TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA
Maracay, 23 de julio de 2010.-
200º y 151º

EXPEDIENTE Nº 48194.-

DEMANDANTE: HENRRY JOSE GARCIA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-2.850.693, debidamente asistido por el abogado en ejercicio PEDRO SAN JUAN PAZ, inscrito en el inpreabogado bajo el N° 15.975.
DEMANDADO: DANIEL IVAN RODRIGUEZ OCHOA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-14.577.752, debidamente asistido por la abogado en ejercicio REINA LÓPEZ DE CARRERA, inscrita en el inpreabogado bajo el N° 19.009
MOTIVO: DESALOJO
DECISION: SIN LUGAR LA APELACIÓN Y CONFIRMADA LA SENTENCIA.

-I-
En fecha “14 de julio de 2010 ”, esta Alzada le dio entrada al presente expediente, en virtud del recurso de la apelación interpuesto por el abogado en ejercicio PEDRO SAN JUAN PAZ, inscrito en el inpreabogado bajo el N° 15.975, en su carácter acreditado en autos, contra la sentencia dictada por el Juzgado Segundo de los Municipios Girardot y Mario Briceño Iragorry de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, el “22 de junio de 2010”, que declaró la PERENCION DE LA INSTANCIA y en consecuencia EXTINGUIDO EL PROCESO, en la demandad intentada por el ciudadano DANIEL IVAN RODRIGUEZ, ya identificado
Ahora bien pasando al Thema Decidendum, éste Tribunal observa lo siguiente: “… En fecha 06 de junio de 2005, mediante documento autenticado en la Notaria Pública de Turmero, Estado Aragua y anotado bajo el N° 73, Tomo 45 de los libros respectivos suscribí con el ciudadano DANIEL IVAN RODRIGUEZ OCHOA, venezolano, mayor de edad, domiciliado en Maracay, titular de la cédula de identidad N° V-14.577.752, en la celebración de un contrato de arrendamiento que tuvo por objeto una (01) casa de habitación familiar, ubicada en el Barrio 13 de julio de Maracay, Avenida Principal de Coropo, N° 98, Sector La Morita, Jurisdicción Linares Alcántara del Estado Aragua, el cual acompaño marcado con el signo “A” y que opongo formalmente para que surta todos sus efectos legales. En dicho contrato se estableció en la CLAUSULA TERCERA: La duración de este contrato es de un (01) año fijo, contado a partir del seis (06) de junio del año 2005 …”
-II-
PUNTO PREVIO DE LA PERENCIÓN BREVE DE LA INSTANCIA
Ahora bien el Juez de la Primera Instancia pasó a decidir el fondo de la causa sin antes pasar analizar el punto previo opuesto por la demandada de autos en fecha 18 de septiembre de 2009, motivo por el cual quien aquí decide pasa a pronunciarse en los términos siguientes: De las actas que conforman el presente expediente, se observa que en el momento de la contestación de la demandada la parte demandada Sociedad Mercantil EQUIPOS ANTIFUEGO Y SEGURIDAD C.A. (ESECA), a través de su apoderado solicito que sea declarada la denominada “Perención Breve”, alegato este que ratifico posteriormente en los escritos de fecha 05 y 07 de 2009, ahora bien, revisada como ha sido el cuerpo de la sentencia dictada por el A quo, llama la atención de esta Jurisdicente, el hecho de que el juez de la causa no se hubiese pronunciado de forma alguna sobre lo peticionado, mas aun cuando se hizo valer en distintas oportunidades durante el procedimiento. De lo anterior se observa claramente que el Juez de la causa, ha incurrido en el lo que la Doctrina y la Jurisprudencia Patria han denominado “Incongruencia Negativa” la cual ha sido delimitada por el Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia Nº RC.00109 de Sala de Casación Civil, Expediente Nº 01-624 de fecha 03/04/2003, donde se estableció entre otras cosas:

“…El vicio delatado, puede configurarse bajo dos formas diferentes, cuales son 1.- Incongruencia Negativa, se produce cuando el juez deja de pronunciarse sobre alguna petición o defensa de las partes formuladas en el libelo, la contestación de la demanda y los informes; 2.- Positiva, cuando su pronunciamiento va mas allá de lo alegado y probado por las partes, vale decir, exhorbita el thema decidemdum...”

Así mismo, en sentencia Sentencia Nº 01996 de la Sala Político Administrativa, Expediente Nº 13822 de fecha 25/09/2001, se estableció lo siguiente:

“…Cuando no existe la debida correspondencia formal entre lo decidido y las pretensiones y defensas de las partes, se produce el vicio de incongruencia, el cual se manifiesta cuando el juez con su decisión, modifica la controversia judicial debatida, bien porque no se limitó a resolver sólo lo pretendido por las partes, o bien porque no resolvió sobre algunas de las pretensiones o defensas expresadas por los sujetos en el litigio. Precisamente ante el segundo supuesto citado, se estará en presencia de una incongruencia negativa, visto que el fallo omite el debido pronunciamiento sobre alguna de las pretensiones procesales de las partes en la controversia judicial…”

En base a lo anterior, es necesario hacer las siguientes consideraciones: Se inició el presente juicio cuando en fecha 09 de junio de 2010, el ciudadano VALERIO NERONE, mayor de edad, italiano, titular de la Cédula de Identidad N° E-868.437, de este domicilio, asistido por la abogada en ejercicio SUSANA MARGARITA RUIZ DE SCHIAVO, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 24.182, de este domicilio, interpuso demanda de RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, contra la Sociedad Mercantil EQUIPOS ANTIFUEGO Y SEGURIDAD C.A. (ESECA), debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua en fecha Treinta (30) de septiembre de Mil Novecientos Setenta y Siete (1977), bajo el Nº 36, Tomo 6-B, quien es representada por el ciudadano: WILLIAM RAMON MOTA, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V-2.853.335. Por auto de fecha 30 de junio de 2009, se admitió la demanda y se ordeno la comparecencia de la parte demandada. Ahora bien, de la revisión de las actas procesales que conforman la presente causa, este Tribunal hace las siguientes consideraciones:
PRIMERO: La PERENCION, no es otra cosa que la extinción de la instancia por la inactividad de las partes durante el período determinado por la Ley, encontrándose reglamentada en los artículos 267 al 271 del Código de Procedimiento Civil. En efecto el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, establece:

