y participada mediante oficio Nº 000207 de esa misma fecha dirigido al Registrador Subalterno del Primer Circuito del Municipio Girardot del Estado Aragua, con el objeto de que coloque la nota marginal correspondiente; la Medida recayó sobre el inmueble siguiente: “Un inmueble constituido por un apartamento distinguido con el Nº 003, ubicado en el tercer piso del Edificio “Cedro”, Grupo Ocho del Conjunto Residencial “Parque Aragua”, con un área habitable de ochenta y cuatro metros con once centímetros cuadrados (84,11 mts2) al cual le corresponde el 2,3323% de contribuciones y derechos de co-propiedad, conforme a lo establecido en el Documento de Condominio inscrito también ante esa oficina de Registro, bajo el Nº 22, folio 85, Protocolo 1º, tomo 6, de fecha 25 de Julio de 1973.” El descrito inmueble le pertenece al demandado ALMOR SIMOES FERREIRA, mayor de edad, venezolano, y titular de la cédula de identidad Nº 6.241.975, según documento registrado en la Oficina Subalterna de Registro del Distrito Girardot del Estado Aragua, en fecha 29 de mayo de 1975, bajo el Nº 35, Tomo 4º Adicional, Protocolo Primero. Líbrese Oficio a la Oficina Subalterna antes identificada y agréguense en el cuaderno de medidas de la presente causa.
TERCERO: Se ordena notificar por cartel de notificación por prensa y por cartelera del Tribunal a la parte, actora de conformidad con lo dispuesto en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil.
CUARTO: Por la naturaleza de la decisión no hay condenatoria en costas.
Publíquese, regístrese, notifíquese, y déjese copia.
Dada, sellada y firmada en la Sala del Juzgado Primero de Primera Instancia Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua. En Maracay, a los 19 JUL. 2010. Años 200° y 151°.
LA JUEZ PROVISORIA
EL SECRETARIO
DELIA LEÓN COVA
RAFAEL INDRIAGO
En esta misma fecha, siendo las 11:30 a.m., previa las formalidades de Ley, se registró y publicó la anterior decisión.
EL SECRETARIO

RAFAEL INDRIAGO
Exp. Nº 3165 Maquina 15