“...Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención. También se extingue la instancia:
1°) Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandad.
2°) Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de la reforma de la demanda, hecha antes de la citación, el demandado no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado...” ( Subrayado y Negrillas del Tribunal)
Del contenido de la norma ut supra claramente se desprende, que la perención de la instancia opera por inactividad de las partes, es decir, la falta de realización de actos del procedimiento destinados a mantener en curso el proceso. Aunado a ello cabe precisar, que la perención de la instancia al operar de pleno derecho constituye una formalidad que no puede ser obviada por el sentenciador, a menos que se verifiquen cuestiones de orden público, de allí que pueda ser declarada de oficio o a instancia de parte. Como corolario de lo aquí señalado, la Sala de Casación Civil del Máximo Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 06 de julio de 2004, acotó lo siguiente:

“…Las demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante diligencia, deberán poner a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado (transporte, etc.).”
“…Siendo así esta sala establece que la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en precitado artículo 12 de dicha ley y que igualmente debe ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que pongan a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando este haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo u omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia…”

Aplicando las anteriores consideraciones al caso bajo examen quien decide observa, que revisadas las actas que conforman el presente expediente, se constata que en fecha Treinta (30) de junio de Dos Mil Nueve (2009), el Juzgado de la causa admitió la demanda, así mismo se observa que mediante auto de fecha Quince (15) de Julio de Dos Mil Nueve (2009), el Tribunal de la causa, dejo constancia de que la parte actora consigno los fotostatos necesarios para la elaboración de las compulsas, a pesar de que tal actividad solo le corresponde a la parte interesada, cumpliendo de este modo la parte demandante con una de las obligaciones que le impone la decisión anteriormente trascrita, es decir, la consignación de los fotostatos necesarios a los fines de la elaboración de la compulsa y su respectiva orden de comparecencia. Por otro lado se observa que la parte demandante en el cuerpo del expediente no dejo constancia alguna de haber consignado los emolumentos necesarios a los fines del traslado del alguacil lo cual también eran su carga y obligación, para lo cual tenia Treinta (30) días calendario, los cuales se iniciaron el día Treinta (30) de junio de Dos Mil Nueve (2009) fecha en la cual admitió la demanda el a quo, por lo que en consecuencia, la parte sobre la cual recae la carga procesal, es decir, la actora no realizo actuación alguna para gestionar la citación de la demandada para la prosecución de los actos procesales subsiguientes. De tal forma que se excedió el tiempo previsto en nuestra legislación adjetiva civil antes citada, por lo que esta sentenciadora forzosamente declara la PERENCION DE LA INSTANCIA en el juicio que por RESOLUCION DE CONTRATO fue instaurado por el ciudadano VALERIO NERONE, mayor de edad, italiano, titular de la Cédula de Identidad N° E-868.437, de este domicilio, asistido por la abogada en ejercicio SUSANA MARGARITA RUIZ DE SCHIAVO, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 24.182, de este domicilio, contra la Sociedad Mercantil EQUIPOS ANTIFUEGO Y SEGURIDAD C.A. (ESECA), debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua en fecha Treinta (30) de septiembre de Mil Novecientos Setenta y Siete (1977), bajo el Nº 36, Tomo 6-B, quien es representada por el ciudadano: WILLIAM RAMON MOTA, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V-2.853.335; todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 269 eiusdem, y bajo el criterio jurisprudencial antes citado. Todo ello con la finalidad de mantener la uniformidad de la jurisprudencia patria de conformidad con lo establecido en el artículo 321 eiusdem. Así se decide.

-III-
DISPOSITIVA
Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, administrando justicia emanada de los ciudadanos y ciudadanas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: CON LUGAR la apelación ejercida por la parte demandada, Sociedad Mercantil EQUIPOS ANTIFUEGO Y SEGURIDAD C.A. (ESECA), debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua en fecha Treinta (30) de septiembre de Mil Novecientos Setenta y Siete (1977), bajo el Nº 36, Tomo 6-B, contra la sentencia dictada por el Juzgado Segundo de los Municipios Girardot y Mario Briceño Iragorry de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en fecha 10 de junio de 2010. En consecuencia queda REVOCADA la decisión apelada en los términos antes expuestos. SEGUNDO: DECLARA CONSUMADA LA PERENCIÓN y EXTINGUIDA LA INSTANCIA. Por haber resultado totalmente vencida la parte actora en la pretensión principal en esta instancia, se le condena al pago de las costas procesales, conforme a lo establecido en los Artículos 274 y 276 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de este Tribunal, a los Veintitrés (23) días del mes de Julio del año dos mil Diez (2010) Años 200° de la Independencia y 151° de la Federación.
LA JUEZA PROVISORIA,

DRA. LUZ MARIA GARCIA MARTINEZ.- EL SECRETARIO,

ABOG. PEDRO CASTILLO
En la misma fecha se cumplió lo ordenado y se publicó y registró la presente decisión siendo las 01:30 p.m., no se ordena la notificación de las partes por cuanto la presente decisión se dicto dentro de lapso.
EL SECRETARIO,

Exp. N° 48194
LMGM/sv.-